BARACUTEY CUBANO

Enviado por CubaEuropa.com

El 18 de marzo 2003 y parapetado tras la convulsión que la guerra de Irak estaba produciendo en el mundo, Fidel Castro desató la ola represiva más fuerte que jamás Cuba había conocido y que pocos países han experimentado. Setenta y cinco opositores demócratas que luchaban pacíficamente por conseguir el reconocimiento de los derechos humanos recogidos por cuantas Declaraciones sobre la materia han sido firmadas, fueron detenidos y condenados a penas que irían desde los 15 a los 30 años de prisión, después de juicios fantasmas donde los defensores eran funcionarios al servicio de quien les condenaba.

Dicha actuación represiva no sólo estaba destinada a acallar a los condenados. Era también una demostración más de hasta donde es posible amedrentar a una población a la que se ha negado el derecho a defenderse y que ha olvidado el significado de las palabras democracia y libertad, igualdad, tolerancia y diálogo. Era, por último, un claro mensaje de amenaza al conjunto de la ciudadanía, una prueba del no-pasarán.

Después de tres años y a pesar de todos los esfuerzos realizados por distintas organizaciones internacionales, de condena e intentos de negociación, de endurecimientos o ablandamientos en las relaciones con el Régimen, Castro se atrinchera cada vez más en su castillo inexpugnable de intolerancia, represión y desprecio.

Lejos de mantener relaciones diplomáticas fluidas y escuchar el clamor de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, de Consejos Europeos, de la Organización Internacional del Trabajo o de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres o de instituciones políticas, Castro sigue enarbolando la bandera del miedo y la amenaza desoyendo a cuantos, por una u otra vía, intentan un acercamiento pacífico y dialogante pero opuesto a su única idiosincrasia de contumaz dictador.

Su única política de control absoluto de la economía, del sindicalismo, de la cultura o de la prensa... de la vida en definitiva de todos los cubanos, se ve ahora respaldada por Venezuela y, con nuevos bríos, vuelve a desatar una ola opresiva que cae sobre la disidencia que aumenta, superando miedos y coacciones, día a día, incontenible ya.

Con dificultad y sorteando los riesgos que en Cuba supone informar, salen fuera de la isla constantes testimonios sobre las prácticas utilizadas para imponer la ley del silencio entre la sociedad y los disidentes que, sin importar el signo político que detenten, escriben, opinan, denuncian o intentan mostrar la otra cara de un país en el que las libertades individuales son inexistentes y las colectivas sólo lo son para los que asisten sumisamente a las decisiones de un poder encarnado en un sólo hombre.

Hace pocos días, un preso de conciencia cubano, periodista independiente, Juan Carlos Herrera Acosta, tras recibir una brutal paliza por parte de sus carceleros, se cosió la boca en señal de protesta. El periodista lleva 19 días en huelga de hambre y se encontraba confinado en una celda de castigo en la prisión donde cumple su pena, la prisión de Alta Severidad de Kilo 8 en Camagüey. Padece de hipertensión arterial, gastritis crónica y artritis cervical siendo su estado de salud altamente precario.

En Cuba dos Guantánamo se dan la mano. La una es suficientemente conocida por el mundo democrático y libre, ha levantado ríos de tintan e indignación entre las buenas gentes respetuosas con los derechos que asisten a toda población reclusa; escalofriantes imágenes fotográficas han asaltado las primeras páginas de los medios de prensa más importantes del mundo. Ha provocado discusiones en todos y cada uno de los foros en los que se habla de derechos, ha sido condenada y sigue siéndolo por la comunidad internacional que, a coro, ha levantado su voz unánime contra unos hechos inadmisibles.

La otra, como si de una hermanastra cenicienta se tratara, no. De vez en cuando, alguna nota de prensa. A veces, ni siquiera eso. Ninguna imagen. La más negra oscuridad se cierne tras sus rejas. Pero los hechos son pares, difieren poco y ambas caminan al unísono. Una se concentra en el extremo oriental de una mágica isla. La otra, está repartida por toda ella y acoge a seres indefensos, inocentes, cuyo único delito ha sido, y sigue siéndolo pues las detenciones no han parado de sucederse, escribir, opinar, disentir.

No tratamos aquí de establecer un vínculo fatalista entre ambas realidades. Tan sólo resaltar la enorme perplejidad que un tratamiento desigual de dos realidades confluyentes en el tiempo y en el espacio nos produce. Porque la Guantánamo americana, bien ubicada en un lugar preciso, bien delimitada, ha podido ser visitada por organizaciones como Amnistía Internacional o la Cruz Roja. Ambas organizaciones tienen prohibida su entrada en las guantánamos castristas. Los presos de la primera están respaldados -y protegidos- por la vigilancia permanente de instituciones internacionales que claman por el cierre de las rejas y por el respeto a los derechos que asisten a sus ocupantes. Sobre los presos de conciencia cubanos, sobre las rejas diseminadas por cientos en el país, la ignorancia y el silencio se abaten.

Ambas violan los Acuerdos Internacionales en materia de trato a los presos, recogidos en los Principios de la ONU para la protección de todas las personas sometidas a prisión y en las Reglas Mínimas de la ONU para el trato a los reclusos. Pero mientras en una la opinión pública internacional se revuelve contra estos graves hechos atentatorios contra la dignidad humana, en la otra el mundo parece mirar hacia otro lado.

¿ Acaso la solidaridad internacional se agota tras las rejas de la Guantánamo americana mientras desoye los gritos de solidaridad que, en forma de tan dramáticas expresiones, salen de las gargantas silenciadas de los presos de conciencia cubanos? ¿A qué habrán de seguir recurriendo para que el conocimiento de estas graves violaciones a los derechos del hombre conmuevan al mundo bienpensante? ¿A qué hay que esperar para que, de una vez, la ONU y la opinión pública internacional emitan una resolución de condena tan enérgica como la que ha sido emitida para la otra Guantánamo?

Juan Carlos Herrera Acosta fue arrestado y condenado a 20 años de prisión durante el proceso de marzo de 2003 donde 75 ciudadanos, entre ellos periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y miembros de partidos políticos, fueron detenidos y condenados a largas penas de prisión, acusados de publicar artículos o conceder entrevistas a medios de comunicación, mantener contacto con organizaciones internacionales de derechos humanos o con entidades o individuos hostiles hacia los intereses de Cuba, distribuir o poseer artículos como radios, equipos de vídeo o cargadores de baterías eléctricas y de participar en grupos no reconocidos oficialmente por las autoridades cubanas como sindicatos independientes, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales como las de médicos y educadores, instituciones universitarias o bibliotecas independientes.

Las actividades por las que son violentados, agredidos, encarcelados los disidentes cubanos constituyen el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, de asociación y de libertad sindical. Libertades sometidas a fuertes restricciones tanto en la ley como en la práctica. En Cuba ni los periodistas tienen libertad para informar a la población que así se ve privada de un legítimo derecho, ni los sindicalistas libertad para defender a los trabajadores que, así, se ven sometidos a la arbitrariedad de un único sindicato, cuyos miembros son funcionarios estatales y dependientes del poder político. y sin más derechos que la aceptación de las imposiciones que de tal ejercicio se derivan tanto como del obligado acatamiento de las condiciones laborales que el gobierno decide e impone ya que, de no hacerlo, la medida es el inmediato despido sin posibilidad de defensa ni de volver a encontrar nuevo empleo pues es el gobierno quien decide cuándo, donde y cómo el trabajador desempeñará su función. La negociación colectiva es inexistente. Los salarios, impuestos por el poder político, no llegan, según declaraciones de los propios trabajadores, a cubrir las necesidades básicas.

Las denuncias efectuadas por los medios de comunicación independientes y periodistas han llevado a éstos a ser considerados contrarrevolucionarios, enemigos del sistema y por tanto objeto de medidas punitivas como el encarcelamiento, el hostigamiento o la intimidación. Todo aquel que se arriesga a expresar sus opiniones o a organizar reuniones opuestas a la política gubernamental ha de ser consciente del pago que tal actividad considerada ilegal, contraria a la seguridad del Estado y atentatoria contra los intereses económicos del mismo (Ley 88 o "Ley mordaza"), puede acarrear y que no es otro sino el confinamiento en cualquiera de las más de 200 cárceles repartidas por todo el territorio, donde se les obligará a callar durante largos años. Qué triste y vergonzoso país aquel que considera la palabra su enemiga. Al pueblo cubano hasta la palabra le ha sido secuestrada.

Las condenas impuestas a los detenidos en la Primavera Negra oscilaron entre los 16 y los 30 años de cárcel. Y, considerados terroristas, a la gran mayoría se les confina en cárceles muy alejadas de sus domicilios lo que, dadas las precarias condiciones del transporte cubano, supone para los familiares un sufrimiento más añadido. No son raras las situaciones en las que, tras esperar durante todo el día la visita familiar, ésta tuvo que regresar a su domicilio sin haber visto al reo y sin recibir explicación alguna del hecho. Violando así y una vez más el Conjunto de Principios de la ONU para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión que reconoce expresamente el derecho de todo recluso a comunicarse con el mundo exterior, especialmente con sus familiares. Arbitrariamente se restringen las comunicaciones telefónicas, las visitas o la correspondencia de los presos o, incluso, les son negadas.

Sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos... son considerados en Cuba terroristas. Y, en las cárceles, objeto de malos tratos y constantes amenazas, sometidos a condiciones de gran dureza, en régimen de aislamiento, internados en celdas de castigo o en "celdas tapiadas" de muy reducido tamaño (2m x 1m), sin luz, ni muebles ni agua potable o sanitarios, frecuentemente infestadas de ratas, ratones, cucarachas. A los presos no se les permite salir, ni recibir visitas, ni hacer ejercicio. Tampoco acceder con facilidad a la lectura, incluida la Biblia, derecho altamente restringido, controlado o prohibido.

En muchas ocasiones son los propios familiares los que han de llevar la ropa de cama o las toallas, obligándoles a tomar el sol a las dos de la tarde o, incluso a ir desnudos. Igualmente, son sometidos a severas e injustificadas restricciones y/o supresiones de visitas de familiares o atención médica. O, como en el caso de Juan Carlos Herrera Acosta, golpeados salvajemente por guardias penitenciarios o militares. No hay constancia de que se haya realizado investigación alguna sobre estos hechos. Las normas internacionales de derechos humanos exigen que se investiguen todas las alegaciones de tortura y malos tratos. El artículo 9 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes exige la realización de tales investigaciones incluso en ausencia de queja formal de la víctima o sus familiares.

Capítulo aparte merece la atención médica. A lo largo de este último año muchas han sido las denuncias efectuadas por los propios presos o sus familiares: Víctor Rolando Arroyo, Miguel Galván, Iván Hernández Carrillo...- acerca de la mala o nula atención médica recibida. Muchas de las enfermedades que aquejaban a los prisioneros antes de perder la libertad se han agravado durante la estancia carcelaria; en otros casos, nuevas complicaciones relacionadas con las ya existentes, o nuevas enfermedades derivadas directamente de las condiciones infrahumanas a que son sometidos: humedades, pésima e insuficiente alimentación, inactividad... En varios casos los funcionarios se han negado a responder a las reiteradas demandas de atención sanitaria. Igualmente son varios los casos en que las medicinas proporcionadas por los familiares nunca han llegado a su destino, habiendo sido incautadas por las autoridades. Todo ello supone una nueva violación de las Reglas Mínimas de la ONU, del Conjunto de Principios para la protección de los presos, los Principios de Ética Médica...pero también infringe la propia legislación cubana

Tales prácticas, que constituyen trato cruel, inhumano y degradante y viola los Acuerdos Internacionales de la ONU sobre el trato a los presos y los derechos de los mismos, son las que conducen a los reos a tomar decisiones como las adoptadas el pasado 23 de marzo por Juan Carlos Herrera Acosta y tantos otros presos de conciencia que a lo largo de estos años han recurrido a autolesiones o huelgas de hambre, como única salida a su desesperación. Y, aún en la conciencia de que ante Castro de poco vale la opinión internacional, es necesario no desfallecer en la exigencia de apertura de las investigaciones pertinentes y en la puesta en libertad de todos los presos de conciencia. Cuba es hoy, comparativamente, una de las mayores cárceles del mundo para los que opinan diferente.

Ni España ni Europa pueden seguir condenando la Guantánamo americana y seguir con tal tibieza ante lo que sucede en las cárceles cubanas. Actitudes semejantes pudieran estar rayando la doble moral o la hipocresía. Es del todo inaceptable que el mundo condene la Guantánamo americana por la facilidad que en ella se tiene para transmitir información o ser visitadas por las organizaciones pertinentes y no reclame y grite de indignación por lo que, en un país donde la censura y la prohibición se han convertido en señas de identidad, sucede. Bien conocen los dictadores el poder mediático de la censura, el control de la información, su manipulación. No en balde la libertad de prensa, de opinión y expresión son las primeras en ser violadas en cualquier régimen donde el parlamentarismo no existe y las libertades individuales están proscritas.

Luz Modroño
3-4-2006