BARACUTEY CUBANO

Por Miriam leiva



La doctora Christine Chanet, representante personal de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó su informe sobre Cuba, en el que se destacan las 10 recomendaciones al gobierno cubano, el pasado 26 de septiembre.

La prestigiosa jurista cumplimentó el mandato, recibido anualmente desde el 2003, ante el Consejo de Derechos Humanos, heredero de la Comisión. Las autoridades cubanas han comunicado al Alto Comisionado que no reconocen a su representante personal, por lo que no responde sus propuestas para entablar un diálogo ni sus preguntas.

El análisis del informe de la doctora Chanet evidencia objetividad e imparcialidad, y una amplia recopilación de información actualizada. Incluso, señala ''aspectos positivos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en particular en las esferas de la educación y la salud, a los cuales las autoridades cubanas están dedicando esfuerzos notables, especialmente de carácter presupuestario''. Además, en lo relativo al embargo de Estados Unidos pudiera achacársele otorgar demasiado peso a sus consecuencias negativas.

En realidad, el embargo es un error porque viola las regulaciones internacionales y no ha tenido ningún efecto práctico real; brinda pretexto al gobierno de Cuba para justificar su desempeño ineficiente y voluntarioso, y sirve de coartada para perseguir a los opositores pacíficos, acusándolos de ser mercenarios del enemigo externo, así como para reprimir a todo el pueblo cubano. Coincidimos con la jurista en que las medidas adicionadas en el 2004 para la restricción a la libre circulación de personas y bienes, en particular que los cubanoamericanos sólo pueden viajar a Cuba cada tres años, son absolutamente erradas.

Entre los motivos de preocupación en el informe se reitera la detención arbitraria en marzo y abril del 2003, avalado ese criterio por el Grupo de Detención Arbitraria de la ONU de junio de ese año; la carencia de garantías de los juicios y las altas penas; así como las nuevas detenciones y registros efectuados en julio del 2005, sobre lo que no se ha contestado su inmediata solicitud de información y se mantienen detenidas nueve personas. También se refiere a las muy adversas condiciones de prisión, y a la expulsión de periodistas y parlamentarios europeos en mayo del 2005.

Las 10 recomendaciones del Informe, que parecen haber enfurecido a las autoridades de la isla, son que: cesen los procesos de ciudadanos que ejercen los derechos contenidos en los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 de la Declaración Universal; se ponga en libertad a las personas detenidas que no hayan cometido ninguna violencia contra personas y bienes; se revisen las leyes que tipifican como delito el ejercicio de las libertades de expresión, de manifestación, de reunión y de asociación, en particular la Ley 88 y el artículo 91 del Código Penal; se mantenga la moratoria a la pena de muerte; se reforme el procedimiento penal según los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal; se cree un órgano permanente independiente que reciba las denuncias de las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales; se revisen los reglamentos relativos a la entrada y salida del territorio, a fin de garantizar la libertad de circulación definida en el artículo 13 de la Declaración Universal; se autorice la entrada en Cuba de las ONG; se promueva el pluralismo en cuanto a las asociaciones, los sindicatos, los medios de comunicación y los partidos políticos en el territorio nacional; y se adhiera al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como a sus protocolos facultativos, y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En su intervención, Juan Antonio Fernández, embajador cubano ante el Consejo, señaló que ''como una herencia desastrosa de la defenestrada y desacreditada Comisión de Derechos Humanos, el Consejo escuchó hoy el informe de la llamada Representante Especial para Cuba''. Apuntó que el libelo no merecía ningún respeto ni credibilidad. Su delegación lo enviaría al mismo lugar al que había enviado los informes anteriores: el cesto de reciclaje. Entre las múltiples ocupaciones de la Representante, éste no había sido precisamente un trabajo honorable. Más temprano que tarde, nadie se acordaría de su ilegítimo mandato. Fue al Tercer Mundo, representante de dos tercios de la Humanidad, al que Cuba agradeció el privilegio de concederle un asiento en el Consejo, a fin de que pudiera continuar levantando la voz contra las injusticias y la subyugación de los poderosos.

Esas y otras palabras denotan la ausencia de respeto hacia el organismo de la ONU, y resta credibilidad al gobierno que representa. Resulta contradictorio que no obstante esa actitud, y que no haya suscrito los principales pactos en derechos humanos, Cuba ostente un puesto en el Consejo. Al ingresar bajo los nuevos requisitos, las autoridades aceptaron el escrutinio al que serán sometidos todos los miembros. Mayor responsabilidad aún tienen al ser presidente del Movimiento de Países No Alineados y, por tanto, suponerse que deben ser ejemplo en asunto tan importante como el respeto de todos los derechos humanos.

Indudablemente, la doctora Chanet no merece afrontar desagradables situaciones tan ultrajantes. El representante del gobierno cubano con su prepotencia demuestra cómo es subyugado el pueblo y brinda más evidencias de como se irrespetan los derechos fundamentales.

Periodista independiente cubana