BARACUTEY CUBANO

Fiscalidad y tributación en la nueva economía castrista



Por Elías Amor
Septiembre 16, 2010

El alcance de las reformas económicas introducidas por el régimen castrista para mejorar el funcionamiento de la economía tiene su correlato en el comportamiento de los ingresos y gastos del sector público. Nada positivo cabe presagiar de lo que viene por delante.

La relación entre lo público y lo privado en una economía es una cuestión que ha atraído el interés de los economistas.

Por supuesto que no cabe hablar de economías públicas puras y privadas puras, por mucho que Cuba o Corea del Norte se empeñen en seguir las enseñanzas del maestro Stalin. Por otra parte, las naciones capitalistas como Estados Unidos o Inglaterra tienen un peso muy elevado de la actividad pública en su PIB. Lo normal es que se produzca una combinación de público y privado que se acepte por todos los ciudadanos. Las ideologías influyen notablemente en ese reparto: los liberales defienden un estado reducido a unas funciones básicas y de representatividad, con un presupuesto equilibrado de ingresos y gastos; los socialdemócratas prefieren un estado con cierta capacidad de producción, de obtención de ingresos y de programas de gasto, lo que puede suponer incurrir en déficits. Los cambios políticos, los fenómenos sociales, las guerras y las crisis económicas han ido provocando distintas combinaciones de lo público y privado en los países occidentales, existiendo una notable diversidad de relaciones entre los distintos países.

Una vez determinada esa distribución del producto, viene una segunda cuestión. ¿De dónde se obtienen los ingresos para financiar la actividad pública? Conforme los estados avanzan en sus funciones, necesitan más recursos para dar respuesta a la sociedad. Si ingresan menos de lo que gastan para cumplir sus fines, aparece el déficit y como consecuencia de ello, el endeudamiento que se traslada a generaciones futuras con un efecto depresivo sobre la actividad productiva. Los recursos económicos del estado se tienen que obtener con los impuestos que recaen sobre la actividad privada sin causar daño a ésta. Se fija un sistema impositivo equitativo y que establezca algunos criterios de progresividad, pero sobre todo, potente en términos de recaudación. Una parte de los ingresos vuelve a la iniciativa privada por la vía de transferencias y subvenciones, así como las contratas del estado.

El diseño final de un estado moderno en términos fiscales y tributarios atribuye a lo público una serie de funciones básicas en las ramas de asignación de servicios, estabilización y control económico, correspondiendo a la actividad privada el componente más importante de la actividad.

En una economía, como la cubana, donde el modelo estalinista supone que todo el capital productivo está en manos del estado, y sólo una pequeña parte reside en manos privadas, la recaudación impositiva coincide con el valor de la producción obtenida en el sector estatal por las empresas, las administraciones y las organizaciones e instituciones que dependen del estado. En un modelo estalinista puro, el valor del PIB producido en el país en un determinado ejercicio coincide con el valor de la producción estatal por todos los conceptos que es a su vez el ingreso estatal.

Por el contrario, en una economía con propiedad privada, en la que el Estado solo tiene una parte del capital productivo, como sucede en los países occidentales, la producción es fundamentalmente obtenida por las empresas y organizaciones privadas, debiendo el Estado establecer impuestos sobre la actividad económica (beneficios, salarios, seguridad social, transacciones comerciales, etc) para obtener ingresos con los que desarrollar sus funciones. La parte de la producción obtenida por el Estado suele ser pequeña y se financia con los ingresos obtenidos por los impuestos. La historia ejemplifica numerosos procesos de construcción y desarrollo de los estados a partir de la existencia de una economía privada pura.

En Cuba, el castrismo pretende reducir el número de empleados públicos, con su correlato en términos de producción/recaudación y provocar un aumento de la producción no estatal, autorizando licencias de cuenta propia a los que van perdiendo sus empleos en las actividades del estado. Ese trasvase de recursos del estado a la actividad privada, sin derechos de propiedad, va a suponer que el estado fije impuestos sobre la producción obtenida en la economía privada para seguir proporcionando sus servicios. De ese modo, los ingresos públicos no se corresponderán con el valor de todo lo producido, sino con una parte, que se establecerá en función de las necesidades financieras de ese gobierno. En el caso cubano ya se está hablando de un 25%.

La experiencia muestra que, cuanto más elevado es el tipo impositivo que fija el estado para la recaudación, menor es el incentivo de la iniciativa privada para producir, dado que sus márgenes de beneficio son más bajos, y en algunos casos, un tipo elevado puede conducir a una recaudación menor que la obtenida con tipos más bajos. El economista Laffer ideó hace dos décadas una curva cuya viabilidad en la práctica se ha contrastado con las políticas de rebajas impositivas seguidas en numerosos países.

Si el gobierno castrista eleva los impuestos sobre las nuevas actividades que se desarrollan en el ámbito privado para aumentar su recaudación, puede llegar a provocar su asfixia y posterior desaparición, frenándose la obtención de ingresos y situando al estado en una posición de déficit creciente e insostenible. Las nuevas actividades autorizadas que ahora comienzan a funcionar en Cuba, en medio de un universo de pesadas regulaciones, no cabe esperar que aumenten su producción a corto o medio plazo de forma significativa, por lo que, la recaudación de ingresos del estado castrista se verá resentida, y será necesario practicar más y más recortes del gasto para evitar la aparición de un déficit insostenible. Malos presagios para una economía débil y poco eficiente.