Eugenio Yáñez: El circo castrista y los payasos Julian y Rafael

Tomado de http://www.cubaencuentro.com

El circo castrista y los payasos Julian y Rafael

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Entretenimiento de verano para “antiimperialistas” aburridos
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Por Eugenio Yáñez

 Miami 

22/08/2012 

Con Fidel Castro alejado ¿indefinidamente? de la escena, y Hugo Chávez a media máquina por su enfermedad y una campaña electoral cada vez más compleja, el circo castrista necesitaba con prisa nuevos personajes para entretener “antiimperialistas”, por lo que apareció rápidamente la pareja de Julian Assange y Rafael Correa.

Hay que ser demasiado fantoche para pretender darle órdenes a Estados Unidos, proclamar que robar documentos secretos de cualquier país es un acto heroico o puro pasatiempo, que los delitos sexuales provocan persecuciones políticas, que la justicia sueca no es independiente y se doblega ante su Gobierno, o que el presidente ecuatoriano es un campeón de la libertad de información, que es lo implícito en la perorata del advenedizo Assange desde un balcón de la Embajada de Ecuador en Londres, único espacio “abierto” a que puede aspirar sin ser detenido.

Según el periódico Juventud Rebelde, que como todos sabemos es muy respetuoso de la libertad de expresión, el presidente Correa “negó que Assange o Ecuador impidan la aplicación de la justicia sueca y señaló que por el contrario se brindaron las facilidades en la legación diplomática para su declaración por presuntos delitos sexuales” pero expresó que sobre el asilado “no se dieron garantías de que no sería extraditado a Estados Unidos, donde probablemente sea juzgado con pena de muerte al existir presiones políticas”.

Sin embargo, y esto no lo dice Juventud Rebelde, aún no está claro si será deportado a su país el asilado Alyaksandr Barankou, que denunció la corrupción en Belarús, después que el dictador Alexander Lukashenko pidiera al presidente ecuatoriano en Quito que le revocara el asilo al disidente: al fin y al cabo, no se trata de un “antiimperialista”.

Correa, en actitud francamente bananera, y desesperado por ocupar el protagonismo continental que van dejando los ocasos de Fidel Castro y Hugo Chávez, cree que la justicia sueca tiene que interrogar en la embajada ecuatoriana en Londres a un australiano acusado por un delito común cometido en Suecia, y además dar garantías de que no sería extraditado a Estados Unidos, porque ese país le impondría la pena de muerte por presiones políticas. Lo que a primera vista parece una soberana estupidez cambia al saber que el presidente ecuatoriano se graduó de universidades en Estados Unidos y Bélgica, y que no es un analfabeto: entonces hay que concluir que es un perfecto cínico y desvergonzado, sabe que lo que está diciendo es falso, y que la justicia en Suecia y Estados Unidos no funciona tan impúdicamente como en Ecuador.

(Julian Assange y Rafael Correa)

En apoyo al circo, la maquinaria “bolivariana” se movilizó rápidamente desde el principio en defensa del derecho de asilo, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, la soberanía de Ecuador y el derecho a la libertad de expresión.

En un país como Cuba, donde hubo condenas de hasta 28 años de cárcel cuando la “Primavera Negra” por ejercer el periodismo independiente, sin haber sustraído ni un solo documento del Gobierno, ni siquiera “confidencial”, ¿cuál sería la sentencia para quien hiciera públicos miles de documentos secretos del Gobierno, poniendo en peligro la integridad y la vida de muchos ciudadanos y funcionarios? Si alguien hiciera eso, ¿podría salvar el pellejo refugiándose en una embajada para solicitar asilo?

En julio de 1959 el entonces presidente cubano Manuel Urrutia Lleó tuvo que renunciar, por presiones de Fidel Castro, y finalmente buscar asilo, primero en la Embajada de Venezuela en La Habana, y posteriormente en la de México, al romperse las relaciones diplomáticas entre La Habana y Caracas. Dentro de ambas embajadas permaneció AÑOS sin poder salir del país, porque al régimen no le daba la gana de otorgarle salvoconducto.

Tras los sucesos de la Embajada de Perú en 1980 que desembocaron en el puente marítimo del Mariel, los cubanos acusados de lanzar un ómnibus contra la embajada para entrar, y de la muerte de un custodio en la balacera que se produjo (aunque nadie en el ómnibus estaba armado), estuvieron durante muchos años en la embajada peruana sin recibir salvoconducto.

Y si de inviolabilidad de las embajadas se trata, como señala el canciller del régimen, Bruno Rodríguez, hay que recordarle que en febrero de 1981 las tropas especiales del MININT cubano penetraron precisamente en la Embajada de Ecuador en La Habana, sacaron a la fuerza a catorce personas que habían solicitado asilo político, incluyendo tres mujeres y cuatro menores de edad, todos desarmados. Los menores fueron separados de sus padres, y días después se supo que uno de los menores, de quince años, había fallecido.

El régimen declaró que la entrada de sus fuerzas en la Embajada “se realizó con la autorización ecuatoriana”, pero el entonces presidente Jaime Roldós respondió muy claramente que “Ecuador no autorizó ni podía autorizar jamás que la sede de su Embajada haya sido objeto de tal acción”.

Inglaterra advirtió a Ecuador que, en base a una ley inglesa de hace unos 25 años, podría retirar la inmunidad a la Embajada y penetrar para capturar al payaso australiano, lo que desató la furia “independentista” y “soberana” del presidente Correa, que se atragantó con declaraciones tremendistas y apocalípticas.

Sin embargo, tal vez no sea necesario enviar a los especialistas del Special Air Service británico a cambiar de domicilio a Julian Assange una madrugada cualquiera. Basta con no otorgarle salvoconducto y mantenerlo en la embajada ecuatoriana en Londres indefinidamente, en la pequeña habitación donde está recluido, donde necesita una lámpara solar y una estera de caminar para hacerse la idea de que está al aire libre.

Veremos qué tiempo aguanta. Muchos “duros” no lo son tanto cuando el zapato aprieta. Y el australiano no parece tener madera de líder “antiimperialista” para una estancia demasiado prolongada en la sede diplomática.

El que haya personas que le apoyen, creyendo que defienden libertades, pero en realidad por su “antiimperialismo” genético, resentimientos y frustraciones, le sirve para quince minutos de fama o alimentar su enfermizo ego, pero no para mucho más.

Recordemos a otro héroe “antiimperialista” reciente, el destituido gobernante hondureño Manuel Zelaya, que después de bufón itinerante terminó “asilado” en la embajada brasileña en Tegucigalpa por obra y gracia del corrupto Lula da Silva: a los pocos meses le daba igual ser presidente que payaso, con tal de poder caminar por la calle.

La diferencia es que Assange solamente podrá caminar por las calles después de aclarar sus asuntos pendientes con la justicia sueca en Estocolmo.
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Tomado de http://elpais.com

Julian Assange: fraude al Estado de derecho

¿Cómo es que la Unión Europea permanece muda acerca de este asunto?

Por Ana Palacio
 22 AGO 2012

La algarabía en torno a la concesión de asilo por Ecuador al fundador de Wikileaks, Julian Assange, oculta las esenciales incoherencias subyacentes. Sólo examinando éstas entenderemos lo que realmente está en juego.

Para empezar, Ecuador, cuya política en materia de libertades en general y libertad de prensa en particular, es todo menos abierta, enarbola la bandera del Estado de derecho y el respeto a la libertad de expresión, al tiempo que arroja dudas sobre Suecia, un país líder en materia garantías procesales y el derecho internacional.

Esta incongruencia se completa con Baltasar Garzón, quien debe su proyección internacional a la exitosa petición de extradición de Augusto Pinochet, basada en una interpretación estricta del asilo político, que ahora, a la cabeza del equipo jurídico de Assange, defiende una posición radicalmente opuesta.

El rechazo de Assange de la extradición a Suecia para ser cuestionado por acusaciones de agresión sexual, se basa en la supuesta interferencia en el caso por parte de los Estados Unidos, sin perjuicio de que ésta no se haya materializado en forma ni manera algunas. Así, mientras Ecuador ondea la bandera del colonialismo británico, lo esencial reside en que tanto Assange cuanto Garzón o el presidente Rafael Correa de Ecuador están utilizando la vieja y conocida consigna de “echar la culpa a los Estados Unidos” para evadir la Orden de Detención Europea dictada con plenas garantías procesales en contra del primero, y con firmada por el Tribunal Supremo de Reino Unido.

La transcendencia de este asunto reside, más allá de los datos concretos que lo integran, en el ascenso de un cierto tipo de populismo que se envuelve en el Estado de derecho a la vez que, invariablemente, socava su alcance y respeto. Las altisonantes recientes declaraciones de Ecuador relativas al caso, de las que se ha hecho especial eco la organización internacional ALBA, que integra al país andino con otros regímenes bien conocidos por situarse en los márgenes de la comunidad internacional, como Venezuela y Cuba, desvían la atención respecto de la realidad en materia de libertad de prensa y, en general, de garantías legales. Ecuador ocupa el número 104 de 179 en la lista elaborada en 2011-2012 por Reporteros sin Fronteras (RSF), y es etiquetado como “parcialmente libre” con tendencia a la baja por el Índice de Freedom House (FHI) correspondiente a 2012.

Merece también la pena señalar que Venezuela, el principal miembro de ALBA, no recibe mejor clasificación (número 117 en la tabla de RSF y también “parcialmente libre” según FHI). En marcado contraste, Suecia es uno de los dos Estados que consiguen excelentes puntuaciones tanto en lo referente a libertades políticas como sociales, a la vez que encabeza el grupo más distinguido de la tabla de RSF.

Prescindiendo de las cifras, las mencionadas organizaciones de control denuncian cómo Ecuador viene padeciendo un deterioro de las libertades debido a la constante campaña de su presidente Rafael Correa en contra de los medios de comunicación que les son críticos, al uso por parte del gobierno de recursos estatales para influir en el resultado de un referéndum, y a la reorganización de la judicatura en flagrante violación de las disposiciones constitucionales. Entretanto, el reciente informe del International Crisis Group sobre Venezuela, de junio de 2012, se extiende en comentarios sobre la organización de las próximas elecciones plagada de irregularidades, al tiempo que destaca la inexistencia de una igualdad de condiciones en los medios de comunicación.

Todas estas contradicciones quedan reflejadas, con alarde de lógica populista, en una declaración del mismo presidente —de mayo de 2012— en la que afirma “saquémonos esa idea de pobres y valientes periodistas, angelicales medios de comunicación tratando de decir la verdad; y tiranos, autócratas, dictadores tratando de evitar aquello. No es verdad. Es al revés. Los gobiernos que tratamos de hacer algo por las grandes mayorías somos perseguidos por periodistas que creen que, por tener un tintero y un micrófono, pueden desahogar hasta sus desafectos. Porque muchas veces es sólo por antipatía que se pasan injuriando, calumniando, etcétera. Medios de comunicación dedicados a defender intereses privados. […] Se imagina usted, si yo quería hacer una medida contra la banca para evitar, por ejemplo, la crisis y los abusos que están sucediendo en Europa, particularmente en España […].Que no nos engañemos. Saquémonos esas falsedades y estereotipos de gobiernos malvados persiguiendo angelicales y valientes periodistas y medios de comunicación. Frecuentemente es al revés...”. Causa estupefacción añadida que esta manifestación surgiera en un encuentro televisado, nada menos que con Julian Assange, el autoproclamado “cruzado” de la libertad de expresión, emitido por un canal ruso propiedad de Vladimir Putin.

Lamentablemente, la caricatura del Estado de derecho pergeñada por Assange, Correa y otros populistas gana adeptos en amplias franjas de las opiniones públicas del globalizado mundo de hoy. Y el peligro radica en la aplicación contradictoria y selectiva de principios y preceptos jurídicos o cuasi jurídicos que constituye el sello distintivo del fenómeno al que nos enfrentamos, y su radical incompatibilidad con la previsibilidad y generalidad en que se funda el imperio de la ley. Mediante la distorsión de la realidad y la presentación deformada del sistema legal sueco, reconocido portaestandarte de la seguridad jurídica y la imparcialidad, así como del profesionalismo, los paladines de esta subversión socavan los cimientos de un sistema internacional que actúa de barrera contra los impulsos totalitarios.

Sin perjuicio de lo anterior, el aspecto más sorprendente del caso Assange reside en el estruendoso silencio de aquellos actores e instituciones cuya existencia y legitimidad dimana de la integridad del concepto del Estado de derecho. Empezando por la Unión Europea, cuyo mutismo no cabe más revelador. La página Web oficial del Servicio Europeo de Acción Exterior recoge una superabundancia de pronunciamientos y condenas relativos a cuestiones que van de Siria a Madagascar pasando por Tejas, pero una búsqueda de la voz “Assange” muestra una única entrada de abril de 2012 sobre la reacción de Hassan Nasrallah a Wikileaks.

Nadie, ni el a menudo prolijo presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ni el siempre escurridizo presidente del Consejo, Hermann von Rompoy, ni la cautelosa Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, han considerado que valga la pena salir al paso de infundadas críticas lanzadas contra dos de sus Estados miembros, ni defender un instrumento pregonado cómo fundamental de la Unión —la Orden de Detención Europea—, origen de la detención de Assange por las autoridades de Reino Unido.

¿Cómo es que la Unión Europea, criticadísima por su proclividad a realizar declaraciones y manifestaciones, permanece muda acerca de este asunto, en el que su voz no sólo tiene sentido, sino que podría también tener influencia? Es, pues, hora de que las voces del liderazgo europeo se alcen altas y claras, marcando una dirección que, así lo esperamos, inspire a otros dirigentes y organizaciones internacionales.

Ana Palacio es miembro del Consejo de Estado.

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