BARACUTEY CUBANO

Tomado de http://www.diariodecuba.com

La inacción mundial golpea a los venezolanos

Por Roberto Álvarez Quiñones
Los Ángeles
24 de Mayo de 2017

La crisis en Venezuela se agrava y ni la ONU ni la OEA han hecho nada. Es una responsabilidad histórica (una vergüenza) que recae en muchos gobiernos, sobre todo de América Latina, donde todavía no se ha logrado aplicar la Carta Democrática de la OEA a Caracas, o acordar el rompimiento masivo de relaciones diplomáticas con el régimen asesino de Nicolás Maduro (algo que solo ha hecho Perú), o al menos llamar a sus embajadores a consulta.

El 17 de mayo, a pedido de EEUU, al fin se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU pero solo para escuchar una sola voz, la de la embajadora norteamericana Nikki Haley, la única que criticó al régimen de Maduro, y quien, ante la indiferencia de sus colegas, suavizó su postura y dijo: "No estamos buscando una acción del Consejo de Seguridad, lo que buscábamos era que el Consejo de Seguridad viese exactamente cuál es la situación".

¿No saben de sobra los 15 gobiernos que integran el Consejo de Seguridad lo que pasa en Venezuela? ¿Tampoco saben que Cuba interviene militar y políticamente en Venezuela?

Mientras la embajadora Haley hablaba en la ONU otros dos venezolanos, de 15 y 46 años de edad, morían en Táchira fulminados por disparos de los esbirros del régimen, y Maduro enviaba 2.600 soldados a ese estado para militarizarlo, matar más ciudadanos, y tratar de sofocar la ya insurgencia nacional contra su dictadura.

Con más de 50 asesinados en las calles según las organizaciones de derechos humanos, en poco más de un mes, y 101 en total desde 2014, cabe preguntarle a los gobiernos de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad cuántos muertos más tienen que poner los venezolanos para que la ONU tome acción. ¿Cuánto más tiene que agravarse la crisis humanitaria que ya sufren los venezolanos para que haga algo por ellos el único órgano de la ONU cuyos acuerdos tienen carácter obligatorio para sus miembros?

Lo peor en todo esto es que suponiendo que se presentase una resolución en el Consejo de Seguridad para sancionar al Gobierno de Caracas seguramente sería vetadas por Rusia o China, aliados políticos del régimen chavista, y que como miembros permanentes del Consejo (junto con EEUU, Francia y Gran Bretaña) gozan del privilegio de poder impedir cualquier acuerdo en esa máxima instancia mundial.

Vergüenza para América Latina

En América Latina la actuación de la OEA ha sido bloqueada hasta ahora, irónicamente cuando el secretario general de la organización no es ya un aliado político-ideológico de Caracas y La Habana, como lo era el socialista chileno José Miguel Insulza, sino el uruguayo Luis Almagro, también de izquierdas, que de verdad vela por la preservación de la democracia y el respeto a los derechos humanos en las Américas.

Almagro es la voz que más enérgicamente ha condenado al régimen chavista, pero ha tenido muy poco respaldo. Es algo insólito. El jefe de la OEA ha acusado a Maduro de dictador y exige elecciones democráticas en Venezuela. Y dirigiéndose a los militares venezolanos les ha advertido que "el asesinato y la tortura por motivos políticos, por pensar diferente, es crimen de lesa humanidad, delito internacional".

Es inadmisible el comportamiento de los gobiernos de la izquierda populista y de algunos países del Caribe que se sienten comprometidos con Caracas desde que a principios de siglo Hugo Chávez les compró lealtad política a cambio de petróleo barato. Entre votos en contra y abstenciones, son 16 países, de los 34 integrantes de la OEA, los que han bloqueado cualquier acción.

Luego de múltiples dilaciones de los aliados chavistas, finalmente se convocó una reunión de la OEA para el 31 de mayo, no para actuar, sino para "analizar" la crisis venezolana. Y la convocatoria se logró por un pelo: 18 votos. Un solo voto menos y no habría habido mayoría simple para aprobarla.

También parlamentarios de 12 países de América Latina y algunos del Parlamento Europeo se reunirán en Brasilia el 23 de mayo para reforzar la "presión internacional" por una "salida pacífica" a la crisis venezolana. Son muy pocos. Debieran participar parlamentarios de los 34 países de la región y exigirles a sus respectivos gobiernos que exijan elecciones libres en Venezuela.

Comunistas, no socialdemócratas

No es casual que los gobiernos que se alinean políticamente con Caracas son los sobrevivientes del proyecto del "Socialismo del Siglo XXI". Ese nombre, por cierto, es una máscara para disimular el "socialismo científico" marxista-leninista, así bautizado por los soviéticos para diferenciarlo de la socialdemocracia, que desde los tiempos de Karl Marx cree en el mercado, la propiedad privada y la democracia representativa.

Marx llamó Liga de los Comunistas a la entidad política que dirigía para diferenciarla de los "parlamentaristas idiotas" como él llamaba a los socialdemócratas. Y al lanzar en 1848 el programa de dicha liga (creada en 1847), Marx lo denominó Manifiesto del Partido Comunista, y no del Partido Socialista. El "Socialismo del Siglo XXI", pues, no es socialdemócrata, sino comunista. Y es eso lo que a estas alturas pretende imponer Maduro en Venezuela, para lo cual va a copiar la Constitución castrista, que a su vez fue calcada de la soviética.

Al echar un vistazo a los gobiernos aliados del chavismo se advierte que son dirigidos por marxistas o populistas: Nicaragua, Bolivia, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y Haití.

Daniel Ortega, conspicuo marxista-castrista, quizás el más corrupto político centroamericano vivo, arregló la Constitución para perpetuarse en el poder. Ha sabido aprovechar que Nicaragua carece de una oposición coherente, que no logra articular una fuerza electoral que podría acabar con la presidencia cuasi vitalicia del comandante sandinista.

En Bolivia, Evo Morales, también marxista y fanático castrista, ha hecho arreglos constitucionales para sembrarse en el Palacio Quemado. Con 11 años allí, ya es el presidente que más tiempo ha gobernado ininterrumpidamente en Bolivia desde que obtuvo su independencia en 1825.

El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, exguerrillero comunista sin hojitas de parra semánticas que oculten su estalinismo, como miembro de la Comandancia General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en los años 80 estaba a las órdenes de Fidel Castro y Manuel Piñeiro "Barbarroja", de quienes recibía armas y dinero.

Rafael Correa, de Ecuador, populista de izquierda, también enmendó la Constitución a su gusto personal. Amordazó a los medios de comunicación y restringió las libertades individuales. En las últimas elecciones orquestó el fraude que le robó el triunfo al candidato opositor Guillermo Lasso. No quiso ser reelegido y se va a vivir a Bélgica para no ir a la cárcel cuando se descubran sus vínculos con el narcotráfico y el dinero que recibió en sobornos de Odebrecht.

El de República Dominicana fue uno de los primeros gobiernos cuya lealtad política compró Chávez a cambio de petróleo cuando era presidente Leonel Fernández, quien luego se prestó a la farsa del "diálogo" que solo sirvió para apuntalar a Maduro.

Y Haití, junto a otros países caribeños, teme que si da la espalda a Caracas no recibirá más petróleo subsidiado venezolano, que por poco que sea es petróleo.

Obviamente, la solución del conflicto venezolano debe ser venezolana, pero ello pasa también por la acción coordinada de la comunidad internacional, vía ONU y OEA, para acorralar a la dictadura de Maduro y también para denunciar la intervención del dictador Raúl Castro y su Junta Militar, verdaderos estrategas de la represión chavista.

Dejar las manos libres al narcogobierno de Maduro agrava la crisis humanitaria, social, económica, política y existencial, la más devastadora que sufre Venezuela en toda su historia. La actual inacción regional y mundial recuerda una cósmica (por universal) frase de José Martí: "Ver cometer un crimen en calma es cometerlo".

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Published on May 24, 2017
Las manifestaciones opositoras en Venezuela han enfrentado una represión desmedida, que en algunos casos pueden considerarse crímenes de lesa humanidad.