BARACUTEY CUBANO

Tomado de http://www.diariodecuba.com

Cuba sí necesita otra Constitución

Por Miguel Sales

Málaga

2 de Junio de 2017

El Gobierno del general Raúl Castro apoya con denuedo la iniciativa de Nicolás Maduro de convocar una asamblea constituyente en Venezuela. Iniciativa que, a todas luces, se concibió en La Habana como estrategia dilatoria ante la que está cayendo en Caracas y otras ciudades de ese país. Los cambios ocurridos allí en los últimos años —afirman— han dejado obsoleta la Constitución que Hugo Chávez promovió como el summum de la democracia y que se adoptó por mayoría absoluta en 1999. La ironía del asunto es que los jerarcas de La Habana proclamen la necesidad de una nueva Carta Magna para Venezuela, pero guarden estruendoso silencio sobre el hecho evidente de que Cuba la necesita aún más.

Si, como reza la definición de la Real Academia de la Lengua Española, una Constitución es "la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política", a Cuba no le vendría mal renovar el vetusto documento de inspiración soviética que desde hace 41 años mantiene acogotada a la población de la Isla.

No es necesario señalar que el mundo ha cambiado muchísimo desde 1976. En plena Guerra Fría, el Gobierno cubano hizo aprobar la Constitución vigente que, presuntamente, consagraba su legitimidad, pero que, en realidad, otorgaba rango de ley suprema a un conjunto de medidas discriminatorias y violaciones de derechos humanos que, en la práctica, constituían la esencia de la política castrista. Esas normas, ilícitas desde el punto de vista del derecho internacional, resultan hoy aún más grotescas tras la petrificación decretada en 1992, cuando el derrumbe del comunismo en la Unión Soviética y Europa del Este hizo cundir el pánico entre los jerarcas cubanos. Fue entonces cuando, por voluntad expresa de Fidel Castro, se añadió al texto constitucional el célebre artículo 137, que estipula que cualquier reforma que cuente con los votos de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional del Poder Popular podrá llevarse a cabo "excepto en lo que se refiere al sistema político, social y económico, cuyo carácter irrevocable lo establece el artículo 3 del Capítulo I". ¿Y que establece el Artículo 3? Pues lo siguiente: "El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, […] es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo". Es decir, que al amparo del texto constitucional que hoy rige en Cuba es posible modificar cualquiera de sus cláusulas, siempre y cuando ese cambio no afecte al sistema político, social y económico impuesto por el Partido Comunista. Si todo lo anterior es intocable, cabe preguntarse qué puede entonces reformar el voto de los dos tercios del Parlamento.

Ya que en la práctica el socialismo ha fracasado en Cuba como en el resto del mundo, el sistema político y social implantado en la Isla está en quiebra y el régimen regresa de manera lenta pero segura al capitalismo (aunque sea a un capitalismo de Estado), resulta obvio que la Constitución vigente ha quedado obsoleta y que es preciso renovarla completamente, empezando por la abrogación del propio artículo 137 que consagra la fosilización.

La elaboración y adopción de una nueva Constitución tendría ventajas innegables para todos. Facilitaría, por ejemplo, la aprobación de leyes que permitiesen restablecer la concordia entre los cubanos de dentro y fuera de la Isla. Al amparo de la Ley Fundamental vigente, se han dictado normas discriminatorias contra quienes decidieron salir del país y asentarse en otras tierras. En la práctica, se les despojó de sus propiedades y sus derechos, y se limitó severamente su capacidad de regresar a Cuba.

Pero si los compatriotas que residen fuera de la Isla son lo suficientemente cubanos como para esquilmarlos mediante las remesas y las tasas que deben pagar para visitar a sus familiares, también deberían serlo para participar en un proceso constituyente. Al menos, así lo estiman los pactos y acuerdos de las Naciones Unidas, en virtud del derecho internacional. Por ejemplo, el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) estipula que: (1) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; (2) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Otra ventaja sería que los derechos y las libertades consagrados en una nueva Carta Magna no tendrían por qué subordinarse a los intereses de ningún partido. Entre otras cosas, porque si bien el artículo 5 de la Constitución vigente afirma que "el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista", en realidad todo el mundo sabe que la sociedad cubana, como quedó dicho más arriba, ya no avanza hacia esos "altos fines de la construcción del socialismo y el comunismo", sino más bien retrocede lenta pero inexorablemente hacia la economía de mercado y el pluralismo político. (Como dicen en Rusia: el comunismo es la vía más larga y dolorosa para pasar del capitalismo al capitalismo.) De modo que el Estado cubano ya no puede ser socialista en el sentido que ese término tenía en 1976, ni volverá a serlo nunca, así que mejor sería podar los adjetivos y hablar solo de Estado y República de Cuba. Un Estado y una República en la que tuvieran cabida todos los cubanos, sin discriminar a nadie por motivos de "raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición" (DUDH, Artículo 2).

Esa nueva Constitución podría garantizar, entre otras prerrogativas, todos los derechos humanos universalmente reconocidos, que la Ley actual viola de manera intrínseca, al supeditar su ejercicio a la conveniencia del Partido Comunista. Por ejemplo, podría proclamar que (1) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente; (2) Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. (DUDH, Artículo 17). O reconocer que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión" (DUDH, Artículo 19). O estipular que (1) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; (2) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación (DUDH, Artículo 20). O consagrar uno de los derechos principales que el castrismo ha violado desde 1961: "el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos" (DUDH, Artículo 26). Entre otros efectos positivos, se evitaría así la esquizofrenia actual en la que el Estado cubano aprueba y defiende en los organismos internacionales los mismos derechos que niega a sus ciudadanos en la Isla.

Una nueva Constitución podría también devolver a todos los cubanos el derecho a elegir el gobierno bajo el cual desean vivir. Bastaría con incorporarle el artículo 21 de la DUDH que proclama que "toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos", lo que, evidentemente, no ocurre en Cuba hoy. Porque solo mediante elecciones libres en las que todos puedan participar se sabrá si, como sostiene el Gobierno actual, la mayoría de los cubanos desea seguir con el sistema socialista o si, como arguye la oposición, quiere un cambio de sentido democrático y liberal, capaz de transformar a su vez no solo la vida política, sino también la economía y la sociedad, para construir un futuro más libre, próspero y tolerante, donde quepan todos los cubanos y se respeten todas sus ideas. Porque un régimen democrático no solo es una estructura de poder donde la mayoría decide quién gobierna, sino también un sistema donde se respetan los derechos de las minorías y se puede cambiar de gobierno cuando cambia la preferencia mayoritaria de los ciudadanos.

Por supuesto, la discusión y aprobación de una nueva Carta Magna necesitaría algunas medidas previas, pero no muchas. Bastaría con amnistiar a los presos políticos, suspender la represión contra los opositores y permitir que las diversas corrientes de opinión puedan expresarse en los medios de comunicación, en plano de igualdad. Así de sencillo. Que todos den a conocer sus ideas y proyectos, y traten de convencer a la población de la verdad y pertinencia de sus argumentos.

El espectáculo bochornoso de la masa obediente que grita consignas en la Plaza de la Revolución (antigua Plaza Cívica construida bajo el gobierno de Batista) ya no alcanza a conferir legitimidad al régimen. A estas alturas de la historia esa liturgia norcoreana no convence a nadie, porque hay dos millones de compatriotas en el extranjero por motivos políticos, otros dos o tres millones dispuestos a marcharse y la mayoría de los que permanecerían en la Isla tampoco cree ya que el sistema estatista, excluyente, belicoso y despilfarrador puesto en práctica por la dinastía castrista sea la solución a los problemas del país. De hecho, el mismo gobierno, con su política de introducción paulatina de medidas capitalistas, demuestra cada día que el futuro de Cuba no se edificará con las consignas de Marx, Lenin y Stalin, sino con las ideas de Hayek, von Mises y Friedman.

Huelga decir que una vez que se haya alcanzado un consenso nacional y se hayan celebrado elecciones, todos los participantes tendrían que acatar la voluntad de la nación expresada en las urnas. El partido o la coalición que triunfe limpiamente tendrá derecho a gobernar y los demás partidos han de realizar una oposición leal. Pero no leal al gobierno, como ahora pretenden algunos, sino leal a los principios constitucionales que serán la ley de todos y para el bien de todos.

Este es el mejor camino posible, si se quiere evitar que a medio plazo se repitan en Cuba la violencia y el baño de sangre que se ha desatado en las calles de Venezuela; el camino de la libertad, la inclusión y el respeto a los derechos de los demás.

Que nadie lo dude: el ciclo histórico de la utopía comunista ya concluyó. También en Cuba, ese régimen desaparecerá tarde o temprano; mientras más demore su tránsito, mayor será el costo humano y material que el país tendrá que soportar y más dificultosa será su reintegración al mundo contemporáneo.

Cuba necesita un gran pacto cívico que restablezca la concordia nacional y coloque al país a la altura de los tiempos que vivimos. Para que las violaciones de derechos humanos dejen de estar entreveradas en las leyes de la nación, para que las fuerzas productivas puedan generar riqueza, para que los cubanos de dentro y de fuera puedan ir y venir libremente y reconstruir sus familias, para que la patria deje de ser hacienda de unos pocos jerarcas y se convierta en auténtico patrimonio de todos. Para que el Estado deje de ser un quiste histórico y llegue a ser un instrumento de desarrollo, garante de derechos y libertades