BARACUTEY CUBANO

El verdadero triunfo de la resolución de la OEA respecto a los “comicios” venezolanos.

Por  Alberto Roteta Dorado.

24 de febrero de 2018

Santa Cruz de Tenerife. España.-  A solo unas semanas para la realización de unos comicios fantasmas en Venezuela la Organización de Estados Americanos, OEA, acaba de lograr que una buena cantidad de naciones se pronunciaran en pos de la aprobación de una resolución en la que se hace un llamado a que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro “reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario electoral”. 

Como es de suponer la dictadura que encabeza Nicolás Maduro se reirá una vez más de cualquier resolución, directriz, opinión, o cualquier cosa que venga de la OEA, del Grupo de Lima, o de la Unión Europea. Ya sabéis que la dictadura venezolana no está interesada en diálogos y recomendaciones, ni en hacer absolutamente nada que pueda beneficiar a un pueblo que se dispersa en la miseria más espantosa de la región. 

Cualquier intento de aproximación protocolar ya sea por parte de naciones aisladas, o de instituciones como las antes mencionadas será interpretado como injerencia en los asuntos internos de la nación y no como una posible vía para solucionar un conflicto devenido en verdadera crisis humanitaria.
Las múltiples acciones de carácter pacifista que han tenido lugar en los últimos meses en la patria de Bolívar no han logrado concretar en actos lo que de manera ideal se han trazado líderes opositores, partidos políticos, movimientos pacifistas y pro-derechos humanos, o el pueblo que de manera espontánea se ha lanzado a las calles en son de protesta contra el madurismo. 

El régimen ha arremetido despiadadamente contra seres inocentes que solo pretendían recuperar lo que les pertenece: el sentido democrático de una nación que merece salir ya de su condición de sometimiento por la peor dictadura de la región. 

Recordemos que entre el 1 de abril, cuando comenzó la última oleada de protestas en las calles, hasta el 31 de julio, fallecieron un total de 133 personas en el transcurso de las manifestaciones, de las cuales 101 fueron asesinadas directamente por los efectivos de seguridad del Estado, lo que representa el  40%, o por las bandas armadas chavistas que actúan al margen de la ley con un 52%, y que al menos el 83% de estas muertes fueron por impacto de bala. Mientras que el número de heridos se estima entre 700 a 1.000 por mes, con una totalidad de al menos 4.000 entre abril y julio.

De ahí que esta nueva propuesta de la OEA, institución que en los últimos dos años se ha destacado en su labor en pos de la restauración del orden democrático de Venezuela, y de manera particular su Secretario General, Luis Almagro, quien se ha desgastado en lograr lo que parece inalcanzable, pudiera quedar como elemento teórico – como ha sucedido con otras medidas, incluida la posible aplicación de su extraordinaria Carta Democrática– toda vez que Nicolás Maduro ha pasado los límites de lo admisible y de lo tolerable. 

Por tanto, nos queda ver entonces el lado positivo de este nuevo intento, el cual radica en la demostración del sentido de unidad que se ha logrado en el seno de la organización a favor de la causa venezolana, algo que se ha materializado con la consolidación de la labor sostenida del Grupo de Lima – que agrupa a los representantes de la mayoría de los gobiernos de la región entre los que se cuentan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, y a otros como Canadá– cuyas contundentes proyecciones han logrado un mayor impacto que las propias propuestas de la OEA.   

Pero más allá de la idea del triunfo alcanzado –por cuanto, 19 votos a favor de dicha resolución, 8 abstenciones, y solo 5 en contra, puede considerarse un verdadero triunfo– hemos de analizar otros aspectos muy favorecedores para el sentido de unidad que se está logrando en la región, toda vez que resulta significativo la actitud de algunas naciones, cuyos gobiernos habían sido hasta el momento aliados a la causa venezolana y ahora, al menos, se abstuvieron en la votación, destacándose en este sentido Nicaragua, uno de los pocos remanentes de la fracasada izquierda, El Salvador, nación del Triángulo Norte que en estos asuntos resulta ser casi siempre un enigma, y de modo particular Ecuador, que hasta el momento se había mantenido al margen respecto al tema venezolano y las pocas veces que su actual presidente, Lenín Moreno, se ha referido a Nicolás Maduro, a su sistema de gobierno y a su política, lo ha hecho de un modo demasiado conservador y protocolar – sin que olvidemos que mostró preocupación por el número de muertes que ya forma parte del “legado” del régimen chavista-madurista– , independientemente de que el nuevo gobierno ecuatoriano continúa dando pasos muy firmes que lo siguen apartando de la ya raquítica izquierda latinoamericana.

La adopción del nuevo calendario – suponiendo que el gobierno venezolano lo admita–  deberá  permitir  que se realicen las elecciones “con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble", y que además queden incluidos todos los partidos y actores venezolanos, sin exclusión de ningún tipo y bajo total supervisión de observadores internacionales independientes.

Para la aprobación de la resolución resultaba necesario un mínimo de 18 votos a favor, algo que fue superado con un voto. Los países que estuvieron a favor de la resolución fueron Argentina, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, México, Costa Rica, Paraguay, Honduras, Jamaica, Guyana, Guatemala, Barbados, Bahamas y Santa Lucia. Los representantes de Venezuela, Bolivia, Surinam, Dominica y San Vicente y Granadinas, votaron en contra; mientras que se abstuvieron además de Ecuador, Nicaragua y El Salvador, que ya mencioné antes, Saint Kitts y Nevis, Belice, Haití, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Venezuela adelantó de manera sorpresiva  su calendario electoral por razones que aún permanecen sin dilucidarse del todo; pero que le ofrecen una distinción muy sui generis a una nación que actualmente constituye el punto de mira de la comunidad internacional, de modo muy particular por sus violaciones de derechos humanos, criminalidad, desempleo, inflación, corrupción, narcotráfico, y por desgracia para su pueblo en índices de desnutrición, enfermedades y pobreza.

Así las cosas, esta determinación puede considerarse un logro para la democracia latinoamericana y para la Organización de Estados Americanos, sin que olvidemos el gran impulso que están ofreciendo las naciones que integran el Grupo de Lima. Tal vez Venezuela no escuche el clamor del resto del mundo que no solo le está pidiendo poner fin al conflicto del país, sino que se lo está exigiendo, y que de una forma u otra lo que de modo ideal se está gestando tendrá que concretarse como acto.

El fin del chavismo-madurismo ya está muy cerca.