Volver. Francisco Almagro Domínguez: ¿Resultaría conveniente para el pueblo cubano la activación del Título III de la Helms-Burton, bajo un presidente en Estados Unidos como Donald Trump?
Tomado de https://web.archive.org/
"LEY PARA LA LIBERTAD Y LA SOLIDARIDAD DEMOCRATICA CUBANAS
(LEY LIBERTAD) DE 1996"
("HELMS-BURTON")
1º de marzo de 1996 - Se ordena su publicación
TITULO III. PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS NACIONALES ESTADOUNIDENSES
b) MONTO DE LA RECLAMACION.-- Conforme a la presente sección, un nacional de los Estados Unidos podrá presentar una demanda sólo si el monto de la reclamación supera la suma o el valor de 50 000 dólares sin considerarse los intereses, gastos y honorarios de abogados. Al calcularse los 50 000 dólares para los efectos de la oración anterior, la suma aplicable conforme a los acápites I), II), ó III) del inciso a) 1) A) i) no podrá triplicarse como se indica en el párrafo 3) del inciso a).
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Volver
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¿Resultaría conveniente para el pueblo cubano la activación del Título III de la Helms-Burton, bajo un presidente en Estados Unidos como Donald Trump?
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Por Francisco Almagro Domínguez
Miami
22/01/2019
Montesquieu
La película argentina Volver (David Lipszyc, 1982) nos recuerda que el exilio político puede no ser eterno, y que el regreso está cargado de sorpresas. Todo ha cambiado, para bien o para mal. O siguiendo la máxima atribuida a Heráclito de Éfeso, un hombre no puede bañarse dos veces en el mismo río: ni el hombre ni el río serán los mismos. En el caso de la cinta rioplatense, el protagonista regresa a su patria después del exiliarse debido a la dictadura militar. Vuelve como funcionario de una empresa multinacional —sin duda, una diáspora exitosa— para cerrar la agencia local. Podemos inferir que el guion era más complejo, porque la escritora Aida Bortnik protestó por las adaptaciones hechas durante el rodaje.
Se va poniendo de moda, en estos últimos días, la discusión sobre qué hacer con las empresas norteamericanas expulsadas de Cuba hará pronto sesenta años. El disparador ha sido la probable activación del Título III de la Ley Helms-Burton, en estudio por 45 días según el secretario de Estado Mike Pompeo. Suspendido durante 21 años por tres administraciones anteriores, es, sin duda alguna, el acápite más polémico de la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática.
Es polémico no solo por su extraterritorialidad, o sea, por sancionar a quienes inviertan en propiedades que fueron norteamericanas en Cuba. Lo es, sobre todo, porque estrangularía a la pobre economía cubana. El acápite, ciertamente, sería el mayor desaliento a la escasa inversión extranjera en la Isla. Según este título, los antiguos dueños de fábricas, hoteles, tierras, minas, compañías de petróleo y servicios, podrían interponer demandas en cortes norteamericanas, y de ser aprobadas, quienes hoy exploten esos sitios ser despojados de sus bienes y cuentas bancarias en Estados Unidos. Tal vez ni empresarios chinos ni rusos escaparían a las sanciones, dados sus muchos negocios e inversiones en Norteamérica.
¿Por qué hasta ahora no se había activado el Titulo III? La respuesta es de una sencilla complejidad. Hasta ahora las administraciones eran cuidadosas con sus muchos convenios multilaterales y evitaban todo disgusto posible con los aliados. Implementar algo como el Titulo III llevaría una respuesta de países como España, Italia, Canadá, México, Francia y otras naciones que han invertido en propiedades confiscadas. El asunto terminaría en las cortes internacionales. Para los expresidentes, la cosa —léase Cuba— no merecía la pena.
El régimen cubano, por su parte, inicio una campaña política internacional anti-ley Helms Burton, exitosa en parte por el resentimiento hacia los yanquis. Pero el recurso más sutil, y al mismo tiempo asombroso por su delirante fantasía, fue cifrar las pérdidas que a la economía habían causado tantos años de bloqueo. El Tribunal Popular Provincial de La Habana demandó al Gobierno norteamericano el 2 de noviembre de 1999 por $181.100 millones. El 5 de mayo de 2000, agregó, por daños económicos, $121.000 millones más. Al día de hoy nadie puede explicar por qué el bloqueo convirtió la expropiada Coca-Cola de Palatino en el muy parecido refresco Son. Cómo calcularon el daño del bloqueo a la malanga, el plátano y la guanábana.
Lo más cómico, si no fuera por las consecuencias, es el truco. El monto de las propiedades embargadas por el gobierno revolucionario, según cálculos conservadores, está entre $7.000 y $10.000 millones. Hoy sería algo superior. No es una suma exagerada. Podría pagarse. Pero como siempre hay que subir la parada, es ahora el yanqui quien le debe al régimen cubiche más de diez veces lo incautado a principios de los años sesenta. Esa estrategia de ripostar siempre a un distinto nivel de cualidad —en teoría de la comunicación humana, maniobra anti-disonante—, funcionó mientras el Gobierno cubano gozaba de respaldo internacional, aliados continentales y combustible financiado. Y en la Casa Blanca, para decir lo menos, había presidentes menos temperamentales.
Hoy la situación es diferente. Está llegando a su fin el clientelismo venezolano. Los llamados socialismos del Siglo XXI van de salida. Ni China ni Rusia ven con buenos ojos a los poco serios deudores cubanos, que justifican los impagos con un viento platanero: el mundo es muy duro, camaradas, y hay que pagar. China se desacelera, y Rusia quiere retomar sus fueros imperiales. Ya ni azúcar, dicen, podemos cogerles a los cubanos. Y para redondear el cuadro, al Gobierno norteamericano actual el multilateralismo y los convenios internacionales le dan escozor.
Paradójicamente, la activación del Título III y un presidente como Donald Trump sería acaso conveniente para el pueblo cubano. El pueblo de Cuba, todo. Llegados a un punto donde puede suceder lo peor, comienzan las opciones para lo mejor. El gran dilema del bloqueo/embargo, justificado con aquella masiva confiscación, es que siempre ha sido algo confuso, permeable, un si/no. Nunca ha sido bloqueo. Y el embargo no ha embargado a la clase política. Han pasado casi sesenta años desde aquel fatídico día de 1960 cuando se anunció, como una conquista —y así, al parecer, lo recibió la mayoría de los cubanos—, la intervención de 166 empresas norteamericanas. Muy pocos en tales circunstancias advirtieron que era nadar contra corriente para morir en la orilla… del Norte.
Por la parte cubana, el régimen pudiera proponer volver a las empresas norteamericanas —la mayoría reducidas a escombros—, como un primer paso de buena voluntad. Buena voluntad de ambas partes; nada de guapería, trucos, cháchara a lo Tres Patines. La administración norteamericana podría incentivar, mediar en un verdadero dialogo entre cubanos —y excubanos— de todas las corrientes de pensamiento, para reformar las leyes y los absurdos que impiden el avance de la sociedad.
No sería inédito. Naciones sometidas a conflictos armados y dictaduras han hecho del regreso de su exilio algo positivo. Nadie va a quitar lo que ya se tiene, y mejor, en otro lugar. En esta orilla muy pocos necesitan algo allá. Así me lo dijo hace muchos años un cubano llevado adolescente a Estados Unidos. Mientras pasábamos por lo que fue la enorme finca de la familia en Pinar del Rio, comentó que acaso, cuando toda confrontación terminara, pediría permiso a los actuales propietarios para levantar una casita en esa loma, lejana, de la cual se lanzaba hacia abajo en una yagua. Y dijo —me recordó el “Rosebud” de Citizen Kane— que había sido esa la etapa más feliz de su triunfante y larga vida.
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