BARACUTEY CUBANO

Lo que mal empieza, mal acaba: la Reforma Agraria de 1959 y el declive agrícola


 

Por  Dimas Castellanos
La Habana
17 de Mayo de 2019

El Gobierno cubano, aferrado a la ideología y al poder, ha ignorado las experiencias acumuladas por la historia de la economía. 60 años después el país demanda, como necesidad de primer orden, una nueva reforma agraria.

En homenaje al campesino Niceto Pérez García se escogió el 17 de mayo para la firma de aquella Ley, que en 1959 otorgó a unos 100.000 campesinos un mínimo vital de dos caballerías, que podían completar hasta cinco mediante compra.

En lugar de fomentarse cooperativas en las grandes extensiones confiscadas, se conservaron como grandes unidades de producción "propiedad de todo el pueblo", según cuenta Antonio Núñez Jiménez en su libro En marcha con Fidel, publicado por Letras Cubanas en 1982.

El 40,2% de las tierras confiscadas pasaron al Estado, cifra que aumentó al 70% con la promulgación de la Segunda Ley de 1963 y hasta el 75% con un "cooperativismo" inducido. Los latifundios republicanos devinieron latifundios estatales, donde la planificación centralizada, la incapacidad de jefes y administradores y la ausencia de interés de los productores, conformó la ineficiencia que caracteriza a la agricultura cubana.

El doctor Armando Caíñas Milanés, presidente de la Asociación de Ganaderos de Cuba, declaró —según el Diario de la Marina del 12 de junio de 1959—, que "se desvirtúa el derecho de la propiedad privada y de la libre empresa con un organismo estatal omnímodo e inobjetable. Este sistema no es de nuestro clima, ni de nuestro ambiente".

(Cuadro extraido del  libro,  escrito en 1957, titulado  El imperialismo norteamericano en la economía cubana, del ya fallecido economista e historiador castro-comunista Oscar Pino Santo)

En la Primera Reunión Nacional del INRA —institución creada junto a la Ley de Reforma Agraria— el 4 de agosto de 1959, Fidel Castro planteó no hacer una reforma agraria, sino una revolución agraria: "Una cosa —dijo— es la ley y otra es la Reforma Agraria. La Ley implica una serie de trámites.... Si nos ponemos a esperar las expropiaciones no terminamos nunca. Es una cosa de vida o muerte de la Revolución el avanzar por encima y por delante de las expropiaciones".

Según Núñez Jiménez, el Comandante en Jefe aconsejó a los jefes agrarios "que cuando se dispongan a intervenir una finca, la Ley debe llegar después de la intervención y agrega que a la hora de decidir cuántas caballerías le dejan a un latifundista, puede que tengan el criterio de dejarle cien como marca la Ley, si están bien cultivadas, pero mejor dejarle cincuenta."

En la III Reunión Nacional del INRA, el 7 de diciembre de 1959, Castro dijo: "La Ley señala que podemos dejar un máximo de hasta 100 caballerías. Sin embargo, a nadie le hemos dejado las 100. El límite posible de 100 lo hemos reducido a 50; las fincas de los centrales azucareros las reducimos a 30 caballerías de caña y ni siquiera eso, porque por la Ley, los centrales azucareros no pueden tener caña".

Las cooperativas que no lo son

La propiedad privada, que emergió desde el origen de la especie humana, se extendió con la esclavitud, cambió de forma con el feudalismo, volvió a mutar con el sistema capitalista y en los pocos espacios que el socialismo totalitario le permitió, como en Vietnam, demostró su eficacia.

En Cuba, fracasada la agricultura basada en el estatismo, en 2008 se promulgó el Decreto Ley 259, para la entrega de las tierras ociosas que el Estado no logró hacer producir, pero en usufructo. En 2012 se sustituyó con el Decreto-Ley 300, el cual alivió algunas restricciones, pero conservó otras. En 2014 el Decreto-Ley 300 fue modificado con el Decreto-Ley 311. Nada justifica que las tierras en manos del Estado devengan ociosas y el que las hace producir no pueda poseerlas en propiedad.

En cuanto a las cooperativas, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), en 1895, definió su concepto como "una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta, con una estructura democrática". De acuerdo a esa definición, las creadas en Cuba —con excepción de las Cooperativas de Créditos y Servicios— no clasifican como tales.

Por diversas razones, las cooperativas agropecuarias en Cuba no tuvieron auge. En 1884 se fundó la primera, la Comunidad de Regantes del Valle de Güines, y a partir de 1950, el Banco Nacional de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba creó tres asociaciones de crédito rural.

El 17 de mayo de 1959, antes de su proclamación, Fidel Castro añadió a la Ley: "Siempre que sea posible. el Instituto nacional de Reforma Agraria (INRA) fomentará cooperativas agrarias". Luego, en 1960 se crearon las "cooperativas"cañeras, las que fueron transformadas en propiedad estatal. Las Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA), creadas en 1976, fueron una decisión estatal. Y las Unidades Básicas de Producción Agropecuaria (UBPC), las creó el Estado en 1993, ante la crisis en la agricultura. El verdadero cooperativismo quedó limitado a unas pocas asociaciones formadas por campesinos privados.

Si las cooperativas se crean por voluntad del Estado, su reglamento lo emite el Consejo de Ministros, se le controla y define su funcionamiento y el Estado conserva la propiedad sobre los medios de producción, entonces de lo que se trata es de cooperativas estatales de usufructuarios.

El estrepitoso declive de la agricultura cubana, incluso en producciones como el azúcar, el café y el ganado bovino, que contaban con una añeja tradición, conduce a la imposibilidad de una agricultura próspera y sostenible sin dueños privados o cooperativos de la tierra.

La Ley de Reforma Agraria se presenta a un nuevo aniversario sin resultados que celebrar. Se impone desterrar los improductivos latifundios estatales y en su lugar fomentar la pequeña y mediana propiedad, para que los productores puedan participar interesadamente en los resultados de la gestión económica.