BARACUTEY CUBANO

Por Miguel Sales 

Málaga

15 de diciembre de 2019

En muy poco tiempo, según los popes de la calentología reunidos estos días en Madrid para la COP 25, el estado del clima mundial ha pasado de la crisis a la emergencia y estamos ya al borde del apocalipsis. Los mares son una sopa de plástico, el aire se vuelve irrespirable y la temperatura del planeta sube de manera inexorable por el aumento de CO2 en la atmósfera, causado por las actividades humanas. Si las autoridades no adoptan medidas urgentes para recortar la producción y el consumo,  los polos se derretirán, el océano se tragará a buena parte de las zonas costeras y muchas especies –empezando por la nuestra—desaparecerán en breve de la faz de la Tierra.

Vaya por delante que el más elemental sentido común me impide creer en la mayoría de esos dogmas del ecologismo radical. Las supuestas bases científicas de sus teorías son endebles y las conclusiones que se extraen de ellas suelen ser proyecciones desmesuradas y alarmistas. Durante milenios, desde el final de la última glaciación, el clima ha cambiado constantemente, la temperatura media del planeta ha oscilado varios grados arriba y abajo, la contaminación generada por los volcanes y los incendios forestales ha sido a menudo devastadora, varias especies de plantas y animales han desaparecido y han surgido otras, y nada de eso ha desembocado en la catástrofe definitiva que las casandras del clima anuncian ahora.  Los gurús de la secta son incapaces de predecir con exactitud cómo se comportará el tiempo meteorológico dentro de un mes, pero pretenden hacernos creer que pueden vaticinar con precisión cómo será el clima dentro de un siglo y decidir qué debemos hacer desde ahora para modificarlo. 

Esta fe en el apocalipsis climático que va ganando terreno tiene raíces profundas, cuyo análisis excedería el marco de este artículo. Desde ‘la muerte de Dios’ y la búsqueda de creencias sucedáneas hasta la estrategia del miedo que fomentan determinados grupos políticos; desde la información universal y omnipresente (en color y en bucle) que nos facilita la tecnología, hasta el rechazo a la libertad individual y el aprovechamiento del erario público por sectores enquistados en las organizaciones internacionales, la nueva Iglesia de la Calentología se consolida y adquiere cada vez más influencia en nuestras vidas. 

Pero el debate es ya casi inútil. Los creyentes se sienten apoyados por sólidos argumentos científicos y están convencidos de que poseen una verdad que les confiere una superioridad moral absoluta. Quienes no compartimos sus puntos de vista somos, por definición, “negacionistas” (término que nos asimila a quienes niegan el Holocausto nazi), personas de mala fe, representantes del heteropatriarcado machista, capitalistas despiadados y carnívoros, hedonistas miopes incapaces de pensar en las generaciones venideras, etc. Por eso, en vez de entrar en una controversia estéril, voy a dar aquí por válidas todas las premisas de la secta y me limitaré a una tarea que los calentólogos suelen eludir: desarrollar hasta sus últimas consecuencias las ‘soluciones’ que proponen.

Supongamos, pues, que para alcanzar el excelso objetivo de evitar la destrucción del planeta y la extinción de la vida animal y vegetal, los gobiernos y las empresas deciden aplicar en sectores clave las medidas que los ecologistas  radicales preconizan: 

En materia de energía, habría que proceder a la erradicación de las plantas nucleares y suprimir el uso de los combustibles fósiles. Solo quedarían las fuentes de energía renovables –solar, eólica, mareas, etc.-- , pero también habría que descartar la hidroeléctrica, porque los animalistas se oponen a las represas y los embalses, que desnaturalizan los ríos y dañan a los peces. Como la electricidad no se puede almacenar, salvo mediante el uso de baterías carísimas y de poca eficiencia relativa, estas fuentes que en el papel parecen limpias y baratas no lo son tanto. Reducir el consumo energético hasta lograr cero emisiones significaría prescindir de casi todas las fuentes de calefacción, refrigeración y transporte  y por tanto de la producción y el comercio de miles de bienes que hoy consideramos necesarios.

La producción de alimentos es otra fuente colosal de contaminación. En particular, la ganadería y sus derivados.  Los animalistas propugnan el veganismo  y demonizan el consumo de carne. “Consumir un filete de ternera equivale –en términos de emisión de carbono-- a conducir un automóvil durante 100 kilómetros”, reza uno de los lemas de la COP 25. Para ellos, la agricultura moderna es sinónimo de deforestación, uso intensivo de fertilizantes y, sobre todo, de generación masiva de metano, porque las vacas no cesan de rumiar y tirarse pedos. Así que en la nueva sociedad ecológica habría que prohibir la cría de aves y reses, y el consumo de carne, huevos, leche y sus derivados (yogur, queso y mantequilla), y limitarse a comer frutas y verduras locales, para evitar el transporte a largas distancias y la refrigeración. Sin duda, eso reduciría las emisiones de CO2, pero también causaría una severa disminución de la oferta de alimentos, por la contracción de la productividad agrícola, la falta de transporte, la necesidad de emplear más mano de obra y la ley de los rendimientos decrecientes (uso de recursos cada vez menos idóneos para un mismo tipo de producción). La gestión de la comida escasa quedaría a cargo del gobierno. Porque cuando la escasez no está a merced del mercado, tiene una sola ‘solución’: el racionamiento, mediante la intervención del Estado. 

En lo que atañe al transporte, la eliminación del automóvil individual, la supresión de los aviones –a reacción o de hélice, tanto monta—y la limitación  de los desplazamientos por otros medios (tren eléctrico, dirigibles, barcos de vela), reducirían la movilidad humana a unos pocos kilómetros en torno a su lugar de nacimiento. Las energías sostenibles tienen poco que aportar en este ámbito. El coche eléctrico es caro y su producción y funcionamiento contaminan más de lo que sostienen sus defensores. 

Por supuesto, esos cambios repercutirían gravemente en la demografía. Una estructura productiva condicionada por esas limitaciones solo podría alimentar –con buena suerte y mucha organización-- a una población mundial diez veces menor que la actual. Para que esa sociedad pudiera funcionar, el número de habitantes del planeta tendría que reducirse de los 7 mil millones de hoy en día a unos 700 millones. Los sectarios del ambientalismo radical no nos explican cómo se operaría esa disminución maltusiana, pero no es difícil imaginarlo. La gente moriría masivamente de hambre o de aburrimiento –o de ambas cosas.

Cuando se conjugan todas esas características, ¿qué tipo de paraíso ecológico resultaría de las medidas que ahora propugnan los ambientalistas radicales? 

El aire estaría más limpio, pero casi nadie podría viajar, a no ser que lo hiciera en bicicleta,  en tren eléctrico, en barco de vela o en zepelín. El consumo de alimentos y energía estaría sujeto a un estricto racionamiento. El veganismo sería obligatorio, porque los animales son seres sensibles y su cría en gran escala genera mucho metano. Las autoridades decidirían sobre el número de hijos que cada familia podría tener –como han hecho en China, durante décadas--  porque un exceso de fertilidad humana rompería los equilibrios indispensables para mantener la pureza del planeta.

Por mucho que los ecologistas se llenen la boca con el pacifismo y la democracia, la aplicación de estas medidas requeriría de un grado superlativo de presión política. Habría un aumento exponencial de la injerencia del Estado en la vida privada. Las opiniones estarían estrechamente vigiladas. Se impondría un severo control del pensamiento y la información para evitar desviaciones ideológicas que pudieran poner en peligro los ‘logros’ medioambientales.  Los derechos y las libertades, tal como los entendemos hoy, quedarían supeditados a un bien superior: la necesidad de preservar el planeta y salvar a la humanidad, aunque fuera a una humanidad residual.

No crea el lector que esta distopía que pretenden imponer los partidarios de la ‘justicia climática’ es algo muy lejano e irrealizable.  El proceso está en marcha y los mecanismos de la democracia y la tecnología facilitan su desarrollo. Por ejemplo, ya en algunas publicaciones de Naciones Unidas se proponen leyes que, de aprobarse, sancionarían a los políticos y los industriales de la minería y el petróleo, y silenciarían a quienes discrepan del ideario ecológico (véase el artículo "Delitos climáticos" de la jurista Catriona McKinnon, profesora de la Universidad de Exeter (Reino Unido), publicado en El Correo de la UNESCO, julio-septiembre de 2019, pág. 10).

Hacia 1860, a casi nadie se le hubiera ocurrido pensar que las doctrinas de un profeta cochambroso que malvivía en Londres y se autoproclamaba creador del “socialismo científico” podrían repercutir un día en el mundo entero.  Un siglo más tarde, el marxismo había servido de coartada teórica para el gulag soviético, el genocidio perpetrado por los jemeres rojos en Camboya y los paraísos proletarios de Cuba y Corea del Norte.   Ya lo advertía John Maynard Keynes en el decenio de 1930: “las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende. De hecho, el mundo está dominado por ellas. Los hombres prácticos, que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún economista difunto”. 

Los calentólogos y sus voceros –ya sean niñas autistas, profesores venales o periodistas gregarios—nos quieren devolver a los modos de vida del paleolítico, aunque no se atrevan a reconocerlo públicamente. Ese retroceso se ejecutaría, por supuesto, en nombre de la buena causa. Probablemente se salvarían los osos polares y el coral del trópico, pero nuestros nietos estarían condenados a una vida miserable. Los supervivientes, nuevos neandertales, se refugiarían en la caverna y no tendrían siquiera el consuelo de comerse de vez en cuando un filete de mamut.