viernes, febrero 07, 2020

EEUU extiende su prohibición de entrada al país a toda la cúpula de Meliá. y a sus familiares más cercanos, como el cónyuge o los hijos menores de edad.



EEUU extiende su prohibición de entrada al país a toda la cúpula de Meliá

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El veto se extiende también a los familiares más cercanos, como el cónyuge o los hijos menores de edad.
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Sede de Meliá Hoteles. EFE

DDC
Madrid
06 Feb 2020 

La empresa hotelera española Meliá, una de las principales inversionistas en ese sector en Cuba, ha recibido unas 14 cartas de la Secretaría de Estado de Estados Unidos dirigidas a la cúpula de la compañía y confirmando el veto a su entrada en territorio norteamericano.

Después de conocerse una sanción similar contra Gabriel Escarrer Jaume, consejero delegado y vicepresidente de la hotelera, un reporte del medio español Vozpópuli confirmó que el resto de la dirección de la compañía recibió avisos similares. La prohibición se extiende también a los familiares más cercanos, como el cónyuge o los hijos menores de edad.

Si bien hasta el momento ni Meliá ni el Gobierno de España han comentado la información, el medio aseguró que la prohibición encaja con lo dispuesto en el Título IV de la Ley Helms-Burton, que sanciona a las empresas que hacen negocios con propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro.

La Secretaría de Estado de EEUU tiene autoridad para incluir a directivos entre los sancionados si le consta la presentación de una reclamación ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de EEUU (FCSC, por sus siglas en inglés) por un activo confiscado respecto al cual el extranjero o su compañía trafique. Por tanto, no se precisa que haya una demanda interpuesta en los tribunales para proceder a retirar el visado y ni siquiera una sentencia.

Las cartas que recibió Meliá están fechadas el pasado mes de octubre y en ellas EEUU ofreció a los afectados varias opciones para evitar el veto: renunciar a sus cargos en la compañía, a su posición accionarial o llegar a un acuerdo con los demandantes. La cúpula de Meliá se negó a cumplir con ninguna de las tres.

Horas después de la publicación de una carta remitida a Escarrer Jaume, Meliá emitió un comunicado en el que confirmó la información y manifestó "respeto y confianza en la implicación e impulso hacia una solución positiva por parte de las autoridades españolas y comunitarias, así como en los tribunales, insistiendo una vez más en la lealtad, legalidad y responsabilidad con las que nuestras filiales han desempeñado siempre su gestión empresarial en Cuba".

La empresa aseguró que espera "que la presente controversia producida por la activación de los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton sea resuelta de manera favorable a los intereses de nuestro Grupo".

Por parte del Gobierno, el Ministerio de Exteriores se limitó a señalar el miércoles que la Helms-Burton "es una cuestión que se trabaja coordinadamente con otros ministerios, Estados Miembros y la Comisión Europea", pero no precisó ninguna iniciativa o medida concreta que vaya a poner en marcha.

Por su lado, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, no ha dado detalles sobre el asunto.

Las fuentes consultadas por Vozpópuli recuerdan que España tiene la responsabilidad de velar por los intereses de las compañías. De no hacerlo, las empresas podrían presentar una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado y reclamar una indemnización, según se desprende de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El origen del conflicto de Meliá con la Helms-Burton arrancó el pasado verano, cuando una familia cubana presentó en Estados Unidos una demanda colectiva contra Expedia, Booking, Trivago, las empresas cubanas Gran Caribe, Cubanacán, Grupo Gaviota y la citada hotelera española, que fue formalmente incluida en el pleito en septiembre.

Sin embargo, la jueza acordó a principios de año excluir a Meliá del proceso, pues los demandantes decidieron centrarse en las reclamaciones contra compañías norteamericanas. 

También durante el verano la familia cubana Sánchez Hill reclamó una indemnización millonaria a Meliá en un juzgado de Palma de Mallorca. En concreto, los demandantes exigían a la hotelera al menos 10.000.000 por la explotación de los terrenos donde se levantan dos hoteles en Holguín que, según alegan, les fueron confiscados.

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