CUBA ENTRE LOS CUATRO PAISES CONSIDERADOS DE ALTO RIESGO PARA INVERSIONISTAS ESPAÑOLES
Según Reporte de la Dirección General de Comercio e Inversiones y del Mapa de Riesgo Político 2006 de la consultora AON
De las inversiones en países inestables, sólo 4.240,95 millones corresponden a Estados de "alto riesgo", como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba, donde la mala situación económica o las protestas y revueltas populares se suman a una larga lista de factores de inseguridad política y jurídica para los negocios
Madrid
EFE
Yahoo Noticias
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Máximo Tomás
Dept. de Investigaciones
La Nueva Cuba
Julio 4, 2006
El 15 por ciento de las inversiones brutas de empresas españolas en el exterior se encuentra en países considerados de medio-alto o alto riesgo, donde la inseguridad jurídica, las interferencias políticas o las interrupciones en la cadena de suministros están a la orden del día.
Así se desprende de los datos de la Dirección General de Comercio e Inversiones y del Mapa de Riesgo Político 2006 de la consultora AON, que revelan que España tiene inversiones en 51 países de riesgo para los negocios, donde han ido a parar 53.094 millones de euros desde 1993. En total, las empresas españolas han destinado a países extranjeros 354.144 millones desde que empezó el "boom" de la inversiones exteriores -en la década de 1990-, hasta el cierre de 2005. De las inversiones en países inestables, sólo 4.240,95 millones corresponden a Estados de "alto riesgo", como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba, donde la mala situación económica o las protestas y revueltas populares se suman a una larga lista de factores de inseguridad política y jurídica para los negocios. De hecho, el país presidido por Evo Morales ha empezado a ser considerado de alto riesgo este año por la nacionalización de los recursos naturales y el desconcierto que ello ha supuesto para las compañías extranjeras que operaban en el estado latinoamericano. El importe restante de inversiones inseguras, casi 49.000 millones, se ha destinado a países de riesgo "medio-alto", una categoría en la que entran Argentina, República Dominicana, Colombia, Perú o Filipinas por los posibles impagos estatales, interferencias políticas, jurídicas y regulatorias e inestabilidad en el tipo de cambio de las divisas, entre otros factores disuasorios para la inversión. De hecho, el país presidido por Néstor Kirchner acumula el mayor volumen de inversiones de riesgo, 37.487,13 millones, seguido de lejos por Colombia, con 3.855,15 millones. Así, Latinoamérica, tradicional destino para el dinero de las empresas españolas, concentra el 96,61 por ciento de las inversiones con riesgo de empresas españolas, mientras que el porcentaje restante se localiza todo en Africa, el continente con mayor número de
países desaconsejables para los negocios, dada su inestabilidad. Curiosamente, Europa tampoco se libra de países con riesgo, ya que Moldavia, Ucrania y Serbia y Montenegro (los datos son anteriores a su separación) son otros de los estados que cuentan con inversiones españolas y que presentan incertidumbres considerables para la realización de negocios.
No obstante, el porcentaje de emprendedores arriesgados se ha reducido en los últimos años, a tenor de las cifras de inversiones dirigidas a países poco seguros. Según la Dirección General de Comercio de Inversiones, el flujo de inversión bruta en el exterior ascendió el año pasado a 26.345 millones de euros, de los que sólo 2.580 millones fueron a parar a estados con medio-alto y alto riesgo, de acuerdo con el Mapa de Riesgo Político de AON. La mayor parte de esa cantidad se destinó nuevamente a Argentina, donde se invirtieron 2.184 millones de euros, seguido de Filipinas, con 129,40 millones. "La decisión el pasado mes de mayo del gobierno boliviano de nacionalizar todas las empresas energéticas privadas puede resultar el inicio de un "revival" de las interferencias de los gobiernos de algunos países en las industrias energéticas, hidrocarburos y similares", advierte el director de AON Credit, José María Segón. Segón, no obstante, señala que "lo importante y a la vez inquietante para las inversiones e intereses españoles es que la amenaza puede expandirse a otros sectores, como minería, eléctricas y sectores "utilities", como se denominarían en términos anglosajones". Además, apunta que la vertiente y preocupación que no está realmente valorada y considerada son las extremas consecuencias de las potenciales pérdidas permanentes que pueden originar los riesgos políticos.
Según Reporte de la Dirección General de Comercio e Inversiones y del Mapa de Riesgo Político 2006 de la consultora AON
De las inversiones en países inestables, sólo 4.240,95 millones corresponden a Estados de "alto riesgo", como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba, donde la mala situación económica o las protestas y revueltas populares se suman a una larga lista de factores de inseguridad política y jurídica para los negocios
Madrid
EFE
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Máximo Tomás
Dept. de Investigaciones
La Nueva Cuba
Julio 4, 2006
El 15 por ciento de las inversiones brutas de empresas españolas en el exterior se encuentra en países considerados de medio-alto o alto riesgo, donde la inseguridad jurídica, las interferencias políticas o las interrupciones en la cadena de suministros están a la orden del día.Así se desprende de los datos de la Dirección General de Comercio e Inversiones y del Mapa de Riesgo Político 2006 de la consultora AON, que revelan que España tiene inversiones en 51 países de riesgo para los negocios, donde han ido a parar 53.094 millones de euros desde 1993. En total, las empresas españolas han destinado a países extranjeros 354.144 millones desde que empezó el "boom" de la inversiones exteriores -en la década de 1990-, hasta el cierre de 2005. De las inversiones en países inestables, sólo 4.240,95 millones corresponden a Estados de "alto riesgo", como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba, donde la mala situación económica o las protestas y revueltas populares se suman a una larga lista de factores de inseguridad política y jurídica para los negocios. De hecho, el país presidido por Evo Morales ha empezado a ser considerado de alto riesgo este año por la nacionalización de los recursos naturales y el desconcierto que ello ha supuesto para las compañías extranjeras que operaban en el estado latinoamericano. El importe restante de inversiones inseguras, casi 49.000 millones, se ha destinado a países de riesgo "medio-alto", una categoría en la que entran Argentina, República Dominicana, Colombia, Perú o Filipinas por los posibles impagos estatales, interferencias políticas, jurídicas y regulatorias e inestabilidad en el tipo de cambio de las divisas, entre otros factores disuasorios para la inversión. De hecho, el país presidido por Néstor Kirchner acumula el mayor volumen de inversiones de riesgo, 37.487,13 millones, seguido de lejos por Colombia, con 3.855,15 millones. Así, Latinoamérica, tradicional destino para el dinero de las empresas españolas, concentra el 96,61 por ciento de las inversiones con riesgo de empresas españolas, mientras que el porcentaje restante se localiza todo en Africa, el continente con mayor número de
países desaconsejables para los negocios, dada su inestabilidad. Curiosamente, Europa tampoco se libra de países con riesgo, ya que Moldavia, Ucrania y Serbia y Montenegro (los datos son anteriores a su separación) son otros de los estados que cuentan con inversiones españolas y que presentan incertidumbres considerables para la realización de negocios.No obstante, el porcentaje de emprendedores arriesgados se ha reducido en los últimos años, a tenor de las cifras de inversiones dirigidas a países poco seguros. Según la Dirección General de Comercio de Inversiones, el flujo de inversión bruta en el exterior ascendió el año pasado a 26.345 millones de euros, de los que sólo 2.580 millones fueron a parar a estados con medio-alto y alto riesgo, de acuerdo con el Mapa de Riesgo Político de AON. La mayor parte de esa cantidad se destinó nuevamente a Argentina, donde se invirtieron 2.184 millones de euros, seguido de Filipinas, con 129,40 millones. "La decisión el pasado mes de mayo del gobierno boliviano de nacionalizar todas las empresas energéticas privadas puede resultar el inicio de un "revival" de las interferencias de los gobiernos de algunos países en las industrias energéticas, hidrocarburos y similares", advierte el director de AON Credit, José María Segón. Segón, no obstante, señala que "lo importante y a la vez inquietante para las inversiones e intereses españoles es que la amenaza puede expandirse a otros sectores, como minería, eléctricas y sectores "utilities", como se denominarían en términos anglosajones". Además, apunta que la vertiente y preocupación que no está realmente valorada y considerada son las extremas consecuencias de las potenciales pérdidas permanentes que pueden originar los riesgos políticos.
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