Tomado de https://diariodecuba.com/
'Regulados': la realidad negada por el régimen de Cuba ante la ONU
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La Seguridad del Estado permite a algunos activistas salir de Cuba solo en viajes sin retorno.
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Por Yusimí Rodríguez López
Madrid
01 septiembre 2023
"Usted está regulado en cuanto a la movilidad fuera del país". Esa es la respuesta que recibe Juan Antonio Madrazo, coordinador del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), cada vez que indaga sobre su estatus migratorio en las oficina de Inmigración y Extranjería de Plaza de la Revolución, La Habana.
Así lo cuenta a DIARIO DE CUBA cuando el régimen cubano está a punto de someterse al Examen Periódico (EPU) Universal ante las Naciones Unidas, cinco años después de haber negado que impida a los disidentes viajar fuera de la Isla.
En 2018, La Habana se sometió por tercera vez al EPU y recibió varias recomendaciones de los países miembros, entre ellas la de ratificar los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, que firmó en la ONU en 2008.
Los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón, entre otros, llamaron a La Habana a respetar las libertades de expresión y asociación, dejar de acosar a los periodistas independientes y a los defensores de derechos humanos. Asimismo, criticaron que el Gobierno haya impedido a activistas de la Isla viajar a Ginebra para asistir al EPU.
En aquel momento, Rodolfo Reyes, director general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional de la Cancillería cubana, negó que el régimen impide viajar a disidentes, activistas de derechos y periodistas independientes.
Entre los que no pudieron viajar estuvo justamente el activista Madrazo Luna. Cinco años después, sigue sin poder salir de Cuba, salvo que acepte no volver al país.
"Cuando pregunto por qué estoy regulado, cínicamente me preguntan si soy médico, funcionario o si tengo alguna deuda (…)", explica Madrazo Luna. "Yo cínicamente les respondo que no puedo salir porque soy profesional de la contrarrevolución. Ellos me dicen que no son los que ponen la medida, sino el MININT (Ministerio del Interior). El MININT nunca da respuesta".
"Ahora, cada vez que los oficiales del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad (del Estado) nos detienen o montan un operativo para desarticular las actividades, nos recuerdan que no vamos a salir de Cuba".
"En el interrogatorio me dicen 'Madrazo, no vas a salir ni tú ni tu equipo. Lo otro es que te podemos dejar salir, pero con la condición de que te vayas definitivamente'".
En el último interrogatorio, un oficial de Enfrentamiento le dijo que no podía quejarse de racismo en Cuba porque "con la Revolución" vive en un apartamento en El Vedado y eso con el capitalismo no iba pasar. "No se puede ser malagradecido", le dijo el oficial.
El nombre de Juan Antonio Madrazo Luna es uno más en la larga lista de cubanos que el régimen mantiene en la categoría de "regulados". En esta se encuentran también Marthadela Tamayo González y su esposo, Osvaldo Navarro, ambos integrantes del CIR.
"El 5 de noviembre de 2019, cuando me dirigía a México para asistir a un evento sobre género, en el aeropuerto se me notificó que estaba regulada y que no podía salir del país porque debía una supuesta multa", cuenta Tamayo González.
"Fui ese mismo día desde el propio aeropuerto a la oficina de Inmigración de mi municipio, El Cerro, y allí me dijeron que no aparecía ninguna deuda y que en el sistema estaba 'limpia'".
Con un nuevo boleto, la activista se dirigió nuevamente al aeropuerto el 6 de noviembre. "Se me volvió a decir que no iba a salir, que estaba regulada", dice.
Entre los eventos a los que Tamayo González ha sido invitada y no ha podido acudir estuvo la IX Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles en junio de 2022.
En esa ocasión, cuando ella y su esposo fueron a hacer el checking se les acercó un agente de la Seguridad del Estado para comunicarles que estaban "regulados por interés nacional".
A ella le tocaba prorrogar su pasaporte en septiembre del año pasado, pero en la oficina de Inmigración de su municipio le dijeron que no le estaba permitido hacer ese trámite.
Como si Tamayo González pudiera olvidar su condición, la Seguridad del Estado le envía recordatorios con otras activistas a las que reprime.
"Al detener a María Mercedes Benítez (integrante de la organización Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales), cuando intentaba participar en la conferencia de (la iniciativa contra la violencia) Shanti, el represor le recordó que estaba regulada y le dijo que me lo recordara también a mí".
Benítez también está "regulada" desde 2019. "Me he presentado a Inmigración y Extranjería, que radica en la oficina del Carnet de Identidad de mi municipio, sin obtener respuesta. Ellos alegan que no tienen idea de por qué estoy regulada. De la única manera que la Seguridad me quita la regulación es si salgo definitivamente del país, algo que no va a pasar".
También Tamayo González y su esposo —regulado desde el 12 de diciembre de 2019, cuando debía asistir a la XI edición del Festival Vista en Miami— tienen asegurada la "oportunidad" de realizar un único viaje de ida, sin retorno.
"Para eventos, capacitaciones, foros, no saldremos por tiempo indefinido", cuenta Tamayo González que le ha advertido la Seguridad del Estado.
"Este tipo de mecanismos no son para nada nuevos. Nuestra movilidad no la regula un Estado; es nuestro derecho decidir si emigrar o no. No aceptamos imposiciones", sostiene Navarro.
El evento más reciente al que ambos activistas estaban invitados era el 53 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Al estar regulados no podían asistir.
También los opositores María Elena Mir, Boris González Arenas, Manuel Cuesta Morúa figuran en la lista de regulados hace varios años.
"En noviembre va a hacer cinco años que estoy regulada", dice María Elena Mir. "Acudí en una ocasión a la Oficina de Emigración y Extranjería, un año y pico atrás, para conocer mi estatus legal para ellos. Me dicen que ellos no saben por qué no me dejan salir, porque yo no estoy en ninguna lista ni le debo nada a nadie. Es decir, que, aunque vayas a estas oficinas, no vas a tener respuesta. O te dicen 'diríjase a las oficinas de las personas que usted crea que la tienen regulada'".
"En los asaltos esos que ellos hacen a las viviendas, los agentes de la Seguridad cuando llegan a mi casa incluso me han ofrecido un documento para firmar que si yo quiero salir de Cuba debo firmar un acta donde dice que abandono definitivamente el país. Esa no es una opción para mí. Si algún día abandono mi país será por decisión propia y no está en mis planes en este momento".
El activista y periodista de DIARIO DE CUBA Boris González Arenas viajó por última vez al extranjero para asistir a su padre moribundo.
"En marzo de 2019 regresé a Cuba. En junio, iba a salir a Panamá junto a Abdel Legrá y Enix Berrio y nos comunicaron a todos que estábamos regulados. O sea, tengo bloqueado mi derecho de salida. No uso la palabrita de ellos (regulados) porque eso es una arbitrariedad, eso no es una regulación legal. En 2019 presenté una demanda al jefe de Emigración para que me explicara por qué la prohibición de salida. No respondieron. Entonces fui a la Fiscalía Militar y entregué una denuncia contra el hombre por abuso de autoridad; nunca respondieron".
Hasta la última vez que González Arenas indagó en Emigración, cuatro meses atrás, tenía prohibido salir de Cuba.
Cuesta Morúa está regulado desde abril de 2019, pero no ha ido a ninguna oficina a solicitar explicaciones.
"Solo fui dos veces a prorrogar el pasaporte y me han negado la posibilidad porque, me han dicho expresamente, estoy regulado. No me han puesto condiciones. Solo me han dicho en dos ocasiones que no me dejarán salir más del país".
El abogado independiente Julio Alfredo Ferrer Tamayo también tiene prohibido salir de Cuba desde 2019. En mayo pasado presentó un recurso de apelación ante la Sala Especial del Tribunal Supremo Popular, en el que exige la total restitución de sus derechos constitucionales y la posibilidad de acceder a un tribunal independiente e imparcial.
"Con este recurso pretendo agotar todas las vías legales posibles para descaracterizar al sistema judicial y que quede demostrado, una vez más, su total desapego a las propias leyes que ellos mismos establecen", dijo entonces a DIARIO DE CUBA.
Además, tienen prohibido viajar fuera de Cuba el periodista independiente Jorge Amado Robert; los opositores Eduardo Cardet, Eliecer Porto, Juan Pilar Goberna; el influencer Yoandy Montiel Hernández (El Gato de Cuba); asimismo, el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, su madre, la Dama de Blanco Asunción Carrillo, y la activista Caridad Burunate,
Más recientemente, el régimen incorporó a su lista de regulados los nombres de la profesora Alina López Hernández y del escritor Jorge Fernández Era.
Algunos activistas pueden viajar, pero la Seguridad del Estado decide cuándo y a dónde
El régimen, sin embargo, no solo recurre a la regulación, un recurso que solo da apariencia legal a la violación del derecho a la libre circulación, para impedir a los activistas denunciar en el exterior la situación de Cuba.
En junio pasado, Eroises González Suárez, integrante de la Plataforma Femenina de Cuba, estaba invitada a participar en las sesiones de la OEA. A diferencia de otros activistas cubanos invitados, ella no estaba regulada.
Ello no le garantizó asistir al evento. Camino al aeropuerto, agentes de la Seguridad del Estado la secuestraron junto a su esposo, Fernando Palacio, coordinador nacional del Centro de Estudios de Liderazgo y Desarrollo (CELIDE).
"A ambos nos secuestraron yendo hacia el aeropuerto, una patrulla y oficiales de la Seguridad del Estado vestidos de civil, aunque realmente quien iba a viajar era ella. Supongo que tomaron la decisión de detenerme arbitrariamente para impedir que la noticia saliera rápidamente".
"Por supuesto, sabes, las amenazas y todo lo que hay siempre, pero lo que sí dejaron claro fue que no estamos regulados. Simplemente no le iban a permitir a ella ir a participar en la Asamblea de la OEA, pero que no estaba regulada. Y otro tanto me dijeron a mí: 'Mira, Palacio, tú puedes ir a otros viajes; tú puedes salir, pero a la OEA no'".
El pasado 25 de julio —víspera de la fecha en que el régimen conmemora el fallido asalto al Cuartel Moncada, bautizado por el discurso oficial como el Día de la Rebeldía Nacional— a Palacio y a otros tres activistas de su organización se les prohibió viajar a Trinidad y Tobago a recibir un taller.
Los agentes de la Seguridad del Estado que interrogaron a Palacio también le dijeron que "vieron este viaje como una amenaza" en ese contexto de la víspera del 26 de julio.
"Hay algo interesante: la Seguridad del Estado está optando por una nueva modalidad, ninguno de los tres activistas de CELIDE que iban a este viaje estaban regulados, incluso se encargaron de decirnos durante la detención y las amenazas que no estábamos regulados, pero que habíamos escogido mal el contexto del viaje, al coincidir con la víspera del 26 de julio", contó el activista a esta redacción.
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Tomado de https://demoamlat.com/
Rehenes del gobierno: Los regulados cubanos
Autor: Álvaro Tonelli*
19/03/2020
“Usted no puede viajar, está en condición de regulado” o bien “tiene una limitante, una prohibición de salida”. Eso es lo que escuchan de parte de los oficiales migratorios los ciudadanos cubanos que ya se encuentran en el aeropuerto, con su pasaporte y pasaje de avión en mano. La violencia de descubrir que su libertad de circulación fue avasallada y que hasta nuevo aviso son rehenes del régimen castrista es rematada con la frase “aquí no sabemos por qué, usted sabrá lo que habrá hecho”.
Cuba tiene desde 2013 una nueva ley migratoria emanada del Decreto Ley 302, firmado por el entonces dictador Raúl Castro. En los papeles y en la retórica del gobierno isleño, la reforma debía significar el fin de las restricciones al derecho de entrar y salir libremente de su país para los cubanos. En la práctica, el Decreto Ley tiene incisos lo suficientemente ambiguos como para que el libre tránsito no sea un derecho, sino una prerrogativa que el Estado cubano otorga graciosamente a quien desee ingresar o partir de la isla. El modus operandi para acallar las voces disidentes con la política estatal comunista se conjuga con las expatriaciones forzadas que fueran denunciadas por los relatores de la ONU para Libertad de Opinión y de Expresión, Reunión Pacífica y de Asociación, Defensores de Derechos Humanos y Derechos Humanos de los Migrantes
Lo central lo encontramos en los artículos 24.1 y 25 del Decreto Ley.
El art. 24.1, en sus inc. c) y d) establece que no podrán ingresar al país quienes estén acusados de organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano; o cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen.
El art. 25, en sus inc. d), f) y h) establece que un nacional o extranjero no podrá salir de Cuba cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen; por razones de seguridad y protección de información oficial; o por razones de interés público.
Se puede apreciar entonces, a partir del análisis de esos artículos, que el régimen comunista posee un poder total y arbitrario para determinar quién puede entrar y salir de Cuba, extralimitándose en la facultad soberana que todo Estado tiene para decidir su propia política migratoria. Esas arbitrariedades son dirigidas especialmente en contra de disidentes, periodistas independientes, activistas de Derechos Humanos, miembros de ONGs y cualquier persona que sostenga opiniones personales en contra del gobierno.
Queda así instituida la categoría de “regulados”, eufemismo que las autoridades usan para referirse a los impedidos de salir del país por motivos políticos y por tiempo indeterminado, aunque tengan toda su documentación y papeles migratorios en regla. Además, según las propias personas que están reguladas y ONGs como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en la mayoría de los casos, la notificación que las víctimas reciben respecto de su situación es meramente verbal y sin enunciación de los motivos por los cuales se les coarta el derecho a la libre circulación, sin importar que su lugar de destino sea EE.UU., Argentina, México, Europa o cualquier otro. El régimen cubano se muestra autoritario y represivo al impedir que los que les resultan incómodos puedan viajar libremente. La mayoría de estas personas son invitadas a participar en talleres de formación, conferencias y eventos en temas de derechos humanos, democracia, cómo combatir la violencia de género en la isla, etc.
Todo lo mencionado se encuentra en abierta contradicción con el derecho internacional humanitario. La Declaración Universal de Derechos Humanos, considerada generalmente el fundamento de las normas internacionales sobre derechos humanos, establece claramente la libertad de circulación para entrar y salir del propio país; y las libertades de expresión, asociación y pensamiento. Todos estos derechos son inexistentes para los regulados, por cuanto el ejercicio pacífico de alguno de ellos les trajo como consecuencia la ilegítima prohibición de salir de la isla.
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Cuba convenientemente no forma parte, establece en su articulado lo relativo al debido proceso judicial, que comprende la comunicación al acusado de la acusación que se le formula; el plazo razonable del proceso; el derecho a ejercer su defensa, entre otras garantías. Sería imposible entonces hablar del debido proceso por parte del régimen comunista. La no formulación de una acusación por escrito, la limitación previa de un derecho, el aviso verbal que se les da a las víctimas, junto con el “usted sabrá lo que hizo”, colocan a los regulados en la incertidumbre casi kafkiana de no saber ante cuál autoridad peticionar, a qué oficina dirigirse, por qué les impiden movilizarse o si el comenzar un procedimiento judicial les brindará alguna respuesta -ni siquiera una solución- sobre el caso.
Para comienzos de 2020, la cantidad de regulados secuestrados dentro de Cuba superaba los 220 y los defensores de derechos humanos todavía esperan que Naciones Unidas para se pronuncie respecto de la arbitrariedad y el totalitarismo con que el régimen cubano viola libertades fundamentales.
*Álvaro Tonelli. Estudiante de Abogacía. Asesor Legislativo.
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Imágenes de archivo tomadas de un reportaje de Diario de Cuba,
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