BARACUTEY CUBANO

Una huelga de 24 horas convocada por los poderosos sindicatos de transportistas ha paralizado parcialmente Bolivia y se constituye en la primera protesta social de envergadura que afronta el gobierno de Evo Morales desde que asumiera el poder en enero pasado.

La Confederación Sindical de Transportistas arremetió con esta medida de fuerza contra un decreto que impone a las empresas propietarias de autobuses la emisión de facturas para que paguen más tributos a partir del mes de mayo.

El paro fue cumplido desde las primeras horas del día y de forma desigual en el país, sin incidentes con la policía, aunque con abusos de los transportistas contra los colegas que no lo acataron y a quienes azotaron tras bajarlos por la fuerza de sus vehículos.

La huelga fue notoria en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Potosí, Sucre y Tarija, donde los chóferes bloquearon con sus vehículos las avenidas y los puntos de salida hacia las carreteras interprovinciales, además de cerrar las terminales de autobuses. En estas poblaciones, los transportistas no afiliados a los sindicatos dieron un servicio de emergencia que resultó insuficiente para las miles de personas que formaron filas durante horas y se trasladaron a pie por las calles.

En las localidades del oriente y del norte tropicales, como Cobija, Trinidad y Santa Cruz, el paro fue prácticamente inexistente, aunque en esta última, que es la más importante de la zona, hubo una marcha ruidosa contra el decreto que impone la subida de tributos.

La norma

Esa norma prevé que los propietarios de autobuses emitan facturas y paguen los impuestos al valor agregado, a las transacciones y a los beneficios, para evitar que continúen amparados en un régimen en el que pagan ínfimas sumas, pese a tener inversiones notables.

Según el Ministerio de Hacienda, 177 propietarios tienen registrados oficialmente 248 autobuses y pagan entre todos la cantidad de 1.843 dólares anuales en el "régimen integrado".

Sin embargo, las compañías de transporte operan en todo el país con 1.167 flotas que si ingresaran al "régimen general" tributarían 2,3 millones de dólares anualmente.

Reacciones

La ministra de Gobierno (Interior), Alicia Muñoz, calificó el paro de "rotundo fracaso" porque no tuvo el alcance nacional ni la contundencia esperada por los sindicatos, aunque el portavoz de la Presidencia, Alex Contreras, sostuvo que no puede desconocerse que se han interrumpido actividades cotidianas, como las escolares.

Contreras rechazó las críticas realizadas por los dirigentes de los transportistas contra Morales, al que tildaron de "soberbio" por no concederles una audiencia y porque la ministra Muñoz advirtió con "mano dura" contra quienes cometan desmanes o actos violentos.

"Queremos decirles que no utilicen algunos términos y algunos adjetivos como si el Gobierno pudiera recurrir a (acciones) de los tiempos de la dictadura", dijo Contreras.

Por contra, recordó a los huelguistas que su sindicato apoyó al ex dictador Luis García Meza (1980-1981), actualmente en prisión, y los acusó de haber pedido cuotas de poder a Morales.

El máximo dirigente de la Confederación de Transportistas, José Luis Cardozo, pidió al presidente boliviano "no olvidarse de que él ha asumido (el Gobierno) gracias a las fuerzas sociales" y advirtió de que la medida de fuerza puede repetirse en los próximos días si las autoridades no atienden sus reclamos.

El dirigente de los transportista negó que hubiera pedido cargos en el Ejecutivo boliviano e insinuó que el Gobierno pretender subir la recaudación estatal para financiar la campaña oficialista a la próxima Asamblea Constituyente.

La huelga rompió de alguna forma la luna de miel del gobierno de Morales con los grandes sectores sociales, que parecía inquebrantable tras el triunfo con el 53,7 por ciento con el que líder indígena y socialista llegó a la Presidencia.
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