BARACUTEY CUBANO

Tres hechos sobresalieron en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: el cuestionamiento de la membresía del gobierno cubano en el Consejo por negarse a acatar mandatos de ese foro, la provocación de los representantes de Cuba interrumpiendo a oradores de Organismos No Gubernamentales (ONGs), y el testimonio del exprisionero político Osvaldo Alfonso.

Según el parte del Directorio Democrático Cubano, el martes pasado tuvieron lugar los informes de las ONGs Internacional Liberal (IL) y la Internacional Demócrata de Centro (IDC). Esta última se refirió a los distintos y numerosos llamados hechos al gobierno de Cuba, especialmente la del pasado 18 de septiembre por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, pidiendo el cese de la represión en Cuba, desde la propia Habana durante la Cumbre de países no alineados.

La Internacional Demócrata de Centro alegó que el gobierno de Cuba, en su petición para ser parte del Consejo, “se comprometió a respetar y promover los derechos humanos de forma integral. Sin embargo los hechos demuestran lo contrario”. Acorde con lo anterior y otras alegaciones de que “En Cuba existen más de 300 presos políticos de acuerdo con informes independientes, 23 periodistas encarcelados por escribir o decir sus opiniones, más de 60 activistas de derechos humanos encarcelados sin juicio entre el 2005 y el 2006, decenas de familias de activistas de derechos humanos que han sido agredidas en los conocidos ´actos de repudio´, en el último año, y que la represión dentro de las prisiones especialmente contra los presos políticos aumenta cada día, la IDC preguntó –también lo hizo la Internacional Liberal-- “si dentro de las normativas de este nuevo Consejo, un país que no acepta su mandato puede continuar siendo miembro del mismo”. Alegó asimismo la IDC que desde hace más de un año activistas de derechos humanos, detenidos el 22 de julio de 2005, permanecen encarcelados sin juicio alguno, como es el caso del Dr. René Gómez Manzano, “que acaba de denunciar los atropellos a que son sometidos él y otros prisioneros políticos en la prisión Nieves Morejón”.

La IL, por su parte hizo valer que “En reiteradas ocasiones se ha pedido al gobierno de Cuba que se sume al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como a sus dos Protocolos Facultativos, y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La respuesta del gobierno de Cuba ha sido el silencio y la negativa a aceptar el mandato de la Representante Personal de la Alta Comisionada, cuya entrada a Cuba ha sido imposible. Esta actitud se explica con los hechos.

En Cuba los derechos fundamentales del pueblo, son violados. Existen más de 300 prisioneros políticos, en condiciones de hacinamiento e insalubridad. En lo que va de año numerosos de ellos han recibido golpizas brutales”. Las denuncias presentadas el jueves en la segunda Sesión del Consejo sobre los derechos humanos en Cuba, causaron una controversia con los representantes de la dictadura castrista. Natalia Bellusova, activista de la IL, que intervenía en el tema del derecho al desarrollo, fue interrumpida por la delegación de Cuba para insultarla llamándola “una checa pagada por una agencia de inteligencia”, siendo reprendida dicha delegación por la presidencia. “Me han acusado por decir verdades. Yo hago esto por un sentido de la verdad, por mi conciencia en defensa de los derechos humanos”, dijo Bellusova al salir del salón de sesiones. Su discurso sacudió la intolerancia de los delegados castristas que tuvieron que escuchar que “En Cuba los activistas de derechos humanos son expulsados de sus centros laborales”, y que “Los derechos humanos no pueden ser el privilegio de una clase política o religiosa, y no deben ser violados a nombre de ninguna ideología o conflicto extraterritorial”.

La delegación castrista escuchó inquieta el testimonio del exprisionero político Osvaldo Alfonso, que lo hizo a nombre de la IDC, refiriéndose al tema de la impunidad y el derecho a la verdad. Expuso casos de violación de derechos humanos en la Isla, que han quedado impunes, como el del Remolcador “13 de Marzo”, entre otros. Y cerró su ponencia, diciendo que “En el año 2003 fui encarcelado, torturado, juzgado y condenado sin garantías procesales por mi labor como activista de derechos humanos. Mi sufrimiento y el de mi familia también permanecen impunes. Un país que oculta y silencia crímenes NO debe ser parte de este Consejo de Derechos humanos”. La presentación de Alfonso fue también interrumpida por los diplomáticos cubanos que amenazaron con “eliminar los privilegios concedidos a las ONGs”, declaración que hizo al presidente de la sala recordarles que se tenía que permitir la libertad de expresión en las ONGs presentes en ese lugar, restituyéndole la palabra a Alfonso para que concluyera su intervención.