BARACUTEY CUBANO

Deslumbrados por el contrato de compraventa de gas a la Argentina, el Gobierno nos tiene distraídos de la gran incógnita sobre lo que está a pocos días de ocurrir. En efecto: este sábado 28 termina el plazo fijado por el Gobierno para que las compañía petroleras firmen o no los nuevos contratos correspondientes a la nacionalización de los hidrocarburos. Si dichas empresas se aferran al texto de los contratos originales que suscribieron anteriormente con el Estado boliviano (´pacta sunt servanda´ o, los contratos hay que cumplirlos) o deciden irse del país. El propio Presidente ha cerrado la posibilidad de prolongar aquel plazo. Ha dictaminado la disyuntiva de que tienen que deben firmarlos ´sí o sí´, o irse con la música a otra parte. Si esto último ocurriera, no sería sin que las compañías ´expulsadas´ recurrieran a los tribunales nacionales e internacionales, y el Estado boliviano debería atenerse a las posibles consecuencias de tener que pagar miles de millones de dólares de indemnización, por lo que los romanos calificaban como ´damnum emergens´ y ´lucrucum cessans´. Con el añadido del pago a los bufetes de abogados corporativos internacionales que habría que contratar para tramitar el litigio y que no se conforman con cuatro reales. Empiece Ud. a imaginar cifras archimillonarias y se quedará corto. ¿Está el Gobierno boliviano en condiciones de pagar tan altos precios?

En el caso particular de la brasileña estatal Petrobras, las posiciones se han endurecido: Como ya se ha dicho, el presidente Evo ha sido tajante. Repito: Petrobras tendrá que firmar los nuevos contratos, ´sí o sí´ o irse. La respuesta brasileña ha sido igual de dura. Marco Aurelio García, principal asesor del probablemente reelecto presidente Lula tampoco se ha mordido la lengua al declarar que ´El Gobierno brasileño no acepta ultimátums. Petrobras cambiará de contrato si es óptimo, de lo contrario, simplemente se irá de Bolivia, pero con indemnización, ya sea voluntaria o definida por el arbitraje internacional´. Recuérdese que los contratos de riesgo compartido firmados con Petrobras están amparados por un Acuerdo Bilateral de Protección Recíproca. Conclusión: ¡ésta sí que es ´la guerra del gas´.

A las posibles sanciones que el tribunal arbitral pudiera imponer a Bolivia, hay que agregar los daños colaterales, tales como que Bolivia sea excluida de los créditos e inversiones extranjeras y que sea declarada prácticamente insolvente ante el mundo de los negocios internacionales. Pues, los negocios son negocios y el Gobierno tiene la obligación de asumir las decisiones más convenientes para el pueblo boliviano. Y aquí no valen ideologías quiméricas ni falsos orgullos nacionales ni soberanas autarquías ni ´capitalismos andinos´ ni otras frívolas mandangas que, al fin, las paga muy caras el pueblo llano.

La otra salida dudosamente ´honrosa´ sería que las empresas firmen, sigan extrayendo gas, pero dejen de invertir. Lo cual producirá, más temprano que tarde, la escasez de carburante para el suministro nacional y el comprometido con Argentina, por falta de nuevas inversiones. El asunto es enrevesado. Según sean los resultados efectivos, el Gobierno saldrá glorioso o derrotado.

*José Gramunt
es sacerdote jesuita y
director de ANF.