EL GOBIERNO TRATA DE IMPEDIR FIANZA DE LUIS POSADA CARRILES
El gobierno trata de impedir fianza de Posada
Por Wilfredo Cancio Isla
El Nuevo Herald
En un contragolpe legal para impedir la excarcelación de Luis Posada Carriles, el gobierno de Estados Unidos solicitó ayer una audiencia que indague si la propiedad y las contribuciones ofrecidas en respaldo a la fianza del combatiente anticastrista son suficientes para prevenir su fuga.
En una moción de emergencia presentada ante el tribunal federal de El Paso (Texas), la fiscalía pidió mantener retenido a Posada hasta que no se examine detalladamente el inmueble comercial de $1.5 millones presentado como garantía colateral de la fianza.
La jueza Kathleen Cardone concedió el pasado viernes la liberación condicional de Posada bajo una fianza corporativa de $250,000 y un compromiso familiar sujeto a $100,000. La defensa ofreció además como aseguramiento financiero un edificio situado en el 1378 SW 22 St, en Miami, del cual es propietaria la exiliada cubana Judith García Prado.
''Es difícil comprender que se aceptara el bono corporativo de $250,000 en lugar de las oferta de $1.5 millones para asegurar la fianza, teniendo en cuenta el historial de fugas del acusado'', indicó el recurso suscrito por los fiscales Paul Ahern y John Van Lonkhuyzen.
La fiscalía añadió que los fondos empleados para la fianza provienen de una recaudación hecha en la comunidad de Miami, lo que diluye las posibles pérdidas y, virtualmente, no asegura que Posada no escapará.
La defensa calificó anoche la acción legal como un acto desesperado del gobierno y dijo que respondería la moción en las próximas horas.
''Esta es una táctica dilatoria para prevenir que mi cliente salga en libertad'', dijo Arturo Hernández, principal abogado de Posada. ``El gobierno está dando muestras de desesperación porque sus opciones legales se han agotado''.
La inesperada decisión de Cardone de concederle arresto domiciliario a Posada devino la primera victoria de la defensa en el caso, a pesar de que la concesión implica un estricto control de movimiento y visitas.
Ayer el gobierno cuestionó fuertemente el veredicto, aseverando que incluso en el confinamiento domiciliario Posada representaría un peligro para la comunidad en virtud de lo que siempre ha hecho: ``dirigir a otros para realizar acciones violentas''.
La fiscalía también intentó desacreditar los lazos familiares de Posada en Miami.
''El [Posada] ha vivido clandestinamente en varios países de América Latina durante décadas, sin aparentemente preocuparse por su familia en Estados Unidos'', apuntó el documento.
Además, la fiscalía mencionó un posible conflicto de intereses del abogado Hernández, por haber representado a los activistas exiliados Santiago Alvarez y Osvaldo Mitat, sentenciados a prisión el pasado año.
Ambos están implicados en la presunta entrada ilegal de Posada a territorio estadounidense a bordo del camaronero Santina, en marzo del 2005.
Posada, de 79 años, enfrenta siete cargos por fraude migratorio y falso testimonio en el procesamiento de su ciudadanía.
El juicio comenzará el próximo 11 de mayo y de ser hallado culpable podría recibir hasta 40 años de cárcel.
wcancio@elnuevoherald.com
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