BARACUTEY CUBANO

2007-06-22. www.rsf.org, 21.06.2007

Igual que la difunta Comisión, el Consejo de los Derechos Humanos choca con las maniobras de los Estados más liberticidas. “No se han renovado los mandatos de los Relatores especiales de Cuba y Belarús, dos de los peores predadores de la libertad de prensa en el mundo. Esto es algo extremadamente preocupante”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.
“No se han renovado los mandatos de los Relatores especiales de Cuba y Belarús, dos de los peores predadores de la libertad de prensa en el mundo. Esto es algo extremadamente preocupante y que pone de manifiesto el estado de ánimo con que funciona el Consejo de los Derechos Humanos, desde su creación hace un año”, ha declarado Reporteros sin Fronteras. “Estamos asistiendo a incesantes mercadeos y tratativas entre los Estados miembros y el Consejo para, al final, llegar a lo que la mayoría de los observadores califican como “compromiso aceptable”.

Ciertamente, el texto presentado en el último minuto por el Presidente del Consejo, Luis Alfonso de Alba, consigue salvar los muebles. Pero el hecho es que este Consejo renquea antes incluso de aprender a andar. Todavía queda todo por hacer y mientras tanto continúan las violaciones de los derechos humanos, con toda impunidad”.

“El mandato para Belarús no se ha renovado mientras, que en el pasado mayo, no se eligió a este país como miembro del Consejo precisamente a causa de su catastrófico balance en materia de derechos humanos. Esta paradójica situación pone de manifiesto todas las dificultades que, para hacer su trabajo, encuentran los auténticos defensores de los derechos humanos presentes en el Consejo. Por otra parte es de temer que, de hecho, el abandono de esos dos mandatos abra la vía al fin de los informes por países, como al principio exigieron los interesados con el apoyo activo de Irán, China y otros países liberticidas”, ha añadido la organización.

In extremis, en el último minuto de la fecha fatídica, fijada por la Asamblea General de la ONU, del 18 de junio de 2007 a medianoche, el presidente saliente, el embajador mexicano Luis Alfonso de Alba, se presentó en Ginebra ante el Consejo para conseguir que se aprobara a la fuerza su proyecto de reglas de funcionamiento del nuevo órgano, al final de una maratoniana jornada de conciliábulos.

Entre aplausos, De Alba propuso que se aceptara su texto como un compromiso, mientras que la mayoría de los delegados ni siquiera lo conocían. Inmediatamente después se levantó la sesión y nadie pudo tomar la palabras, por falta de intérpretes a tan altas horas de la noche. Al día siguiente, en la primera reunión del Consejo que situó en la presidencia al embajador rumano, Doru Romulus Costea, la bonita maniobra estuvo a punto de verse comprometida.

A guisa de combate de honor, el representante de Canadá aprovechó la ocasión para denunciar el compromiso arrancado la víspera y reclamar la apertura de un debate, lo que se le negó por 46 votos contra únicamente el suyo. Criticó el hecho de que entre los 11 puntos del orden del día se hubiera incluido un punto 7, relativo a “la situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados”, cuando ninguna otra región del mundo figura en el menú de las discusiones. Por influencia de la Organización de la Conferencia Islámica, que cuenta con 17 miembros de 47, el Consejo ya se ha distinguido por su selectiva indignación al dedicar tres sesiones especiales, de cuatro, a Oriente Próximo, y condenar nueve veces a Israel sin cuestionar nunca a ningún otro país de la región.

Pekín, que quiere terminar con los Relatores especiales, bloqueó las discusiones exigiendo que se elija a estos expertos por mayoría de dos tercios, y no por mayoría simple, lo que equivale a impedir la condena de cualquier país, con la excepción de Israel. Finalmente, China consiguió añadir una mención estableciendo que “los promotores de una resolución sobre un país tienen la responsabilidad de asegurarse el apoyo más amplio posible de al menos quince miembros”.

Otra concesión de envergadura fue que la elección de un Relator para un mandato ya no dependa del Presidente, como ocurría en la difunta Comisión, sino que deba someterse a la aprobación del Consejo. Con el mismo ánimo, algunos países africanos e islámicos, encabezados por Argelia, impusieron un “código de conducta” destinado a “definir las normas de comportamiento ético y profesional de los expertos” ; una pervertida manera de controlar mejor su libertad de expresión, si no de amordazarla.

Como todos los demás, los países recalcitrantes deberían ahora someterse al nuevo procedimiento “de examen periódico universal”. Pero, con el objetivo de torpedear su puesta en práctica, ya están apareciendo algunas resistencias muy fuertes y se multiplican las maniobras entre bastidores.
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