BARACUTEY CUBANO

El sistema es feroz, pero al menos debemos reconocerle coherencia: los castristas del derecho, en su protervia, solicitan, imponen, ratifican y hacen cumplir castigos desmedidos. Ninguna voz desentona en el coro, salvo, a veces, la de un defensor valeroso que se atiene a los principios de la ética profesional. Las autoridades no: entre ellas, la unanimidad y la contumacia son virtudes cardinales. Ejemplo de esto fueron las que actuaron en el caso de Pánfilo: Un policía lo detuvo, un instructor le incoó un expediente, un fiscal lo acusó, tres jueces municipales lo enviaron a prisión por dos años y otros —estos ya de nivel provincial— aprobaron lo perpetrado por sus subalternos.

No tengo motivos para dudar de que todos actuaran con sus conciencias bien tranquilas; seguramente, por esos dos años, ninguno sufrió la menor alteración de sus procesos digestivos o su descanso nocturno. En definitiva, ¿qué son 24 meses ante los milenios de cárcel repartidos sin piedad entre tantos cubanos de a pie? Ante todos los que, dentro y fuera de Cuba, denunciamos en su momento el nuevo abuso, cada una de esas autoridades podía haber alegado: “¡Todo está en orden! ¡La culpabilidad está fuera de cualquier duda! ¡Policías, fiscales y jueces hemos actuado, y todos llegamos a la misma conclusión de modo unánime! ¡Se ha hecho justicia!”

Pero he aquí que, de buenas a primera llega una orden de donde único podía provenir —de lo alto—, y todo el tinglado tan meticulosamente erigido rueda por tierra. El castillo de naipes —o, más propiamente, de providencias, autos y sentencias— se viene abajo. El par de años de “establecimiento especializado de trabajo o estudio” (¡de cárcel, en realidad!) queda reducido a la nada. Donde dije “digo” dije “Diego”. Y los flamantes policías, fiscales y jueces profesionales (¡sobre todo estos dos últimos, que son los que han estudiado la ciencia del derecho!) quedan con sus vergüenzas al aire, exhibidos a la contemplación pública en toda su impresionante desnudez de razones.

Es triste tener que sudar calenturas ajenas y padecer vergüenzas que no nos pertenecen. Pero confieso que yo, que por supuesto nada tengo que ver con el atropello a Pánfilo, siento pena por esos juristas que interpretaron fielmente los roles a ellos asignados, y que ahora ven —supongo que asombrados e incrédulos— cómo la obra de teatro tan cuidadosamente montada queda desautorizada, quizás por los mismos que ordenaron de inicio su puesta en escena. Estoy seguro de que muchos de mis hermanos de la Corriente Agramontista, la agrupación de abogados independientes que me honro en presidir, comparten conmigo ese sentimiento de vergüenza.

Me pregunto: ¿Qué valoración harán ahora esos fiscales y jueces de la obediencia que los llevó a este lamentable papelazo? ¿Serán capaces de analizar críticamente su propia conducta y rectificarla en lo adelante? ¡Ojalá! ¿Comprenderán finalmente que la independencia de los funcionarios del orden judicial y su obediencia sólo a la Ley no es una consigna vacua, sino una necesidad ineludible?

Esperemos que tengan al menos el pudor de repetir —siquiera sea en su fuero interno— la frase popularizada por la simpática Aurora Basnuevo en la televisión, cuando interpreta a una abuelita bondadosa que imparte a sus nietos buenas enseñanzas después echadas por tierra por los actos de otros: Y entonces, ¿cómo quedo yo!


René Gómez Manzano, Abogado y periodista independiente
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Abogados independientes se expresan sobre el caso de Pánfilo

Declaración

28 de septiembre de 2009

La Habana-Miami – www.PayoLibre.com – La Corriente Agramontista, agrupación de abogados cubanos independientes, ha conocido con satisfacción la noticia de que Juan Carlos González Marco, más conocido como Pánfilo, ha sido excarcelado. Como se sabe, este ciudadano alcanzó notoriedad gracias a los reclamos de más comida que, encontrándose bajo los efectos de la ingestión de bebidas alcohólicas, formuló en un video que ha recibido gran difusión desde el sitio YouTube. A raíz de esto, fue objeto de un “expediente de peligrosidad” por una supuesta “conducta antisocial”. El Tribunal Municipal Popular de Plaza, en sentencia después ratificada por el Tribunal Provincial, dispuso su encierro en prisión por el plazo de dos años.

La vista de apelación se celebró el día primero del presente mes, y la excarcelación tuvo lugar el 17. Se desconocen los pormenores de los mecanismos legales empleados para que, en menos de tres semanas, una sentencia firme dictada por un órgano jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones, haya quedado reducida a la condición de papel mojado.

Nos consideramos en el deber de señalar lo anterior, aunque —como es obvio— en todo momento hemos valorado como una enorme injusticia lo actuado en contra de ese simple ciudadano, que se había limitado a expresar sus opiniones y a formular peticiones, no importa cuán informal haya sido el método empleado por él con ese fin.

Como técnicos del derecho, nos preocupan en este asunto dos aspectos fundamentales:

En primer lugar, nos inquieta el estatus jurídico actual del señor González Marco, pues, aunque a los actos judiciales que condujeron a su envío a prisión —en principio, por dos años— no se permitió el libre acceso del público ni de la prensa independiente, sí se tuvo conocimiento de su celebración y su resultado; sin embargo, ahora se desconoce en virtud de qué mecanismo quedó sin efecto lo dispuesto por los tribunales y se le mantiene encerrado —se dice que por tres semanas— en un centro de desintoxicación de alcohólicos.

En segundo lugar —y mucho más importante—, nos preocupa la enseñanza que el caso de Pánfilo encierra para nuestros compatriotas que tienen, por ley, la obligación de administrar justicia (en primer término, a los fiscales y jueces profesionales que actuaron en ese expediente; pero no sólo a ellos). Es evidente que la “medida de seguridad” impuesta de inicio a ese desdichado obedeció a alguna consigna proveniente de lo alto. Por supuesto que la contramedida que lo excarceló tuvo necesariamente que provenir del mismo nivel, o de otro superior.

Este lamentable sucedido (pese a su desenlace relativamente feliz) pone de manifiesto la precaria situación en que se encuentran las actuales autoridades cubanas del campo judicial. Sin que haya sido necesario esperar a que se inicie el inevitable cambio democrático en nuestro país, se ha hecho evidente que la deplorable conducta de fiscales y jueces que prestan absoluto acatamiento a “orientaciones políticas” dirigidas a la represión inmisericorde de toda manifestación de heterodoxia, sólo puede conducir en definitiva al descrédito y el abochornamiento —como en este caso— de quienes aceptan convertirse en instrumentos dóciles —y después prescindibles— para llevarla a cabo.

Consideramos por ello que el momento es óptimo para que los profesionales del derecho que trabajan en el terreno judicial reconsideren seriamente la postura que han asumido hasta ahora y tomen la sabia decisión de cambiarla.

¡Basta ya de que hombres y mujeres que han consagrado sus vidas a la ciencia del derecho y que portan un sello con la efigie inmortal del Bayardo Ignacio Agramonte, incumplan con la obligación que les viene impuesta no sólo por los principios inmanentes de la justicia, sino incluso por la letra de la actual Constitución y otros textos, que los obligan a regirse por su conciencia y prestar acatamiento sólo a la Ley!


25 de septiembre de 2009.

Por la Corriente Agramontista (de abogados cubanos independientes):

Eduardo Agramonte Pereira
Ángel Cuadra Landrove
Agustín de Goytisolo
Jesús R. Durán
Juan Escandell Ramírez
Bárbara Estrabao Bichilí
Luis F. Fernández Moreno
Manuel Fernández Rocha
Félix Fleitas Posada
Pedro Fuentes Cid
Alfredo García Menocal
Santiago Gómez Haramboure
René Gómez Manzano
Juan Carlos González Leiva
Nicolás Jesús Gutiérrez Álvarez
Julio Alejandro Hernández
Jadir Hernández Hernández
René Lázaro López Benítez
Camilo Loret de Mola
Leonel Morejón Almagro
Ofelia Nardo Cruz
Antonio Pavoni Martín
Roberto de Jesús Quiñones Haces
Adolfo Rivero Caro
Alexandra Salazar Flórez
Rolando Sánchez Medina.