Venezuela. La Mesa de la Unidad Democrática anunció la suspensión del diálogo iniciado con el gobierno el 10 de abril, MUD se reunirá con Unasur pese a suspensión del diálogo. Aveledo plantea si Maduro quiere ganar la guerra o quiere ganar la paz
La unidad aseguró que han discutido ley de amnistía, libertad de Simonovis y de presos políticos
HERNÁN LUGO GALICIA hlugo@el-nacional.com | SOFÍA NEDERR snederr@el-nacional.com 14 de mayo 2014 - 12:01 am
La Mesa de la Unidad Democrática anunció la suspensión del diálogo iniciado con el gobierno el 10 de abril. Sin embargo, extraoficialmente se conoció que una comisión expondrá esta semana a los cancilleres de la Unasur las trabas en las negociaciones con el Ejecutivo.
Al encuentro asistirán el secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo; el coordinador adjunto, Ramón José Medina; el secretario general de AD, Henry Ramos Allup; Omar Barboza (UNT), Simón Calzadilla y Henry Falcón.
Aveledo descartó ayer cualquier entendimiento si lo acuerdos son irrespetados por los factores del gobierno. “El sábado 10 se cumplió un mes del diálogo y el proceso está en crisis por responsabilidad del gobierno. No se ha fijado una reunión con el movimiento estudiantil, que tiene sus voceros y sus exigencias. El país quiere diálogo, el país necesita diálogo; el gobierno debe definirse, si quiere o no quiere diálogo”, expresó.
El dirigente dijo que se ha debatido la aprobación de una ley de amnistía y la posibilidad de liberar al comisario Iván Simonovis. Se entregó una larga lista de presos políticos, pero no han obtenido respuesta. Confirmó que el 15 de abril acordaron, en la Vicepresidencia, hacer exámenes médicos a Simonovis, que se concretaron la semana pasada.
Criticó que el alcalde Jorge Rodríguez haya negado que se trataran esos asuntos. “Hubo acuerdos y esperamos que el gobierno se defina; si ve esto como una guerra y quiere ganar la guerra, o quiere ganar la paz”, indicó.
Comisión nacional. La MUD indicó que propuso crear una comisión nacional de la verdad. “Empezamos a discutir el alcance, la competencia, el financiamiento al personal, autonomía y normativa. Estando la discusión en curso, Diosdado Cabello decidió unilateralmente instalar la Comisión Parlamentaria y pidió que enviáramos miembros. No es lo acordado, no es lo práctico ni conducente a la verdad. Los actores no podemos estar investigando, cobrando y dándonos el vuelto; el presidente de la Asamblea que se baje de esa nube. Él no puede ser presidente de la verdad porque hay que investigarlo a él, a todos nosotros. Para una comisión que tenga como destino un uso político y emitir un dictamen parcializado, no estamos disponibles”, dijo.
Señaló que el 15-A entregaron al vicepresidente Jorge Arreaza y a Cabello una misiva de la Comisión de la Unión Interparlamentaria Mundial, que pide autorización para venir al país: “No han recibido respuesta, la AN ha sido, por cierto, un escenario agudo del conflicto político”.
El 6 de mayo expusieron las objeciones al proyecto de Ley de Ordenamiento de Territorio, por considerarlo inconstitucional, y propusieron un plan de acciones para la pacificación nacional.
El jefe parlamentario de AD, Edgar Zambrano, considera irracional el empleo de la represión contra estudiantes y manifestantes.
“Si el diálogo fracasa, esto se lo llevó el diablo. Desde todo punto de vista constituye un desafío realizar cualquier cantidad de esfuerzos por la paz. No tiene sentido alguno lamernos las heridas luego de las guerras, enterrar las generaciones del futuro en un luto programado que abandona toda lógica posible”, advirtió.
El coordinador de Voluntad Popular, Freddy Guevara, destacó que se mantienen firmes sobre la solicitud de una medida humanitaria que beneficie a Iván Simonovis.
“Todavía no han liberado a un solo preso político, aunque hay rumores de que viene la liberación de uno muy importante, y ojalá se dé, que es la de Iván Simonovis; todos estamos rezando por ello. No es lógico que se esté dialogando cuando siguen deteniendo estudiantes”, dijo.
Una comisión de la MUD se reunirá hoy con el nuncio apostólico, monseñor Aldo Giordano.
Chavismo. El chavismo reniega de los acuerdos gobierno-MUD, por considerar, en algunos casos como el PCV, que las resoluciones son desconocidas por los ciudadanos. También rechazan una eventual liberación de Simonovis.
“¡No se puede perdonar a quien no asume sus actos; tiene que haber un acto de contrición!”, condicionó el concejal de PPT Vladimir Miró.
El PCV solo avala libertad en casos excepcionales. Según Carlos Aquino, esperan que la MUD no abandone las mesas de diálogos.
Comisión de la verdad de la AN investigará desde enero de 2014
MARU MORALES
La comisión parlamentaria de la verdad, que investigará los hechos violentos asociados a las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, no discriminará por tipo de delitos sino que procesará todas las denuncias que reciba.
“No somos tribunal para precalificar delitos. Investigaremos todos los hechos, desde el primero de enero hasta la fecha y fechas subsiguientes, de violaciones de derechos humanos. Por supuesto se incluye el caso de nuestro amigo Eliézer Otaiza. Si hay denuncias concretas de algún funcionario militar, no militar; policial, no policial, que ha cometido excesos, que las presenten”, dijo el vocero Elvis Amoroso (PSUV).
Indicó que fue designada una subcomisión integrada por él, junto con Robert Serra (PSUV) y Avelino Álvarez (AC), que recibirá denuncias a través del correo ancomisiondelaverdad@gmail.com.
Aunque enfatizó que no adelantaría opinión sobre los hechos, afirmó: “Los chavistas somos los más interesados en que se conozca la verdad porque no somos los que hemos puesto alambres, quemado universidades ni disparamos con francotiradores; son bandas armadas que se oponen al gobierno”.
Dijo que habrá interpelaciones, que se investigará a las ONG denunciadas por el Ejecutivo y que el informe final lo presentarán a la plenaria de la AN. “Con respecto al informe y la duración de la investigación, acordamos seis meses prorrogables por seis meses más”.
LAS CIFRAS
3 reuniones para el diálogo han realizado el gobierno y la oposición desde el 10 de abril. El primer encuentro se transmitió en vivo en cadena de radio y TV. Las otras fueron a puerta cerrada.
9 años lleva preso el comisario Iván Simonovis, cuya condición de salud es precaria y presenta más de 20 patologías. Está recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares.
Nuestra investigación determinó que en los tres estados y en Caracas miembros de las fuerzas de seguridad permitieron que violentas pandillas armadas partidarias del gobierno agredieran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron abiertamente con ellas en los ataques.
El gobierno venezolano ha caracterizado a las protestas que se desarrollan en todo el país como violentas. Sin duda, algunos manifestantes han apelado a métodos violentos, como arrojar piedras y cócteles Molotov contra las fuerzas de seguridad. Más de 200 miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios gubernamentales han resultado heridos en el contexto de protestas, y al menos nueve murieron, según datos del gobierno. Todos los delitos —incluidos aquellos cometidos contra miembros de fuerzas de seguridad, manifestantes y transeúntes— deben ser investigados rigurosamente y los responsables deben rendir cuentas ante la justicia. Asimismo, las fuerzas de seguridad tienen la responsabilidad de detener a personas cuando son descubiertas en el momento en que están cometiendo un delito.
Sin embargo, en los 45 casos de violaciones de derechos humanos que documentamos, las evidencias indicaron que las víctimas de uso ilegítimo de la fuerza y otros abusos no estaban participando en actos de violencia u otras actividades delictivas en el momento en que miembros de las fuerzas de seguridad venezolana actuaron contra ellas. Por el contrario, testimonios de testigos, grabaciones de video, fotografías y otras evidencias sugieren que las víctimas no estaban armadas y no eran violentas. De hecho, algunos de los abusos más graves que documentamos fueron cometidos contra personas que ni siquiera participaban en manifestaciones, o que ya se encontraban detenidas y estaban completamente bajo el control de miembros de las fuerzas de seguridad.
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El Presidente Maduro ha culpado a la oposición por la mayoría de las muertes ocurridas en el marco de las protestas. Sin embargo, hasta la fecha el gobierno no ha difundido evidencias que sustenten estos señalamientos. De hecho, sobre la base de información oficial y versiones creíbles que circularon en los medios, hay motivos serios para creer que miembros de las fuerzas de seguridad y pandillas armadas partidarias del gobierno han sido responsables de algunas de las muertes [12] . De hecho, varios miembros de las fuerzas de seguridad han sido arrestados por su presunta participación en algunos de estos casos [13] .
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Connivencia con pandillas armadas partidarias del gobierno
En reiteradas oportunidades, miembros de las fuerzas de seguridad permitieron que, a pocos metros de donde estaban, pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran a manifestantes, periodistas, estudiantes o personas que creían que eran opositores del gobierno. En algunos casos, las fuerzas de seguridad colaboraron abiertamente con los agresores que simpatizaban con el gobierno.
(Las pandillas armadas partidarias del gobierno que llevan a cabo estos ataques son llamadas comúnmente “colectivos”, un término que también se utiliza en Venezuela para referirse a una amplia variedad de organizaciones sociales que apoyan y, en algunos casos, ayudan a implementar políticas del gobierno [21] . La gran mayoría de estos grupos no han participado en comportamientos violentos. Por este motivo, el presente informe utiliza el término “pandillas armadas partidarias del gobierno” para hacer referencia a grupos que cometieron actos violentos aparentemente motivados por su lealtad al gobierno. En los casos en que se utilizó el término “colectivo”, ha sido con el propósito de reflejar con precisión el modo en que fue empleado por alguna fuente en particular).
La respuesta de las fuerzas de seguridad gubernamentales a las pandillas armadas partidarias del gobierno incluyó desde la aquiescencia y la inacción, hasta directamente la colaboración. En algunos casos, a pesar de que hubo miembros de las fuerzas de seguridad presentes en momentos en que pandillas armadas atacaron a manifestantes, no intervinieron para desarmarlas ni para proteger a las víctimas. Por el contrario, las fuerzas de seguridad mantuvieron una postura pasiva, o abandonaron la zona poco antes de que las pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran.
En otros incidentes, encontramos evidencias convincentes de que miembros uniformados de las fuerzas de seguridad y pandillas armadas partidarias del gobierno atacaron en forma coordinada a manifestantes.
Guardias nacionales y policías nacionales dispararon gases lacrimógenos y perdigones contra estudiantes que se manifestaban en el campus de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto o en las proximidades el 11 de marzo. Wladimir Díaz, de 20 años, quien participó en la protesta, indicó que miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales actuaron en forma coordinada con más de 50 civiles, muchos de los cuales llevaban armas cortas que disparaban en dirección a los estudiantes. Díaz recibió un disparo en el abdomen cuando un grupo mixto integrado por miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales y civiles armados con el rostro cubierto abrieron fuego contra el edificio de la universidad donde había intentado resguardarse.
En algunos casos documentados por Human Rights Watch, pandillas armadas partidarias del gobierno detuvieron a personas en el marco de protestas o en zonas aledañas, y luego las entregaron a miembros de las fuerzas de seguridad. Estos, a su vez, luego afirmaron falsamente que habían detenido a esas personas en el momento mismo en que cometían delitos, y los fiscales posteriormente formularon cargos contra ellas ante la justicia.
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