Baracutey Cubano: Marlene Azor Hernández: La Diplomacia cubana se hace de espaldas al soberano (II). Las 116 recomendaciones rechazadas por el gobierno de Cuba en la Evaluación Periódica Universal, en mayo 2018, no se han publicado en el país

viernes, junio 21, 2019

Marlene Azor Hernández: La Diplomacia cubana se hace de espaldas al soberano (II). Las 116 recomendaciones rechazadas por el gobierno de Cuba en la Evaluación Periódica Universal, en mayo 2018, no se han publicado en el país

Tomado de https://www.cubaencuentro.com/

La Diplomacia cubana se hace de espaldas al soberano (II)

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Las 116 recomendaciones rechazadas por el gobierno de Cuba en la Evaluación Periódica Universal, en mayo 2018, no se han publicado en el país
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Por Marlene Azor Hernández
Ciudad de México
19/06/2019

¿Por qué el gobierno de Cuba rechaza 116 recomendaciones de la ONU?

No existe voluntad política del gobierno cubano para adaptar su legislación interna al Derecho internacional en materia de Derechos Humanos.

Según el gobierno cubano, estas violaciones laborales, civiles y políticas no existen en Cuba, sino que es un “sesgo político” de los discrepantes con sus políticas de represión.

De las 32 absolutamente rechazadas, continuamos el inventario detallado que comenzamos en el artículo anterior.

Eliminar los obstáculos legislativos y prácticos para el funcionamiento de la sociedad civil.

Instaurar salvaguardias legales que protejan a la sociedad civil y los profesionales de los medios de comunicación frente al abuso de disposiciones que permiten el enjuiciamiento penal, incluso derogando los artículos 72, 73 y 74 del Código Penal, (relativos a la peligrosidad predelictiva), así como la Ley núm. 88 (relativa a la penalización de toda discrepancia política considerada como “mercenaria al servicio de una potencia extranjera”).

Asegurar que los miembros de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los periodistas puedan actuar sin obstáculos ni inseguridad, incluso derogando las leyes relativas a la denominada “peligrosidad social predelictiva”.

Poner fin a las medidas que restringen los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica y asociación, en particular las detenciones de corta duración de opositores políticos, activistas en defensa de los derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil, así como la intimidación y la detención de periodistas.

Facilitar y promover la labor de la sociedad civil eliminando las leyes y prácticas restrictivas.

Revisar todas las disposiciones jurídicas que restringen los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación de modo que se atengan al derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

Continuar eliminando las limitaciones ilegítimas del derecho a acceder a la información y de la libertad de opinión y expresión en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.

Redoblar los esfuerzos tendentes a fortalecer los derechos de reunión pacífica y asociación y garantizar a los periodistas independientes el libre ejercicio de su profesión sin discriminación por motivos políticos.

Revisar las disposiciones jurídicas que restringen los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación y ajustarlas a las obligaciones internacionales de Cuba en materia de derechos humanos.

Poner fin a la práctica de detener arbitrariamente a periodistas, miembros de la oposición y defensores de los derechos humanos, incluso de manera preventiva, y adoptar un marco jurídico que asegure la independencia judicial.

Poner en libertad a las personas que fueron detenidas y encarceladas arbitrariamente por reunirse pacíficamente, investigar la actividad gubernamental e informar al respecto o expresar opiniones políticas disidentes, y permitirles que viajen libremente tanto por el país como al extranjero, sin limitaciones.

Penalizar todas las formas de trata de seres humanos de conformidad con los Protocolos de Palermo, y abordar los elementos presuntamente coercitivos de las prácticas laborales cubanas y las misiones médicas en el extranjero.

El gobierno cubano resguarda su impunidad en la ONU con tres estrategias fundamentales:

El estado de negación. No ha ocurrido nada de lo que dicen los ciudadanos cubanos independientes ni las organizaciones de la sociedad civil independiente cubana. “En Cuba no se viola ningún derecho humano” como de manera reiterada dice el Canciller y la delegación permanente del gobierno cubano en Naciones Unidas.

La prohibición de acceso de la sociedad civil independiente a los foros de Naciones Unidas. El gobierno no deja salir del país a los activistas de las organizaciones invitadas a los foros de la Asamblea o a los encuentros de la sociedad civil internacional en Naciones Unidas mientras los intimidan reprimen y los arrestan dentro del país.

El rechazo a invitar a los Relatores de derechos humanos de la ONU a visitar Cuba. Así, los Relatores de los derechos de libertad de expresión, asociación, y reunión han sido sistemáticamente rechazados por el gobierno de Cuba. Los Relatores sobre la tortura, los tratos crueles y degradantes que han solicitado visitar el país y las cárceles cubanas han sido rechazados. La Cruz Roja internacional ha tenido intercambio con las autoridades cubanas, pero no se les ha permitido visitar las cárceles del país. No han sido tampoco invitados los relatores sobre los derechos de la mujer, contra la discriminación racial, los discapacitados y le ha sido señalado de manera reiterada al gobierno cubano, que no cumple a tiempo con las comunicaciones que debe ofrecer a Naciones Unidas sobre la situación de los niños/a y adolescentes cubanos.

Las “visitas dirigidas” del gobierno a los Relatores sobre la Trata de personas (2017), la Alimentación (2007), y la Cooperación Internacional (2017) en los últimos 12 años impidieron el conocimiento de las violaciones de esos derechos en Cuba y de sus cooperantes en el exterior. El gobierno no acepta las visitas de Relatores que puedan reunirse libremente con ciudadanos y organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil independientes al Partido Comunista cubano.

Con relación a las 84 recomendaciones de las cuales toma nota, pero tampoco acepta, el gobierno justifica su rechazo:

Cuba toma nota sobre estas recomendaciones. Muchos de los temas que abordan son aplicados por Cuba o se están dando o prevén dar pasos para su cumplimiento. Debido a la manera en que algunas de ellas han sido redactadas, no es posible asegurar su cumplimiento por el momento. Estas continuarán siendo analizadas acorde con las leyes cubanas, los procesos institucionales del país y los principios que rigen al sistema político soberanamente escogido por el pueblo cubano.

La justificación alude a la supremacía del derecho “nacional” por encima del respeto al derecho internacional, en una sociedad en la cual el soberano no ha podido elegir en los últimos 60 años el régimen político que prefiere. El fraude institucional por ley electoral, y estructural, por la unidad de poderes, en todas las “elecciones” y en el reciente referendo, muestran un gobierno en permanente divorcio con el soberano. En adición, el gobierno cubano declara que no le gusta la redacción de las recomendaciones, pura retórica, detrás de la cual se escuda para rechazar las normas del derecho internacional en materia de Derechos Humanos.

Cuba no acepta ratificar el Pacto de derechos económicos sociales y culturales ni el Pacto de derechos civiles y políticos firmados diez años atrás. Como efecto colateral tampoco acepta los protocolos facultativos de ambos Pactos ni la inclusión de los Pactos en su legislación nacional.

Estas recomendaciones fueron planteadas por 36 países:

Austria, Japón, Liechtenstein, Côte d’Ivoire, Níger, Chipre, El Salvador, Chile, México, Nepal, Paraguay, Eslovaquia, Francia, Portugal, Australia, Polonia, Alemania, Perú, España, Noruega, Grecia, Costa Rica, Croacia, Trinidad y Tobago, Italia, Chequia, Indonesia, Estonia, Lituania, Malta, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Rumania, Eslovenia, Ucrania.

Cuba no acepta, —siendo estado parte—, ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes e incorporarlo a su legislación nacional.

Estas recomendaciones fueron planteadas por 9 países:

Costa Rica, Francia, Portugal, Ghana, España, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Estonia y Georgia.

Cuba no acepta ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, ni acepta abolir oficialmente la pena de muerte.

Estas recomendaciones fueron planteadas por 12 países:

Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Liechtenstein, Francia, Portugal, Italia, Nueva Zelandia, Rwanda, Suiza, Togo, Uruguay.

Cuba no acepta dirigir una invitación permanente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, incluidos todos los Relatores Especiales, ocupando de manera reiterada un escaño como miembro del Consejo de Derechos humanos.

Estas recomendaciones fueron planteadas por 9 países:

Chequia, Letonia, Finlandia, Noruega, España, Suecia, Suiza, Ucrania, Alemania.

Cuba no acepta tomar medidas para establecer una institución nacional independiente de derechos humanos en consonancia con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (los Principios de París).

Esta recomendación fue planteada por 13 países:

Botswana, Costa Rica, Mongolia, Montenegro, México, Nepal, Togo, Portugal,

Uruguay, Níger, Francia, Polonia y Zambia.

En el próximo artículo finalizamos el análisis y difusión de las 116 recomendaciones rechazadas por el gobierno cubano en la EPU de mayo 2018.

Marlene Azor Hernández es consultora del Observatorio cubano de Derechos Humanos, sede en Madrid. Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM, México.