BARACUTEY CUBANO

Agosto 11, 2022

DEBATE Allanamiento de casa de Donald Trump por el FBI

DEBATE Allanamiento de casa de Donald Trump por el FBI. Julio M. Shiling politólogo republicano debate con Luis Montes, estratega demócrata y Ernesto Castañeda, analista político demócrata, conducidos por la periodista Ruth del Salto en el programa "Ángulo NTN24" transmitido por NTN24 el 10 de agosto, 2022.

"El FBI se ha convertido en la POLICÍA POLÍTICA del PARTIDO DEMÓCRATA" - @JulioMShiling

"Esto no es un caso antojadizo, está basado en las'leyes' de EEUU, en las leyes Federales y por lo tanto alucir una persecución política es simplemente ser parte del fanatismo de Trump" - @LuisMontes

"Trump ha escondido, pareciera de manera 'maliciosa' documentos que no les pertenecen" - @DrErnestoCast

"El FBI si es la POLICÍA POLÍTICA, porque 'mintió' y 'cometió fraude' en solicitudes a la Corte FISA para espiar a la administración de Trump, esto no es para discutir, esto se sabe, nadie ha hido preso, absolutamente nadie, el jefe de la CIA bajo Obama mintió bajo juramento y nadie ha hido preso, entonces el gran problema es que no se está aplicando la Ley y eso es porque hay una persecusión de la oposición verdadera." - @JulioMShiling

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Tomado de https://elamerican.com/

Estados Unidos Es Parcialmente Libre: Esta Es La Razón

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1. ¿En qué consiste exactamente el régimen woke de Estados Unidos?
2. Aplicación arbitraria de la ley
3. La persecución política de la oposición
4. Limitación de la libertad de expresión
5. Presos políticos
6. Conclusión

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Por Julio M. Shiling

08.14.22

Available: English 

ESTADOS UNIDOS es un país parcialmente libre. No hay un gobierno en el poder, sino un régimen. En los Estados Unidos de hoy, uno es libre siempre que no cruce los parámetros ideológicos que la élite gobernante ha establecido. Esta descripción orwelliana no es surrealista ni una teoría de la conspiración. Está apoyada en hechos, que se basan en características seminales de regímenes no democráticos para llegar a su conclusión. Aquí están las pruebas.

¿En qué consiste exactamente el régimen woke de Estados Unidos?

El principal sueño de los bolcheviques era llevar la revolución comunista a USA. Huyendo de la Alemania nazi, el exilio de la Escuela de Fráncfort en Estados Unidos permitió a los marxistas alemanes acceder a las principales instituciones educativas y culturales americanas. El peregrinaje desde el marxismo clásico, basado en la economía, a la transición crítica y culturalmente dominante de la religión política de Marx y Engels se prolongó durante décadas. La caída del comunismo soviético lo convirtió en el único juego oficial para alcanzar el poder en las sociedades democráticas.

El trabajo de los marxistas culturales tuvo muchos teóricos americanos destacados. Entre ellos estaban Saul Alinsky y Derrick Bell. Barack Obama tuvo mentores comunistas en su línea de sangre y en sus círculos familiares íntimos. Sin embargo, Alinsky y Bell proporcionaron una importante base ideológica para la misión de Obama de “cambiar” a USA. La elección presidencial de 2008 puso a un socialista fabiano en la Casa Blanca. Fue entonces cuando comenzó el régimen woke.

En cuanto a la praxis, el socialismo fabiano y el marxismo cultural combinan perfectamente bien. Este último ofrece mayor munición intelectual. La teoría crítica de la raza (TCR), la ideología de género (IG) y la teoría crítica queer (TCQ) son los tres principales principios marxistas que la izquierda emplea en Estados Unidos para extender el control sobre la sociedad delegando su autoridad en los ámbitos legal, educativo y de aplicación de la ley federal en el país.

Obama purgó al Partido Demócrata de los no radicales y lo reestructuró. En las más altas esferas de las agencias policiales federales, como el FBI, la CIA, la NSA, la DIA, el Departamento de Justicia, el IRS, el Departamento de Estado y las principales agencias reguladoras, puso a un ejército de personas con ideas afines para que se dedicaran a deconstruir Estados Unidos.

Aplicación arbitraria de la ley

Los regímenes no democráticos aplican la ley de forma arbitraria. Este es un rasgo distintivo de las dictaduras. Aunque este ejercicio injusto de la justicia puede ser “legal” en los estados autoritarios, se produce con “órdenes de detención” aprobadas por el régimen. El proceso es espurio, juzgado desde un punto de vista democrático. El Estado de derecho, como factor inmutable en Estados Unidos, está actualmente roto. Nadie está por encima de la ley, excepto si tu apellido es Biden, Clinton, Obama, Soros, o cualquiera afiliado a una causa de izquierdas. Existe un sistema judicial de dos niveles.

La operación de la campaña del DNC-Clinton de 2016 de contratar a un espía extranjero (Christopher Steele) para fabricar un “informe” (Steele Dossier) que sería entregado al FBI y la CIA, lanzando solicitudes fraudulentas de FISA para llevar a cabo el espionaje de un candidato presidencial americano en una elección ha ido judicialmente sin control. Este intento ilegal de amañar las elecciones de 2016 fue autorizado por Obama. Tras la soberana victoria de Trump, la mentira de la colusión con Rusia fue filtrada a la prensa nada menos que por el jefe del FBI, James Comey. La intención era derrocar “legalmente” a un presidente elegido. Toda la premisa del grueso de la guerra de la izquierda para desbancar a Trump se basó en información fraudulenta que se inició con Clinton y el DNC (Comité Nacional Demócrata).

Los más de 33,000 correos electrónicos de Clinton que fueron deliberadamente destruidos mientras se investigaba, un claro intento de evadir el escrutinio e incuestionablemente ilegal, ha quedado impune. Los negocios de Hunter Biden, una trama de tráfico de influencias que ha puesto en peligro la seguridad nacional americana con acuerdos sin escrúpulos con Rusia y China, ha estado a la disposición del FBI desde 2019. El infame portátil afirma, de forma convincente, que el presidente Biden conocía los tejemanejes de su hijo. John Brennan (director de la CIA) y James Clapper (jefe del DNI), ambos al servicio de Obama, desinformaron fomentando las falsas narrativas sobre la colusión rusa y encubrieron al hijo de Biden calificando los hechos de “desinformación”. Los ejemplos pudieran continuar. El proceso judicial al que se enfrentaron estos casos fue el de la impunidad.

La persecución política de la oposición

La afirmación absurda de que existe una amenaza inminente a la seguridad nacional por parte de “supremacistas/nacionalistas blancos” es una estratagema para aplastar a la verdadera oposición al régimen de Obama/Biden. Las madres de la PTA que luchan contra el adoctrinamiento TCR, IG y TCQ de sus hijos están siendo tratadas por el FBI como terroristas domésticos. Roger Stone, Paul Manafort, Peter Navarro y Steve Bannon son solo algunas víctimas notables de la persecución política de los demócratas. El proyecto socialista, que está en juego, necesita amordazar a quienes lo desafían en su intención hegemónica.

La redada del FBI en la casa de Trump en Florida con el pretexto de asegurar los documentos presidenciales en cuestión, autorizada por un juez donante de Obama con vínculos con figuras corruptas del Partido Demócrata (Epstein), sin la supervisión de los asesores legales nombrados por Trump es similar a la forma en que estos asuntos se resuelven en Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Esta fue una operación dirigida por la policía política del régimen de Obama/Biden. Hoy en día, esto podría ocurrirle a cualquiera que no esté de acuerdo con la política de la izquierda.

Limitación de la libertad de expresión

Controlar lo que la gente dice es otra característica del autoritarismo. Los oligarcas de las redes sociales, que forman parte del régimen en el poder hoy en día, hacen el trabajo sucio de ahogar la libertad de expresión. Esto es lo que Herbert Marcuse llamó “tolerancia represiva”. Etiquetas como “discurso de odio”, “espacios libres”, “inclusividad” son disfraces para suprimir el lenguaje y el pensamiento que las Big Tech consideran que contradicen la línea oficial. Los regímenes comunistas y fascistas tenían departamentos que se ocupaban de ello. En Estados Unidos, Twitter, Facebook, Google, Microsoft, YouTube y otros son una parte no elegida del Gobierno. Cualquiera que cuestione su base de control hegemónico es silenciado.

Manipulación de las elecciones

Manipular el proceso electoral es una hazaña habitual de los regímenes no democráticos. Las elecciones de 2016 fueron manipuladas por la Casa Blanca de Obama y el DNC. Las elecciones de 2020 no fueron ni libres ni justas. Irregularidades flagrantes con los votos por correo en estados clave, la distribución desigual de dinero privado (“ZuckBucks”), cambios ilegítimos en las leyes electorales por parte de actores inconstitucionales, buzones no supervisados, todo ello pone en duda la autenticidad del proceso. Los demócratas han inventado todo tipo de demandas y extrañas impugnaciones de las leyes de integridad de los votantes destinadas a combatir el fraude. El régimen de Obama/Biden entiende que unas elecciones limpias podrían obstaculizar su misión.

Presos políticos

Un sistema de presos políticos es primordial para los regímenes dictatoriales. El asalto al Capitolio del 6 de enero (J6) fue un acto criminal. Hubo allanamiento, daños a la propiedad y otros actos de violencia. Las acusaciones correspondientes estaban justificadas, en algunos casos. Sin embargo, la imposición de cargos de conspiración por sedición indica que las acciones ilegales e incorrectas en cuestión, transmiten el propósito de derrocar al gobierno. El tratamiento en las cárceles de DC de los acusados del J6 ha sido un reflejo de los de algunos regímenes no democráticos. Aquí, de nuevo, está el problema del doble rasero legal que depende de la causa que defienden.

Black Lives Matter (BLM) y Antifa sabotearon tribunales federales, comisarías de policía (con policías dentro) e iglesias durante 2020. Ni un solo subversivo fue acusado de sedición. El hecho de que BLM/Antifa llamen expresamente a la transformación de los Estados Unidos y ejerzan la violencia en ese nombre, uno pensaría que un cargo de conspiración de sedición sería apropiado para estos grupos comunistas. Totalmente, al contrario. Muchos políticos demócratas, incluyendo a Kamala Harris, buscaron ayuda económica para los manifestantes, lo que claramente tenía una intención política.

Conclusión

El régimen de Obama/Biden debe ser detenido. Seguirán presionando para conseguir mayores espacios de gobierno autoritario. Los republicanos deben actuar agresivamente después de las elecciones intermedias. Hay que hacer retroceder el rumbo del fabianismo/marxismo y revisar sus instituciones. El Estado profundo, auxiliar del actual régimen de Washington, debe ser desmantelado. Las Big Tech  deben ser reguladas como transportistas comunes. Estados Unidos, una vez más, merece estar en la categoría de libre, no parcialmente libre.

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The Epoch Times en español

Abogada de Trump habla sobre redada del FBI en Mar-a-Lago

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Tomado de https://www.washingtonpost.com/

Mar-a-Lago search appears focused on whether Trump, aides withheld items

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A lawyer for Donald Trump said agents seized about a dozen boxes on Monday, months after 15 boxes of items were returned

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By Devlin Barrett, Josh Dawsey, Rosalind S. Helderman, Jacqueline Alemany and Spencer S. Hsu 

Updated August 9, 2022 at 7:03 p.m.

In the months before the FBI’s dramatic move to execute a search warrant at former president Donald Trump’s Florida home and open his safe to look for items, federal authorities grew increasingly concerned that Trump or his lawyers and aides had not, in fact, returned all the documents and other material that were government property, according to people familiar with the discussions.

Officials became suspicious that when Trump gave 15 boxes of items to the National Archives about seven months ago, either the former president or people close to him held on to key records — despite a Justice Department investigation into the handling of classified and other material that had been sent to the former president’s private club and residence in the waning days of his administration.

Over months of discussions about whether documents were still missing, some officials also came to suspect Trump’s representatives were not truthful at times, according to people familiar with the matter who spoke on the condition of anonymity to discuss an ongoing investigation.

On Tuesday, a lawyer for Trump said the agents who brought the court-approved warrant to Mar-a-Lago a day earlier took about 12 more boxes after conducting their search.

People familiar with the investigation said that Justice Department and FBI officials traveled to Mar-a-Lago this spring, a meeting first reported by CNN. The officials spoke to Trump’s representatives, inspected the storage space where documents were held, and expressed concern that the former president or people close to him still had items that should be in government custody, these people said.

By that point, officials at the National Archives had been aggressively contacting people in Trump’s orbit to demand the return of documents they believed were covered by the Presidential Records Act, said two people familiar with those inquiries. Like the others, they spoke on the condition of anonymity to discuss details of the investigation.

Christina Bobb, a lawyer for Trump, said his lawyers engaged in discussions with the Justice Department this spring over materials held at Mar-a-Lago. At that time, the former president’s legal team searched through two to three dozen boxes in a storage area, hunting for documents that could be considered presidential records, and turned over several items that might meet the definition, she said.

In June, Bobb said, she and Trump lawyer Evan Corcoran met with Jay Bratt, the chief of the counterintelligence and export control section at the Justice Department, along with several investigators. Trump stopped by the meeting as it began, to greet the investigators, but was not interviewed. The lawyers showed the federal officials the boxes, and Bratt and the others spent some time looking through the material.

Bobb said the Justice Department officials commented that they did not believe the storage unit was properly secured, so Trump officials added a lock to the facility. When FBI agents searched the property Monday, Bobb added, they broke through the lock that had been added to the door.

The FBI removed about a dozen boxes that had been stored in the basement storage area, she said.

Bobb did not share the search warrant left by agents, but said that it indicated agents were investigating possible violations of laws dealing with the handling of classified material and the Presidential Records Act.

Trump aides also declined to share the search warrant with The Washington Post.

Trump announced Monday that the FBI had raided Mar-a-Lago and searched his safe, decrying the move as the latest unfair action against him by the Justice Department and FBI. Spokespeople at both agencies declined to comment.

Asked for comment Tuesday about whether the former president or his advisers had withheld documents or been untruthful, Trump spokesman Taylor Budowich called the FBI’s action “not only unprecedented, but completely unnecessary.”

“President Trump and his representatives have gone to painstaking lengths in communicating and cooperating with the appropriate agencies,” Budowich said in an emailed statement. “In the Democrats’ desperate attempt to retain power, they have unified and grown the entire conservative movement.”

One adviser who spoke to Trump after the search said the former president sounded buoyed by the development, bragging about how many Republicans were supporting him publicly, and said Trump thought the search would help him politically in the end. The adviser spoke on the condition of anonymity to talk about a private conversation.

Another adviser, former spokesman Jason Miller, said, “It furthers his inclination to run and galvanizes the Republican base on his behalf.”

Some of Trump’s advisers have urged him to move up his expected announcement that he will run for president in 2024 and make it soon at Mar-a-Lago, with the FBI search as a backdrop. But Trump has made no commitment to doing so, said one person with direct knowledge of the conversations, speaking on the condition of anonymity to discuss private exchanges.

Two people familiar with the initial recovery of the materials at Mar-a-Lago, who also spoke on the condition of anonymity because of the ongoing probe, said that Archives officials believed that more records were missing and were skeptical that Trump had handed everything over. As the investigation gained steam, some Trump advisers have sought to stay away from the issue, fearing it would become a messy legal and political situation, according to people familiar with the discussions who spoke on the condition of anonymity to reveal private conversations.

After Monday’s search, lawyers close to Trump sought advice or recommendations of criminal defense lawyers who could represent Trump, said a person familiar with the lawyers. According to this person, the lawyers said the warrant was related to allegations that classified information was retained by Trump.

Trump already has a number of lawyers working for him, but it is not uncommon for individuals facing investigative activity to seek local attorneys to navigate a particular court district.

Dozens of die-hard Trump supporters came to Palm Beach on Tuesday to express their support. Adriane Shochet, 64, of Lake Worth, Fla., bought a $14 broomstick, which she attached to an American flag and waved as she stood on the causeway that overlooks part of Mar-a-Lago.

“I just needed to come out and show the whole free world that this is frightening, and if they can do this, what’s next?” Shochet said. “This is the polar opposite of whatever effect politically they thought they were going to get because all it’s doing is empowering the right politically.”

Passing motorists honked in support. One man stood on the bridge, which crosses the Intracoastal Waterway, holding the American flag upside down — widely recognized as a symbol of his belief that the country is in distress.

Pat Stewart, 85, found the “Trump 2020” flag that used to fly at her house in Jupiter, Fla., which she had expected to keep tucked away until the next presidential election. For several hours, she stood in the sun alongside a friend who was visiting from Michigan, who is also 85, waving at passing motorists.

“I was very angry, very angry, and very upset, that our government would do this to an ex-president,” Stewart said. Even though aides said Trump was in New York and at his golf club and residence in Bedminster, N.J., this week, Stewart held out hope that he was at Mar-a-Lago.

“We want him to come out and announce he’s running for president,” she said.

One person familiar with the investigation said agents were conducting a court-authorized search as part of a long-running examination into why documents — some of them top-secret — were taken to the former president’s private club and residence instead of shipped to the National Archives and Records Administration when Trump left office. The Presidential Records Act requires the preservation of memos, letters, notes, emails, faxes and other written communications related to a president’s official duties.

In January, the National Archives retrieved 15 boxes of documents and other items from Mar-a-Lago. David S. Ferriero, then the archivist of the United States, said in a statement in February that Trump representatives were “continuing to search” for additional records.

Trump resisted handing over some of the boxes for months, some people close to the president said, and believed that many of the items were his personally and did not belong to the government. He eventually agreed to hand over some of the documents, “giving them what he believed they were entitled to,” in the words of one adviser.

Tim Craig in Palm Beach, Fla., contributed to this report.

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