BARACUTEY CUBANO

Por Mario Vargas Llosa
El País-España



De buena se libró México cuando su electorado, en un rapto de lucidez, prefirió, aunque por un número relativamente pequeño de votos, a Felipe Calderón Hinojosa y no a su adversario, Andrés Manuel López Obrador, como futuro presidente. A juzgar por lo que ha sido la conducta de este último desde que perdió las elecciones –un verdadero corrido melodramático y payaso, indigno de un país de la importancia política, cultural e histórica de México en el contexto latinoamericano–, hubiera sido arriesgadísimo confiar el poder a quien puso de manifiesto en todas estas semanas tan poco respeto por la voluntad popular y ha estado dispuesto a socavar, mediante asonadas callejeras, esas instituciones democráticas que su país comienza a edificar, por las que ha proclamado su desprecio.

Lastimoso espectáculo del peor tercermundismo –el caudillo “tonitronante” y mesiánico, las barricadas, los garrotes, la demagogia, el populismo desenfrenado y la amenaza de la fuerza para convertir revolucionariamente una derrota electoral en una victoria– que, por suerte, parece haber desencantado a muchos votantes del ex alcalde de México, pues encuestas recientes indican que si las elecciones se celebraran ahora, López Obrador no las perdería por medio punto, sino por ocho o diez. Lo que significa que, después de todo, la pantomima callejera montada por éste para protestar contra un supuesto fraude electoral ha tenido al menos la virtud de abrir los ojos de muchos mexicanos sobre las consecuencias funestas que hubiera podido tener para México entregar la jefatura del Estado a un líder tan inconsistente e irresponsable.

He leído todo lo que he podido sobre las elecciones mexicanas y estoy seguro de que el gigantesco fraude electoral para robarle la victoria que alega López Obrador no tiene fundamento. Tanto los observadores internacionales como los periodistas extranjeros que presenciaron las elecciones, y el Tribunal Electoral, una institución que hasta ahora había merecido la credibilidad y el respeto de una inmensa mayoría de mexicanos y que ha desempeñado un papel tan importante en el proceso democratizador de México, han descartado de manera categórica que los comicios fueran fraudulentos. Es, sin duda, cierto que hubo errores, fallas técnicas, sin duda intentos fallidos o logrados de alterar los resultados en determinados centros de votación, algo que es irremediable en un país que sólo ha comenzado a perfeccionar y modernizar sus instituciones democráticas, pero todos los testimonios concurren en señalar que estas deficiencias o tentativas de fraude fueron localizadas e incapaces de distorsionar el resultado final. El candidato derrotado no ha podido fundamentar de una manera plausible sus acusaciones y a estas alturas resulta más que evidente que sus protestas expresaban más la ira y la frustración que la convicción de haber sido víctima de un fraude, apoyada en pruebas razonables.

¿Qué va a pasar ahora? ¿Perseverará López Obrador en su empeño de desconocer el resultado electoral y, tras proclamarse presidente electo, designará un gobierno paralelo, como ha prometido? Como cuenta todavía con un apoyo popular bastante grande, puede hacerlo y crear, de este modo, una situación de crisis institucional y agitación social y política crónica que, aunque no consiga derribar al gobierno legítimo, sí puede impedirle funcionar con la mínima eficacia indispensable, es decir, puede sembrar el caos, con las catastróficas consecuencias económicas y sociales que cabe imaginar.

Si así lo hace, el candidato de los pobres y de los marginados contribuirá más que nadie a ahondar la pobreza y la marginación en que está sumida una buena parte de la sociedad mexicana y a frenar, acaso a hacer añicos, un proceso de democratización que México ha venido experimentando luego de setenta años de padecer la dictadura del PRI, desde que el presidente Ernesto Zedillo empezó a desmontar la maquinaria de control autoritario que permitió al llamado Partido Revolucionario Institucional instalar la más larga y astuta dictadura que haya conocido la historia moderna.

Esta democratización es, sin duda, imperfecta e insuficiente todavía, y tal vez se puede criticar a su primer beneficiario, el actual presidente Vicente Fox, el no haberla acelerado y profundizado todo lo que se esperaba de él, pero es una realidad que sólo un fanático podría negar. México disfruta ahora de una libertad de expresión y una diversificación política que jamás conoció en la era del PRI, y en la actualidad, a diferencia del pasado, los resultados de las elecciones no se conocen de antemano, porque éstas han dejado de ser esos grotescos espectáculos en los que el candidato oficial hacía unas intensas campañas luchando contra fantasmas. México ha comenzado a tener instituciones, por fin.

Contrariamente a lo que López Obrador parece creer, las instituciones no son un estorbo para combatir eficazmente contra la pobreza y las injusticias sociales. Por el contrario: sólo ellas pueden crear el marco adecuado para que ese combate sea eficaz y los esfuerzos del Estado y de los particulares no se diluyan y desintegren y, en vez de crear empleo, riqueza y mejorar los niveles de vida de los pobres, sean aprovechados por las camarillas de privilegiados, derrochados por la ineptitud burocrática, o, peor todavía, ayuden a proliferar la corrupción, un cáncer que ha golpeado a México acaso más que a ningún otro país latinoamericano y precisamente porque la “dictadura perfecta” del PRI hizo tabla rasa de las instituciones, poniéndolas a su exclusivo servicio.

Es verdad, sin duda, que el problema número uno de México es la enorme pobreza que padecen tantos millones de mexicanos. Se puede decir exactamente lo mismo de Perú, de Bolivia, de América latina en general y de todo el Tercer Mundo. Ahora bien: machacar en esa verdad de Perogrullo no resuelve el problema en absoluto. Se trata de un problema que sí tiene solución, y prueba de ello es que muchos países, regiones enteras del planeta, que eran pobres o muy pobres hace treinta o cuarenta años, han dejado de serlo y son hoy día prósperas, y a veces muy prósperas. La receta no tiene nada de mágica y se puede formular de manera muy simple: democracia y mercado. España era pobre y es hoy rica, como Irlanda, o, para poner un caso mucho más dramático, Estonia, que cuando era una colonia de la Unión Soviética era paupérrima y es ahora no sólo una sociedad libre y abierta, sino el país cuya economía crece más rápido que ninguna otra en el mundo. En América Latina, ahí está el caso de Chile, que, desde que cayó la dictadura de Pinochet y se restableció la democracia y se adoptó aquella fórmula, por un consenso nacional muy parecido al que ha gestado la modernización de España, se ha convertido en el país del continente que de manera más sostenida y comprensiva va dejando atrás el subdesarrollo.

Hay muchos otros casos que podrían citarse, pero los mencionados bastan para mostrar que las instituciones democráticas son el requisito primero e indispensable para que un país encuentre la estabilidad y la seguridad jurídica que atraen a la tecnología, las inversiones y las empresas indispensables para su desarrollo. Pero para ello tiene que abrirse al mundo, aceptar que la empresa privada es el principal motor de la creación de la riqueza y que el Estado debe actuar con la energía y la lucidez necesarias para garantizar el funcionamiento del mercado, es decir, la vigencia de las leyes, ya que el mercado sólo es competitivo y eficiente cuando se regula gracias a una legalidad justa, neutral y equitativa. Cuando todo ello ocurre, un país quema etapas, recupera el tiempo perdido y la pobreza y la marginación comienzan a encogerse y a desaparecer, muy deprisa.

¿Encontrará México ese dinamismo y buena orientación con Felipe Calderón en la presidencia? Hay que desear que así sea, no sólo por México, sino por la reverberación que ello tendría sobre un continente que, una vez más en su historia, oscila en estos momentos entre dos modelos radicalmente enfrentados: el de Chile –que es también el de Colombia, Perú, Brasil, Uruguay y casi toda América Central– y el de Cuba, Venezuela y Bolivia, al que, según todos los indicios, hubiera arrastrado a México López Obrador. Este último modelo, el de la revolución y el populismo, el de la demagogia y el autoritarismo, tiene una robusta tradición en nuestros países y lo han puesto en práctica, a veces con una retórica de derecha y a veces de izquierda, incontables gobiernos. A él se debe que América latina sea el continente que siempre se queda atrás, el que pierde las oportunidades, el que se empobrece en tanto que otros mejoran. En su campaña electoral, Calderón ha propuesto una política moderna, realista, de clara orientación liberal y de impulso a la democratización, con un énfasis en la lucha contra la pobreza como objetivo primordial. Pero, por desgracia, para que estas buenas intenciones se traduzcan en una política efectiva, le es imprescindible alcanzar ciertos consensos nacionales con la oposición sobre algunos temas primordiales, como la política económica y la acción social, de modo que el Parlamento no frustre, como ha ocurrido en muchas ocasiones con el gobierno de Fox, las iniciativas del Ejecutivo.

¿Entrará en razón finalmente López Obrador y pondrá fin a su insensata política de rechazo de la legalidad y de amenazas subversivas, que difícilmente lo llevarán al poder pero pueden paralizar la acción gubernativa y sumir a México en una verdadera behetría? Esperemos que así sea y que el ex alcalde asuma el importante papel que los electores le han impuesto: liderar una oposición que, desde el Parlamento y todas las instancias públicas, no desde las barricadas, ejerza una vigilancia crítica sobre el poder, denunciando sus errores, apoyando sus aciertos y presentando en todo momento alternativas convincentes a las políticas que considera equivocadas.

El corrido es una linda música para cantarla, oírla y bailarla; la política debe ser algo más serio.