BARACUTEY CUBANO

Por Jorge Sanguinetty, Miami

Libertad y Economía

Nos concentraremos ahora en el análisis de cómo la libertad interacciona con la economía, para después estudiar el papel de la organización democrática en esa interacción. Comenzaremos resaltando el papel de la propiedad privada en la libertad de los ciudadanos y analizando lo que es también un sistema de causalidad circular entre ambos conceptos. Cuando más arriba discutíamos las libertades y sus restricciones, vimos que un grupo de restricciones a la libertad individual es de naturaleza económica. Las leyes de un país pueden estar escritas a favor de las libertades individuales, pero sin libertades económicas, como ya vimos, las demás son muy limitadas y existen precariamente. Una de las libertades económicas más importantes es la del derecho a la propiedad privada, pues ser propietario implica para el ciudadano tener más opciones para ejercer sus libertades civiles. Es prácticamente axiomático que el ser humano es un acumulador natural de riquezas. Esto se observa en infinidad de situaciones. Siempre que las personas pueden, acumulan riqueza, por lo que debe haber un fuerte incentivo para que esto ocurra. El incentivo es precisamente que el individuo sabe que la riqueza que posee, en sus diversas formas, es lo que le permite hacer cosas que sin ella no pudiera hacer y que por lo tanto la riqueza es un factor indispensable para su bienestar y el de los suyos.

Tales incentivos tienen unos efectos positivos y otros negativos para la sociedad. Entre los positivos está precisamente la capacidad que los individuos tienen de mejorar indefinidamente la calidad de sus vidas. El mejoramiento general de sus niveles de vida tiende a repercutir positivamente en el resto de la ciudadanía abriendo oportunidades de producción y de trabajo, además de contribuir al desarrollo de todo tipo de interacciones entre los ciudadanos. Esto también contribuye al desarrollo de una sociedad donde los ciudadanos sienten que pueden mejorar y que, por lo tanto, esa sociedad es generalmente buena para ellos. Entre los efectos negativos tenemos que en una sociedad donde impera la ley del más fuerte porque los derechos de todos los ciudadanos no están garantizados por igual, los más capaces, fuertes o ricos acapararán la mayor parte de la propiedad reduciendo las libertades económicas de los demás ciudadanos y hasta sometiéndolos a una dictadura. Esto tiende a generar desigualdades profundas entre los ciudadanos, donde muchos de ellos, posiblemente la mayoría, se sienten marginados en una sociedad percibida generalmente como organizada en contra de sus intereses y que por lo tanto no merece ser defendida o desarrollada. Es así cómo surge el papel de la envidia y el resentimiento de los individuos que cuando se agregan socialmente llegan a jugar un papel importante en la evolución de las sociedades.

La libertad de poseer una propiedad va mucho más allá de la posesión de bienes físicos o activos financieros. Esa libertad incluye el poder hacer con ellos todo lo que la ley permita, por ejemplo, venderlos al mejor postor, regalarlos, dejarlos en herencia, usarlos de una manera que no afecte los derechos de otros ciudadanos, transformarlos, alquilarlos, prestarlos, mudarlos de lugar, obtener rentas, etc. Cualquier restricción a estos usos de la propiedad representa una limitación a los derechos de propiedad y deben ser tenidos muy en cuenta. El gobierno puede colocar un tributo a la propiedad y como tal podría limitar el derecho a la propiedad. Sin embargo, tal tributo o impuesto pudiera justificarse para el financiamiento de los servicios que el estado da como parte de su producción de bienes públicos (seguridad nacional, administración de justicia, estabilidad monetaria, etc.) y sobre lo cual hablaremos más adelante. Precisamente la necesidad de limitar los poderes del estado en los derechos de propiedad es lo que justifica la necesidad de que los ciudadanos tengan el poder de intervenir en las cuestiones del gobierno. Un estado con poderes ilimitados puede convertirse, y generalmente es un gran explotador de la economía de sus ciudadanos. La única manera conocida hasta ahora por la humanidad para evitar la aparición de un estado explotador es organizar democráticamente la sociedad donde las libertades políticas van acompañadas de amplias libertades económicas.

Pero para que haya propiedad, tiene que haber producción. Es cierto, puede haber propiedad de la tierra, pero incluso en las sociedades más primitivas esto no es suficiente. Generalmente también hay que tener la propiedad de los medios para delinearla y defenderla, todo lo cual hay que producir. Sabemos que además de la propiedad de la tierra hay muchas otras formas de propiedad, como viviendas, mobiliario, animales, vehículos, medios de producción, maquinaria, inventarios, plantaciones, etc. Además tenemos que reconocer formas intangibles de propiedad, que ahora se denominan propiedad intelectual y que son los derechos de autor de obras artísticas (musicales, literarias, plásticas, etc.), patentes que certifican el origen de las invenciones, etc. De una manera u otra, el conjunto de propiedades de los ciudadanos de una sociedad está concatenado a la capacidad productiva de esa sociedad. La producción de lo que la sociedad desea es lo que crea la riqueza, pero para producir hay que tener un cierto grado de libertad. Las sociedades que restringen las libertades son productoras pobres y, por ende, pobres productoras de riqueza y de propiedades. Aún en las sociedades dependientes del trabajo esclavo, la riqueza observable está concentrada en manos de los que son libres, mientras que los esclavos viven en extrema pobreza.

La libertad necesaria para producir está también estrechamente ligada a la de los ciudadanos para consumir. La producción se guía por la demanda de los consumidores, pero muchas veces la misma demanda misma es sondeada y estimulada por los productores, especialmente cuando se trata de nuevos bienes o servicios. La capacidad productiva de la sociedad se ve muy limitada cuando los productores no tienen suficiente libertad para concebir lo que quieren producir, lograr y combinar los diversos factores que intervienen en el proceso productivo. La producción se nutre de la creatividad de la sociedad, no sólo de los productores (inversionistas, empresarios y trabajadores) sino también de los que componen el lado de la demanda de bienes y servicios en una sociedad (consumidores, intermediarios, comerciantes, etc.). Un consumidor interesado en probar nuevos productos estimula por el lado de la demanda la innovación en los productores, mientras que un consumidor demasiado cauteloso contribuye al estancamiento de la creatividad productiva. Por otra parte, un consumidor confiado en que la sociedad tiene los dispositivos y el compromiso de defender sus derechos, también confía en que vale la pena probar los nuevos productos que surjan por el lado de la oferta. De este modo, las interacciones entre la libertad de la oferta y la de la demanda contribuyen colectivamente al desarrollo de la economía y del bienestar general. Una prueba más de que la libertad no es simplemente un concepto idílica y románticamente deseable, sino que es una necesidad práctica para el progreso humano.

La relación causal circular entre libertad y propiedad se cierra con la capacidad productiva de una sociedad y su dependencia de los grados de libertad con que esa sociedad puede producir. O sea, la libertad para producir se complementa con la libertad de tener propiedad que a su vez amplifica la libertad de producir y así sucesivamente. Este círculo virtuoso se puede convertir en vicioso si alguna parte del mismo se restringe, ya sea por los derechos de propiedad, los de producir o los de consumir. Obsérvese que parte de la libertad de producir incluye la libertad de trabajar como empleado en una empresa, así como la libertad de ahorrar para invertir en una empresa. Nótese también que en la enorme y compleja red de interrelaciones productivas de una sociedad moderna, hay muchos puntos donde se puede comenzar a estrangular la capacidad productiva de una nación mediante la restricción de las libertades en los puntos estratégicos o neurálgicos de esa red.

¿Cuáles son las interacciones entre la libertad de los individuos y la economía? Existen muchas formas y grados de libertad individual. Por otro lado, los ciudadanos son portadores de diferentes capacidades en el uso de sus libertades, unos son más eficientes que otros, o se esfuerzan más o son más ambiciosos. En una economía de amplias libertades individuales, los más hábiles, empresariales y audaces tienden a aprovechar esas libertades mejor que otros ciudadanos. ¿Cuál debe ser el papel del estado y el gobierno en esta situación? En un mundo de recursos escasos, la libertad conlleva a la competencia en muchas formas (entre individuos, entre empresas, entre naciones, entre bloques de naciones), lo cual conduce a que surjan desigualdades en la distribución del ingreso y de la riqueza. Muchos creen que una sociedad más justa es aquella en que: a) se redistribuye la riqueza de los más ricos a los más pobres y/o b) se restringen las libertades económicas de los más capaces. ¿Qué implicaciones tiene esto para una democracia? ¿Cuál deberá ser la política o estrategia adecuada para equilibrar las desigualdades con el potencial de progreso de una nación?

De ahí se desprende que el papel de la democracia es ofrecerle al ciudadano un instrumento de control y poder sobre sus gobernantes, comenzando con el poder de elegirlos y reemplazarlos, pero además el poder de criticarlos mientras están ejerciendo sus funciones durante el período para el cual fueron electos. También surge la necesidad de que haya un flujo libre de información sobre las gestiones del gobierno y de otras partes de la sociedad. Sin información el poder no puede ser eficazmente ejercido. Y también vemos que el ciudadano debe tener un mínimo de conocimientos sobre cómo opera la sociedad, conocimientos que son elementales sobre las interrelaciones entre los factores que acabamos de mencionar y su dependencia de la libertad y la democracia. La base de una democracia es el conjunto de ciudadanos de una sociedad, sus propiedades, sus libertades, su capital social, sus conocimientos y su conciencia de que sus libertades individuales representan un factor indispensable en su felicidad y la de sus seres queridos. En ese conjunto, la economía es un instrumento para hacer uso de esas libertades y para lograr las aspiraciones materiales de los ciudadanos. Sin que haya una combinación de libertad, democracia y economía es muy difícil que el ciudadano logre incluso su desarrollo espiritual si está sometido a un régimen de miseria material.

La Calidad de una Democracia

Ya hemos ido viendo que democracia es mucho más que la capacidad de un conjunto de ciudadanos de elegir a sus gobernantes libremente cada cierto tiempo. Pero, ¿cómo se logra que ese proceso sea estable, eficaz y eficiente? Estabilidad es la capacidad de una democracia de mantener por largo tiempo sus estructuras básicas sin crisis que las pongan en peligro y las derrumben de manera catastrófica, en detrimento del interés general de sus ciudadanos. La eficacia de una democracia está dada por su capacidad de lograr los objetivos de los ciudadanos, o sea, el bienestar general en una atmósfera de libertades individuales. La eficiencia de una democracia se mide con el bajo costo de su funcionamiento, costo no sólo en un sentido monetario sino también desde el punto de vista del esfuerzo general para que cumpla su misión. Los tres conceptos están interrelacionados. Si la democracia no es eficaz, su estabilidad estará en peligro pues la falta de resultados hará que la ciudadanía pierda fe en tal organización de la sociedad y estará abierta a otras ideas y experimentos. En esta situación, el campo irá quedando libre para los políticos oportunistas y los caudillos.

La eficacia de la democracia está relacionada con su eficiencia pues si fuera muy costoso mantenerla en un país, sería muy difícil lograr los objetivos. Por otra parte, el bajo costo de una democracia no garantiza su eficacia. Un país puede tener democracia a bajo costo, por ejemplo tener un gobierno y unas organizaciones del estado pequeñas, pero ser incapaz de lograr una economía próspera para todos. De este modo, la eficiencia de una democracia se nos presenta como el factor más difícil de lograr, del cual dependen los otros dos. Veamos entonces cómo se puede lograr un mínimo de eficiencia en la organización del estado como piedra clave de la calidad de su democracia.

Generalmente las actividades sociales y el comportamiento humano están sujetos a una gran cantidad de incertidumbre. La incertidumbre está determinada por las limitaciones de información y conocimientos sobre el mundo que nos rodea en general y sobre las personas sobre las cuales tomamos decisiones. La libertad de elegir buenos gobernantes está limitada por el grado de conocimiento de los electores sobre por lo menos tres grupos de factores: a) la competencia técnico-administrativa de cada candidato, b) sus respectivas ideologías o políticas propuestas y c) la integridad o condición moral de cada uno. ¿Cómo pueden los electores evaluar a los candidatos a gobernantes según estos tres grupos de factores y elegir a los mejores? Pero la actividad democrática no termina en la elección de los gobernantes. Las elecciones son sólo una parte del sistema y de su funcionamiento. La actividad democrática es continua, incluye el seguimiento a la función del gobierno, no sólo para que el conocimiento derivado sirva de base para elecciones futuras, sino también para proveer la retroalimentación a la gestión gubernamental a cada instante. En este sentido se nos presenta una primera dimensión de la eficiencia y es en relación con el proceso electoral mismo. Un proceso electoral bien organizado, donde todos los partidos están de acuerdo con los procedimientos que rigen el proceso y donde no hay dudas sobre la honestidad del mismo, es seguramente un proceso eficiente. Por el contrario, uno plagado de problemas, con incertidumbre sobre su integridad y que requiere mucha supervisión, obliga a la sociedad a invertir tiempo y recursos que aumentan el costo del proceso reduciendo su eficiencia, dejando a su vez la sospecha de la legitimidad de los resultados. En este sentido las libertades individuales, de acceso a las fuentes de información sobre el proceso, de expresión de los ciudadanos y de prensa son esenciales para que el público en general tenga una oportunidad de saber cómo está transcurriendo el proceso electoral y pueda tomar decisiones informadas al respecto, como por ejemplo, por qué partidos o candidatos votar, qué medidas deben ser tomadas para mejorar el sistema, cómo participar en el proceso político en general, etc.

Una vez concluido el proceso electoral, podemos estudiar la eficiencia de la democracia observando cómo se lleva a cabo la gestión de gobierno por las diversas instancias que la componen. En este aspecto el análisis se complica pues el grado de eficiencia, especialmente el costo de la democracia en funciones, dependerá mucho del consenso que exista o formas de cooperación entre las diversas tendencias o partidos políticos. Por ejemplo, un poder ejecutivo que pertenezca a un partido político dado pero que coincida con un poder legislativo controlado mayoritariamente por partidos de oposición, puede traer pugnas que paralicen la gestión de gobierno y disminuyan la eficiencia del proceso.

Aquí entra a colación una vez más el papel de la libertad de información y de expresión para que la ciudadanía sepa lo que está sucediendo, pueda enfrentarse a diversas opiniones y oportunamente trate de ejercer influencia en las partes por diversos medios. Es indispensable la crítica a los diversos miembros del gobierno. En este punto hay que estudiar el equilibrio entre la gestión retro-alimentadora (por ejemplo, la crítica o la oposición al gobierno) y la gestión de gobierno. Sin tal equilibrio, el sistema puede ser inestable o simplemente ineficaz. La crítica descuidada o mal formulada o, simplemente mal informada puede confundir y entorpecer la gestión gubernamental además de reducir la credibilidad de las instituciones democráticas. Sin embargo, en una verdadera democracia donde la libertad de expresión está garantizada por un estado de derecho y sus instituciones y organizaciones correspondientes, toda crítica está permitida y el ciudadano se convierte en el juez final de lo que se publica. No obstante, lo ideal sería que el derecho a la libre expresión del pensamiento se ejerza con un elevado sentido de responsabilidad e integridad, precisamente para que la crítica como una forma de retroalimentación del sistema político y administrativo del estado cumpla sus funciones con un nivel aceptable de eficiencia. Pero lo perfecto es el enemigo de lo bueno. El ciudadano tiene que saber funcionar en un mundo imperfecto, tan imperfecto como él mismo.

O sea, la libertad de expresión es esencial para la eficiencia de la democracia. Sin embargo, no es suficiente. El funcionamiento satisfactorio de una democracia depende de muchos factores simultáneos, nunca de uno sólo en particular. Por ejemplo, la crítica puede venir de varias fuentes y ser todas muy divergentes, lo cual puede parecer y de hecho ser muy confuso, pero un gobierno competente debe ser capaz de absorberla y manejarla. Una democracia es precisamente un sistema complejo destinado a combinar los diversos intereses de los miembros de una sociedad y tratar de satisfacerlos de la mejor manera posible. En este punto nos enfrentamos a lo que espera cada ciudadano de una democracia. Otra manera de plantear esta cuestión es preguntándonos, ¿dónde está la línea divisoria entre lo que debe resolver el estado a favor del ciudadano y lo que debe resolver el ciudadano por sí mismo a su favor? Este punto es crítico para definir no sólo el papel del gobierno en una democracia sino también para establecer las bases que garantizan las libertades individuales. Cuando muchos ciudadanos esperan que el estado intervenga más allá de cierto nivel de actividad y dejan de hacer uso pleno de sus libertades individuales en favor de sus intereses, comienzan a dar poderes al estado que pueden acabar limitando sus libertades individuales.

El Papel del Estado y los Bienes Públicos

Una línea divisoria entre el papel del estado y el de los ciudadanos, o sea el sector privado, que parece ser muy útil y práctico y ha servido para la organización de las democracias más prósperas y estables del mundo se basa en la distinción entre los bienes y servicios privados y los bienes y servicios públicos. Para simplificar los llamaremos bienes privados y bienes públicos. Los bienes privados son aquéllos que son consumidos por una persona y se puede excluir a otras personas de su consumo. Por ejemplo, cuando uno come una naranja, puede excluir a otros de la porción que come o cuando uno anda con un par de zapatos, los demás están excluidos del uso de ese par de zapatos mientras esté en los pies del primero. Los bienes públicos son aquellos que se consumen colectivamente y no pueden excluir a un grupo de consumidores. Por ejemplo, cuando hay un ambiente de seguridad en las calles, el consumo del “bien” seguridad pública es para todos aquéllos que están incluidos o protegidos por el sistema de manera simultánea. No puede haber seguridad para unos y para otros no dentro del mismo sistema. Lo mismo ocurre con el alumbrado público de las calles. Una vez que hay faroles que emiten luz, se benefician todos los que están a su alcance. Los bienes públicos son muchos y algunos ejemplos típicos son, además de los mencionados, la estabilidad de la moneda de un país, la disponibilidad de un buen sistema de administración de justicia que entre otras cosas garantice la seguridad de los contratos y los derechos de propiedad, las políticas económicas que ayuden al desarrollo económico facilitando la iniciativa privada, la existencia de leyes que refuercen ese propósito, la calidad del aire que respiramos, la limpieza de las ciudades, la belleza de los lugares que habitamos, la disponibilidad de servicios de emergencia, la convivencia con ciudadanos educados y saludables, la presencia de gobiernos honrados y competentes, la guardia de las fronteras, el cumplimiento de las leyes del tránsito, etc.

Todos los bienes, ya sean públicos o privados, tienen que ser producidos y para esto hay que invertir recursos. Los recursos que se aplican para producir los bienes privados se recuperan mediante su venta a los consumidores que los compran. Si los que los producen pueden beneficiarse de algún modo con la producción y la venta, generalmente obteniendo una ganancia, entonces habrá un incentivo para producir tales bienes. El bien público, por el contrario, no puede venderse de la misma manera, pues una vez que se produce cada consumidor lo disfruta sin pagar por él mismo y, por lo tanto, nadie tiene un incentivo para producir algo que no puede venderse. Sin embargo, los bienes públicos son necesarios para que una sociedad funcione y su producción es lo que justifica la existencia del estado. De esta manera podemos delimitar las funciones del estado y las del sector privado, haciendo que el estado se concentre en la producción o suministro, distribución y financiamiento de los bienes públicos y dejando al sector privado encargado de la producción de los bienes privados.

La gran ventaja de este arreglo es que el sector privado es generalmente más eficiente que el público en la producción de tales bienes por la sencilla razón de que tiene los incentivos para hacerlo. El sector público ya tiene bastante responsabilidad en sus funciones y la evidencia histórica demuestra que cuando se encarga también de la producción de los bienes privados lo hace con una ineficiencia inaceptable. Sin embargo, las organizaciones del estado, en manos del gobierno de turno, deberán tener poderes para recaudar los recursos necesarios para financiar la producción de los bienes públicos que la población desea. Pero ¿cuánto dinero puede el estado recaudar de los ciudadanos? ¿Qué bienes públicos deben ser producidos? ¿Cuánto debe gastar una sociedad en la administración de justicia? ¿Cuán grande deben ser sus fuerzas armadas? Todos estos son los grandes temas a debatirse en una democracia, de ahí la necesidad crítica ya apuntada de la libertad de información y expresión precisamente para que los ciudadanos puedan expresar sus preferencias y opiniones por los conductos adecuados y sin temor a ser reprimidos.

En los países latinoamericanos han predominado los gobiernos basados en estados organizados con amplios poderes, lo que ha incluido una fuerte intervención en las economías de los países correspondientes. Esto ha traído como consecuencia que las libertades individuales necesarias para llevar a cabo actividades económicas se han visto severamente restringidas y han provocado el pobre desempeño y hasta el estancamiento de muchas de las economías de la región. El estado es visto por muchos como la solución a todos los males de las naciones, existiendo un bajo nivel de confianza en la capacidad de las sociedades de desarrollar sus economías por medios privados. El estado ha estado reemplazando al sector privado en la producción de bienes y servicios privados y ha descuidado la producción de los bienes y servicios públicos.

Es importante señalar que cuando el estado comienza a intervenir en el sector privado, especialmente en forma de posesión de empresas productoras de bienes típicamente privados, comienza a tener poderes que pueden amenazar las libertades ciudadanas. Esto es más fácil verlo con un ejemplo extremo. Cuando el estado es el dueño de todas las empresas, en un país en donde no existe el sector privado, el gobierno se convierte en un monopolio (el único vendedor) y en un monopsonio (el único comprador). Como monopolio vende todos los bienes de consumo y por lo tanto puede fijar el precio que quiera y vender o no lo que sus burócratas decidan. Como monopsonio compra principalmente los servicios de los trabajadores, o sea, el gobierno es el único empleador y puede determinar arbitrariamente los salarios que paga y los niveles de empleo.

Muchos creen erróneamente que el estado es la solución final a todos los problemas económicos, políticos y sociales de las sociedades. Este tipo de pensamiento abunda en los países latinoamericanos. La realidad es que ninguna forma de organización del estado es perfecta, pero en una en que exista una clara división del trabajo entre el sector privado y el público tiende a ser más eficiente porque evita que todo el poder esté concentrado en unas pocas manos. La actividad productiva de bienes y servicios privados no debe estar monopolizada ni por el estado ni por empresas privadas. Por eso, uno de los papeles primordiales del estado y del gobierno en una democracia es asegurar que se cree un ambiente general favorable al desarrollo de todo tipo de empresa privada sobre una base competitiva, de manera que todos los ciudadanos tengan diversas oportunidades de ofrecer eficientemente sus talentos y lograr sus ambiciones con las actividades que ofrece la sociedad. El éxito de las democracias que han prosperado económicamente se ha debido precisamente a su habilidad para crear una forma de gobierno en que la libertad de los ciudadanos ha servido para canalizar sus objetivos individuales hacia el bienestar de todos.

Educación y Democracia

Si aceptamos que la capacidad de una sociedad de organizarse democráticamente requiere formas de comportamiento humano basadas en ciertos valores y atributos cognoscitivos, se desprende que la educación debe jugar un papel en el desarrollo de las democracias y en su mantenimiento, estabilidad y eficiencia. Pero, ¿cuáles son las actividades o instancias educativas que deben jugar un papel principal en este aspecto? En esta sección adoptamos una hipótesis de trabajo basada en el aforismo del educador cubano del Siglo XIX José de la Luz y Caballero que dijo que “la educación comienza en la cuna y termina en la tumba”. O sea, suponemos que el ciudadano es educable durante cualquier etapa de su vida aunque también debemos suponer que una buena parte de la educación más fácil y eficaz es la que se imparte a edades tempranas. Por otro lado es necesario tener en cuenta que cuando hablamos de educación no estamos limitándonos a la educación formal impartida en las escuelas. Las fuentes y las formas educativas de una sociedad son muchas pero hay tres que debemos destacar por su importancia, a saber: la familia, la escuela y la sociedad en su conjunto. Cada una de estas fuentes juega un papel crítico en la adquisición del conocimiento y los valores democráticos y su divulgación en la sociedad.

El famoso psicólogo estadounidense de la educación Benjamín Bloom decía que el cincuenta por ciento de lo que somos como personas a los dieciocho años se formó antes de comenzar en la escuela. Sin entrar en discusiones sobre la validez de esas proporciones o cómo las mismas pueden ser determinadas, la noción generalmente aceptada es que cuando los niños comienzan en el sistema escolar ya han alcanzado un cierto grado de formación. El conocido investigador norteamericano James Coleman, especializado en la sociología de la educación determinó en su evaluación sobre las oportunidades educativas que los niños llegan a las escuelas con habilidades verbales bien establecidas. El trabajo de estos investigadores indica claramente que tales efectos educativos tienen lugar generalmente en el seno de la familia. Este fenómeno es lo que algunos autores franceses han dado en llamar la familia educogénica, o sea, la familia generadora de educación. Es bien sabido que efectivamente, desde una edad temprana los niños comienzan su aprendizaje guiados generalmente por sus padres y por las otras personas que lo rodean y que el nivel educativo de esas personas puede tener una influencia significativa en la educación preescolar y posterior de los niños. Esto vale tanto para el llamado dominio cognoscitivo o la adquisición de conocimiento y capacidades intelectuales como con el conocido dominio no-cognoscitivo o afectivo y que es el que cubre los valores que las personas adquieren.

El sistema escolar, principalmente por medio de los maestros y de su aplicación de la pedagogía continúa de manera más sistemática y estructurada con la educación de la familia, aunque esta última continua ejerciendo su influencia. De este modo la escuela puede reforzar o no la educación de la familia, mientras que la familia puede hacerlo también con la educación que se intenta impartir en la escuela. La eficacia del sistema escolar en educar a los estudiantes depende de muchos factores, en especial del nivel de educación de los maestros, de su grado de dedicación a la enseñanza, de su capacidad para estimular la motivación hacia el aprendizaje de los alumnos, de los contenidos curriculares o programas de estudio, de la disponibilidad de materiales de estudio como libros de texto, del ambiente general de la escuela y del grado de cooperación o apoyo que reciba el maestro por parte de la familia motivando a los estudiantes.

La tercera fuente educativa de toda sociedad puede ser definida por exclusión, o sea, todo lo que educa desde afuera de la familia y de la escuela, esto es, las relaciones de los alumnos en otros ambientes de socialización, los medios de publicidad y entretenimiento y los valores, experiencias y conocimiento que emanan de todas las demás actividades de la sociedad como las religiosas, culturales, deportivas, etc.

Si aceptamos que la factibilidad y la estabilidad de una democracia depende de que una masa crítica de ciudadanos esté a favor de la organización democrática de la sociedad en que viven, es razonable suponer que esa preferencia proviene de una cierta cantidad de conocimiento así como de valores adquiridos ambos en las diversas fuentes de educación. En todos estos medios de educación, las ideas democráticas pueden ser fortalecidas o debilitadas, dependiendo de cada caso y de cada momento. En muchos países donde existe una democracia es frecuente tomarla por sentado sin que haya un esfuerzo consciente para monitorear cómo los ciudadanos se educan para la misma, comprenden sus ventajas y saben cómo deben aprovecharlas. En los países donde la democracia ha existido por muchos años, muchos ciudadanos han nacido en ella y tienden a darla por sentado, sin tener una comprensión cabal de cuáles son los factores que determinan su estabilidad. En algunos de estos países, las estructuras democráticas pueden ser débiles y serían susceptibles de ser fortalecidas por medio de un esfuerzo educativo no sólo dirigido a los jóvenes sino también a los adultos.

De la Dictadura a la Democracia

No quiero concluir esta discusión sin mencionar la factibilidad de una democracia y su relación con la economía partiendo de un régimen totalitario, caracterizado por un mínimo de libertades individuales y un sistema económico que es usado para restringir esas libertades. Este ha sido el caso de los países que han caído bajo las diversas formas de socialismo que azotó a la difunta Unión Soviética, a los países de Europa Central y Oriental y a China y que todavía azota a países como Cuba y Corea del Norte y amenaza a Venezuela, Bolivia y Ecuador entre otros. En estos países, la falta de libertades mínimas encima de la represión de toda actividad no sancionada por el gobierno hace prácticamente imposible que los ciudadanos se organicen para promover una democracia. En tales casos, parece que las dos únicas vías de desarrollo democrático son una guerra, como fue la conversión democrática de la Alemania nazi y el Japón militarista, o la desaparición repentina y debilitamiento ulterior del equipo gobernante, como sucedió en la Unión Soviética. Sin embargo, en este último caso se puede notar cuan difícil es el desarrollo de una democracia plena cuando la ciudadanía todavía no sabe hacer uso de las libertades que tiene, valorar la democracia y organizarse para promoverla.

Es importante tener en cuenta que el valor de una democracia no es obvio para los que han vivido con muy pocas libertades por muchos años. Por otro lado es también importante señalar que las ventajas económicas de las libertades individuales que operan por medio de una democracia no se materializan tan rápidamente como se puede organizar un gobierno democrático. La economía siempre requiere algún tiempo para desarrollarse y mostrar sus resultados.

La amarga experiencia de las víctimas del totalitarismo nos enseña, en primer lugar, que hay que evitar que las sociedades caigan en esa trampa desarrollando la conciencia ciudadana y su educación. En segundo lugar, que la promoción de la democracia en esas sociedades tiene que hacerse desde afuera del sistema y ser apoyada de alguna manera tan pronto surjan los primeros intentos de promoverla internamente. Los regímenes totalitarios dedican una gran cantidad de recursos y una atención sistemática e intensa a la educación de sus ciudadanos en forma de propaganda, adoctrinamiento y control absoluto de las fuentes de información. Los que favorecemos la democracia y las libertades del individuo debemos prestar un nivel de dedicación similar a la defensa de nuestros valores y enfatizar que los mismos tengan un carácter práctico, no idílico o abstracto, y que actúen en favor de la felicidad de los seres humanos por medio del desarrollo de sus economías y sus sistemas de gobierno.

En este aspecto es necesario abrir tantos medios de comunicación e intercambio como sea posible con los ciudadanos de tales países y mantenerlos abiertos indefinidamente. El aislamiento de los ciudadanos, incluso de los propios miembros de la oligarquía gobernante es el método más eficaz de mantener un régimen de falta de libertad. Todos los medios disponibles deben ser utilizados, desde la radio y la televisión, la Internet, el correo, las visitas al país en cuestión, las visitas de los funcionarios fuera del país, etc., para enviar y plantar el mensaje democrático. En su forma extrema, la falta de libertad llega a l totalitarismo, pero el mismo es una forma contra natura de la organización social. El ser humano nace luchando por su libertad desde los primeros momentos de su existencia, lo cual podemos observarlo en el comportamiento de los niños. La libertad individual es una condición natural de los animales en su lucha por adaptarse y sobrevivir en su medio ambiente. El desafío es que pueda organizarse colectivamente para vivir en libertad. La democracia es la forma organizada y civilizada de ser libre.