EL DISCRETO PACTO ROTO

Villa Clara, octubre 9 de 2008, (SDP) A veces, un programa televisivo logra contrariar a todo un pueblo. Precisamente eso fue lo que ocurrió con el programa Mesa Redonda, del pasado 25 de septiembre del 2008. El título del tema tratado lo dice todo por si mismo: “La Fiscalía: el control y preservación de la legalidad socialista”.

Ante las cámaras de televisión apareció un personaje aborrecido por todos los cubanos, el señor Juan Escalona Reguera, Fiscal General de la República, quien hace 19 años fue el verdugo con tintes de legalidad usado para ejecutar al mítico General de División y Héroe de la República de Cuba, Arnaldo Ochoa Sánchez.

Estuvieron con el máximo jefe de la Fiscalía General de la República, institución que según rezan las leyes de Cuba, debe velar por el cumplimiento de la legalidad, el Vicefiscal Primero Rafael Pino Bécquer junto a las también fiscales Yamila Peña Ojeda, Hortensia Bonachea Rodríguez e Idania Silot Navarro.

Los nacionales se disgustaron por los abiertos objetivos del programa informativo, que no fueron otros que lograr la intimidación de la ciudadanía. La cólera se apoderó de las almas y sentidos de los cubanos porque se les dijo que las leyes serían aplicadas con mayor severidad aún.

Pero esta bravata, tirada al vuelo por el grupo de procuradores fidelistas en medio de una aguda crisis económica, material y de credibilidad del sistema político, ha sido una auténtica bomba nuclear para los que por trabajar con el estado, pueden robar recursos e insertarlos en el mercado negro.

Esos que fingen creer ser los dueños de las fábricas y centros de servicios, como divulga el Marxismo-Leninismo, ahora son amedrentados con ser sancionados para que paren los desfalcos a su cargo y riesgo. No reparan en que si estos dejan de robar, los familiares bajo su responsabilidad pudieran caer en la indigencia y el hambre.

El acuerdo nunca firmado y mucho menos divulgado, entre una inmensa parte de la población de la isla y sus autocráticos dirigentes, un pacto social entre gobernados y gobernantes, quedó fracturado, tras la sui generis comparecencia de estos veladores de la justicia en la Cuba contemporánea.

Todos los que viven dentro del archipiélago cubano saben que los salarios pagados por el gobierno son insuficientes. Por eso, ya no protestan a sotto voce, ni mucho menos reclaman. Pero como compensación piden que el estado se haga de la vista gorda y les permita sustraer materias primas en sus centros laborales.

La inquietud tensiona a todos los residentes en la isla. Un par de fenómenos naturales han empujado a la economía doméstica a un hueco sin fondo. Las ayudas aceptadas por el gobierno de otros países considerados amigos de la Revolución, incluida la Venezuela de Chávez, hasta este momento son simbólicas.

Las pérdidas provocadas al país por los huracanes Gustav e Ike fueron estimadas como cuantiosas. El informe oficial publicado por el periódico oficialista Granma, las sitúa en 5000 millones de dólares, mientras que economistas internacionales consideran que los daños ascienden a unos 8000 millones de dólares.

Esa crisis económica de 18 largos y sufridos años, eufemísticamente denominada Periodo Especial en Tiempos de Paz, está de regreso entre los cubanos de a pie. Como en los peores años de la década de los 90 del pasado siglo XX. Sin soluciones plausibles hasta el momento y con una peligrosa inercia gubernamental.

Observadores y protagonistas de la realidad cubana están alertas. Los síntomas de ingobernabilidad y contrariedad se palpan entre los más desfavorecidos. Hasta militantes comunistas critican al gobierno. Una explosión de los gobernados puede ocurrir, porque dejó de funcionar, se rompió, el discreto pacto social.
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