BARACUTEY CUBANO

Por Pedro Corzo

La toma del poder político por parte de los militares no es una novedad en el hemisferio. Ejemplos lamentablemente sobran y sin temor podemos decir que no hay país en el continente que en uno o varios periodos de su historia no haya padecido la voluntad cuartelaria de un general transformado en presidente, sin el apoyo del pueblo que dice representar.

No obstante todo parece indicar, a pesar del reciente golpe militar que tuvo lugar en Honduras, que en el siglo XXI los cuarteles han dejado esa triste historia atrás, y que han asumido la conciencia de que sus deberes están limitados a lo que las constituciones y los políticos electos determinen. Mas aun, ya a finales de la última década del pasado centenio fueron pocos los golpes de estado y sin dudas el más recordado, a pesar de que fracasó estruendosamente, fue el que personificó Hugo Chávez en Venezuela. Promotor en la actualidad de otro tipo de estrategia, que aunque no usa a los militares como escudo, no deja de ser una estrategia antidemocrática.

Otro ejemplo que también tiene como escenario a Venezuela y que tal vez fue el primer reflejo del cambio de mentalidad entre los militares, fue el golpe de estado contra el presidente Chávez en abril del 2002. Los militares ante la orden de Chávez de sacar los tanques a la calle para aplastar la masiva protesta popular contra su gobierno, demandaron la renuncia del mandatario, quien nada perezoso y mas preocupado por su vida que por la dignidad de su cargo, presentó la renuncia, la que hizo conocer con extrema rapidez su ministro de Defensa de entonces, el general Lucas Rincón.

Lo peculiar es que los generales y almirantes venezolanos, 2002, no buscaron el gobierno como habían hecho unos años antes sus pares de Argentina, Brasil y Chile. Se estableció un gobierno civil, que aunque efímero, no fue militar. Después se produjo un contragolpe en el que de nuevo los militares tuvieron un papel trascendental, pero en esa ocasión para restituir al presidente Chávez.

Todas estas situaciones complejas, contradictorias y novedosas, han conducido a muchos analistas a considerar que Venezuela se ha convertido en una especie de laboratorio político que crea un virus específico para el tipo de desestabilización que demande cada país. Una estrategia de la subversión en la que es vital la generación del caos social, la provocación de la violencia oficial y por supuesto la cooperación de los gobierno y fuerzas políticas internacionales que formen parte del denominado proyecto del socialismo del siglo XXI.

Es interesante destacar que Venezuela que en su momento estuvo a la vanguardia de la independencia americana gracias al liderazgo de Simón Bolívar, está otra vez a la delantera en un peligroso debate entre conceptos ideológicos y políticos excluyentes, que al parecer van a ocupar las posiciones más preeminentes en la política continental en los próximos años.

Otro ejemplo del aparente cambio de mentalidad de los militares que también tuvo lugar en Venezuela, fue que el sector castrenses venezolanos que se oponía a Chávez no intentó un golpe militar cuándo el gobernante traicionó el compromiso de respetar las diferencias políticas a su retorno al Palacio de Miraflores, pocas horas después de su derrocamiento.

En noviembre del 2002, en un hecho sin precedentes que muchos dirigentes cívicos son incapaces de tener, una amplia representación de los institutos armados venezolanos se congregó por mas de un mes en la Plaza de Altamira, Caracas, para reclamar sus derechos y los del pueblo que habían jurado defender.

Si Venezuela ha sido el país donde se han instrumentado con éxito las formulas para imponer un despotismo que pasa por elecciones, pero que no por eso es democrático - Bolivia, Ecuador y Nicaragua- quizás la clase dirigente de Honduras decidió instrumentar por si misma un antídoto de shock, que a pesar de sus graves repercusiones secundarias, consideran mejor que la enfermedad mortal de la democracia que significa el modelo chavista.

El presidente Manuel Zelaya estaba en la ruta del chavismo. Control de los poderes del estado. Descrédito y exterminio de la oposición. Liquidación de la libertad de prensa. Supresión de las organizaciones de la sociedad civil que le confronten. Polarización de la nación. Un discurso de odio y revancha que lleva a la intimidación de la ciudadanía por una minoría militante que solo tiene como divisa el odio y la revancha. Reforma constitucional. Reelección indefinida. Cese de la propiedad privada, salvo aquella que se coluda con los intereses que representa el poder político.

Que Manuel Zelaya no era un monje carmelita es más que evidente. Preparo una consulta electoral que le daba la posibilidad de argumentar a favor de la reelección presidencial y cuando el Ejército declaró que no favorecía esa comisión depuso a su comandante, lo que demuestra que demandaba en su gestión no el respeto a la Constitución de la Republica, sino incondicionalidad a su mandato.

En otros tiempos el general Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto, hubiera organizado un golpe militar contra el Presidente Constitucional, sin embargo en esta ocasión no fue así. Se dice que los militares depusieron a Manuel Zelaya por mandato de la Corte Suprema de Justicia, con el respaldo casi absoluto de la mayoría de la Asamblea Legislativa y con la aprobación de todas las fuerzas políticas del país, incluyendo el partido del presidente.

Lo ocurrido en Honduras pudo haber sido más aséptico. El Poder Judicial y el Congreso pudieron haber dictado una destitución del mandatario siguiendo los mecanismos legales, y de no existir estos, una actitud refrendada por dos de los tres poderes del estado, habría tenido una fuerza moral, si se tienen en cuenta los antecedentes de Zelaya, una fuerza moral incontrastable. Pero no fue así, los acontecimientos tienen una dinámica propia que a veces supera la voluntad de sus actores.

En fin, con las variantes que cada uno apreciemos y en base a los criterios y opiniones políticas que defendamos, se ha producido un evento singular: El populismo chavista ha confrontado con la asociación de instituciones gubernamentales y privadas que rechazan ese proyecto. Hay que impugnar los golpes militares, sin ser miope, pero no sin antes entender que el Socialismo del Siglo XXI promueve una legalidad que se ajusta perfectamente a la unanimidad soviética, los cristales rotos hitlerianos y la censura, represión y campos de concentración de Cuba.
Fonte: PenhadeCuba

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