BARACUTEY CUBANO

Tomado de http://www.diariodecuba.com/
 

Sin pausa, pero con prisa

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La nueva ley de inversiones, ¿va a dejar fuera a los cubanos residentes en el extranjero? ¿Y contempla a los residentes en la Isla?
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Por Dimas Castellanos
La Habana
2 Abr 2014

Con el tiempo en contra, a los múltiples fracasos por recuperar la economía nacional se han unido la inminente pérdida de las subvenciones de Venezuela y la escasa disposición del capital extranjero para invertir en la Isla. La conjunción de esos hechos ha obligado al Gobierno a la introducción de nuevos cambios y a sustituir —sin declararlo— el contraproducente lema "Sin prisa pero sin pausa" por el contrario: "Con prisa y sin pausa".

Como el marco legal para la inversión en Cuba es atípico para empresas que operan con economías de mercado, ante el  nulo efecto que tuvo el Decreto Ley de septiembre de 2013 (mediante el cual se aprobó la Zona Especial de Desarrollo Mariel con el objetivo de atraer la inversión foránea), la necesidad de hacer evidente la disposición al cambio ha conducido, con evidente prisa, a la sustitución de la Ley 77 de Inversiones Extranjeras de 1995 por otra más moderna, flexible y transparente. Una decisión que estaba pendiente desde el año 2012 y que, por tanto, debió tomarse antes de iniciarse la obra del puerto de Mariel y no ahora.

A partir de mediados del presente mes de marzo se efectuaron cinco reuniones regionales en las que participaron diputados de todas las provincias, especialistas, funcionarios de los gobiernos municipales y provinciales, representantes de las consultorías jurídicas internacionales y asesores de empresas. En una carrera maratónica entre el sábado 15 y el miércoles 19 del citado mes, en cada una de esas reuniones el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, explicó la política aprobada por el Consejo de Ministros para la redacción del Anteproyecto. A la vez, la prensa oficial dedicó grandes espacios a los reportes, comentarios y entrevistas relacionadas con el tema.

La nueva legislación, orientada  a la diversificación y ampliación de los mercados de exportación, la sustitución de importaciones, la modernización, la creación de infraestructuras y al cambio de patrones tecnológicos, reforzará las garantías a los inversionistas, permitirá el carácter prioritario de la inversión extranjera en casi todos los sectores de la economía, la creación de una carpeta de inversiones, la bonificaciones impositivas, excepciones totales en determinadas circunstancias y mayor flexibilidad en materia aduanal, sin que el país renuncie a su soberanía ni al socialismo. Es decir, sin "concesiones ni retrocesos".

A pesar de los aspectos positivos, todo indica que las autoridades cubanas, atadas a la mentalidad que predominó durante el último medio siglo, han determinado que el Anteproyecto en "discusión" emerja preñado de limitaciones y contradicciones.

Entre muchas de las limitaciones, uno de los problemas consiste en definir si se brinda o no participación a los cubanos residentes en el exterior; un derecho que nunca se debió prohibir y que resulta una justa reivindicación. Una segunda parte de este problema consiste en si ese derecho se hará extensible a los cubanos residentes en el país. Pues si injusta e injustificada resulta la exclusión de los cubanos como ha ocurrido hasta ahora, sería absurdo y contradictorio que se acepte a los que residen fuera de la Isla y se mantenga en exclusión a los de adentro.

Muchos indicios conducen a pensar que ocurrirá esto último. Es decir, que la Ley conservará el excluyente apellido de "Extranjera" para las inversiones, con la inclusión de los cubanos residentes en el exterior. De ser así, su título pudiera ser "Ley de Inversiones para todos, menos para los cubanos que no optaron por irse del país".

De ocurrir así, lo anterior convertiría a la nueva Ley en una inaceptable violación de la Constitución vigente, la que en su artículo 14 reza: "la economía se basa en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción". Es decir, ese pueblo, supuesto propietario, queda excluido por razones de ubicación geográfica del derecho de participar en el proceso inversionista de su país, algo ajeno al derecho, a la cultura occidental de la cual somos parte y contrario a la dignidad humana.

Además, se trataría de una decisión sin previa consulta al supuesto dueño, al soberano, para conocer si está dispuesto a renunciar a ese derecho constitucional y limitarse a servir como mano de obra.

Según el enciclopedista francés Juan Jacobo Rousseau, la soberanía es el ejercicio de la voluntad general, un poder que se ejerce en nombre del pueblo, pero en Cuba, a ese soberano, previamente limitado a realizar por cuenta propia un listado de actividades casi todas de servicio (carpintero, forrador de botones, desmochador de cocos, carretilleros o vendedores de dulces), se les impide participar como empresarios en pequeñas y medianas empresas.

Como puede verse, la nueva ley corrige algunos de los absurdos que han espantado a los inversionistas del suelo cubano, pero a la vez, presenta nuevas contradicciones que lastrarán sus posibles resultados. Si se aprueba en la forma reseñada, la misma será, una vez más, la negación del concepto martiano que falsamente enarbola el Gobierno, pues para Martí el concepto de República era estado de igualdad de derecho de todo el que haya nacido en Cuba.

En la realidad, Cuba es el único país de la región donde sus habitantes carecen de un derecho tan elemental como el de participar, en calidad de sujeto en las actividades económicas de su país, a pesar de contar con sobradas iniciativas y formación profesional. Ojalá que, sin pausa, pero con suficiente prisa, se rectifique una arbitrariedad que conduciría a nuevos fracasos, ahora que el tiempo para los cambios está agotado y el contexto nacional e internacional les son adversos.