BARACUTEY CUBANO

Tomado de http://www.nuevoaccion.com

CINCO PASOS PARA RESOLVER LA CRISIS FRONTERIZA

Por Dr. James Carafano-Heritage-Libertad

July 22, 2014

Dejar a un lado la política es fundamental para poder estabilizar la frontera de Estados Unidos con México, pues hay importantes intereses nacionales en juego.

Además de las preocupaciones relativas a la seguridad, la salud pública y la soberanía, la perturbación ocasionada por los flujos de la inmigración ilegal en la frontera distrae el uso de recursos que deberían centrar su atención en el evidente peligro que en este momento suponen los cárteles internacionales del crimen y las bandas cuyos tentáculos llegan desde lo más profundo de Latinoamérica hasta las ciudades del corazón de Estados Unidos.

Además, una frontera con un funcionamiento adecuado es un motor económico que crea prosperidad al fomentar el libre tránsito de bienes y servicios. Las consecuencias negativas de un caos fronterizo deberían ser de máxima preocupación para Washington. Por ello, llevar la estabilidad a la frontera debería ser su principal labor. Pero eso no se puede lograr simplemente jugando a la política para intentar sacar provecho. La resolución del problema tiene que empezar por abordar el problema mismo, no empeorarlo, así como actuar en el orden correcto.

Paso 1. La Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) se debe derogar. El plan de actuación de 2012 del presidente para una Acción Diferida para Llegados en la Infancia, con independencia de cuáles fueran las intenciones del Despacho Oval, establece un precedente que fomenta una mayor inmigración ilegal, especialmente en el caso de los menores. Deja a quienes participan en el programa atrapados en la incertidumbre en lo que se refiere a su estatus futuro. No resuelve nada, hace que el problema se agrande y es un obstáculo para el establecimiento de una política de inmigración justa, coherente y sostenible Eliminar la DACA, por otro lado, enviaría una señal firme e inequívoca de que no hay ningún beneficio en correr hacia Estados Unidos para saltarse los pasos legales y recibir así una autorización para permanecer en el país.

Paso 2. Resistirse al deseo de echarle más dinero al problema. Abordar el reto de la frontera mediante asignaciones presupuestarias de urgencia es inadecuado. La Casa Blanca solicitó más de $4,000 millones de dólares para gastos de emergencia, pero la mayoría de los fondos solicitados harán muy poco por estabilizar la frontera. Además, exacerba la predilección de Washington por la falta de disciplina fiscal. La Ley de Control Presupuestario, “en una iniciativa por impedir que la administración y el Congreso se aprovechen de una vía de escape diseñada para verdaderas emergencias y así incrementar innecesariamente el gasto, estableció criterios para identificar las emergencias”, indicaron los analistas de la Fundación Heritage. Y el problema del presidente con la frontera no cumple con esos criterios.

Paso 3. Trabajar dentro del presupuesto y el proceso de asignaciones presupuestarias existentes. El Congreso y la administración deben en primer lugar colaborar para redistribuir los fondos apropiados con el objetivo de satisfacer las necesidades fundamentales a corto plazo. Luego, deben trabajar de manera prudente para ofrecer soluciones eficaces y sostenibles que se puedan financiar mediante el proceso de asignaciones presupuestarias regular.

Paso 4. Facilitar los traslados acelerados. Estados Unidos tiene mucha experiencia con los traslados acelerados de menores, siempre realizados de manera que les garanticen un trato seguro y humano. La ley de 2008, que se cita a menudo por restringir los traslados acelerados de menores, se pensó para combatir el tráfico de seres humanos. Esta ley jamás previó unos flujos de la escala que actualmente se están experimentando en la frontera sur. Además, aunque con la ley actual el presidente tiene autoridad para facilitar el traslado acelerado de menores, la administración parece reacia a hacer un uso completo de dicha autoridad. El Congreso podría enviar a la Casa Blanca una firme señal de respaldo a los traslados acelerados, realizados de un modo sensato y seguro, si revisase la ley de 2008. Y lo que es más importante, el gobierno debería fomentar de manera enérgica la consecución de acuerdos con otros países para el retorno acelerado de sus ciudadanos, así como una mayor cooperación con México para combatir las vías de emigración ilegal desde Latinoamérica hacia Estados Unidos.

Paso 5. Utilizar las herramientas a nuestro alcance. Abordar muchos de los desafíos que supone estabilizar la frontera es algo que se puede llevar a cabo mediante la legislación existente y con los recursos que el presidente tiene en su mano. Por ejemplo, el presidente tiene la autoridad de poder desplegar las fuerzas armadas, en particular la Guardia Nacional, a lo largo de la frontera para que éstas ofrezcan su ayuda y respaldo.

Tan importante como abordar la situación actual es pensar en hacia dónde se dirige la nación. Los principales temas, es decir, el arreglo de nuestras fronteras deshechas y nuestro fallido sistema de inmigración no requiere el impacto de un proyecto de ley integral que causaría más perjuicios que beneficios. Hay alternativas prácticas, efectivas, justas y compasivas que Washington simplemente no ha intentado. Si el presidente y el Senado estuvieran dispuestos a abandonar su exigencia de una amnistía, Washington podría adoptar una hoja de ruta para solucionar este problema que realmente abordase los asuntos clave.

En lugar de aceptar el planteamiento típico de la política de simplemente hacer “algo” para poder decir que se ha abordado una crisis, el Congreso y la administración deberían adoptar un enfoque disciplinado y no partidista que ofreciese algo más que un remedio simplón para este problema y argumentos para futuros discursos de campaña.
***********omado de http://www.nuevoaccion.com/articulos/masiva-inmigracion-centroamericana-por-que-ahora/

MASIVA INMIGRACIÓN CENTROAMERICANA: ¿POR QUÉ AHORA?


Por Ana Quintana- Heritage Libertad
July 21, 2014


El enorme flujo de inmigrantes ilegales procedentes de Centroamérica tiene a todos los responsables políticos a la búsqueda de una solución rápida. Aunque la inadecuada seguridad en la frontera y las erróneas percepciones sobre la legislación migratoria de Estados Unidos han ayudado sin duda a alimentar el problema, éstas son sólo parte de la ecuación. Para entender completamente la cuestión se requiere una mirada orientada más al sur.

Los mexicanos ya no constituyen la mayoría de los inmigrantes ilegales que se encuentran en Estados Unidos. En la actualidad, se estima que sólo suman alrededor del 25% de quienes cruzan la frontera. Es evidente que el crecimiento económico de México, junto con una mejora de la seguridad, ha rebajado los incentivos para emigrar. Pero no se puede decir lo mismo de los países del triángulo norte de Centroamérica.

Situados justo al sur de México, Guatemala, El Salvador y Honduras están atrapados en el punto de mira de las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas y de las bandas violentas de la región que las respaldan. El hundimiento de los cárteles colombianos y el subsiguiente crecimiento de sus homólogos mexicanos llevaron las rutas del tráfico de drogas hacia el istmo. Y con ellas llegaron la violencia y la criminalidad asociadas a estas organizaciones.

En Guatemala, la impunidad es total. El Salvador sigue siendo el hogar de las bandas callejeras más violentas de la región, la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 (M-18). Honduras conserva el dudoso honor de ser la capital mundial del asesinato, con un promedio anual de 91 asesinatos por cada 100,000 ciudadanos. Su ciudad más peligrosa, San Pedro Sula, promedio 169 homicidios por cada 100,000 habitantes. Como comparación, la ratio de asesinatos de Estados Unidos es de 5 por cada 100,000 habitantes, y en Chicago, nuestra ciudad más peligrosa, el promedio es de 15.

La Casa Blanca cita estas estadísticas para explicar la creciente crisis en nuestra frontera. Sin embargo, la administración omite mencionar su complicidad involuntaria. Al ignorar a nuestros socios tradicionales y lanzarse a los brazos de enemigos emergentes, la administración ha dejado en el limbo a la totalidad de la región centroamericana.

Piense en la respuesta de la administración Obama a la crisis institucional de 2009 en Honduras. Durante meses, trató de restituir a Manuel Zelaya, el presidente de Honduras legalmente depuesto, un hombre que había infringido de manera flagrante la Constitución de su país.

En vez de respaldar las ambiciones democráticas de un socio tradicional, la administración respondió declarando como golpe militar una destitución legal. Suspendió la ayuda básica y las operaciones militares conjuntas, gran parte de ellas en forma ayuda antinarcóticos. Como consecuencia, la costa caribeña del país cayó rápidamente en manos de los traficantes de drogas.

Como era predecible, los índices de homicidios se dispararon. Honduras es ahora el punto de parada para cerca del 80% de los vuelos relacionados con la droga que parten hacia el norte. Y desgraciadamente, siguen en vigor las importantes restricciones sobre la ayuda de Estados Unidos en temas de seguridad.

En cambio, la administración continúa coqueteando con líderes que socavan los intereses americanos. Siguiendo los pasos de Hugo Chávez, el difunto hombre fuerte de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia han clausurado sus iniciativas antinarcóticos, han expulsado a los diplomáticos de Estados Unidos y han obstaculizado las relaciones comerciales. Precisamente este año, Ecuador expulsó súbitamente a todo el personal militar de Estados Unidos y puso fin de manera prematura a los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Antes de eso, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, cerró el acceso a la base militar de Manta. Como resultado de ello, las operaciones de vigilancia sobre la Cordillera de Los Andes, el punto de origen exclusivo de la coca, no se han vuelto a retomar. Y sin embargo, la administración Obama continúa llevando a cabo inútiles intentos de amistad.

La crisis humanitaria y de seguridad en la frontera suroeste debería suponer una advertencia para el Congreso. Los legisladores tienen que reconocer que garantizar la seguridad en esta región es fundamental para proteger los intereses de Estados Unidos.

Se debe ampliar la cooperación en temas de seguridad con los países de este triángulo norte. La Iniciativa de Seguridad Regional de América Central (CARSI) se concibió como un complemento de la Iniciativa Mérida mexicana. Pero las iniciativas posteriores han demostrado ser insuficientes. Igualmente, se deben levantar las pesadas restricciones impuestas a la cooperación. Desde el ejercicio fiscal de 2012, el Congreso ha retenido al menos el 20% de la financiación prometida para la cooperación en temas de seguridad. En el ejercicio fiscal de 2014, se incrementó hasta el 35%. Estas mismas prohibiciones limitan la capacidad de Washington de ayudar a que Guatemala asegure su permeable frontera con México, de casi mil kilómetros de longitud.

Cuando el Congreso delibere sobre cómo abordar la crisis en nuestra frontera, tendrá que hacer algo más que asegurarla y arreglar un sistema de inmigración deshecho. Los legisladores deben reconsiderar también si las restricciones sobre la financiación benefician a los intereses nacionales de Estados Unidos. Si la situación de la seguridad en estos países se continúa deteriorando, los incentivos para huir hacia Estados Unidos no harán sino crecer.
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El Embajador Armando Valladares  habla  sin tapujos las verdades  sobre la crisis migratoria de los niños y adolescentes en la frontera entre EE.UU. y México.

Las verdades  que no quieren decir grandes televisoras y estaciones radiales hispanas  de los EE.UU.

 ¿El relevante periodista mexicano Jorge Ramos podría  invitarlo a su programa televisivo de los domingos en Univisión?