BARACUTEY CUBANO

Published on Aug 23, 2017
Fiscal venezolana destituida, Ortega Díaz en cumbre de fiscales de Mercosur: Tengo pruebas que comprometen a Maduro y Cabello con caso Odebrecht

Fiscal venezolana destituida, Ortega Díaz en cumbre de fiscales de Mercosur

La fiscal rebelde de Venezuela acusa a Maduro y su ‘número dos’ de cobrar sobornos millonarios

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Luisa Ortega anuncia que entregará las pruebas a las justicias de España, Brasil, Colombia y Estados Unidos
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Por  Afonso Benites
Brasilia
23 AGO 2017

La fiscal rebelde de Venezuela, Luisa Ortega, ha anunciado que dispone de documentos para probar que el presidente de su país, Nicolás Maduro, y el número dos del régimen, Diosdado Cabello, se han enriquecido con sobornos millonarios a través de empresas fantasma inscritas en el extranjero. En el caso de Cabello, la antigua fiscal chavista ha concretado que está en disposición de probar que recibió 100 millones de dólares por medio de una compañía que dos familiares suyos constituyeron en España.

Luisa Ortega ha hablado por primera vez desde su rocambolesca huida de Venezuela aprovechando su presencia en Brasilia, invitada para participar en una reunión de fiscales de los países del Mercosur. La fiscal rebelde ha explicado que fue perseguida por el régimen debido a que en sus investigaciones halló pruebas que implican en la corrupción a las más altas instancias del Gobierno de Caracas. Ha asegurado que tiene documentación para probar sus acusaciones y que la entregará a las justicias de España, Estados Unidos, Colombia y Brasil.

( La fiscal Luisa Ortega, este miércoles en Brasilia EVARISTO SA AFP)

En el caso de Maduro, Ortega ha señalado que ha utilizado como tapadera una empresa creada en México por testaferros suyos. Más específica ha sido respecto a los manejos de Diosdado Cabello. Ha dado el nombre de una empresa domiciliada en España, TSE Arietis, a nombre de dos primos del jerararca del régimen venezolano, Jerson Jesus Campos Cabello y Luis Alfredo Campos Cabello. Según la fiscal, esa firma, "una máquina de corrupción", fue utilizada para cobrar 100 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, que ha reconocido que desde hace años pagó sobornos a políticos de los principales países de América Latina.

Ortega ha denunciado el saqueo total de su casa de Caracas, una vez abandonó el país, supuestamente en busca de documentación comprometedora. "En Venezuela hemos asistido a la muerte del derecho", ha señalado la fiscal destituida. "Y el problema es que esa inestabilidad se puede permear a toda la región". "Todo lo que ha ocurrido conmigo", ha insistido, "ha sido por investigar la corrupción".

Luisa Ortega llegó a Brasilia en la noche del martes, procedente de Bogotá, después de que su colega brasileño, Rodrigo Janot, la invitase, en un gesto de solidaridad con su situación, a participar en una reunión de fiscales de los países del Mercosur. Ortega se refugió en Colombia, país al que llegó después de huir, junto a su esposo, del acoso del Gobierno de Nicolás Maduro, que utilizó la nueva Asamblea Constituyente para destituirla del cargo. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ya se ofreció a acoger a la pareja como asilados políticos. Ortega ha explicado que de momento solo ha recibido esa oferta de Colombia y que la estudiará, aunque también ha dejado la puerta abierta a ser acogida en otros países que pudieran mostrarse dispuestos a facilitarle su residencia allí.

El Gobierno brasileño informó de que la iniciativa de invitar a Ortega partió únicamente del fiscal Janot y que el Ejecutivo se limitó a cumplir los trámites habituales para autorizar la entrada al país de un ciudadano extranjero. Pese a eso, el viaje irritó a Maduro, que cargó contra el "Gobierno golpista" de Brasil y amenazó con pedir a la Interpol la detención de Ortega en ese país. Con todo, Ortega va a ser recibida por el ministro de Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes. Permanecerá en el país hasta el viernes.

El fiscal Janot presentó a Ortega ante sus colegas de los países del Mercosur y criticó con extraordinaria dureza al régimen de Maduro, que calificó de "poder político dictatorial". Para el fiscal brasileño, el acoso sufrido por la venezolana ha constituido una auténtica "violación institucional".