lunes, junio 22, 2020

Susana Gaviña del diario ABC de España: La Unión Europea deja de considerar a Cuba una «democracia de partido único» y endurece su valoración sobre las restricciones y abusos que se continúan ejerciendo en Cuba



La Unión Europea deja de considerar a Cuba una «democracia de partido único»

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ONGs acogen positivamente el último informe sobre los DDHH en la isla, en el que la UE endurece su valoración sobre las restricciones y abusos que continúa ejerciendo el Gobierno de Díaz-Canel sobre los cubanos
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Por Susana Gaviña
España
22/06/2020

En el último informe sobre los Derechos Humanos en Cuba, la Unión Europea  se ha mostrado más crítica con el Gobierno de Miguel Díaz-Canel que en ocasiones anteriores. A la denuncia de las restricciones a la libertad de expresión y de asociación, las detenciones arbitrarias y el aumento del número de presos de conciencia, se suma su endurecimiento de postura hacia la nueva Constitución, respecto al informe de 2018. Si bien entonces tan solo se trataba de un proyecto, que no sería aprobado hasta febrero de 2019 a través de un referéndum bastante cuestionable, la UE se mostraba tibia sobre «ciertas limitaciones al sistema político presidencial». Y aceptaba como buena la versión de que el borrador constitucional había sido sometido «a un amplio proceso de consultas con la posibilidad para la ciudadanía cubana de proponer cambios». Algo muy lejos de la realidad.

Un año después, y en referencia al referéndum en el que fue aprobada la nueva Carta Magna, la UE certifica que los defensores de un «no voto» o abstención fueron «excluidos del debate público o de los medios oficiales y desacreditados por el gobierno». Si bien reconoce que la nueva Constitución contiene algunos cambios notables, «incluidos los principios del hábeas corpus y la presunción de inocencia», matiza que «muchos de los cambios aún requieren una legislación secundaria». Y subraya que la nueva Constitución conserva «el actual sistema socialista de un solo partido», y describe el papel del Partido Comunista de Cuba (PCC) como «la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado». Es este punto el más ampliamente aplaudido por algunos organismos.


Esta afirmación, que difiere de las realizadas anteriormente por representantes de la UE, ha sido bien acogida por ONGs, como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. «En opinión de OCDH, el cambio no es solo de percepción, es de aptitud y es notable, porque hemos pasado de la “democracia de partido único”, como se llegó a plantear en tiempos de Federica Mogherini (Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad entre 2014 y 2019), al reconocimiento de restricciones de viaje, arrestos domiciliarios, represión contra líderes opositores entre otras violaciones de derechos humanos», explica a ABC, Alejandro González Raga, director del Observatorio. «El planteamiento sobre la nueva Constitución identifica al principal obstáculo para las transformaciones que necesita Cuba, el partido comunista», subraya.

En cuanto a la violación de , DD.HH., el último informe es bastante más concreto e incisivo sobre los abusos que sigue realizando el régimen cubano contra los que no se alinean con él. «En 2019, la libertad de expresión, asociación y reunión siguió estando sujeta a importantes restricciones, con informes de numerosas detenciones arbitrarias, así como con el encarcelamiento de varios presos de conciencia designados por Amnistía Internacional, incluido el destacado líder disidente José Daniel Ferrer», indica el informe de la UE. «Activistas políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes siguen enfrentando restricciones a viajar dentro del país y al exterior». Y añade que en los últimos meses, «ha habido una tendencia a poner a activistas políticos y defensores de derechos humanos bajo arresto domiciliario o se les ha impedido abandonar sus hogares».

El texto también se hace eco del último instrumento utilizado por el régimen cubano para silenciar   a los que denuncian abusos. Se trata del decreto 370/2018, conocida popularmente como «Ley Azote», «sobre la digitalización de la sociedad cubana», que «ha generado la preocupación de que podría usarse para restringir los medios independientes», indica la UE. Una afirmación que se queda muy corta, pues ya se ha aplicado dicha ley castigando con cuantiosas multas a periodistas, artistas y disidentes. Una aplicación de sanciones que se ha incrementado además durante la crisis de la pandemia, como han denunciado varios organismos, entre ellos el OCDH, que ha pedido a la Asamblea Nacional que sea declarada inconstitucional  por ir en contra de varios artículos de la Carta Magna cubana. La ONG Prisoners Defenders también ha recogido en detalle los abusos de este decreto a través de una denuncia que remitió el pasado 8 de junio a la ONU .

«Entendemos que el documento europeo marca un punto de inflexión en la visión sobre los derechos sociales en Cuba, anteriormente totalmente idílica y alineada con el discurso oficial cubano», señala González Raga.

LLamada de atención al régimen

Para el presidente de Prisoners Defenders (PD), Javier Larrondo, el informe de derechos humanos de la Comisión «es claramente una llamada de atención al régimen para que deje de engañar a los contribuyentes europeos y a su pueblo, y está en la línea marcada por el Parlamento Europeo, por la cual el Acuerdo de Diálogo podría ser suspendido si la represión y la falta de derechos humanos no dan paso a cambios en este ámbito», señala a ABC. «Es un mensaje parecido al que en febrero el Grupo Parlamentario Socialista le dio a altos cargos en La Habana. Desde mi punto de vista, la socialdemocracia europea se está cansando de tanto engaño».

La ONG ha realizado un análisis sobre este último informe de la UE  , en el que ve algún avance positivo, aunque sigue mostrándose muy crítica sobre su actuación frente a los abusos del régimen cubano: «A pesar de que se ha avanzado desde la definición en 2016, bajo el mandato de Federica Mogherini, de Cuba como una “democracia de partido único”, sin embargo, hay cuestiones en las que se omiten hechos fácticos que, no obstante, la Comisión Europea tiene por probados entre sus diplomáticos y servicios de documentación, por lo que intuimos, como carácter general de este informe, un expreso deseo de “no enfadar en demasía” al régimen, pero, al mismo tiempo -continúa Larrondo-, y es el giro positivo que podemos entrever en la política del nuevo Canciller Borrell, una necesidad de comunicar que el Gobierno de Cuba no ha realizado avances en modo alguno en derechos humanos y que estos son imprescindibles para otros avances o incluso, como ya el Parlamento ha solicitado, para evitar revisiones y por ende retrocesos notables en las relaciones».

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