BARACUTEY CUBANO

 Tomado de https://diariodecuba.com/

Michelle Bachelet: las Fuerzas de Seguridad de Maduro han cometido 2.000 asesinatos en lo que va de año.

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Buena parte de estos tienen por víctimas a 'jóvenes en barrios marginados como resultado de operaciones' militares.

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DDC

Ginebra 25 Sep 2020

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este viernes que en Venezuela hay un "alto número de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operaciones de seguridad", y dio cuenta de más de 2.000 asesinatos de este tipo en lo que va de año, 711 de ellos solo entre junio y agosto.

Investigaciones de la Fiscalía General venezolana "muestran un patrón similar al documentado por mi oficina, en el que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento", aseguró Bachelet, según un reporte de EFE.

El informe, que actualiza el que la alta comisionada llevó ante el mismo consejo en julio, fue presentado en la 45 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde se denuncian las graves violaciones de los derechos humanos que se han ejecutado en Venezuela durante la pandemia del coronavirus.

La oficina de Bachelet en Caracas siguió documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo detenciones de manifestantes, quienes protestan por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina.

Bachelet resaltó que el Ministerio Público venezolano informó que recientemente habría imputado a 70 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en distintos estados del país por cometer crímenes, y calificó de positiva la detención de cinco miembros de ese organismo estatal, presuntamente responsables de la muerte de dos personas en Zulia el 21 de agosto pasado.

Su preocupación coincide con el informe que presentó la Misión Internacional Independiente de la ONU, presidida por Marta Valiñas, quien en rueda de prensa online con los miembros de Caracas Press Club, dijo que "funcionarios de las FAES confirmaron códigos y recibir órdenes de superiores para matar en vez de detener y juzgar", reportó el diario argentino Clarín.

También Bachelet expresó preocupación ante las elecciones legislativas que Venezuela celebrará el 6 de diciembre, y denunció obstrucciones a los partidos opositores en los preparativos para esos comicios.

"Me preocupan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que obstruyen las libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos, y el nombramiento no consensuado de los miembros del Consejo Electoral", señaló.

La expresidenta chilena también expresó dudas sobre la composición de la Asamblea Nacional "sin un proceso inclusivo de consulta previa" y pidió a Caracas seguir trabajando para "alcanzar condiciones para el desarrollo de unos procesos electorales creíbles, libres y equitativos".

Además subrayó que aún existen restricciones a la libertad de expresión. "Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas", refirió.

Sobre el retorno de los migrantes venezolanos al país, reconoció los esfuerzos de las autoridades, sin embargo, manifestó su preocupación sobre el discurso estigmatizador de funcionarios que los responsabilizan de introducir el Covid-19 en Venezuela.

Al referirse a la crisis generada por el nuevo coronavirus, aseveró que la pandemia se ha sumado a otras emergencias preexistentes, como la alimentaria.

"Caritas reportó que la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15% en julio de 2020. También reportó que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda hacerlo", acotó.

La Alta Comisionada indicó que a pesar de existir la implementación de protocolos de bioseguridad relativos al Covid-19 en los centros de detención, se deben mejorar sustantivamente las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como explorar medidas alternativas a la privación de libertad.

Asimismo, Bachelet informó que el 33% de las muertes por Covid-19 en Venezuela han sido del personal de salud debido a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales.

La reacción de Caracas

En respuesta al informe, el embajador venezolano ante Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, dijo lamentar que el documento "carezca una vez más del balance necesario, presente evidentes fallas metodológicas y una información sesgada que alimenta la campaña mediática contra Venezuela".

"No obstante, seguiremos abiertos al intercambio constructivo de información con la alta comisionada y su oficina", señaló, minutos después de que Bachelet también reconociera una mejora de la cooperación entre el organismo que dirige y las autoridades venezolanas.

Sobre los países latinoamericanos del Grupo de Lima, promotores de los informes periódicos sobre Venezuela en el consejo, Valero aseguró que "deberían preocuparse por las grandes violaciones de los derechos humanos que se cometen día a día en países de la región", citando entre ellos a Brasil, Colombia, Perú, Chile y Paraguay.

La embajadora peruana, en representación del Grupo de Lima, intervino para manifestar la preocupación regional por una crisis venezolana en la que la llegada de la pandemia "ha agravado el contexto en que los derechos y las libertades fundamentales son violados cotidianamente".

"Las libertades de prensa, expresión y manifestación son severamente restringidas", mientras se persigue a periodistas, defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, recordó la representante de Perú.

La actualización del informe de Bachelet sobre Venezuela se hace público diez días después de que una Misión Internacional a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en ese país concluyó que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

El demoledor informe debe servir de impulso para que se active el proceso contra Maduro ante la Corte Penal Internacional y acrecentará el aislamiento internacional del chavismo, consideraron expertos que hablaron con DIARIO DE CUBA.

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