BARACUTEY CUBANO

 
Tomado de http://www.lanuevanacion.com/

UN CASTIGO SIN DELITO

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Se le persigue y se le castiga sin haber cometido delito alguno.

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Por Alfredo M. Cepero

Director de La Nueva Nación

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 03 Junio 2024

La condena de Donald Trump me traslada en tiempo y espacio a las satrapías del Oriente Medio y a las dictaduras de América Latina. No se le ha condenado por haber delinquido. Se le ha condenado por el simple hecho de existir. Por el simple hecho de representar una amenaza al poder fraudulento del gobernante de turno. Los padres de la patria americana—que fueron los primeros en crear una democracia para las edades—deben de estar revolviéndose en sus tumbas. Se le persigue y se le castiga sin haber cometido delito alguno.

Donald Trump fue condenado por supuestamente falsificar los archivos de sus negocios para aspirar en la campaña presidencial de 2016. Me pregunto entonces que pintaban la dama de “vida alegre” Stormy Daniels y el diletante irredimible de Michael Cohen en el banquillo de los testigos. Sé que el juez Juan Merchan—un furibundo aliado de Joe Biden y Barack Obama—manipuló a los 12 jurados con instrucciones parcializadas pero nunca identificó con claridad el delito o los delitos cometidos por Donald Trump. No los identificó porque no existían. Por eso no  tuvo otra alternativa que inventarlos.

Después de deliberar durante dos días un jurado de Nueva York lo declaró culpable de 34 acusaciones relacionadas con un pago de $130,000 a la actriz de películas pornográficas Stormy Daniels. La fiscalía argumentó que Daniels había recibido el pago para que no divulgara sus relaciones íntimas con Donald Trump con anterioridad a las elecciones de 2016.

El juez Merchan ha programado la sentencia de Trump para para el 11 de julio a las 10 de la mañana. Ese día el juez decidirá si el castigo del ex presidente incluirá pena de cárcel, multa, probatoria o una combinación de ellas. Por su parte, el abogado de Trump, Todd Blanche, ha dicho que apelará la sentencia tan pronto como le sea posible.

Ahora yo me preguntó: ¿Desde cuándo y en que legislación es un delito sostener relaciones sexuales con una mujer adulta que accede libremente  a ellas y cobra por sus servicios? La única respuesta que se me ocurre es en unos Estados Unidos presididos por un anciano delirante manipulado por un comunista que llegó a la Casa Blanca simulando ser un demócrata y se llama Barack Hussein Obama.  

Aunque se celebró en Nueva York, el juicio ha sido un circo en el pantano pestilente que es la ciudad de Washington. Dicho sea de paso, no pueden haber elementos más similares en las aspiraciones y en la conducta que un político y un artista de circo. Ambos se ganan la vida vendiéndonos la mentira y la fantasía. El mejor ejemplo lo tenemos en quien fuera el alcahueta de Trump que hace alardes de ser abogado y se llama Michael Cohen.

Por otra parte, la tragedia de Donald Trump ha producido resultados inesperados. Republicanos de la “vieja guardia” han cerrado filas para defenderlo. Ese es el caso del veterano Mitch McConnell líder de los republicanos en el Senado, quién nunca ha sido amigo del ex presidente. Uno que si es su amigo y se ha puesto a su lado es el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Algo que sí era de esperar es el aumento de las donaciones a la campaña política de Trump. Los miembros de la campaña de Trump anunciaron en Tweeter que las páginas Win-Red—cuenta donde se depositan las donaciones—habían colapsado. Los americanos de los dos partidos, de todas las filosofías, todos los sexos y todas las razas se unieron a un Donald Trump convertido en víctima. Así es este pueblo: siempre solidario con las víctimas.

¿Piensan los lectores que las cosas son turbulentas en el Capitolio por estos días? Lo son en la actualidad y lo fueron en el pasado. Hace unos días tuvimos la confrontación entre dos gladiadoras irreconciliables de la política actual: la zurda Alexandra Ocasio-Cortés y la conservadora Marjorie Taylor Greene.

Ahora bien, el caso de Donald Trump no es nada nuevo en la política de los Estados Unidos. Desde la fundación de la república la política americana ha sido conflictiva, hasta el extremo de ser desagradable. En el año 1,800 se dijo a los electores que Thomas Jefferson, redactor de la Declaración de Independencia, destruiría al  país y promovería la prostitución, el incesto y el adulterio.

En 1804, un duelo le costó la vida a uno de los más ilustres padres de la patria, Alexander Hamilton. Pero no puso fin a los duelos. Los congresistas  iban al capitolio armados con chuchillos y revólveres. En 1838, el representante, William Graves, de Kentucky, dio muerte al representante, Jonathan Cilley, de Maine. El congreso puso fin a los duelos en 1839, pero la violencia siguió su “agitado curso.” En 1856, Preston “Bully” Brooks, un representante de Carolina del Sur, atacó al Senador por Massachusetts, Charles Sumner, con la punta de oro de su bastón.

En conclusión, Donald Trump es el primer presidente condenado por un delito mayor—felonía en inglés—pero este no es el último capítulo de esta novela. Ese capítulo lo escribirán los votantes americanos cuando lo devuelvan a la Casa Blanca el próximo 5 de noviembre. Entonces—como decía mi abuelo—van a “llover railes de punta”.

6-2-24

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Observen la reacción del público (que no está en un acto o rally electoral)  apoyando a Donald Trump  un par de días después de ser declarado culpable en el juicio de New York

TNT Sports

Donald Trump receives thunderous applause at UFC 302 🇺🇸

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UFC

Sean Strickland Octagon Interview | UFC 302

(ver hasta el final como califica de damn travesty (maldita farsa) lo que le está pasando a Trump)

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Tomado de https://patriademarti.com/

El derecho posmoderno y la persecución política estadounidense

Por Julio M. Shiling *

1 de junio, 2024

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Lavrentiy Beria, el jefe más antiguo de la policía secreta de Joseph Stalin es tristemente célebre por haber afirmado que podía probar la comisión de delitos, incluso entre los hombres más inocentes. El supervisor supremo del sistema penitenciario Gulag de la Unión Soviética y arquitecto clave de la represión política entre 1938 y 1953 se jactó en una ocasión: «Muéstrame al hombre y te mostraré el delito». El fiscal del distrito (DA) de Manhattan, Alvin Bragg, que fue elegido en 2021 para su cargo actual con la promesa de campaña de ir tras Donald Trump, afirmó misión cumplida con el veredicto de culpabilidad en los 34 cargos de delitos graves estatales que su oficina recibió el jueves 30 de mayo. El fiscal financiado por George Soros contó con la ayuda estructural en este ruin esquema legal del Departamento de Justicia de Biden (DOJ), el juez que supervisa el juicio y un grupo judicial geográficamente estratificado que está ideológicamente atrincherado. Washington, Jefferson y Lincoln habrían sido declarados «culpables» en un tribunal autoritario similar.

De los cuatro procesos judiciales contra el favorito del Partido Republicano desde que su candidatura se hizo tácitamente evidente, este es el más descarado. La intromisión desde el púlpito político en las elecciones presidenciales de 2024 para intentar asegurar una victoria del Partido Demócrata se está haciendo a cara descubierta. Los tribunales son uno de los caballos de Troya utilizados para enmascarar su ilegitimidad. La utilización del sistema judicial para silenciar a la oposición e influir en los resultados electorales no es nada nuevo. Los regímenes no democráticos siempre lo han hecho así. Cada persona enviada a los gulags de Rusia, China o Cuba lo fue bajo los auspicios de la «ley». Venezuela, Nicaragua y Bolivia eliminan a los líderes de la oposición mediante acusaciones criminales.

El régimen de Biden-Obama está siguiendo a sabiendas los guiones establecidos y practicados por dictaduras experimentadas, adaptados al modelo estadounidense. El camino de Estados Unidos hacia un régimen no democrático es más accidentado y requiere consideraciones especiales, dadas las complejidades de su sistema federal de gobierno. Por eso, los enclaves acogedores para los socialistas, como Nueva York y Washington D.C. (entre otros), son los lugares legales preferidos para fabricar delitos con los que alcanzar los fines que persiguen. Cuando existe un sistema legal de dos niveles que está predeterminado política e ideológicamente, entonces el imperio de la ley se convierte en un elemento caprichoso de estructura basado en dónde vives o si caes dentro del alcance federal del DOJ de Biden. 

Así es como la izquierda logró esta condena tipo Beria en el «juicio de comprar el silencio» de Nueva York. Todo el procedimiento judicial careció del debido proceso elemental y siguió un patrón de estirar la ley y establecer precedentes más allá del alcance de las normas aceptadas. Verdaderamente, este es el sueño marxista del derecho posmoderno. Los treinta y cuatro cargos se refieren todos a un único hecho: una infracción contable, en el mejor de los casos, relativa a un pago de 130.000 dólares en virtud de un Acuerdo de No Divulgación (NDA) (perfectamente legal) pagado a una actriz de cine porno por servicios sexuales (Stormy Daniels) en una supuesta aventura de una noche que supuestamente ocurrió en 2006. El testigo clave de la acusación era un perjuro convicto (Michael Cohen) que, además, admitió haber robado 60.000 dólares al conglomerado inmobiliario de Trump.

El juez que instruyó el caso, Juan Merchán, fue el facilitador de la acusación. Medularmente atado al Partido Demócrata, Merchán ha hecho donaciones al mismo y a causas anti-Trump. Además, la hija del juez es una empleada totalmente comprometida con el establishment demócrata, que se gana la vida recaudando fondos para candidatos políticos demócratas. El juicio que preside su padre ha generado enormes sumas de dinero, de las que ella se ha beneficiado económicamente. Al trabajar como directora ejecutiva en una firma demócrata de primera categoría que está conectada directamente con Adam Schiff, el Comité Nacional Demócrata, el PAC de la Mayoría Demócrata del Senado, e incluso Biden, el empleo de la hija de Merchan es motivo suficiente para que él se haya recusado por motivos de conflicto de intereses.

Tal vez la entidad más influyente en el equipo acusador fue Matthew Colangelo, el funcionario número tres en el DOJ de Biden, antes de pasar a la oficina del fiscal de Manhattan. Actuando como fiscal principal, Colangelo sentó las bases de las teorías jurídicas inventadas que se exploraron para criminalizar las acciones legales de Trump. Sirvió de puente natural entre Nueva York y la Casa Blanca, es decir, entre la fiscalía de Manhattan y el DOJ. Además, ha sido consultor político a sueldo del Comité Nacional Demócrata. Fundamental para la estrategia de la fiscalía era convertir los cargos contra Trump en un delito grave, ya que las cuestiones de contabilidad son un delito menor.

Colangelo y Bragg introdujeron teorías jurídicas novatas y desconocidas al argumentar que los votantes de Nueva York habían sido «defraudados» en las elecciones de 2016 por las acciones de Trump. Lógicamente, esto situaría la jurisdicción en terreno federal, puesto que la acusación implicaba supuestas violaciones de la financiación de la campaña. Para neutralizar la onerosa tarea de superar los desafíos logísticos que presentaría esta hipótesis judicial, la cooperación del juez presidente sería un requisito previo.  

Para asegurarse de que el resultado sería, en última instancia, el que fue, el juez Merchan impidió efectivamente que testigos clave para el equipo legal de Trump testificaran microgestionando lo que la defensa podía preguntar y lo que el testigo podía responder. Un ejemplo de ello fue el experto en derecho electoral Brad Smith, antiguo miembro de la Comisión Federal Electoral. Este testigo era muy importante para el caso del expresidente. Sin embargo, las draconianas limitaciones de Merchan harían mudo su testimonio. El juez exigió ver previamente por escrito cuál sería el testimonio probable.

El golpe final y fatal al debido proceso y a la posibilidad de que Trump tuviera un juicio justo fueron las instrucciones sin precedentes que Merchan dio a los 12 miembros del jurado. Uno de los sellos distintivos de la jurisprudencia estadounidense en los casos penales es la carga del fiscal de tener que demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. En otras palabras, para emitir un veredicto de culpabilidad, el jurado debe estar prácticamente seguro de la culpabilidad del acusado. En este caso, el juez no dejó nada al azar. Un veredicto de culpabilidad requería que los jurados determinaran, por unanimidad, que Trump falsificó registros comerciales con «intención» de defraudar. Además, el pago realizado para comprar el silencio por los supuestos favores sexuales formaba parte de una «conspiración» por «medios ilícitos» para elegir a Trump en 2016.   

Merchan rompió con el protocolo y la tradición judicial y estableció reglas especiales para que el jurado deliberara. El juez de izquierdas permitió que el jurado decidiera libremente por sí mismo, según sus propias normas personales, cuáles eran esos «medios ilícitos». En otras palabras, eran libres de imaginar cualquier camino posible para llegar a la caracterización de «ilícito». Claramente, esta maldición judicial personifica la injusticia y es una burla del Estado de derecho. Teniendo en cuenta la amplia manipulación del juicio a favor del fiscal y el hecho de que el jurado estaba compuesto por uno de los grupos de población más demócratas de Estados Unidos, no cabía esperar un resultado diferente.

La utilización del sistema judicial estadounidense para perseguir, silenciar e impedir que un candidato compita en unas elecciones es un acto de despotismo. La izquierda radical utilizará todos sus recursos para impedir que Trump gane las elecciones de 2024. Cabe señalar, sin embargo, que si el candidato republicano fuera cualquier otra persona no globalista, conservadora y anticomunista, también se enfrentaría a una ira antisistema y antiliberal similar. Los republicanos, los independientes y los demócratas centristas deben darse cuenta de que la República estadounidense está sufriendo una amenaza existencial. Si Dios quiere, Trump debería ganar en noviembre. Se necesitará un valiente curso de justicia restaurativa para devolver la normalidad a los EE. UU. Los responsables de esta toma de poder autoritaria deben rendir cuentas. Todos sabemos quiénes son los sospechosos. Nadie está por encima de la ley. 

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* Julio M. Shiling es politólogo, escritor, conferenciante, comentarista y director de los foros políticos y las publicaciones digitales, Patria de Martí y The CubanAmerican Voice y columnista. Tiene una Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) de Miami, Florida. Es miembro de The American Political Science Association (“La Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas”) y el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio

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