BARACUTEY CUBANO

El rescate del delito de sabotaje en Cuba: más severidad ante una situación política tensa

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El castrismo se refugia una vez más en la amenaza de una dura represalia, apelando a una de las infracciones castigadas con más severidad en el Código Penal.

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Por Edel González Giménez

Madrid

 04 junio 2025 

El anuncio del Tribunal Supremo Popular de Cuba de que los actos vandálicos que, según la propaganda oficial, se están produciendo en el país serán castigados como delitos de sabotaje, aplicando incluso como sanción la pena capital, implica que este se consolida finalmente como figura penal clave en Cuba. 

El Tribunal Supremo Popular de Cuba emitió el Dictamen No. 475, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 29, del 29 de mayo de 2025, ordenado a los jueces cómo conocer, tramitar y resolver asuntos asociados a actos diversos, considerados como "vandálicos", sin detenerse en las consideraciones sobre el contenido de la intención; es decir, en la acción inequívoca de sabotear infraestructuras y medios públicos cubanos para dañar. 

El documento, aunque lo exprese, no responde a consultas de jueces provinciales preocupados por los "criterios dispares con los que distintos tribunales han calificado actos similares", que van desde daños a infraestructuras de transporte y comunicaciones hasta robos, sino a un llamado del Ministerio del Interior y del Partido Comunista a contener la inconformidad y los delitos de sobrevivencia que abundan en la Isla.

El dictamen establece una práctica uniforme e implica como mandato obligatorio, so pena de castigo, que:

•    Tales hechos deben juzgarse como sabotaje intencional, incluso bajo dolo eventual, si el autor previó las consecuencias.

•    Primará la prisión provisional para los acusados, atendiendo a la gravedad de los hechos.

•    Se priorizará la celeridad en estos procesos judiciales y se impondrán duras condenas, incluyendo restricciones de salida del país, confiscación de bienes y limitaciones severas en los derechos a obtener beneficios penitenciarios de libertad condicional.

•    Se desarrollarán juicios ejemplarizantes, coordinados con autoridades locales, como forma de respuesta.

•    Se divulgarán estos casos en los medios de comunicación, con fines disuasorios.

El delito de sabotaje, por su complejidad, lleva un plan de realización y un propósito especial de índole política que rebasa el simple vandalismo, así como cualquier evento o motivación dañina surgida al calor de un escenario de protesta o descontento social.

En este caso, no ha de importar en exclusivo el resultado del daño, fundamento central del Dictamen, sino el propósito de la acción delictiva, cuestión en la que no se abundó, para en cambio dar espacio a la arbitrariedad, a la práctica de represión. Esta omisión esencial implica, de facto, contener el descontento político, económico y social en aumento a través del uso del Derecho Penal, obviándose las formas de prevención.

-La decisión del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, ciego a las causas políticas, económicas y sociales de la crisis que vive la Isla, supone seguir apostando por la represión en vez de por la verdadera gestión y entrega de justicia social que merece y demanda la población. 

El Tribunal Supremo en este caso, como en otros muchos previos, no responde a los intereses del pueblo, sino a los de gobernar mediante la cárcel: el terror que impone el uso descontextualizado del Derecho Penal.

La élite del poder, imposibilitada de prestar servicios básicos con sistematicidad y seguridad, sin voluntad de gobernar mediante mecanismos de participación inclusiva democrática para responder y solucionar las demandas ciudadanas insatisfechas, se refugia en el delito de sabotaje, regulado entre los más severos en el Código Penal cubano.

En medio de un escenario de prohibición del ejercicio de las libertades de expresión, prensa, reunión y manifestación, los actos materiales de protesta crecen, porque implican para el ejecutor mayor seguridad, y deben ser interpretados como un mensaje ciudadano de inconformidad y descontento con la gestión fallida del Estado y Gobierno del país.

Si se autorizan y promueven las protestas cívicas y se da respuesta a las demandas planteadas en ellas, decrecerán considerablemente los llamados actos de vandalismo social. Si los servicios de transportación, comunicación y de electricidad se estabilizan y resultan accesibles, decrecerán los daños a dichos sectores; si el salario nominal y real logra satisfacer necesidades básicas de alimentación, vestimenta, transportación y salud, decrecerán los delitos de sustracción, de desvío de recursos, así como los de daños por el descontento social en crecimiento.

Sin embargo, con la decisión del Tribunal Supremo, estamos ante un mensaje claro: se impone la severidad en medio de una tensa situación política, económica y social. Aunque pueda leerse de otra manera, estamos ante un nuevo ingrediente para el caldo de cultivo del probable estallido social.

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Daniel Benitez News

4 de junio, 2025

ATTENTION: Cuba activates the death penalty for these crimes amid popular discontent on the island.

Etiquetas: castrismo, castrista, código penal, cuba, cubana, cubano m estallido, delito, descontento, dictadura, pena de muerte, población, pueblo, represalia, sabotaje, situación, social, yensa

 
Tomado de http://www.lanuevanacion.com/

UN CASTIGO SIN DELITO

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Se le persigue y se le castiga sin haber cometido delito alguno.

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Por Alfredo M. Cepero

Director de La Nueva Nación

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 03 Junio 2024

La condena de Donald Trump me traslada en tiempo y espacio a las satrapías del Oriente Medio y a las dictaduras de América Latina. No se le ha condenado por haber delinquido. Se le ha condenado por el simple hecho de existir. Por el simple hecho de representar una amenaza al poder fraudulento del gobernante de turno. Los padres de la patria americana—que fueron los primeros en crear una democracia para las edades—deben de estar revolviéndose en sus tumbas. Se le persigue y se le castiga sin haber cometido delito alguno.

Donald Trump fue condenado por supuestamente falsificar los archivos de sus negocios para aspirar en la campaña presidencial de 2016. Me pregunto entonces que pintaban la dama de “vida alegre” Stormy Daniels y el diletante irredimible de Michael Cohen en el banquillo de los testigos. Sé que el juez Juan Merchan—un furibundo aliado de Joe Biden y Barack Obama—manipuló a los 12 jurados con instrucciones parcializadas pero nunca identificó con claridad el delito o los delitos cometidos por Donald Trump. No los identificó porque no existían. Por eso no  tuvo otra alternativa que inventarlos.

Después de deliberar durante dos días un jurado de Nueva York lo declaró culpable de 34 acusaciones relacionadas con un pago de $130,000 a la actriz de películas pornográficas Stormy Daniels. La fiscalía argumentó que Daniels había recibido el pago para que no divulgara sus relaciones íntimas con Donald Trump con anterioridad a las elecciones de 2016.

El juez Merchan ha programado la sentencia de Trump para para el 11 de julio a las 10 de la mañana. Ese día el juez decidirá si el castigo del ex presidente incluirá pena de cárcel, multa, probatoria o una combinación de ellas. Por su parte, el abogado de Trump, Todd Blanche, ha dicho que apelará la sentencia tan pronto como le sea posible.

Ahora yo me preguntó: ¿Desde cuándo y en que legislación es un delito sostener relaciones sexuales con una mujer adulta que accede libremente  a ellas y cobra por sus servicios? La única respuesta que se me ocurre es en unos Estados Unidos presididos por un anciano delirante manipulado por un comunista que llegó a la Casa Blanca simulando ser un demócrata y se llama Barack Hussein Obama.  

Aunque se celebró en Nueva York, el juicio ha sido un circo en el pantano pestilente que es la ciudad de Washington. Dicho sea de paso, no pueden haber elementos más similares en las aspiraciones y en la conducta que un político y un artista de circo. Ambos se ganan la vida vendiéndonos la mentira y la fantasía. El mejor ejemplo lo tenemos en quien fuera el alcahueta de Trump que hace alardes de ser abogado y se llama Michael Cohen.

Por otra parte, la tragedia de Donald Trump ha producido resultados inesperados. Republicanos de la “vieja guardia” han cerrado filas para defenderlo. Ese es el caso del veterano Mitch McConnell líder de los republicanos en el Senado, quién nunca ha sido amigo del ex presidente. Uno que si es su amigo y se ha puesto a su lado es el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Algo que sí era de esperar es el aumento de las donaciones a la campaña política de Trump. Los miembros de la campaña de Trump anunciaron en Tweeter que las páginas Win-Red—cuenta donde se depositan las donaciones—habían colapsado. Los americanos de los dos partidos, de todas las filosofías, todos los sexos y todas las razas se unieron a un Donald Trump convertido en víctima. Así es este pueblo: siempre solidario con las víctimas.

¿Piensan los lectores que las cosas son turbulentas en el Capitolio por estos días? Lo son en la actualidad y lo fueron en el pasado. Hace unos días tuvimos la confrontación entre dos gladiadoras irreconciliables de la política actual: la zurda Alexandra Ocasio-Cortés y la conservadora Marjorie Taylor Greene.

Ahora bien, el caso de Donald Trump no es nada nuevo en la política de los Estados Unidos. Desde la fundación de la república la política americana ha sido conflictiva, hasta el extremo de ser desagradable. En el año 1,800 se dijo a los electores que Thomas Jefferson, redactor de la Declaración de Independencia, destruiría al  país y promovería la prostitución, el incesto y el adulterio.

En 1804, un duelo le costó la vida a uno de los más ilustres padres de la patria, Alexander Hamilton. Pero no puso fin a los duelos. Los congresistas  iban al capitolio armados con chuchillos y revólveres. En 1838, el representante, William Graves, de Kentucky, dio muerte al representante, Jonathan Cilley, de Maine. El congreso puso fin a los duelos en 1839, pero la violencia siguió su “agitado curso.” En 1856, Preston “Bully” Brooks, un representante de Carolina del Sur, atacó al Senador por Massachusetts, Charles Sumner, con la punta de oro de su bastón.

En conclusión, Donald Trump es el primer presidente condenado por un delito mayor—felonía en inglés—pero este no es el último capítulo de esta novela. Ese capítulo lo escribirán los votantes americanos cuando lo devuelvan a la Casa Blanca el próximo 5 de noviembre. Entonces—como decía mi abuelo—van a “llover railes de punta”.

6-2-24

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Observen la reacción del público (que no está en un acto o rally electoral)  apoyando a Donald Trump  un par de días después de ser declarado culpable en el juicio de New York

TNT Sports

Donald Trump receives thunderous applause at UFC 302 🇺🇸

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UFC

Sean Strickland Octagon Interview | UFC 302

(ver hasta el final como califica de damn travesty (maldita farsa) lo que le está pasando a Trump)

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Tomado de https://patriademarti.com/

El derecho posmoderno y la persecución política estadounidense

Por Julio M. Shiling *

1 de junio, 2024

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Lavrentiy Beria, el jefe más antiguo de la policía secreta de Joseph Stalin es tristemente célebre por haber afirmado que podía probar la comisión de delitos, incluso entre los hombres más inocentes. El supervisor supremo del sistema penitenciario Gulag de la Unión Soviética y arquitecto clave de la represión política entre 1938 y 1953 se jactó en una ocasión: «Muéstrame al hombre y te mostraré el delito». El fiscal del distrito (DA) de Manhattan, Alvin Bragg, que fue elegido en 2021 para su cargo actual con la promesa de campaña de ir tras Donald Trump, afirmó misión cumplida con el veredicto de culpabilidad en los 34 cargos de delitos graves estatales que su oficina recibió el jueves 30 de mayo. El fiscal financiado por George Soros contó con la ayuda estructural en este ruin esquema legal del Departamento de Justicia de Biden (DOJ), el juez que supervisa el juicio y un grupo judicial geográficamente estratificado que está ideológicamente atrincherado. Washington, Jefferson y Lincoln habrían sido declarados «culpables» en un tribunal autoritario similar.

De los cuatro procesos judiciales contra el favorito del Partido Republicano desde que su candidatura se hizo tácitamente evidente, este es el más descarado. La intromisión desde el púlpito político en las elecciones presidenciales de 2024 para intentar asegurar una victoria del Partido Demócrata se está haciendo a cara descubierta. Los tribunales son uno de los caballos de Troya utilizados para enmascarar su ilegitimidad. La utilización del sistema judicial para silenciar a la oposición e influir en los resultados electorales no es nada nuevo. Los regímenes no democráticos siempre lo han hecho así. Cada persona enviada a los gulags de Rusia, China o Cuba lo fue bajo los auspicios de la «ley». Venezuela, Nicaragua y Bolivia eliminan a los líderes de la oposición mediante acusaciones criminales.

El régimen de Biden-Obama está siguiendo a sabiendas los guiones establecidos y practicados por dictaduras experimentadas, adaptados al modelo estadounidense. El camino de Estados Unidos hacia un régimen no democrático es más accidentado y requiere consideraciones especiales, dadas las complejidades de su sistema federal de gobierno. Por eso, los enclaves acogedores para los socialistas, como Nueva York y Washington D.C. (entre otros), son los lugares legales preferidos para fabricar delitos con los que alcanzar los fines que persiguen. Cuando existe un sistema legal de dos niveles que está predeterminado política e ideológicamente, entonces el imperio de la ley se convierte en un elemento caprichoso de estructura basado en dónde vives o si caes dentro del alcance federal del DOJ de Biden. 

Así es como la izquierda logró esta condena tipo Beria en el «juicio de comprar el silencio» de Nueva York. Todo el procedimiento judicial careció del debido proceso elemental y siguió un patrón de estirar la ley y establecer precedentes más allá del alcance de las normas aceptadas. Verdaderamente, este es el sueño marxista del derecho posmoderno. Los treinta y cuatro cargos se refieren todos a un único hecho: una infracción contable, en el mejor de los casos, relativa a un pago de 130.000 dólares en virtud de un Acuerdo de No Divulgación (NDA) (perfectamente legal) pagado a una actriz de cine porno por servicios sexuales (Stormy Daniels) en una supuesta aventura de una noche que supuestamente ocurrió en 2006. El testigo clave de la acusación era un perjuro convicto (Michael Cohen) que, además, admitió haber robado 60.000 dólares al conglomerado inmobiliario de Trump.

El juez que instruyó el caso, Juan Merchán, fue el facilitador de la acusación. Medularmente atado al Partido Demócrata, Merchán ha hecho donaciones al mismo y a causas anti-Trump. Además, la hija del juez es una empleada totalmente comprometida con el establishment demócrata, que se gana la vida recaudando fondos para candidatos políticos demócratas. El juicio que preside su padre ha generado enormes sumas de dinero, de las que ella se ha beneficiado económicamente. Al trabajar como directora ejecutiva en una firma demócrata de primera categoría que está conectada directamente con Adam Schiff, el Comité Nacional Demócrata, el PAC de la Mayoría Demócrata del Senado, e incluso Biden, el empleo de la hija de Merchan es motivo suficiente para que él se haya recusado por motivos de conflicto de intereses.

Tal vez la entidad más influyente en el equipo acusador fue Matthew Colangelo, el funcionario número tres en el DOJ de Biden, antes de pasar a la oficina del fiscal de Manhattan. Actuando como fiscal principal, Colangelo sentó las bases de las teorías jurídicas inventadas que se exploraron para criminalizar las acciones legales de Trump. Sirvió de puente natural entre Nueva York y la Casa Blanca, es decir, entre la fiscalía de Manhattan y el DOJ. Además, ha sido consultor político a sueldo del Comité Nacional Demócrata. Fundamental para la estrategia de la fiscalía era convertir los cargos contra Trump en un delito grave, ya que las cuestiones de contabilidad son un delito menor.

Colangelo y Bragg introdujeron teorías jurídicas novatas y desconocidas al argumentar que los votantes de Nueva York habían sido «defraudados» en las elecciones de 2016 por las acciones de Trump. Lógicamente, esto situaría la jurisdicción en terreno federal, puesto que la acusación implicaba supuestas violaciones de la financiación de la campaña. Para neutralizar la onerosa tarea de superar los desafíos logísticos que presentaría esta hipótesis judicial, la cooperación del juez presidente sería un requisito previo.  

Para asegurarse de que el resultado sería, en última instancia, el que fue, el juez Merchan impidió efectivamente que testigos clave para el equipo legal de Trump testificaran microgestionando lo que la defensa podía preguntar y lo que el testigo podía responder. Un ejemplo de ello fue el experto en derecho electoral Brad Smith, antiguo miembro de la Comisión Federal Electoral. Este testigo era muy importante para el caso del expresidente. Sin embargo, las draconianas limitaciones de Merchan harían mudo su testimonio. El juez exigió ver previamente por escrito cuál sería el testimonio probable.

El golpe final y fatal al debido proceso y a la posibilidad de que Trump tuviera un juicio justo fueron las instrucciones sin precedentes que Merchan dio a los 12 miembros del jurado. Uno de los sellos distintivos de la jurisprudencia estadounidense en los casos penales es la carga del fiscal de tener que demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. En otras palabras, para emitir un veredicto de culpabilidad, el jurado debe estar prácticamente seguro de la culpabilidad del acusado. En este caso, el juez no dejó nada al azar. Un veredicto de culpabilidad requería que los jurados determinaran, por unanimidad, que Trump falsificó registros comerciales con «intención» de defraudar. Además, el pago realizado para comprar el silencio por los supuestos favores sexuales formaba parte de una «conspiración» por «medios ilícitos» para elegir a Trump en 2016.   

Merchan rompió con el protocolo y la tradición judicial y estableció reglas especiales para que el jurado deliberara. El juez de izquierdas permitió que el jurado decidiera libremente por sí mismo, según sus propias normas personales, cuáles eran esos «medios ilícitos». En otras palabras, eran libres de imaginar cualquier camino posible para llegar a la caracterización de «ilícito». Claramente, esta maldición judicial personifica la injusticia y es una burla del Estado de derecho. Teniendo en cuenta la amplia manipulación del juicio a favor del fiscal y el hecho de que el jurado estaba compuesto por uno de los grupos de población más demócratas de Estados Unidos, no cabía esperar un resultado diferente.

La utilización del sistema judicial estadounidense para perseguir, silenciar e impedir que un candidato compita en unas elecciones es un acto de despotismo. La izquierda radical utilizará todos sus recursos para impedir que Trump gane las elecciones de 2024. Cabe señalar, sin embargo, que si el candidato republicano fuera cualquier otra persona no globalista, conservadora y anticomunista, también se enfrentaría a una ira antisistema y antiliberal similar. Los republicanos, los independientes y los demócratas centristas deben darse cuenta de que la República estadounidense está sufriendo una amenaza existencial. Si Dios quiere, Trump debería ganar en noviembre. Se necesitará un valiente curso de justicia restaurativa para devolver la normalidad a los EE. UU. Los responsables de esta toma de poder autoritaria deben rendir cuentas. Todos sabemos quiénes son los sospechosos. Nadie está por encima de la ley. 

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* Julio M. Shiling es politólogo, escritor, conferenciante, comentarista y director de los foros políticos y las publicaciones digitales, Patria de Martí y The CubanAmerican Voice y columnista. Tiene una Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) de Miami, Florida. Es miembro de The American Political Science Association (“La Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas”) y el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio

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Tomado de https://diariodecuba.com

Totalitarismo y corrupción, una relación indisoluble

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El tema del delito y las ilegalidades en Cuba fue recurrente en la legislatura concluida de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

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Por Dimas Castellanos

La Habana

02 agosto 2023

En la recién concluida X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el tema del delito y las ilegalidades fue recurrente.

El ministro de Salud Pública dijo: "Nos enfrentamos al robo de medicamentos y la venta ilícita de fármacos importados".

El ministro de Finanzas y Precios planteó que "las ventas de productos con precios abusivos son asumidas de forma pasiva por la población".

El vicepresidente del país dijo que en esas conductas "influyen la tolerancia por parte de la población que no siempre la repudia ni informa a las autoridades responsables de enfrentar estos hechos".

El presidente de la Asamblea Nacional mencionó la "falta de coherencia en la asimilación del concepto de precios abusivos o especulativos".

Y en la clausura, el presidente y secretario del Partido Comunista, resumió: "el Estado y el Gobierno no pueden vivir de espaldas al incremento de actividades ilícitas que penetran como un cáncer el tejido social".

Se trata de un fenómeno social antiquísimo presente en todas las sociedades. En el caso de Cuba, tanto en la Colonia como en la República, esa deformidad se concentró en la esfera político-administrativa, hasta que después de 1959, con el totalitarismo implantado, devino conducta generalizada de los cubanos.

La causa está en que la pérdida de las libertades y derechos para participar en los destinos de la nación debilitó la responsabilidad ciudadana, lo cual empeoró por la incapacidad del sistema para garantizar una relación adecuada entre salario y costo de la vida. Y la Ofensiva Revolucionaria de 1968, al barrer con las últimas pequeñas y medianas empresas privadas, hizo desaparecer la figura del propietario, y con ella el interés por la producción y los servicios. Un cuadro que se agudizó con la pérdida de las subvenciones soviéticas en 1991. Desde ese momento al poco valor del trabajo, los cubanos respondieron con actividades alternativas, y al desabastecimiento, respondieron con el robo al Estado y la búsqueda de fuentes alternativas para subsistir mediante la apropiación de la supuesta propiedad de todo el pueblo.

La larga historia del tema, abordado en la reciente Asamblea Nacional, confirma que entre totalitarismo y corrupción existe una relación indisoluble. Entre los años 80 y 90 del pasado siglo, el Gobierno desplegó la "Operación Adoquín", contra los artesanos y comerciantes que vendían en la feria de la Plaza de la Catedral; la Operación "Pitirre en el Alambre", contra los mercados campesinos; y la "Operación Maceta", contra los poseedores de dinero proveniente de ventas de productos industriales y o de intercambio en el mercado negro. Y en el año 2001 creó el Ministerio de Auditoría y Control para la erradicación del mal. Sin embargo, más de la mitad de las inspecciones realizadas por este órgano entre los años 2000 y 2004, presentaron resultados malos o deficientes en el control de los recursos y en el registro de los hechos económicos.

El 22 de mayo de 2021, el diario Juventud Rebelde publicó un artículo, "Soluciones contra engaños", en el cual uno de los miles inspectores de establecimientos estatales explicaba que cuando ponía en evidencia un delito, los infractores le decían: "Hay que vivir, hay que luchar", mientras que los afectados defendían a su victimario.

En 2005, el 24 de diciembre Granma informó que, en la sesión ordinaria de la ANPP, Pedro Ross —entonces secretario general de la CTC— dijo que "hay trabajadores que reaccionan, pero otros no y siguen justificando el robo y otras conductas indebidas". Y el diario Granma, del 16 de febrero de 2007, al abordar el robo de los angulares que sostienen las redes de transmisión eléctrica de alta tensión, reconoció que las "medidas técnicas, administrativas y legales aplicadas hasta el momento no han frenado el bandidaje".

El 26 de octubre de 2010, Granma en "El precio de la indolencia", dio a conocer que en Corralillo, Villa Clara, se edificaron más de 300 viviendas con materiales y recursos sustraídos, para lo cual se desarticularon 25 kilómetros de líneas férreas y se emplearon 59 angulares de las torres de alta tensión.

La edición de Juventud Rebelde de los días 19 y 26 de febrero de 2012 publicó una entrevista a la contralora de la República, quien planteó: "Por nuestra experiencia, las causas de la corrupción van desde el hecho de que no había control de los contratos, porque el que tenía que hacerlo no lo hizo, y el que tenía que revisarlo tampoco lo revisó, o si lo revisó no lo hizo con profundidad".

El 7 de julio de 2013, en la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Raúl Castro dijo: "Una parte de la sociedad ha pasado a ver normal el robo al Estado (...) Lo real es que se ha abusado de la nobleza de la Revolución, de no acudir al uso de la fuerza de la ley".

En 2019 según el sitio oficial Cubadebate, "cada hora se robaban en Cuba 626 litros de combustible". Al año siguiente, el 29 de abril, Granma publicó estas palabras del presidente de la República: "Aquí nadie puede estar haciendo actividad ilícita, aquí nadie está autorizado para vender ni revender nada, y no se puede permitir. [...]. Ya ahí no hay que explicar nada, es actuar con severidad".

Las citas de la prensa oficial demuestran que las intervenciones en la X Legislatura de la Asamblea Nacional son la repetición de un hecho que data de décadas, que no han podido ni podrán resolver. Al contrario, la duración de ese flagelo ha permitido que las conductas delictivas se conviertan en normas aceptadas socialmente. Es decir, en hábitos, en cultura. A la vez, demuestran la incapacidad del Gobierno para solucionarlo por el camino de más policías, inspectores, restricciones, decomisos, vigilancia, condenas y llamados al pueblo a enfrentar al pueblo: acciones inútiles sin admitir las causas y sin voluntad política para enfrentarlas.

A los bajos salarios, los cubanos respondieron con actividades alternativas. A la ausencia de sociedad civil, con la vida sumergida. A la falta de materiales, con el robo al Estado. Y al cierre de todas las posibilidades, con el escape al exilio y las manifestaciones públicas. Acciones expresadas con el mismo discurso del siglo XIX, pero ahora no para abolir la esclavitud ni alcanzar la independencia, sino para sobrevivir.

Como solo se puede distribuir lo que se produce y los cubanos no están motivados para ello, el Gobierno se enfrenta a una compleja contradicción. Sin producción no se pueden mejorar las condiciones de vida. Ello implica acometer reformas profundas e integrales, que incluyan, como primer requisito, el restablecimiento de las libertades ciudadanas y el derecho de los cubanos a ser propietarios; única forma de erradicar uno de los más dañinos daños antropológicos causado por el totalitarismo cubano. 

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Tomado de https://www.lanacion.com.ar/

Es solo la primera condena

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La Justicia dio el primer paso en la revisión del pasado de corrupción del kirchnerismo: faltan todavía las causas de Hotesur y Los Sauces y los cuadernos de las coimas

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Por Joaquín Morales Solá

LA NACION

6 de diciembre de 2022

Corrían los años 90. Italia estaba sumida en un escándalo permanente por el proceso conocido como mani pulite, una investigación judicial que reveló los sobornos entre empresarios y políticos de ese entrañable país. Raúl Alfonsín, ya expresidente, recibió a un periodista italiano que le preguntó su opinión sobre su amigo Bettino Craxi, el histórico líder del Partido Socialista italiano, que había sido condenado a prisión por actos corruptos. Para no caer preso, Craxi se exilió en Túnez, donde murió varios años después. Alfonsín respondió que el periodista no podía ignorar que existía “una operación de la CIA para desprestigiar a la socialdemocracia europea”. Asombrado, el periodista le replicó: “Doctor, los servicios de inteligencia de todo el mundo hacen operaciones, pero la pregunta es otra: ¿Craxi robó o no robó?”. Alfonsín lo miró en silencio durante algunos segundos, y luego respondió: “Tiene razón”. La anécdota viene a cuento porque ambas cosas (sentencia judicial por corrupción y una monumental operación de los servicios de inteligencia) se han manifestado en los últimos días en la Argentina. Ayer, Cristina Kirchner rompió varios récords Guiness. Se convirtió en el primer vicepresidente argentino en ejercicio del cargo en ser condenado a prisión por actos de corrupción. Y es la primera persona con el apellido Kirchner en recibir una demoledora sentencia por actos corruptos en la administración del dinero de los argentinos.

Es la primera vez también que la líder política más influyente del país (o el líder político) es condenado por la Justicia por corrupción. Amado Boudou fue condenado a prisión por actos corruptos, pero ya era exvicepresidente. Carlos Menem fue condenado por un tribunal oral y luego sobreseído por la Cámara de Casación, pero eso sucedió cuando ya el expresidente carecía de cualquier influencia política en el país. El fiscal Diego Luciani había pedido 12 años de prisión para Cristina Kirchner; la condenaron a seis años y la inhabilitaron de por vida a ejercer cargos públicos. La condenaron por fraude al Estado, no por asociación ilícita, como reclamó Luciani. Es suficiente, porque es, además, el primer paso en la revisión del pasado de corrupción del kirchnerismo. Falta todavía la causa de Hotesur y Los Sauces, una investigación sobre lavado de dinero en hoteles y edificios de la familia Kirchner, que solo involucra a esta y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. No hay exfuncionarios involucrados en esas operaciones ilegales. Y resta también, y sobre todo, el juicio oral y público (demasiado demorado) por la causa de los cuadernos, la enorme investigación del periodista Diego Cabot, de LA NACION, que luego profundizaron el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, ya fallecido. Esta última causa cuenta con muchos exfuncionarios e importantes empresarios que aceptaron confesar como arrepentidos ante la Justicia.

Durante 14 años, al menos, la política y la sociedad argentina hablaron de la supuesta corrupción del matrimonio Kirchner y de varios de sus más allegados colaboradores (sobre todo de los que tenían despachos en el entonces Ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido) y hubo avances importantes en muchas causas judiciales, pero ninguna llegó nunca a una sentencia como la que se conoció en la tórrida tarde de martes. Los 14 años corren desde que en 2008 Elisa Carrió presentó la primera denuncia por asociación ilícita contra Néstor Kirchner (luego la incluyó a Cristina Kirchner) en la concesión de obras públicas en Santa Cruz. Es la causa que ayer culminó en la instancia del juicio oral y público.

Cristina Kirchner no irá presa de inmediato, a pesar de que los años que le impusieron de cárcel la obligan al cumplimiento efectivo de la condena. En primer lugar, tendrá fueros de vicepresidenta hasta diciembre del próximo año. Para que vaya presa se necesitaría de un juicio político con la aprobación de los votos de los dos tercios de cada cámara del Congreso. Tiene, además, la posibilidad de apelar a dos instancias: la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia. Esos trámites se llevarán, por lo menos, dos años más. Entre tanto, y mientras una instancia superior no revoque la decisión de ayer del tribunal oral, será una política condenada a prisión por actos deshonestos en beneficio propio (y de su familia). A pesar de esa condena, podrá ser candidata el año próximo a senadora o a presidenta de la Nación (improbable), porque no habrá hasta entonces una sentencia definitiva. La sala de la Cámara de Casación que revisará el juicio oral y la sentencia de ayer la integran los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

De todos modos, este martes sucedió un hecho trascendente en la historia de la democracia argentina. Tres jueces del tribunal oral (Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso) sentaron el precedente de que puede no haber impunidad para la corrupción, aun cuando la acusación recaiga sobre la persona más poderosa del país. Era hora de que la Justicia se mostrara tal como debe ser, ciega e imparcial, después de que su prestigio cayera hasta límites muy profundos ante los ojos de la sociedad. Podrán suceder muchas cosas en adelante, pero la misión de esos jueces y la de los fiscales Luciani y Sergio Mola está cumplida. No podían, ni debían, pasar inadvertidos para los jueces y fiscales los hechos objetivos de este caso: casi todas las obras públicas de Santa Cruz fueron adjudicadas a un mismo empresario (que nunca antes había sido empresario ni había construido obras, públicas o privadas), Lázaro Báez; que muchas de esas obras no se terminaron nunca, y que el supuesto empresario cobraba por las obras antes de terminarlas, si es que las terminaba. Lázaro Báez se estrenó como empresario con los Kirchner y bajó las persianas de la empresa cuando los Kirchner se fueron del poder en 2015. Así de obvio fue todo. Los fiscales estimaron que el daño al Estado fue de unos 1000 millones de dólares, aunque la cifra podría ser mucho mayor. La descripción que los fiscales hicieron de Báez fue el de un testaferro de la familia Kirchner, no la de un amigo ni la de un socio. Como es su costumbre, Cristina Kirchner se aferra a los formalismos para responder lo inexplicable. Para ser socio, dijo, debe estar firmado un contrato de sociedad. No era un socio; era un testaferro.

¿Robó o no robó? Esa es la pregunta de aquel periodista italiano que vale la pena hacerse ahora, después de haber asistido a una de las más escandalosas operaciones de los servicios de inteligencia oficiales que se tenga memoria. Esa operación fue llevada al principal teatro de la política por el propio presidente de la Nación en una de su escasísimas cadenas nacionales. El propio Alberto Fernández aclaró que se trató de una incursión ilegal en una plataforma de comunicaciones privadas. El actual presidente no es un novato en operaciones ilegales de los servicios de inteligencia. En 2005, cuando se disputaba la jefatura de Gobierno de la Ciudad, cerca suyo denunciaron que el candidato de la oposición, Enrique Olivera (un hombre de la coalición de Carrió), ocultaba cuentas en el exterior. Mostraron pruebas truchas. El denunciante, Daniel Bravo, que antes se había reunido con Alberto Fernández en la Jefatura de Gabinete, reconoció ante la Justicia dos años después que la denuncia había sido falsa. La falsedad se había demostrado ya cuando el banco, donde supuestamente Olivera tenía cuentas, aseguró que estas no existían. La aclaración ocurrió un día después de las elecciones en las que, obviamente, ganó el oficialismo que encarnaba Alberto Fernández. También Francisco de Narváez sufrió el hackeo de sus correos electrónicos cuando Alberto Fernández era jefe de Gabinete.

Esta vez fue peor. Un supuesto hacker chupó conversaciones privadas de jueces y empresarios en un viaje a la residencia del empresario británico Joe Lewis. La primera constatación que debe consignarse es que la foto inicial de la lista de pasajeros la sacó (y la difundió) la PSA, la policía aeroportuaria, que también cuenta con un servicio de inteligencia propio y con avanzados sistemas tecnológicos para penetrar en los teléfonos privados. La lista no es antojadiza. Cuesta mencionar los nombres cuando no se quiere ser parte de una detestable operación. Pero algunos son significativos. Por ejemplo, el del juez Julián Ercolini, que fue el primer magistrado que procesó a Cristina Kirchner por la causa de Vialidad que terminó ayer con su condena a prisión por corrupción. Ercolini envió la causa al juicio oral que se realizó durante más de tres años y que concluyó en la víspera con el veredicto del tribunal. ¿Casualidad? Imposible. Nunca hubo ninguna sospecha sobre la honestidad de Ercolini. También mencionan en esos supuestos chats al juez Carlos Mahiques, padre del fiscal federal Ignacio Mahiques, que junto con el también fiscal Gerardo Pollicita escribieron el primer y devastador informe sobre la corrupción de la obra pública en Santa Cruz. Tanto el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, como la propia Cristina Kirchner recordaron ayer el parentesco del juez Mahiques con el fiscal Mahiques. 

No puede haber una causa judicial común entre esos jueces, porque Ercolini es juez de primera instancia y Mahiques es juez de la Cámara de Casación, la más alta instancia penal del país. Entre ellos, hay dos instancia intermedias: la Cámara Federal y el tribunal oral. Esto es: no hay una decisión de Ercolini que pueda ser revisada directamente por Mahiques. Los otros dos jueces pertenecen a fueros que nada tienen que ver con el penal federal. Son otras ramas de la Justicia que no se mezclan con la que están Ercolini y Mahiques. El grupo de personas que viajó al sur se hospedó en una residencia privada y, por lo tanto, debió recibir una invitación de Lewis, su dueño, o sus representantes en el país. Eran invitados y la lista la hizo el dueño o sus apoderados. Varios de los mencionados en esos chats le aseguraron a este periodista que existen las facturas con las que se pagó el vuelo. No hubo nada ilegal, dicen. Tal vez hubo, como uno de ellos lo aceptó, “cierto descuido” en el manejo de los mensajes telefónicos. Confinaron demasiado en que vivían en un país en el que se respetaba el derecho a la intimidad. No es así, lamentablemente. Sin embargo, varios de los afectados afirmaron que los chats fueron editados, las conversaciones sacadas de contexto y, en algunos casos, esas voces no corresponden a las personas a las que se las atribuye. Una típica operación de los servicios de inteligencia cuando salen de pesca para desprestigiar a personas o instituciones. Era la Justicia la que debía ser deslegitimada poco antes de la sentencia del tribunal que condenó a la vicepresidenta.

El conflicto de fondo en este caso es que la infiltración de un supuesto hacker para sustraer conversaciones privadas pasó directamente a la cadena nacional del presidente de la Nación. Solo un paso entre el supuesto hacker y el Presidente. El kirchnerismo venía insistiendo en ese viaje como si fuera la prueba del lawfare contra Cristina Kirchner. Ninguno de los jueces del tribunal oral que la condenó ayer ni los de la Cámara de Casación que revisarán el juicio oral estuvieron en ese grupo de viajeros. ¿Dónde está el lawfare? Hay que llamarlo supuesto hacker porque la incursión en las conversaciones telefónicas privadas fue obra de servicios de inteligencia estatales. Es costumbre de estos servicios que sus operaciones las hacen públicas a través de terceros, hacker o amigos. No son ellos los que citan a los periodistas para informarles las miserias que cometen.

El canal de noticias ultrakirchnerista C5N estuvo desde el lunes obsesivamente dedicado al presunto escándalo de los chats. Peor: la televisión pública le dedicó toda la tarde del lunes a la difusión de esos chats. Alguna vez alguien deberá investigar el dinero del Estado que se gasta en la televisión pública para atacar a los enemigos del gobierno. Ya no hay un programa como lo fue 6,7,8. Ahora toda la televisión pública es como aquel programa. El “estado paralelo” del que habla Cristina Kirchner está debajo de su escritorio, no en la residencia privada de Lago Escondido. El descargo de ayer de la expresidenta fue también puro formalismo: el presupuesto lo ejecuta el jefe de Gabinete (lo que es cierto, aunque nunca sin control de los Kirchner) y las obras fueron autorizadas por el Congreso. El Congreso autoriza las obras, pero es el Gobierno el que adjudica las obras, todas a Lázaro Báez.

Entre tanta distracción, debe ponerse énfasis en que se violó el derecho a la intimidad de las personas y, por lo tanto, la libertad privada con la difusión de conversaciones telefónicas personales. Ambos derechos están protegidos por la Constitución. Después de esa repugnante operación, las conversaciones telefónicas, la intimidad y la libertad de los argentinos corren el riesgo de quedar expuestas ante los reflectores públicos. De ser exhibidos en una cadena nacional presidencial. Alberto Fernández no pudo caer más bajo. ¿Hará una cadena nacional para pedir disculpas por haber compartido la fórmula presidencial con una persona condenada a prisión por corrupción? Aquella pregunta sobre si robó o no robó fue respondida ayer por tres jueces. Para ellos, Cristina Kirchner robó.

Joaquín Morales Solá

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CRISTINA KIRCHNER CONDENADA: 6 AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN PERPETUA

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Hareton Jaime Rodríguez Sariol, ex capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), quien llegó a Miami de balsero en el 2016, vestido de completo uniforme, ha sido detenido como principal sospechoso de la desaparición de dos colombianas en Virginia.

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