BARACUTEY CUBANO

Por Oscar Espinosa Chepe

La Habana -- Nuevamente la prensa cubana se ha referido a la necesidad de cambios en la agricultura. En esta ocasión se trata de la segunda parte del artículo ''Viaje al centro de la Tierra'', publicada por el diario Juventud Rebelde el 23 de diciembre pasado. En este trabajo se confirma la existencia de consenso sobre la urgente necesidad de transformaciones en el agro cubano, que permitan elevar la producción en momentos cuando los precios de los alimentos importados crecen impresionantemente.

Aunque se dan criterios interesantes, no se llega a conocer los alcances de los cambios y si responderán a los requerimientos. Existe temor sobre la aplicación de simples medidas superficiales que, en lugar de resolver los problemas, pudieran incluso agravarlos.

Las transformaciones que requiere la agricultura cubana deben ser radicales, mediante el acceso a la tierra a quienes realmente quieran cultivarla y no una mera repartición de pequeñas parcelas en usufructo, o sea, la creación de innumerables minifundios que a mediano plazo podrían acarrear dificultades adicionales. El campo cubano necesita, además, el otorgamiento de garantías jurídicas a los campesinos de que las áreas recibidas no las perderían por vaivenes políticos, y de ser entregadas con la única condición de ser explotadas de manera eficiente y racional.

Si alguna experiencia han aportado estos casi 50 años de desastre agrícola es que la propiedad estatal no es tan social como se ha querido presentar, ni la propiedad privada está tan alejada de los intereses de la colectividad. Al contrario, las entidades estatales --generalmente subsidiadas por una crónica falta de rentabilidad-- han sido fuentes de enormes pérdidas para la nación, desvíos de recursos e improductividad, en el marco de una gestión burocratizada de falsas cooperativas o empresas donde el criterio de los trabajadores siempre ha estado ignorado; mientras los vilipendiados agricultores pequeños, sin recursos y coartados por múltiples prohibiciones, han constituido el sector más productivo, el mejor suministrador de alimentos a la población y riquezas al erario público con el pago de sus impuestos. Sólo basta recordar que con alrededor del 30% de la tierra cultivable, incluida la no tan productiva de las cooperativas de producción agropecuarias (CPA), han logrado más del 65% de la producción total. En contraposición, las tierras estatales se han convertido en extensos marabuzales.

Por otra parte, el mal manejo de las tierras y el riego inadecuado ha ocasionado millones de hectáreas seriamente dañadas por salinidad, compactación, falta de drenaje, erosión y otros males, fenómenos reconocidos en las estadísticas oficiales.

Es urgente resolver estos problemas resultantes de la indolencia prevaleciente durante tantos años, mediante personas que quieran sus tierras y estén dispuestos a realizar inversiones para mejorarlas, lo cual requiere garantías de permanencia como propietarios privados, con libertad para cultivarlas y sin las tenazas del minifundio que obligaría a agotar la riqueza de los suelos, sin la rotación necesaria de los cultivos y con dificultades para la aplicación de técnicas novedosas.

Es necesario que los cambios brinden libertad a los agricultores para adquirir los recursos y poder decidir las actividades a realizar según sus intereses y conveniencias. Asimismo deberán tener completa posibilidad de decidir los precios de sus productos.

Coincidimos con la apreciación de un experto, recogida en el mencionado artículo, de que los agricultores deben tener derecho a poseer una casa digna, buenos muebles, artículos electrodomésticos, técnica de labranza moderna y a comprarse un carro. El trabajo en el campo es sumamente duro y sacrificado, por lo que lógicamente debe recibir la retribución correspondiente.

En el artículo también se menciona la masiva deserción de especialistas de los campos en busca de una mayor retribución en otras esferas de la vida nacional. Constituye una verdadera vergüenza lo narrado sobre el ingeniero en mecanización agrícola empujado a convertirse en pregonero y vendedor de viandas a domicilio, una triste situación experimentada hoy por miles de especialistas de nivel superior y medio, no sólo del sector agropecuario.

Por supuesto, se requieren políticas fiscales y crediticias adecuadas; diseñadas para crear un clima propicio a la productividad agrícola. Al mismo tiempo, debe racionalizarse la dañina estructura burocrática actual. El Ministerio de la Agricultura debería convertirse en una entidad de orientación metodológica y el estado, aunque podría seguir administrando determinadas áreas agrícolas bajo condiciones racionales, deberá esforzarse fundamentalmente en el financiamiento y gestión de centros de investigación y desarrollo, así como de obras de infraestructura en apoyo a la agricultura.

Estas políticas en modo alguno deben limitar el derecho de los agricultores a la formación de verdaderas cooperativas, basadas en la libre voluntad de los campesinos. Paralelamente, tendrían que reestructurarse los mecanismos de acopio y comercialización. El estado podría continuar participando en esa actividad, pero también deben tener derecho entidades cooperativas y privadas, en un plano legal de igualdad. Hoy, gran parte de los productos agrícolas no se recolectan en el campo debido a la ineficiencia de las entidades estatales, que además se han destacado por el impago a los campesinos.

Las reformas no deben demorarse más. El país está gastando más de 1,500 millones de dólares anuales en la compra de alimentos, que podrían producirse en nuestros campos en su inmensa mayoría. Las transformaciones en pequeñas dosis y demasiado tarde no resolverían absolutamente nada. Sería insensato en estos momentos querer hacer cambios para que todo quede igual o peor.

Economista y periodista independiente.