BARACUTEY CUBANO

Por Rafael Rojas


Más de ocho millones de cubanos han elegido, por medio del voto directo y secreto, a 614 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Según la Ley Electoral de la isla, esos diputados deberán elegir el próximo 24 de febrero al presidente, primer vicepresidente y demás vicepresidentes y miembros del Consejo de Estado, quienes gobernarán la isla por los próximos cinco años, es decir, hasta el remoto 2013. Más provechoso que especular si Fidel Castro será o no elegido presidente --aunque lo sea, la dinámica de la sucesión seguirá su curso titubeante, como hasta ahora-- resulta analizar el proceso electoral del socialismo cubano.

En las últimas semanas hemos leído varias apologías de dicho sistema electoral por parte de altos funcionarios cubanos, en especial, del presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón. Cuba, según estos dirigentes, no sólo es una democracia, sino la más avanzada del planeta por tres razones: las elecciones son directas, no son competitivas y en ellas no intervienen partidos políticos. El poder legislativo del país es nominado por los ciudadanos desde los barrios y elegido por ellos mismos en votaciones municipales, provinciales y nacionales. Lo peor es que los gobernantes cubanos son sinceros cuando afirman que la isla posee el sistema electoral más democrático del mundo.

Es cierto. En Cuba sólo existe una asociación política, el gobernante Partido Comunista, y esa institución no interviene directamente en el proceso electoral. Sin embargo, los más de 800,000 militantes del Partido Comunista que existen en la isla participan activamente en las elecciones como ciudadanos con una ideología política específica. Además de esta intervención, que se manifiesta desde el nivel local, las listas de nominados por los que vota la población son elaboradas por comisiones de candidaturas integradas, según el artículo 68 de la Ley Electoral de 1992, por las seis ''organizaciones de masas'' (Comités de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Federación Estudiantil Universitaria y Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media) y presidida por un representante de la Central de Trabajadores de Cuba.

La lista final de 614 candidatos a la Asamblea Nacional, que votaron el pasado domingo ocho millones de cubanos, fue elaborada por el propio Estado, no por la ciudadanía. El número de escaños, además, es el mismo que el de candidatos a elegir, por lo que las posibilidades de escoger racionalmente entre diversas opciones son nulas. Desde la reforma electoral de 1992, el gobierno cubano ideó la fórmula del voto unido, promovida hasta la saciedad por los medios oficiales y por el convaleciente máximo líder, que consiste en colocar en el centro de la boleta un cuadro, que al ser marcado con una cruz, implica el voto por todos los candidatos. Con esa fórmula fácil, el acto de la elección racional queda reducido a una ceremonia plebiscitaria.

Contraria a la reciente tendencia a subrayar la ''diversidad'' y el ''debate'', las pasadas elecciones en Cuba fueron una jornada de afirmación del unanimismo y la homogeneidad. El margen de intervención de actores opositores, en esas elecciones, es inexistente. Es cierto que, hipotéticamente, un opositor podría resultar nominado en una asamblea de barrio, pero, al llegar a la comisión de candidaturas del municipio, su nombre sería automáticamente borrado por no ser representativo de los intereses de ninguna institución oficial. Es por ello que casi la totalidad de los 614 diputados elegidos pertenece al Partido Comunista y los pocos que no son miembros de esa organización están ahí como voceros de otro cuerpo estatal.

En unas elecciones del Estado, por el Estado y para el Estado, como las cubanas, se hace difícil encontrar el elemento representativo de cualquier democracia moderna. Las élites cubanas y sus aliados en el mundo, sin embargo, insisten en que se trata de la democracia perfecta. El alto índice de concurrencia --el 95% de los electores y más del 70% de la población insular-- es uno de los elementos en que se apoyan esas élites para pregonar la superioridad de su sistema. El cálculo, en todo caso, sería incorrecto: fuera de Cuba viven cerca de 3 de millones de cubanos sin derechos políticos, por lo que el pasado domingo sólo votó alrededor de un 60% de la ciudadanía cubana. Habría que preguntarse, además, qué hacen esos ocho millones de cubanos cuando marcan la cruz del voto unido. ¿Votan? ¿Eligen a sus gobernantes?

A pesar de haber sido elegida de acuerdo con un sistema antidemocrático, la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular, si se lo propone, podría funcionar como un agente de cambio en Cuba. En manos de esa institución legislativa está la potestad de impulsar una ley de asociaciones que conceda libertades públicas a la ciudadanía de la isla: una ley de asociaciones que facilite la expresión de la diversidad social, reconocida por el propio gobierno cubano, en términos del pluralismo político existente. De paso, esa misma Asamblea, si quiere contribuir a la democratización de Cuba, podría proponer una reforma electoral que suprima las comisiones de candidaturas y que facilite el acceso de opositores al poder legislativo de la nación.

La más acendrada resistencia al orden democrático, que se percibe en la cultura política oficial cubana, es aquella que identifica la competencia con la fractura de la comunidad, la elección racional con la amenaza de una quinta columna, siempre al acecho y resuelta a anexar Cuba a Estados Unidos. No hay lugar para el opositor en ese sistema porque quien se opone es automáticamente catalogado como ''enemigo del pueblo''. El partido único se asume, entonces, no como lo que es, una asociación de minorías comunistas, una gran facción gobernante, sino como un instituto nacional que representa a toda la sociedad. Mientras ese dispositivo totalitario no se deshaga, la democracia cubana será una quimera.