BARACUTEY CUBANO

Por Laritza Diversent

LA HABANA, Cuba, marzo (www.cubanet.org) - Son muy variadas y novedosas las arbitrariedades del gobierno cubano y su sistema penitenciario. Los reclusos son víctimas de engaño y manipulaciones para que se resignen y mantengan un buen comportamiento.

Las autoridades penitenciarias esperezan a los reos con promesas de otorgarles en un futuro la libertad condicional a cambio de una buena conducta, aún sin haber cumplido los requisitos legales exigidos para disfrutar de tales beneficios.

El deseo de estar libres, la dura vida en prisión, la experiencia adquirida en 22 años de encierro, problemas de salud que le anuncian una futura y completa ceguera, aconsejarán al recluso José Antonio Flores García transformar su conducta de forma positiva.

Ilusionado con promesas, ha pedido 7 veces consecutivas que le den la libertad condicional y se la han negado. Con todo esto, lo animan con inseguras y futuras posibilidades si se porta bien. Lleva años esforzándose para ser disciplinado.

Flores reconoce que es difícil no ser amonestado. En prisión se aplica la añeja norma costumbrista de que pagan justos por pecadores. Después del motín de reclusos en el centro penitenciario Combinado del Este, de Ciudad de la Habana en el año 2005, las autoridades de esta cárcel mancharon el expediente de todos los reos por considerarlos “proclives”, en virtud de una disposición interna.

No hubo investigación para determinar quiénes habían participado en el acontecimiento. Era más fácil declararlos a todos propensos a mantener mal comportamiento, convirtiendo en infructuosos los intentos de aquellos que se esforzaban por no tener indisciplinas que pusieran en riesgo la oportunidad de obtener la libertad condicional en un futuro.

José Antonio es un recluso reincidente. Fue condenado en 1995 a 20 años de prisión.

En virtud del artículo 58, inciso c, del código penal, para obtener la libertad condicional el reo debe haber cumplido las dos terceras partes de la sanción impuesta. Es decir, en este caso, más de trece años para que el tribunal pueda disponer y otorgarle el referido beneficio.

Sin embargo, a José Antonio lo han ilusionado con una posible libertad condicional desde hace 7 años, cuando legalmente tal beneficio no puede disfrutarlo hasta después de agosto de 2008.

Pero estos requerimientos no son necesarios si un reo se convierte en fiel colaborador del trabajo operativo que realiza la Seguridad del Estado (ESTOP).

El recluso común Alberto Agustín Seúl, en 1993 asesinó brutalmente dentro de la prisión de Quivicán al reo Enrique Triana. Le pedían pena de muerte. El tribunal determinó sancionarlo a 30 años de privación de libertad. Seúl comenzó a colaborar activamente con la ESTOP y actualmente está en la calle bajo libertad condicional.

Por ley, este ex convicto tenía que haber cumplido 20 años de prisión para que pudieran otorgarle la libertad condicional. Hasta el 2013 no debería haber disfrutado del beneficio. Pero era más importante recibir información a cambio de impunidad.

El sistema penitenciario existe en las sociedades para aislar y reeducar a aquellos que con su conducta lesionan el sistema de relaciones sociales. Hacerles promesas a los reclusos para que se comporten, se resignen a vivir en un ambiente hostil y violento, para que no protesten por las condiciones infrahumanas de existencia, no es garantía para que en el futuro no reincidan en comportamientos delictivos.

La práctica ha demostrado que el aislamiento en prisión no logra la readaptación social de los ex convictos una vez en libertad. Nuestro gobierno está consciente de esto. La impunidad por realizar ciertos favores no disminuirá nunca la delincuencia.

La sociedad es la que más sufre con el fenómeno de la criminalidad. La única forma de eliminar los conflictos sociales, y con ello la delincuencia, es combatiendo la pobreza mediante políticas sociales autenticas y democráticas.

Esta es la propuesta que debe dar el gobierno al crecimiento del delito. La represión jamás garantizará la seguridad ciudadana que merecen nuestros pueblos. Al contrario, el Estado cubre con demagogia todas la arbitrariedades aquí expuestas.

Decir que están convirtiendo las prisiones en escuelas es una hipocresía, aún cuando existen reclusos como José Antonio Flores, con tercer grado de nivel escolar y más de 22 años de prisión. Para el gobierno, reconocer el fracaso de la reeducación penal significa aceptar los resultados adversos del sistema socialista.

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Un llamado de advertencia (I)

Por Laritza Diversent

LA HABANA, Cuba, marzo (www.cubanet.org) - Siguen alzándose las voces de denuncia dentro de las cárceles cubanas, que reclaman la atención de la opinión pública mundial. Las que muestran lo retorcida que se ha vuelto la existencia en nuestro país.

Prisioneros de conciencia y reos comunes unen sus fuerzas para reclamar justicia. Sus vidas son testimonios de las arbitrariedades del gobierno cubano y la falacia del sistema socialista dentro de la isla.

La voz de José Antonio Flores García ya no está aislada. Recluso común que cumple condena en el centro penitenciario Combinado del Este en esta capital. Tiene 42 años, y 22 de ellos los ha vivido dentro de una celda. Desde su ingreso en prisión ha sido sancionado varias veces por desórdenes dentro del establecimiento penitenciario, y por otros delitos.

Catalogado como un recluso de alta peligrosidad, se le acusa de formar bandas para ejercer poder; practicar el matonismo y la guapería; influir negativamente sobre el resto de la población penal. Estas algunas de las valoraciones de su conducta en las sentencias que la han impuesto

No es mi intención santificar la historia de criminales, ni glorificar sus vidas contándolas en forma de relatos populares. Pretendo advertir con ejemplos reales las consecuencias funestas que pueden traer ciertos hechos para nuestra convivencia en sociedad.

En las resoluciones penales a las que hacía referencia anteriormente, no se habla de la gran responsabilidad que tienen los carceleros en la formación y fomento de bandas organizadas dentro de las prisiones. José Antonio da fe de ello, precisamente porque en tiempos pasados fue un “disciplina”.

Este fenómeno dentro de las cárceles es bastante complejo, necesita un análisis desde varios puntos de vistas para entenderlo. Primeramente, la sociedad cubana es una de las más empobrecidas del hemisferio. La crítica situación económica y el orden legalmente impuesto por los comunistas la han obligado a realizar conductas calificadas de delictivas como medios de subsistencia

Esto ha provocado el aumento de la delincuencia en las dos últimas décadas. Proporcionalmente crece también la población penal y el número de prisiones.

Contrariamente, la cantidad de guardias penitenciarios disminuye. La profesión no es bien vista socialmente, adicionando a ello el bajo salario que se devenga.

Esta situación ha determinado la incapacidad de las autoridades penitenciarias para mantener la disciplina entre los reclusos. Más, cuando son ellos los responsables de la reeducación penal y el establecimiento del orden dentro de las prisiones.

Surge entonces la necesidad de valerse de la agresividad de ciertos reos para que impongan de cualquier forma la disciplina, continuamente alterada por amotinamientos, única forma de protestar contra las malas condiciones de vida dentro de las prisiones.

A los carceleros también les afecta la crisis económica permanente que se vive en el país. Necesitan ingresos adicionales que les permitan sobrevivir. La extorsión, el chantaje, la corrupción, se convierten en medios alternativos de subsistencia.

Los disciplinados, a cambio de una supuesta impunidad y situación privilegiada, ofrecen dádivas a los guardias, reciben poder y autoridad por los servicios prestados. El consejo de reclusos legaliza su labor. Por medio de la intimidación, coacción, amenaza, violencia física y psicológica mantienen de hecho un régimen disciplinario.

En estas condiciones someten y controlan al resto de los reclusos, influencia que no en pocas ocasiones es utilizada, al estilo mafioso, contra sus corruptos guardianes. Cuando éstos no quieren acceder a sus exigencias y peticiones a ellos también les afecta la precaria existencia dentro de las prisiones.

Este es el estilo de vida dentro de las cárceles; todo comienza y termina con represión y rebelión. Los defraudados carceleros llevan como castigo a los indisciplinados amotinados a juicios, y los avales negativos sobre su conducta los hace merecedores de duras penas, mientras tanto buscan en otros reos el reemplazo para imponer el orden por medio del terror y la violencia.

Los jueces, en su condición de subordinados del régimen, jamás se detienen a escuchar los testimonios de los “disciplina”, que en franca desventaja intentan defenderse denunciando la corrupción y abuso de sus carceleros. Es más fácil y conveniente aplicar duras sanciones que ir a la génesis del asunto.