BARACUTEY CUBANO

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LA HABANA

Cuba volvió a la carga este jueves contra el presidente estadounidense George W. Bush y dejó abierta la puerta para que miembros de la disidencia pudieran ser encausados como resultado de la "investigación antiterrorista'' emprendida por las autoridades del país.

Sin embargo, obvio referirse al tema que ocupó la víspera titulares en la prensa internacional: la autorización del presidente Bush para enviar teléfonos celulares a los residentes de la isla.

El canciller cubano Felipe Pérez Roque afirmó que Washington se encuentra en "conteo de protección'' para dar explicaciones sobre presuntas actividades ilegales de sus diplomáticos en La Habana tras servir de correo a los disidentes, facilitándoles dinero de un activista anticastrista de Miami.

(AFP/Getty Images. Felipe Pérez Roque )

Preguntado sobre la posibilidad de que se produzcan detenciones de opositores involucrados en los hechos denunciados, Pérez Roque se limitó a decir que ésta es una "investigación antiterrorista'' que "sigue en curso'' y hay que esperar a que concluya.

Pérez Roque emplazó a Bush y a su Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, a investigar y responder sobre las acusaciones que involucran a diplomáticos estadounidenses, la disidencia interna y el exiliado cubano Santiago Alvarez, de 66 años, quien cumple actualmente una segunda condena por obstrucción de la justicia.

"Esto es un conteo de protección. Ellos sabrán qué hacer. No debe subestimarse la gravedad de los hechos denunciados'', señaló el ministro al pedir que Washington tome medidas respecto a los diplomáticos involucrados, incluido el jefe de la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana (SINA), Michael Parmly.

"Deben responder. Tenemos derecho a saber'', insistió el canciller en una rueda de prensa.

Las denuncias de Cuba se basan en correos electrónicos y llamadas telefónicas divulgadas esta semana por funcionarios y medios oficiales sobre entregas a opositores de varios miles de dólares presuntamente enviados por Alvarez, acusado por La Habana de terrorismo.

Según La Habana, Parmly sirvió de "correo'' para el envío de dinero de la Fundación Rescate Jurídico --supuestamente dirigida por Alvarez-- e incluso adelantó fondos personales a disidentes para una reunión celebrada el pasado mes.

Pérez Roque mencionó, además, que la SINA sirvió de correo para trasladar a espaldas de la fiscalía estadounidense un documento de la opositora Martha Beatriz Roque, el cual pretendía rebajar la condena a Alvarez por tenencia de armas para atentar contra Cuba. La carta de Roque se presentaría ante el juez federal James Cohn, encargado de sentenciar a Alvarez, benefactor del militante anticastrista Luis Posada Carriles y arrestado desde noviembre del 2005 por tenencia ilegal de armas.

El funcionario cubano denunció la "actuación ilegal'' de la SINA, que "alienta, financia, organiza, dirige y monitorea'' la actividad de los opositores, algo que, además de ilegal --agregó-- no está en los acuerdos de 1977 por los que ambos países abrieron oficinas de intereses en Washington y La Habana.

Miembros de la disidencia como Laura Pollán, de las Damas de Blanco, que agrupa a familiares de 75 presos condenados en 2003, admitieron haber recibido ese dinero, aunque afirmaron desconocer su procedencia.

Aunque las cantidades recibidas oscilan entre los $200 y los $2,400, Pérez Roque recordó que en Cuba ese dinero "es más de diez veces el salario medio'' y afirmó que, además, está "manchado de sangre''.

No obstante, el canciller no anunció ninguna medida contra Parmly ni la SINA, al recordar las reiteradas notas de protesta enviadas por Cuba en los últimos años por la actuación de los diplomáticos estadounidenses en La Habana, aunque subrayó que espera que Washington rectifique su proceder en la isla.

Parmly abandonará su cargo este verano tras tres años de servicio diplomático en La Habana. Su sucesor, Jonathan D. Farrar, ya ha sido designado por el Departamento de Estado.

"Esperamos que el gobierno de EE.UU. se llame a capítulo y tome las medidas pertinentes para rectificar la conducta de sus diplomáticos en Cuba'', dijo, al recordar que ese compartimiento viola las leyes estadounidenses, las cubanas y las convenciones internacionales.

El canciller aprovechó la oportunidad para calificar de "show decandente'' la intervención de Bush el miércoles, durante el primer Día de Solidaridad con el Pueblo Cubano, promovido por Washington.

Bush anunció que permitirá a los estadounidenses enviar teléfonos celulares a sus familiares en la isla, como medida a favor de la libertad de expresión y el libre flujo de información.

"Fue un show decadente, un discurso irrelevante y cínico, un acto de propaganda ridícula y de mal gusto'', dijo Pérez Roque, quien no hizo mención al tema de los celulares.

En su opinión, la investigación desatada por el Ministerio del Interior (MININT) no debería molestar en la Unión Europea (UE), que el mes próximo debe evaluar la situación de las sanciones impuestas en 2003 tras la detención de los 75 disidentes, que permanecen suspendidas desde 2005.

"No he visto ninguna declaración oficial de algún representante de la Unión Europea o de algún país miembro que cuestione el derecho de Cuba a denunciar públicamente el resultado de una investigación sobre el terrorismo muy grave, y no creo además que tendrían razón para hacerlo'', indicó Pérez Roque.