BARACUTEY CUBANO

En el día de ayer las autoridades de Inmigración nos notificaron por escrito, a mi esposa Ana Aguililla Saladrigas y a mí, que no nos permitirían viajar a los Estados Unidos de América donde planificábamos visitar a nuestros hijos y recibir atención médica para las lesiones adquiridas en prisión. De esta manera se conculca nuestros más elementales derechos humanos y se nos ratifica en el padrón de secuestrados donde yo estaba hace 16 años y ahora agregan a mi compañera de la vida, como quien da una vuelta más a la rosca de la opresión.

En el año 1991 me ocupaba en monitorear la tragedia –por entonces mucho más traumática– de desaparecidos y muertos en el Estrecho de la Florida. Las autoridades nos conminaron a abandonar el país con la amenaza de que, si no lo hacía, me encarcelarían por 15 años (cosa que cumplieron) y a partir de ese momento quedamos impedidos oficialmente de viajar al exterior si no era para emigrar.

Durante los años 1992 y 1993, solicité varias veces permiso para viajar a Europa, Latinoamérica y los Estados Unidos, a tenor de invitaciones para participar en congresos, en cursos o simplemente de visita familiar y siempre fui denegado; reiterándome que solo se me autorizaba a emigrar definitivamente.

Durante esos mismos años, nuestros dos hijos mayores fueron objeto de agresiones de todo tipo en su vida privada, como medio de compulsarme a la emigración. La cosa llegó a tal punto, que varios países se brindaron a darles refugio individual; pero el Gobierno continuaba impenitente en condicionar el permiso de ellos a que yo también me marchara. Hasta que por fin, en febrero de 1994, les dejaron marcharse a Norteamérica y tres meses después me encarcelaron por segunda vez, pues ya antes había extinguido un año.

Comenzamos a vivir un largo calvario infernal, que se extendió por más de13 años. Durante ese tiempo mi familia fue agredida de forma muy sinuosa, pero también muy cáustica; penetraron en la vida privada de mi hija menor y le hicieron tanto daño, que tuvo que terminar por marcharse del país en contra de su voluntad. La única cosa positiva por entonces fue que dejaron viajar de visita y regresa a mi esposa y a mi hija.

En la prisión me enfermé: se me deterioraron los pulmones en grado tal, que están muy endebles, con enfisemas y un nódulo que dicen los médicos que requiere operación; también adquirí en este tiempo una cardiopatía isquémica de alto riesgo para la vida, requiriéndose de una coronografía. Pero para estos tratamientos, el Gobierno reclama que mi esposa y yo tenemos que firmar un documento donde les liberamos a todos ellos de responsabilidad en caso de que muera en el quirófano.

Tal cosa no es posible aceptar con personas que han demostrado ser inescrupulosas y que nos odian. Por ello cuando nos lo plantearon por primera vez le respondimos: que esos tipos de intervención tan riesgosas, uno debe realizarlas al lado de los hijos que es a quienes corresponde darnos sepultura en caso de que resulte fatal.

Todo esto, unido al deseo de ver a nuestros hijos y nietos, era la razón que nos animaba a salir al extranjero, por lo que realizamos los prolijos trámites abonado además las exacciones impuestas, cuyo gravamen por demás asciende al salario de varios años de un cubano promedio.

No obstante, el Gobierno que conoce perfectamente nuestras razones, ha vuelto a negarme este derecho y para colmo, también se lo niega ahora a mi esposa. Estos hechos constituyen un acto de obstrucción a la atención médica y por ello, cualquier cosa que me suceda en lo adelante, es una responsabilidad de los Castro.

Nosotros nos preguntamos: ¿Cuál es el precio que hay que pagar para que este gobierno respete estos derechos que son inalienables?