BARACUTEY CUBANO

El orden de los factores

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Los cambios políticos podrían salvar la situación económica en la Isla, pero no al revés, como sugieren las 'reformas' raulistas.
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Julián B. Sorel, París | 09/07/2008

La decisión de la Unión Europea de anular las sanciones que en 2003 le impuso al gobierno de Cuba con motivo de la "Primavera Negra", ha devuelto a la palestra el tema de las reformas que aplica actualmente el régimen de La Habana.

En lo esencial, el razonamiento de las cancillerías europeas, espoleadas por la operación de relaciones públicas de Moratinos y Rodríguez Zapatero, es el siguiente:

( Feria agropecuaria en La Habana: Algo más de comida y menos libertad. (AP) )

Puesto que las medidas de 2003 no lograron la liberación de los periodistas y opositores encarcelados, ni mucho menos la modificación de las leyes que hacen posible arbitrariedades como esa, pues vamos a eliminarlas y a confiarnos a la buena voluntad del nuevo/viejo gobierno de La Habana. Eso sí, advirtiéndole que cada año nos reuniremos para examinar su conducta y, si persiste en portarse mal, pues tomaremos medidas (que forzosamente han de ser otras, puesto que las iniciales no dieron resultado).

Habida cuenta de que varias cancillerías europeas sostienen que en Cuba se ha iniciado un proceso de reformas, esas medidas hipotéticas, si procedieran, tendrían que ser lo suficientemente tiernas y cautelosas como para no lastimar el "proceso". Esa es la ventaja de la semántica diplomática: Una vez que se llega a un acuerdo sobre la etiqueta que cabe pegar a una realidad, el repertorio de respuestas subsiguientes queda prescrito y no es preciso calentarse mucho las meninges.

A una violación del derecho de gentes se responde con sanciones —aunque sean simbólicas—. A un "proceso" hay que responder siempre con estímulos positivos —aunque a menudo resulten inoperantes o contraproducentes—. ¿Y si las violaciones se repiten en el marco del "proceso"? Pues hay que apostar por el optimismo e invocar la benevolencia del nuevo sátrapa (del griego: σατράπης satrápēs, del antiguo persa xšaθrapā(van), «protector del país»).

Pero, ¿en qué consiste el "proceso de reformas" presuntamente desatado por Raúl Castro?

Por ahora, las medidas objetivas han sido la eliminación de algunas prohibiciones al consumo, la erradicación de los topes salariales y muchos rumores sobre lo que podría decretarse, lo que eventualmente se examinaría, lo que tal vez vaya a modificarse, etcétera: títulos de propiedad sobre casas y tierras, abrogación de los permisos para entrar y salir del país, y otras normativas. Sin embargo, por ningún lado se avizoran reformas que afecten otros derechos cívicos fundamentales, como la capacidad de decisión política de los ciudadanos.

Marear la perdiz

Si se considera el balance de dos años de ejercicio de un poder casi absoluto, el expediente resulta bastante escuálido. En la mitad de ese tiempo, con la oposición de la tercera parte de la Asamblea Nacional y de casi toda la prensa, Nicolás Sarkozy ha emprendido la reforma de la educación nacional, el régimen de pensiones, la duración oficial de la semana laboral, la implantación territorial de la judicatura, las leyes del servicio mínimo en caso de huelga y otra docena de asuntos importantes. Y todo eso ocurre en Francia, un país viejo con instituciones y hábitos muy arraigados, partidos paleomarxistas, movimientos antisistema, sindicatos contumaces y una burocracia atrincherada en sus privilegios, en el mejor estilo soviético.

En el caso de Cuba, la respuesta —esperanzada, entusiasta, astuta o cautelosa— a esa mezcla de modestas medidas reales y posibles reformas hipotéticas, se fundamenta en una superstición marxista: el cambio de la base económica traerá consigo la modificación de la superestructura política. Dicho de otro modo, cuando el mercado fije los precios relativos de bienes y servicios, y la gente acceda a la propiedad de la tierra y las viviendas, con derecho a comprar y vender lo que deseen, el régimen se verá obligado a conceder a los ciudadanos las libertades y prerrogativas de las que hoy les priva. O sea, la lucha de clases es el motor de la Historia.

Pero al ritmo que van las transformaciones bien podría suceder que no, que el gobierno de Castro el Chico llegue a utilizar el mercado para racionalizar un poco la gestión económica y aumentar la productividad, sin modificar ni un ápice del aparato represivo y la superestructura arcaica que le garantizan el poder. Todo eso con la anuencia de buena parte de la comunidad internacional, tan preocupada por no obstruir el "proceso".

De ahí que los disidentes más lúcidos no pierdan el tiempo glosando medidas epidérmicas y declaren que son los cambios políticos los que podrían salvar la situación económica y no al revés: amnistía, revisión de la Constitución y el Código Penal, y convocatoria de elecciones libres bajo supervisión internacional. Esas son las reformas que es preciso exigirle al régimen cubano, sin dejarle que maree la perdiz con rumores, arbitrios y gestos para la galería.

Una vez que se ponga en marcha esa dinámica democrática, la recuperación de la economía será tarea relativamente sencilla. El capitalismo cubano ha demostrado siempre —incluso bajo el castrismo— una considerable vitalidad. La capacidad de creación, de intercambio y de inversión harán posible el crecimiento económico y la prosperidad nacional. Pero esas actividades requieren garantías, en forma de un marco jurídico y un régimen de libertades públicas.

La aritmética enseña que el orden de los factores no altera el producto. En el álgebra superior de la política sucede precisamente lo contrario: una liberalización económica parcial, controlada por un partido hegemónico, puede desembocar en un "socialismo de mercado" —como le llaman los chinos— o en un capitalismo de Estado —como en el caso de Rusia—.

Sólo la liberación de todos los presos políticos, la reforma previa de las instituciones, y una consulta equitativa y honrada de la voluntad popular, garantizará a la vez la recuperación de las libertades y el desarrollo económico. Esa es la piedra de toque, la vara que debería servir para medir hasta qué punto las reformas raulistas son un intento serio de sacar al país de la crisis en que se hunde o un simulacro destinado a ganar tiempo y preservar los privilegios de la nueva casta dominante.

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