BARACUTEY CUBANO

La Incongruencia de Brasil (el “Hermano Mayor”) sobre Cuba

Rolando Castañeda*

25 de diciembre de 2008

La mayoría de los cubanos de la isla, tal como lo expresan los intelectuales y profesionales nacionales y la disidencia, así como los de la diáspora, queremos una plena reinserción internacional de Cuba, tanto política como económicamente, en particular porque el país está muy rezagado. Por eso rechazamos categóricamente el embargo y el aislamiento estadounidense de la isla y respaldamos los acuerdos de la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre estos temas.

Durante casi cincuenta años, el gobierno cubano ha restringido normalmente todas las vías de oposición política. Los ciudadanos se ven impedidos de ejercer sus derechos fundamentales de libertad de expresión, asociación política y sindical, reunión, circulación y debido proceso legal. Entre los medios empleados por el régimen para imponer su voluntad se encuentran las amenazas e intimidaciones policiales, la vigilancia, las detenciones temporales y permanentes, los arrestos domiciliarios, las restricciones para viajar, la persecución penal y el despido laboral por razones políticas.

Las estructuras legales e institucionales de Cuba permiten este tipo de violaciones y abusos de los derechos humanos esenciales. Los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión y de circulación, de sindicalización así como de prensa, están sujetos a estrictas restricciones impuestas por la ley cubana. Mediante la criminalización de la llamada propaganda enemiga, la difusión de “noticias no autorizadas” y la ofensa de los símbolos patrios, el gobierno restringe la libertad de expresión bajo la excusa de proteger la seguridad del estado. Los tribunales de justicia no tienen independencia; por el contrario, violan el derecho a un juicio justo al restringir el derecho a la legítima defensa y, generalmente, no respetan los escasos derechos al debido proceso que la ley reconoce a los acusados.

El Director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló en febrero de 2008 “Aun si (Fidel) Castro ya no se encuentra al mando, la maquinaria represiva que él construyó a lo largo de casi medio siglo se mantiene completamente intacta. Hasta que eso no cambie, es poco probable que se produzcan avances concretos con respecto a los derechos humanos en Cuba”.

Uno de los deseos más fervientes de los cubanos de la isla es viajar libremente al exterior y de los cubanos de la diáspora de visitar nuestro país sin estar sujetos a las “prohibiciones excesivas” que denunció el propio general Raúl Castro.

También los cubanos queremos mayor libertad de expresión y de participación en la vida nacional para escoger nuestra realidad y nuestro proyecto de país y no que un(os) líder(es) iluminado(s) y una burocracia realmente obsecuente los determinen por y para nosotros. Es pertinente señalar que el gobierno de Cuba firmó dos importantes tratados de derechos humanos en las Naciones Unidas el 28 de febrero del 2008: los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos. Estos comprometen al gobierno cubano a respetar, entre otros, derechos esenciales como la libertad de expresión y la libertad de circulación.

Hay una larga tradición en los preparativos de los dos últimos congresos del Partido Comunista de Cuba, en los ensayos de los intelectuales y profesionales y de la disidencia de solicitar, entre otros, una mayor libertad para los trabajadores por cuenta propia, la pequeña y mediana empresa, los pequeños agricultores y de las transacciones de vehículos y viviendas, a fin de mejorar la precaria situación económica del país.

Muchas de esas consideraciones están recogidas en el Proyecto Varela del 2002, que Oswaldo Payá Sardiñas ha relanzado recientemente, y que plantea cuatro solicitudes básicas que están más de acuerdo con los deseos de Latinoamérica y con el llamado Socialismo del Siglo XXI que con la actual realidad cubana, tristemente anclada en el arcaico Socialismo del Siglo XX.

El Proyecto Varela propone específicamente: (1) la libertad de asociación para que se puedan constituir entidades de la sociedad civil, (2) la autorización de la pequeña y mediana empresa y de la contratación directa de trabajadores para facilitar la recuperación de la economía y superar así los niveles de vida que fueron alcanzados en 1985, (3) la elección directa de los funcionarios públicos en el ámbito central y provincial de forma de desarrollar una democracia participativa real y para que respondan efectivamente a los electores; y (4) la liberación de los presos políticos para así comenzar la postergada reconciliación nacional; muchos de ellos están encarcelados por defender las ideas de realizar cambios estructurales y de concepto impulsadas por el propio general Raúl Castro.

Por lo anterior considero que no hay excusas para que un líder sindical y de derechos humanos de la talla internacional del Presidente Luiz Ignacio Lula da Silva ignore completamente la triste realidad cubana sobre derechos laborales y humanos en su relación con Cuba. La misma ha sido expuesta “ad nausean” por las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y denunciada por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, caracterizado por su imparcialidad y objetividad.

Desconocer estas realidades apoya los elementos más represivos y retrógrados del gobierno y de la sociedad cubana y recuerdan las infames Una Canción a Stalin de Nicolás Guillen y una Oda a Stalin de Pablo Neruda. Muestran contradictoriamente al mandatario del “hermano mayor” iberoamericano, como el general Raúl Castro, se refirió a Brasil en su reciente rueda de prensa en Brasilia.

*Rolando H. Castañeda es economista cubano-americano; jubilado del Banco Interamericano de Desarrollo. Reside en Washington, DC.