OBAMA Y LA AVALANCHA INCONTENIBLE DE SU PROYECTO DE SALUD
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Por Michael Connelly*
Traducido por Alfredo M. Cepero
A medida que el Congreso continúa enmendando y presentando nuevas versiones de su llamada legislación de reforma del sistema de salud en ambas cámaras del Poder Legislativo los ciudadanos de los Estados Unidos son bombardeados con interminables proyectos de ley que son cada vez más confusos. La Cámara Baja aprobó primero su versión y después el Senado aprobó la suya. Eso es todo lo que necesitábamos saber sobre los supuestos “demócratas moderados” en la Cámara Alta. Si los ciudadanos de Louisiana y de otros estados no se rebelan contra Mary Landrieu y los demás senadores que están traicionando a sus electores esto sería entonces solamente el principio. Porque esto abriría la puerta para que todos estos senadores continúen violando su juramento de servicio y votando por cuanto proyecto de ley les sea presentado por Obama y Harry Reid, independientemente de sus implicaciones constitucionales.
En cuanto a los proyectos de ley sobre reforma del sistema de salud la razón sigue siendo la misma. Estos proyectos tienen muy poco que ver con la salud. Los mismos constituyen un asalto flagrante contra la Constitución de los Estados Unidos. Su objetivo es fortalecer el Poder Ejecutivo en detrimento de los demás poderes. Todo ello traería consigo la destrucción de los derechos constitucionales de los ciudadanos norteamericanos para decidir por sí mismo los asuntos de salud y proteger su propia privacidad.
En artículos anteriores he expresado estas preocupaciones y ahora voy a resumirlas para que el lector pueda decidir por sí mismo si este es el rumbo que desea para nuestro país. Esto son los resultados que producirán las versiones de la Cámara y del Senado:
Sobre todo y en primer lugar, ambos proyectos otorgarán a burócratas federales el poder de decidir que tipo de cuidado de salud recibiremos los ciudadanos. Esto tendrá lugar tanto si el ciudadano conserva su seguro privado como si opta por la llamada “Opción Pública”. Ambos proyectos de ley están redactados en forma tal que, con el tiempo, eliminarán los seguros privados y obligarán a todos los ciudadanos a recurrir a un sistema de salud obligatorio y controlado por el Gobierno Federal. En ambos casos, usted y su médico ya no podrán tomar decisiones individuales y privadas sobre su cuidado médico. Siempre habrá un comité de burócratas nombrados por el presidente que tendrá la última palabra sobre el tipo de cuidado médico que usted recibirá. Esto es, sin dudas, racionamiento de la peor especie.
Las decisiones serán tomadas sobre la base de “control de costos”. Aún cuando su médico o el hospital decidan que usted necesita un tratamiento específico el gobierno tiene la potestad de negárselo. El proyecto del Senado ofrece supuestamente a los estados la facultad de negarse a participar en la llamada Bolsa de Salud que ofrece la opción pública pero el costo para los ciudadanos de los estados que lo hagan será tan oneroso que la mayor parte de los gobiernos estatales no lo harán.
El impacto inicial y más devastador será recibido por los ciudadanos de la tercera edad. El hecho de que estos ciudadanos han estado pagando impuestos toda su vida para contar con la protección del Medicare es totalmente ignorado. Se producirán recortes masivos en el Medicare, incluyendo la eliminación de programas tales como Medicare Advantage que muchos ancianos necesitan para poder cubrir sus gastos. Esto es un golpe a la mandíbula contra las obligaciones contractuales contraídas por el Gobierno Federal con los ciudadanos de los Estados Unidos.
Ambos proyectos también contienen descomunales aumentos de impuestos sobre los contribuyentes de este país. Los empleadores tendrán que pagar un impuesto sobre la cobertura privada que ofrecen a sus empleados. Esto pondrá a los empleadores en la ominosa disyuntiva de descontinuar la cobertura o pasar el costo del impuesto a los empleados. Los buenos planes de seguro privado llamados “Cadillac Plans” serán grabados en forma todavía más onerosa. Estos impuestos serán pasados a los individuos con la desagradable consecuencia de que muchas familias verán aumentar sus primas de seguro bajo la nueva legislación. Las dos razones para esta barbaridad son: primero, forzar al mayor número de personas a optar por la “Opción Pública” y segundo pagar por el plan del gobierno de ofrecer seguro a aquellos que hoy no lo tienen, incluyendo a los ilegales.
La verdad es que son totalmente falsas las afirmaciones de los patrocinadores de ambos proyectos de ley de que los mismos no incluyen a los ilegales. El hecho es que dichos proyectos de ley no cuentan con mecanismos para hacer obligatorias las cláusulas donde se excluye a los ilegales y que todas las enmiendas presentadas en ambas cámaras encaminadas a prohibir la cobertura de estas personas han sido derrotadas en los comités.
Por otra parte, todo aquel que quiera mantener su cobertura privada debe recibir la aprobación del Gobierno Federal. Si la aprobación es negada, si se produce cualquier cambio en la cobertura o si la persona decide cambiar de empleo será forzada a tomar la “Opción Pública”. Y si se niega a obedecer tendrá que pagar un impuesto. Esto no es en realidad un impuesto. Es una multa. Pero los redactores lo llaman impuesto para negarles a los ciudadanos el derecho a presentar demandas al amparo de la Quinta Enmienda de la Constitución que protege el debido proceso. En otras palabras, el ciudadano no tendrá recurso alguno contra la penalidad que, dicho sea de paso, será aplicada por el Servicio de Rentas Internas. Y, para colmo, si el ciudadano se niega a comprar el seguro o a pagar los “impuestos” podría parar en la cárcel federal.
Para mayor seguridad de que el paciente y su médico se encuentren bajo el control total del gobierno cada asegurado tendrá una tarjeta de salud con una clave que dará acceso instantáneo a los burócratas federales a toda la información médica y financiera de la persona, incluyendo las cuentas bancarias. Olvidémonos sobre privacidad y sobre nuestros derechos a no ser objeto de registros ilegales, según nos lo garantiza la Cuarta Enmienda de la Constitución. Todo esto será eliminado por estas leyes.
¿Tiene el Congreso de los Estados Unidos el poder de hacer todo esto en concordancia con las cláusulas de nuestra Constitución? La respuesta es un rotundo NO. ¿Les importa esto al Congreso o al gobierno de Obama? La respuesta es también NO. A ellos no les importa en lo mas mínimo a pesar del hecho de que la Novena y la Décima Enmienda de la Constitución limitan con claridad meridiana los poderes del Gobierno Federal y protegen los derechos del pueblo y de sus representantes estatales electos en la toma de tales decisiones.
Si este proyecto de ley fuera aprobado terminará definitivamente ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde se decidirá su constitucionalidad. Sin embargo, ni siquiera la decisión del alto tribunal sería definitiva. La decisión final sobre si los americanos estamos o no dispuestos a renunciar a nuestros sagrados derechos constitucionales descansa exclusivamente sobre nuestros hombros. ¿Demandaremos nuestro derecho a vivir en un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” o nos rendiremos ante la tiranía.? La opción es nuestra. Yo se cual será la mía.
*Michael Connelly es veterano del Ejército de los Estados Unidos, abogado, escritor, maestro y autor de tres libros. Su dirección es mrobertc@hotmail.com
*************************
THE OBAMACARE JUGGERNAUT CONTINUES
http://michaelconnelly.viviti.com/
By Michael Connelly
As the Congress continues to rewrite and introduce new versions of so called health care reform legislation in both houses of Congress the citizens of the United States are treated to longer and longer bills that are more and more confusing. The House has passed its version and now the Senate has voted to bring its version to the floor for debate. That tells us what we need to know about the so-called moderate Democrats in the Senate. If the people in Louisiana and other states don’t rise up against Mary Landrieu and the other Senators who are selling out their constituents then this will truly be just the beginning. They will continue to violate their oaths of office and vote for every bill Obama and Harry Reid tell them to vote for, regardless of the Constitutional implications.
As for the health care bills themselves, the bottom line remains the same. These bills are not really about health care at all. They are an all out assault on the Constitution of the United States and are designed to transfer power to the Executive Branch of government that will impact and in some cases virtually destroy the Constitutional rights of Americans to make their own choices when it comes to health care and even to protect their own privacy.
In previous articles I have dealt with some of these concerns and now I will summarize them for you so you can decide for yourselves if this is really the direction you want our country to take. This is what both the House and Senate versions of the bill will do:
First and foremost, both bills will allow federal bureaucrats to decide what health care you can receive. This will be true whether you keep your private health care insurance or go with the “public options”. Both bills are also carefully crafted to eliminate private insurance over a period of time and force everyone into federally mandated and controlled health care. In either case, you and your doctor will no longer be able to make your health care decisions in private. There will always be a committee of Presidential appointees ultimately making your health care decisions for you. This is clearly rationing of health care.
Decisions will be made on the basis of “cost effectiveness". If your doctor or a hospital decides you need treatment the government can reverse that decision and deny you the treatments. The Senate bill allegedly allows States to opt out of the Health Care Exchange that offers the public option but the costs to the citizens of the states that do would be such that states will not be able to make that choice.
Senior citizens will receive the initial and most devastating impact. The fact that seniors have been paying taxes for years to provide Medicare coverage when they retire is ignored. Massive cuts in Medicare will take place including the elimination of such programs as Medicare Advantage that many of seniors have to have in order to make ends meet. This is a direct strike against the contractual obligations that the Federal government has with citizens of the United States.
Both bills also contain massive tax increases on the citizens of our country. Employers will be taxed on private coverage they provide for employees that will force them to either drop the coverage or pass the costs on to their employees. Good private insurance plans will be taxed as “so-called Cadillac plans”. These taxes will be passed on to individuals and that means that many families will find that their premiums will actually be much higher under the legislation. There are two reasons for this; the first is to force more people into the public option and the second is to pay for the government plans for the uninsured, including illegal aliens.
The fact is that while the bills claim to contain provisions denying coverage to illegals these are false. There are no enforcement provisions in place for these provisions and all amendments introduced in both houses of Congress to specifically prohibit coverage for illegals have been defeated in committees.
In addition, if you want to keep your private coverage, it must be approved by the Federal government. If it is not, or if any changes are made to your coverage, or if you decide to change employment you will be forced to accept the public option. If you refuse to do so you will be taxed by the government. This is not really a tax, it is a fine, but it is called a tax so that you can be denied the provisions of the due process clause of the 5th Amendment under the Constitution. In other words, you will not be able to appeal the penalty and by the way, all of this will be under the control of the Internal Revenue Service. If you refuse to get insurance and fail to pay the “taxes” for this refusal, you can be put in federal prison.
In order to make sure that you and your doctor are under complete control of the government you will have a health care card with a bar code that will allow federal bureaucrats instant access to all of your medical information and your financial information, including your bank accounts. Forget about privacy and your rights to be free of illegal searches under the 4th Amendment to the Constitution. These will be eliminated under these new laws.
Does the Congress of the United States have the power to do this under the provisions of our Constitution? The answer is absolutely not. Does the Congress or the Obama administration seem to care? The answer is a no, they don’t, despite the fact that the 9th and 10th Amendments to the Constitution clearly limit the powers of the Federal Government and protect the rights of the people and their elected state governments to make such decisions.
If this legislation passes it will ultimately end up in the Supreme Court of the United States to decide if it is Constitutional. However, even the Court’s decision will not be final. The final decision of whether or not Americans will give up their sacred rights under the Constitution will rest with us. Will we enforce our right to live under a government “of the people, by the people, and for the people” or will we surrender to tyranny. The choice is up to us. I know which choice I will make.
Michael Connelly, U.S. Army veteran, a retired attorney, and a published author of three books, freelance writer, and teacher.
mrobertc@hotmail.com
http://michaelconnelly.viviti.com/
OBAMA Y LA AVALANCHA INCONTENIBLE DE SU PROYECTO DE SALUD.
Por Michael Connelly*
Traducido por Alfredo M. Cepero
A medida que el Congreso continúa enmendando y presentando nuevas versiones de su llamada legislación de reforma del sistema de salud en ambas cámaras del Poder Legislativo los ciudadanos de los Estados Unidos son bombardeados con interminables proyectos de ley que son cada vez más confusos. La Cámara Baja aprobó primero su versión y después el Senado aprobó la suya. Eso es todo lo que necesitábamos saber sobre los supuestos “demócratas moderados” en la Cámara Alta. Si los ciudadanos de Louisiana y de otros estados no se rebelan contra Mary Landrieu y los demás senadores que están traicionando a sus electores esto sería entonces solamente el principio. Porque esto abriría la puerta para que todos estos senadores continúen violando su juramento de servicio y votando por cuanto proyecto de ley les sea presentado por Obama y Harry Reid, independientemente de sus implicaciones constitucionales.En cuanto a los proyectos de ley sobre reforma del sistema de salud la razón sigue siendo la misma. Estos proyectos tienen muy poco que ver con la salud. Los mismos constituyen un asalto flagrante contra la Constitución de los Estados Unidos. Su objetivo es fortalecer el Poder Ejecutivo en detrimento de los demás poderes. Todo ello traería consigo la destrucción de los derechos constitucionales de los ciudadanos norteamericanos para decidir por sí mismo los asuntos de salud y proteger su propia privacidad.
En artículos anteriores he expresado estas preocupaciones y ahora voy a resumirlas para que el lector pueda decidir por sí mismo si este es el rumbo que desea para nuestro país. Esto son los resultados que producirán las versiones de la Cámara y del Senado:
Sobre todo y en primer lugar, ambos proyectos otorgarán a burócratas federales el poder de decidir que tipo de cuidado de salud recibiremos los ciudadanos. Esto tendrá lugar tanto si el ciudadano conserva su seguro privado como si opta por la llamada “Opción Pública”. Ambos proyectos de ley están redactados en forma tal que, con el tiempo, eliminarán los seguros privados y obligarán a todos los ciudadanos a recurrir a un sistema de salud obligatorio y controlado por el Gobierno Federal. En ambos casos, usted y su médico ya no podrán tomar decisiones individuales y privadas sobre su cuidado médico. Siempre habrá un comité de burócratas nombrados por el presidente que tendrá la última palabra sobre el tipo de cuidado médico que usted recibirá. Esto es, sin dudas, racionamiento de la peor especie.
Las decisiones serán tomadas sobre la base de “control de costos”. Aún cuando su médico o el hospital decidan que usted necesita un tratamiento específico el gobierno tiene la potestad de negárselo. El proyecto del Senado ofrece supuestamente a los estados la facultad de negarse a participar en la llamada Bolsa de Salud que ofrece la opción pública pero el costo para los ciudadanos de los estados que lo hagan será tan oneroso que la mayor parte de los gobiernos estatales no lo harán.
El impacto inicial y más devastador será recibido por los ciudadanos de la tercera edad. El hecho de que estos ciudadanos han estado pagando impuestos toda su vida para contar con la protección del Medicare es totalmente ignorado. Se producirán recortes masivos en el Medicare, incluyendo la eliminación de programas tales como Medicare Advantage que muchos ancianos necesitan para poder cubrir sus gastos. Esto es un golpe a la mandíbula contra las obligaciones contractuales contraídas por el Gobierno Federal con los ciudadanos de los Estados Unidos.
Ambos proyectos también contienen descomunales aumentos de impuestos sobre los contribuyentes de este país. Los empleadores tendrán que pagar un impuesto sobre la cobertura privada que ofrecen a sus empleados. Esto pondrá a los empleadores en la ominosa disyuntiva de descontinuar la cobertura o pasar el costo del impuesto a los empleados. Los buenos planes de seguro privado llamados “Cadillac Plans” serán grabados en forma todavía más onerosa. Estos impuestos serán pasados a los individuos con la desagradable consecuencia de que muchas familias verán aumentar sus primas de seguro bajo la nueva legislación. Las dos razones para esta barbaridad son: primero, forzar al mayor número de personas a optar por la “Opción Pública” y segundo pagar por el plan del gobierno de ofrecer seguro a aquellos que hoy no lo tienen, incluyendo a los ilegales.
La verdad es que son totalmente falsas las afirmaciones de los patrocinadores de ambos proyectos de ley de que los mismos no incluyen a los ilegales. El hecho es que dichos proyectos de ley no cuentan con mecanismos para hacer obligatorias las cláusulas donde se excluye a los ilegales y que todas las enmiendas presentadas en ambas cámaras encaminadas a prohibir la cobertura de estas personas han sido derrotadas en los comités.
Por otra parte, todo aquel que quiera mantener su cobertura privada debe recibir la aprobación del Gobierno Federal. Si la aprobación es negada, si se produce cualquier cambio en la cobertura o si la persona decide cambiar de empleo será forzada a tomar la “Opción Pública”. Y si se niega a obedecer tendrá que pagar un impuesto. Esto no es en realidad un impuesto. Es una multa. Pero los redactores lo llaman impuesto para negarles a los ciudadanos el derecho a presentar demandas al amparo de la Quinta Enmienda de la Constitución que protege el debido proceso. En otras palabras, el ciudadano no tendrá recurso alguno contra la penalidad que, dicho sea de paso, será aplicada por el Servicio de Rentas Internas. Y, para colmo, si el ciudadano se niega a comprar el seguro o a pagar los “impuestos” podría parar en la cárcel federal.
Para mayor seguridad de que el paciente y su médico se encuentren bajo el control total del gobierno cada asegurado tendrá una tarjeta de salud con una clave que dará acceso instantáneo a los burócratas federales a toda la información médica y financiera de la persona, incluyendo las cuentas bancarias. Olvidémonos sobre privacidad y sobre nuestros derechos a no ser objeto de registros ilegales, según nos lo garantiza la Cuarta Enmienda de la Constitución. Todo esto será eliminado por estas leyes.
¿Tiene el Congreso de los Estados Unidos el poder de hacer todo esto en concordancia con las cláusulas de nuestra Constitución? La respuesta es un rotundo NO. ¿Les importa esto al Congreso o al gobierno de Obama? La respuesta es también NO. A ellos no les importa en lo mas mínimo a pesar del hecho de que la Novena y la Décima Enmienda de la Constitución limitan con claridad meridiana los poderes del Gobierno Federal y protegen los derechos del pueblo y de sus representantes estatales electos en la toma de tales decisiones.
Si este proyecto de ley fuera aprobado terminará definitivamente ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde se decidirá su constitucionalidad. Sin embargo, ni siquiera la decisión del alto tribunal sería definitiva. La decisión final sobre si los americanos estamos o no dispuestos a renunciar a nuestros sagrados derechos constitucionales descansa exclusivamente sobre nuestros hombros. ¿Demandaremos nuestro derecho a vivir en un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” o nos rendiremos ante la tiranía.? La opción es nuestra. Yo se cual será la mía.
*Michael Connelly es veterano del Ejército de los Estados Unidos, abogado, escritor, maestro y autor de tres libros. Su dirección es mrobertc@hotmail.com
*************************
THE OBAMACARE JUGGERNAUT CONTINUES
http://michaelconnelly.viviti.com/
By Michael Connelly
As the Congress continues to rewrite and introduce new versions of so called health care reform legislation in both houses of Congress the citizens of the United States are treated to longer and longer bills that are more and more confusing. The House has passed its version and now the Senate has voted to bring its version to the floor for debate. That tells us what we need to know about the so-called moderate Democrats in the Senate. If the people in Louisiana and other states don’t rise up against Mary Landrieu and the other Senators who are selling out their constituents then this will truly be just the beginning. They will continue to violate their oaths of office and vote for every bill Obama and Harry Reid tell them to vote for, regardless of the Constitutional implications.
As for the health care bills themselves, the bottom line remains the same. These bills are not really about health care at all. They are an all out assault on the Constitution of the United States and are designed to transfer power to the Executive Branch of government that will impact and in some cases virtually destroy the Constitutional rights of Americans to make their own choices when it comes to health care and even to protect their own privacy.
In previous articles I have dealt with some of these concerns and now I will summarize them for you so you can decide for yourselves if this is really the direction you want our country to take. This is what both the House and Senate versions of the bill will do:
First and foremost, both bills will allow federal bureaucrats to decide what health care you can receive. This will be true whether you keep your private health care insurance or go with the “public options”. Both bills are also carefully crafted to eliminate private insurance over a period of time and force everyone into federally mandated and controlled health care. In either case, you and your doctor will no longer be able to make your health care decisions in private. There will always be a committee of Presidential appointees ultimately making your health care decisions for you. This is clearly rationing of health care.
Decisions will be made on the basis of “cost effectiveness". If your doctor or a hospital decides you need treatment the government can reverse that decision and deny you the treatments. The Senate bill allegedly allows States to opt out of the Health Care Exchange that offers the public option but the costs to the citizens of the states that do would be such that states will not be able to make that choice.
Senior citizens will receive the initial and most devastating impact. The fact that seniors have been paying taxes for years to provide Medicare coverage when they retire is ignored. Massive cuts in Medicare will take place including the elimination of such programs as Medicare Advantage that many of seniors have to have in order to make ends meet. This is a direct strike against the contractual obligations that the Federal government has with citizens of the United States.
Both bills also contain massive tax increases on the citizens of our country. Employers will be taxed on private coverage they provide for employees that will force them to either drop the coverage or pass the costs on to their employees. Good private insurance plans will be taxed as “so-called Cadillac plans”. These taxes will be passed on to individuals and that means that many families will find that their premiums will actually be much higher under the legislation. There are two reasons for this; the first is to force more people into the public option and the second is to pay for the government plans for the uninsured, including illegal aliens.
The fact is that while the bills claim to contain provisions denying coverage to illegals these are false. There are no enforcement provisions in place for these provisions and all amendments introduced in both houses of Congress to specifically prohibit coverage for illegals have been defeated in committees.
In addition, if you want to keep your private coverage, it must be approved by the Federal government. If it is not, or if any changes are made to your coverage, or if you decide to change employment you will be forced to accept the public option. If you refuse to do so you will be taxed by the government. This is not really a tax, it is a fine, but it is called a tax so that you can be denied the provisions of the due process clause of the 5th Amendment under the Constitution. In other words, you will not be able to appeal the penalty and by the way, all of this will be under the control of the Internal Revenue Service. If you refuse to get insurance and fail to pay the “taxes” for this refusal, you can be put in federal prison.
In order to make sure that you and your doctor are under complete control of the government you will have a health care card with a bar code that will allow federal bureaucrats instant access to all of your medical information and your financial information, including your bank accounts. Forget about privacy and your rights to be free of illegal searches under the 4th Amendment to the Constitution. These will be eliminated under these new laws.
Does the Congress of the United States have the power to do this under the provisions of our Constitution? The answer is absolutely not. Does the Congress or the Obama administration seem to care? The answer is a no, they don’t, despite the fact that the 9th and 10th Amendments to the Constitution clearly limit the powers of the Federal Government and protect the rights of the people and their elected state governments to make such decisions.
If this legislation passes it will ultimately end up in the Supreme Court of the United States to decide if it is Constitutional. However, even the Court’s decision will not be final. The final decision of whether or not Americans will give up their sacred rights under the Constitution will rest with us. Will we enforce our right to live under a government “of the people, by the people, and for the people” or will we surrender to tyranny. The choice is up to us. I know which choice I will make.
Michael Connelly, U.S. Army veteran, a retired attorney, and a published author of three books, freelance writer, and teacher.
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posted by PPAC @ 1/05/2010 03:02:00 a. m.
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