BARACUTEY CUBANO

 Nota del Bloguista

Golpe de Estado,  rigurosamente hablando, es cuando el golpe procede desde instancias del propio gobierno ( gobierno en su sentido más amplio: rama ejecutiva, rama legislativa y rama judicial)  y esa acción va contra las leyes del país  donde se produce. Muchas personas creen erróneamente que los golpes militares ( ¨manu militari¨) son Golpes de Estado. Cuando esa acción  no se produce por personas del gobierno,  o la acción no va  en contra las leyes del país, la acción  no se llama, rigurosamente hablando,  Golpe de Estado.

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Tomado de http://www.cubaencuentro.com/

 

Golpes de Estado disfrazados… de revoluciones

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Los acontecimientos de Paraguay revelan la doble moral “bolivariana”
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Por Eugenio Yáñez

 Miami 

27/06/2012 

Golpe de Estado es la sustitución por la fuerza de un Gobierno legítimo. Cualquier acción de este tipo es condenable en apego al Estado de Derecho, con independencia de dónde se produzca o quién lo encabece.

Sin embargo, la “dialéctica” bolivariana, hija de la “sabiduría” castrista, tiene una manera muy peculiar de interpretar las cosas. Así, mientras el 11 de abril de 2002 “la oligarquía” venezolana dio un golpe de Estado contra Chávez, el 4 de febrero de 1992 Hugo Chávez no intentó un golpe de Estado en Venezuela, sino comenzó una revolución.

Con esa misma “dialéctica” se enfocan los recientes acontecimientos en Paraguay. Veamos los hechos, antes que los papagayos comiencen a repetir sandeces en vez de argumentar.

El poder legislativo (la cámara de representantes y la de senadores, ambas electas democráticamente), en base a la Constitución paraguaya, acordó por abrumadora mayoría el pasado jueves acusar de “mal desempeño de sus funciones” al Presidente, Fernando Lugo, y celebrarle un juicio político. El mandatario aceptó someterse a tal juicio. En el desarrollo del mismo, al día siguiente, se presentaron las acusaciones contra el gobernante, y sus abogados expusieron los argumentos de defensa del mandatario.

A continuación, el Senado, única institución autorizada para hacerlo, procedió a la votación: 39 senadores, de 45 posibles (87 %), votaron por la destitución del Presidente, aunque bastaba con 30. El ya ex mandatario habló ante las cámaras: “Me someto a la decisión del Congreso”. El vicepresidente, electo junto a Lugo en 2008, pasó a ocupar la presidencia de la nación. Le dijo al ya ex presidente que utilizara todo el tiempo que necesitara para mudarse del palacio de gobierno. Ninguna cacería de brujas.

Los acontecimientos se desarrollaron pacíficamente. Manifestaciones a favor o en contra demostraban que se respetó la libre expresión, y tras la natural conmoción informativa los paraguayos regresaron a sus actividades cotidianas. Los periódicos paraguayos destacaban el martes la saga del proceso, pero también noticias de fútbol. El máximo organismo electoral del país no modificó la fecha de las elecciones previstas para abril, ni el traspaso de poderes en agosto de 2013: una situación normal, regida por las leyes.

 

(El depuesto presidente de Paraguay, Fernando Lugo, durante una conferencia de prensa en Asunción, el 25 de junio de 2012.)

Los “bolivarianos” y gobiernos simpatizantes se molestaron por el cese de Lugo, semental y obispo antes de ser presidente. Apareció el muy demócrata y antigolpista Hugo Chávez. Y de pronto el destituido mandatario comenzó a decir que había sufrido un golpe de Estado, y a payasear al estilo del hondureño Manuel Zelaya. Chávez actuó brutalmente: cortó los suministros de petróleo a Paraguay, un “criminal bloqueo”, ¿no? Nada de eso, porque había un “golpe de Estado” contra Lugo, criterio apoyado de inmediato por los muy democráticos y antigolpistas Correa en Ecuador, Ortega en Nicaragua y Morales en Bolivia, así como por la señora Cristina Fernández en Argentina.

La OEA, como de costumbre, tratando de quedar bien con Dios y con el diablo, no quedaba bien con nadie, pero lo que dijo su inefable secretario general convenía a los “bolivarianos”: “El juicio sumario, aunque formalmente apegado a la ley, no parece cumplir con todos los preceptos legales del derecho a la legítima defensa”.

Faltaba una pieza para la puesta en escena. Así que llegó la declaración oficial de La Habana condenando el “golpe de Estado parlamentario”, y anunciando después el retiro del embajador en Paraguay. Raúl Castro dijo que “usaron al Parlamento y la mayoría reaccionaria que tienen allí”. ¿Cómo puede ser “parlamentario” un golpe de Estado? ¿Acaso lanzando senadores o representantes a la cabeza del Presidente? Si el parlamento democráticamente electo destituyó al Presidente conforme a la ley, y sin violencia, ¿por qué sería un golpe de Estado?

Cuándo Fidel Castro “renunció” en 1959, fue a la televisión, y forzó la renuncia del presidente Manuel Urrutia, ¿tuvo lugar un golpe de Estado en Cuba? Cuándo Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia, o los hermanos Castro en Cuba, controlan los organismos electorales, violentan las elecciones, y se reeligen indefinidamente, ¿se habla de golpe de Estado, de democracia o de revolución?

De acuerdo a las posiciones políticas cada uno podrá responderse esas preguntas. Pero no puede haber doble rasero: no puede medirse con escalas diferentes. La dictadura cubana dijo que “no reconocerá autoridad alguna que no emane del sufragio legítimo y el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo paraguayo”, pero lo que proclama defender para los paraguayos no es lo mismo que impone a los cubanos.

Despidiendo al muy democrático dictador bielorruso, Alexander Lukashenko, que tras visitar La Habana partía hacia la muy democrática Venezuela de Chávez, el muy democrático Raúl Castro dijo: “Hace años, razonando con Fidel, le afirmé que cuando los intereses estadounidenses se vieran amenazados en este continente, volverían los golpes de Estado. Y han vuelto, solo que disfrazados”.

Ciertamente, han vuelto, disfrazados. Pero disfrazados de “revolución bolivariana”, de “revolución ciudadana”, de “defensa de la Pachamama”, de “sandinismo”, de “actualización del modelo”, de reformas a las constituciones y reelecciones continuas, disfrazados de cualquier cosa menos de elecciones democráticas limpias y multipartidistas, respeto a la legalidad y al Estado de Derecho.

La democracia paraguaya actuó conforme a la Constitución del país, y sin violencia. Nadie más que los paraguayos tiene derecho a inmiscuirse en sus asuntos internos.

Mucho menos quienes no respetan ni las leyes ni el Estado de derecho.

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