BARACUTEY CUBANO

Antonin Scalia

Este hombre no pedía disculpas por sus posiciones conservadoras. Se propuso, y en gran medida lo logró, poner freno a la tendencia de la Corte Suprema presidida por Earl Warren de usurpar los poderes del Congreso legislando desde sus cargos vitalicios y sin rendir cuentas a la ciudadanía.

Quienes defendemos la santidad de la vida humana expresada en el derecho a la vida del no nacido lloramos la muerte de Antonín Scalía, un gigante de la jurisprudencia americana y nuestro campeón más formidable en esta lucha entre el materialismo y el espiritualismo que amenaza con desmembrar a la sociedad norteamericana. Un católico que vivió su fe y actuó en concordancia con sus principios. Una versión contemporánea del "paterfamilias romano" de la cultura de sus antepasados, de la cual Scalía se sentía orgulloso. Sus nueve hijos y tres docenas de nietos son testimonio viviente de la labor edificante en la Tierra de aquel verdadero gigante del espíritu. Quienes fuimos instruidos por sus enseñanzas y estimulados por su ejemplo compartimos hoy el luto de su esposa, hijos y nietos.

Scalía fue nominado al alto tribunal por el Presidente Ronald Reagan y tomó posesión del cargo el 26 de septiembre de 1986. Scalía fue en el mundo de la jurisprudencia lo que fue Reagan en el mundo de la política. Fue desde un principio un abierto crítico del aborto, de la acción afirmativa y de la llamada "agenda homosexual". Este hombre no pedía disculpas por sus posiciones conservadoras. Se propuso, y en gran medida lo logró, poner freno a la tendencia de la Corte Suprema presidida por Earl Warren de usurpar los poderes del Congreso legislando desde sus cargos vitalicios y sin rendir cuentas a la ciudadanía. Aunque el tema sería muy largo de tratar en este trabajo me opongo categóricamente a todo cargo vitalicio, porque alimenta la arrogancia de quién lo ostenta y conduce con frecuencia al abuso de poder. Pero ese sería tema para otro día.

Ahora bien, la mayor contribución de Scalía a la filosofía conservadora dentro de la jurisprudencia fue lo que muchos han dado en llamar su "Doctrina del Originalismo". De acuerdo con la misma, la constitución debe de ser interpretada textualmente y según fue redactada por sus autores originales con el objeto de dar respuesta a los asuntos de su tiempo. Condenó a quienes la interpretan como un documento viviente y se escudan en ella para promover ideologías encaminadas a transformar los principios y subvertir los valores actuales de la sociedad norteamericana. Esta es la posición del aprendiz de jurista que desde la Casa Blanca gobierna por decretos inconstitucionales destinados al basurero de la historia cuando lo sustituya un presidente que de verdad respete la constitución.

Pero eso no impedirá que Obama y su cohorte en el Congreso se apresuren ahora a nombrar un sustituto para el magistrado Scalía. Ya están haciendo ruido y profiriendo amenazas los Harry Reid, los Patrick Leahy y la Nancy Pelosi, quienes sin duda contarán con el respaldo de esa prensa contaminada por el virus de la izquierda fanática. Ven esta situación como una oportunidad extraordinaria de avanzar su agenda de aborto indiscriminado, matrimonios homosexuales y gobierno omnipotente. Para ello sacarán todos sus cañones y la batalla será de proporciones siderales en unas elecciones presidenciales que estarán matizadas por una animosidad sin precedentes en los últimos 50 años.

Es cierto que desde el punto de vista legal Obama tiene el deber--que los demócratas presentarán como derecho a que se respete su voluntad-- de nominar a los candidatos a la Corte Suprema. Así está estipulado con claridad en el Artículo II, Sección 2, Clausula 2 de la Constitución Norteamericana. El Mesías ha dicho que someterá pronto un candidato ante el Comité Judicial del Senado. Su presidente, el republicano Chuck Grassley ha expresado la opinión de que un presidente en sus últimos meses de gobierno debe dejar la decisión para su sucesor. El demócrata de mayor rango en el comité, Patrick Leahy, insiste en que el nominado por el presidente debe de ser aprobado. Está trazada la raya en la arena y podemos esperar que pronto empiece la artillería pesada.

Sobre todo, si tenemos en cuenta que, para que su candidato sea aprobado por la súper mayoría del procedimiento regular del senado, Obama necesita los votos de 60 senadores, los 46 demócratas y 14 republicanos, que difícilmente logrará porque no vislumbramos la posibilidad de que algún republicano cometa suicidio político en este año de elecciones. Porque aquellos republicanos que votasen con el presidente y vayan a reelección en este 2016 arriesgarían ser retados en las primarias por otros candidatos de su partido, con altas probabilidades de perder su curul.

Tenemos por otra parte un argumento político, respaldado al mismo tiempo por preceptos constitucionales. Este argumento es de mucha mayor trascendencia para la nación que el simple argumento jurídico esgrimido por Obama y sus aliados en el Senado. Los redactores originales de la constitución vislumbraron los peligros de un ejecutivo desbocado como el de Barack Obama. Para contenerlo otorgaron al Senado el poder de ponerle freno por medio del sistema de "asesoramiento y consentimiento" (Advise and consent en inglés).

A este presidente se le aplica como "anillo al dedo". En su agenda de transformar en forma radical a la sociedad norteamericana, Obama ya ha puesto en la Corte Suprema a las zurdas Elena Kagan y Sonia Sotomayor. Si se le permite el nombramiento de un magistrado con la misma rigidez ideológica el daño sería catastrófico y perduraría por más tiempo del que ha hecho hasta ahora. Una Corte Suprema dominada por una izquierda militante echaría por el piso la labor de restauración del equilibrio jurídico realizada por Scalía en sus 30 años de servicio en el alto tribunal.

Ahora bien, siendo Obama quién nos ha demostrado ser en estos siete años, si no le aprueban a su nominado apelará a una de sus acostumbradas opciones nucleares. Optará por esperar a que el Senado se declare en receso y hará lo que se llama un "nombramiento en receso", (Recess Appointment en inglés). En los más de doscientos años de esta república se han producido solamente doce nombramientos en receso, los cuales se han convertido en muy controversiales en los últimos tiempos. Para ello, se amparará bajo el ya mencionado Artículo II, Sección II de la Constitución Norteamericana en la parte donde estipula: "El presidente tendrá la potestad de llenar una vacante que pueda tener lugar durante un período de receso del Senado otorgando nombramientos que expirarán al final del próximo período de sesiones". En ese momento el senado tendrá el poder de aprobar o rechazar de manera permanente el nombramiento hecho por el presidente durante el período de receso.

Ya esto se hace largo y me temo haber bombardeado a mis lectores con excesivos y enrevesados conceptos jurídicos. Termino, por lo tanto, advirtiendo a los republicanos en el Senado que de ellos depende la restauración de la armonía social y del equilibrio político en una nación atormentada por el extremismo ideológico. Les repito que esta es una batalla a muerte por el alma de esta sociedad y que, si se les aflojan las piernas, no sólo debilitarán a su partido sino causarán un daño irreparable a los Estados Unidos.

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 Published on Feb 20, 2016
Daniel Torres y Julio M. Shiling analizan la partida del juez de la Corte Suprema de Justicia, Antonin Scalia y la vacancia en el Tribunal Supremo.
Cortesía del programa "En contacto" Mundo Max. Presentador y periodista: Daniel Torres.



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Tomado de http://www.martinoticias.com

 La muerte de Scalia complica el panorama electoral

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El pueblo va a decidir quién será Presidente; qué partido político tendrá la mayoría en el Senado y entre ellos decidirán quién reemplazaría al Juez del Tribunal Supremo.
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Por Guillermo I. Martínez
febrero 17, 2016

Toda elección presidencial en Estados Unidos es importante.

El Presidente, como cabeza del Poder Ejecutivo, es indiscutiblemente la persona de más relieve e importancia en el Gobierno estadounidense.

También en algunas ocasiones ocurre –como este año– que hay un buen número de senadores republicanos que aspiran a ser reelegidos en estados donde los votantes son predominantemente demócratas. Eso presiona a estos senadores a ser más moderados que sus colegas porque, para ganar, ellos necesitan un buen número de electores independientes o afiliados al Partido Demócrata.

Los senadores son electos por seis años y de los 100 que hay, la tercera parte tiene elecciones cada seis años. Por ende, cuando hay elecciones presidenciales, por lo menos la tercera parte de los miembros del Senado también buscan volver a ganar sus respectivos escaños.

Todo esto ocurre cada cuatro años en elecciones presidenciales.

Lo que no es usual es lo que está ocurriendo este año.

Con la muerte de Antonin Scalia, uno de los nueve jueces del Tribunal Supremo y la voz conservadora más oída por sus colegas, las elecciones presidenciales crecen enormemente en importancia.

Scalia, quien fue nombrado por el presidente Ronald Reagan hace 30 años, era la conciencia conservadora del Tribunal Supremo. Su muerte el fin de semana pasado deja un vacío muy difícil de llenar.

Antes de la muerte del Scalia, el Tribunal Supremo decidía muchos casos por el estrecho margen de 5-4 con el voto de Scalia frecuentemente dándole la razón al lado conservador.

Ahora, hasta que el Presidente nombre a un nuevo juez y el Senado apruebe su nombramiento, el Tribunal Supremo está dividido en forma pareja. Hay cuatro jueces conservadores y cuatro jueces liberales. Llegar a una decisión entre ellos va a ser muy difícil.

Es por eso que el presidente Obama ha dicho que en los próximos días, o semanas, va a anunciar su nombramiento. El problema es que el presidente del Senado, Mitch McConnell, ya ha dicho púbicamente que el Senado no va a aprobar ningún nombramiento que haga el Presidente.

McConnell y un buen número de senadores republicanos han dicho que no van a aprobar el nombramiento de un juez hecho por un presidente al que le queda menos de un año en la Casa Blanca.

Obama insiste en que la Constitución le da el derecho –es más, lo obliga– a nombrar a un juez y al Senado a considerar aprobar o negar su nombramiento.

Los republicanos en el Senado y los que aspiran a la Presidencia discrepan de lo que dice el Presidente. Ellos han dicho que el nombramiento de reemplazo a Scalia le corresponde al próximo presidente que será elegido en noviembre de este año y toma posesión el 20 de enero del 2017.

Y, en estos momentos, la mayoría republicana en el Senado tiene los votos para impedir que ningún candidato que ellos no quieran ratificar pueda ser confirmado.

En estos momentos, los republicanos tienen 54 senadores y los demócratas 46 –contando al independiente Bernie Sanders que siempre vota con los demócratas.

Para poder hacer que el Senado considere al juez nombrado por el presidente Obama, los demócratas necesitan el voto de todos sus miembros más el voto de 14 republicanos. O cualquier senador republicano, puede impedir que el nombramiento obtenga un voto de aprobación o rechazo en el Senado con sólo decir que ellos van a "filibustar" dicho nombramiento.

Esto quiere decir que para poder conseguir un voto en el Senado, Obama necesita el voto de todos los demócratas más el de 14 de los 56 republicanos. Esto último va a ser difícil, por no decir imposible.

Por ende, las elecciones de noviembre adquieren mayor importancia.

No sólo está en juego la Presidencia y el control del Senado. Ahora resulta que este año también está en juego el nombramiento de un juez que reemplace a Scalia.

Si los demócratas ganan la Presidencia y el Senado, ellos podrían ratificar el nombramiento de un juez a la Corte Suprema nombrado por un presidente demócrata. En ese caso, el Tribunal Supremo tendría una mayoría liberal o demócrata, algo que hace más de medio siglo que no ocurre.

Pero si el que gana las elecciones para Presidente es un republicano, las cosas seguirán igualito, como ahora.

Todo esto recalca la importancia de las elecciones de noviembre. En las mismas, el pueblo va a decidir quién será el próximo Presidente de este país; qué partido político tendrá la mayoría en el Senado y entre ellos decidirán quién reemplazaría a Scalia.

Pero para que esto ocurra, el Tribunal Supremo tendrá que tomar decisiones con ocho jueces –cuatro liberales y cuatro demócratas.