BARACUTEY CUBANO

Por Alejandro Armengol


Es casi inevitable que el próximo Congreso de este país tenga que enfrentar la muerte de Fidel Castro y la situación en la Isla tras la desaparición del gobernante cubano. Pese a que es un tema que apenas figuró en la campaña electoral recién concluida y un cambio en el Capitolio no equivale a un nuevo gobierno, el traspaso de poder a los demócratas trae al menos la esperanza de que se hagan modificaciones esenciales a una política obsoleta e inútil: la ley Helms-Burton.

Se puede agregar que es deber del Congreso llevar a cabo esas modificaciones. Lo primero es otorgarle la flexibilidad suficiente para que el embargo pueda ser utilizado como un incentivo político y económico en manos de la Casa Blanca. Se trata de un proceso legal a llevar a cabo, con independencia de la estrategia hacia Cuba adoptada por el presidente Bush. Pero por supuesto que hay que ir más allá. Para comenzar, el Congreso debe levantar las restricciones a los viajes, tanto turísticos como de visitas a familiares, así como lograr que se reanuden los intercambios académicos y científicos.

Hasta marzo de 1996, la responsabilidad por la vigencia de estas normas que rigen el embargo estaba en manos del presidente de turno. En la actualidad, la derogación de tales medidas depende del Congreso y no del mandatario.

Este traspaso de decisiones fue logrado por los congresistas republicanos en una época en que se creía que el ex presidente Bill Clinton se inclinaba a una derogación de la ley, o al menos a suavizarla lo suficiente hasta volverla inoperante. Pero la consecuencia fundamental ha sido convertir a la medida en una camisa de fuerza que deja poca posibilidad de maniobrar al jefe de Estado frente a una situación cambiante en la Isla.

En la práctica esta limitación de la ley no ha tenido mayores consecuencias por dos razones fundamentales: la inmovilidad del régimen de La Habana y la posibilidad de explotar la medida con fines electorales. Más allá de las afinidades ideológicas con el llamado ''exilio de línea dura'' --que constituye el sector de la comunidad cubana que apoya la ley de una forma decisiva-- el presidente George W. Bush sólo reforzó y amplió el cumplimiento de las normas cuando le fue necesario en el año 2004 con vistas a ganar la reelección.

El argumento de que el aumento de las restricciones obedeció a un incremento de la represión en la Isla --y el señalar como su objetivo principal el cortar los recursos disponibles al régimen para sus actividades policiales-- nunca ha sido más que pura demagogia, que se fundamenta en la ignorancia y la justificación emocional que representa el embargo para un sector del exilio.

No hay más que repasar las fechas, para comprobar que este mismo presidente Bush fue quien el 24 de marzo del 2003 dispuso la ampliación del concepto de ''familiar cercano'' a la tercera generación, lo que posibilitó a cualquier cubano residente en este país viajar a la Isla a conocer un tatarabuelo o encontrarse con un primo segundo, al tiempo que autorizó a los visitantes a llevar hasta $3,000 en cada viaje --considerando que esa cifra cubría las remesas para 10 hogares--, un notable incremento respecto a los $300 permitidos con anterioridad.

El cambio drástico entre el 2003 y el 2004 no respondió precisamente a un incremento de la represión en Cuba. Si bien las modificaciones fueron elaboradas con anterioridad a la detención de los 75 disidentes, durante la primavera del 2003, su puesta en práctica coincidió con los meses de mayor rechazo internacional a la represión. El 18 de abril de ese año, luego de las condenas y el fusilamiento de los tres cubanos que intentaron escapar en una lancha, el gobierno norteamericano dijo que estos hechos no afectarían los viajes de familiares.

La explicación de las limitaciones de viajes, remesas y envíos respondió a un hecho simple: el 2003 no fue un año electoral, el 2004 sí. Las restricciones complacieron a votantes y donantes dispuestos a ''comprender'' que el mandatario mantenga la práctica iniciada por Clinton de prorrogar cada seis meses la puesta en vigor del capítulo III de la Helms-Burton.

Ahora sin embargo, la ley ha quedado de pronto sin su justificación electoral. Está en manos del nuevo Congreso --que iniciará sus funciones en enero-- el desempeñar una labor que por años estuvo obstaculizando la mayoría republicana: analizar si ésta funciona. Es responsabilidad del Congreso el levantar o mantener las sanciones. Aunque el Presidente tiene el derecho de vetar cualquier modificación, ejercer este derecho no está libre de riesgos políticos.

Al pasar de ser un instrumento político del ejecutivo a un cuerpo legal, el embargo quedó convertido en un instrumento jurídico cuya eficacia y vigencia no sólo está expuesto a la discusión congresional, sino sujeto a estas revisiones periódicas donde los legisladores se ven obligados a sopesar el valor de la legislación frente a las necesidades de sus estados y los intereses de sus contribuyentes.

La Helms-Burton no es sólo un aspecto de la política exterior norteamericana y un instrumento para asegurarse los votos presidenciales de la comunidad cubanoamericana cada cuatro años, sino también una cuestión nacional --con implicaciones económicas para estados donde el voto cubano es inexistente-- y una fuente potencial de conflictos comerciales internacionales, donde pesan más los vínculos entre países que la causa cubana.

Al ampliar el alcance del embargo, se creó una ley que si hasta ahora no ha encontrando su némesis fue por el control republicano de la Cámara de Representantes por 12 años y la inmovilidad del régimen cubano. Esta situación ha cambiado en el Capitolio y hay que preparase para los cambios que pueden ocurrir en Cuba: la ley debe cambiar también.

aarmengol@herald.com

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