BARACUTEY CUBANO

Un discurso bajo sospecha

Yaxys D. Cires Dib

Desde hace aproximadamente dos años el gobierno cubano viene descubriendo cosas que siempre fueron muy evidentes. Espontánea iluminación que tiene mucho olor a estrategia política, a saber, detrás de un mea culpa en ciertos temas esconder sus propias preocupaciones existenciales -políticamente hablando. La corrupción es uno de esos jinetes apocalípticos que la miopía gubernamental no había detectado y respondido intransigentemente –para utilizar el lenguaje correcto-, pero que ahora acaba de visualizar. No se cómo se la estarán arreglando para explicarle a los niños que en su país existe corrupción, después de que durante muchos años en las clases de Historia de Cuba se ha machacado una y otra vez con el discurso de que la corrupción administrativa era uno de los males de la Cuba capitalista, de aquella que “era prostíbulo de los americanos”. Si ahora estos que nos condenan al hambre y aunque corruptos se presentan como los impolutos, Grau Sanmartín y Prío Socarras que por lo menos no sumieron a la gente en la miseria, aunque corruptos, deberían ser canonizados. A que tiene lógica ¿no?

Pero la lucha contra la corrupción es uno de los actuales frentes de batalla de La Habana. Recientemente, la agencia EFE decía en un cable: “las autoridades cubanas insisten en el fortalecimiento del control administrativo interno y la labor político-ideológica dirigida al reforzamiento de la ética como métodos de prevención de indisciplinas, ilegalidades y hechos de corrupción en la isla”. A nadie que tenga la cabeza bien puesta se le ocurriría criticar que se luche contra la corrupción. Mucho menos si observamos que ésta junto al hambre y la falta de libertad es uno de los males que más golpean a la democracia. Sin embargo, creo que cualquiera, también con la cabeza bien puesta, entendería que en un país donde todo lo que tenga que ver con iniciativa privada es delito, por lo menos para la mayoría de los ciudadanos, sería muy difícil vivir o sobrevivir si no es acudiendo a lo ilegalidad. La ausencia de libertad, la precariedad del sistema paternalista de abastecimiento cuya estrella más famosa es “La tarjeta” (cubanísima cartilla de racionamiento), y los precios prohibitivos de los productos que vende el gobierno en la tiendas por moneda libremente convertible, han propiciado la existencia de un mercado negro y por ende ilegal en el que se puede encontrar muchas cosas a precios más competitivos que los que “papá estado” ofrece. Vendedores: muchos; compradores: la mayoría de los cubanos; fuentes de los productos o de sus materias primas: el mismo “trapicheo” y el hurto a empresas estatales. Un sistema de corrupción generalizada que tiene su origen en la confiscación de los derechos y libertades por parte del estado, con la agravante de que éste no tiene capacidad para satisfacer la mayoría de las necesidades cotidianas de los ciudadanos.

Sólo alguien que, consciente o no, haya cortado con la realidad puede proponer una labor ideológica para calmar el hambre y corresponder a las necesidades de vestirse y movilidad de la gente. Por ello, si presumimos que en algún momento el empeño será real, más que ofrecer acciones de ese tipo lo que el gobierno tiene que hacer es levantar la veda a la iniciativa privada y permitir que la gente tenga sus negocios. Y antes que ofrecer control administrativo, debe estructurar un sistema económico que produzca – ¿qué va a controlar si no producen?-, con una industria nacional diversificada y eficiente, capaz de crear empleos y aumentar los ingresos en los hogares.

Pero hay otra corrupción, la “de cuello blanco”, que debería tener una respuesta distinta: los tribunales. Sería encausar a todos los dirigentes y amigotes corruptos que mientras el pueblo pasa hambre y limitaciones viven a costa del dinero público o por lo menos de la falta de competidores. Pero pocos caen…y cuando ello sucede, como dice “la calle”, que junto a Radio Chisme y Tele Bemba son los medios de comunicación más reconocidos en Cuba: “siempre se caen para arriba”. En fin, si de veras el gobierno quiere acabar con la corrupción ya tiene por dónde comenzar. De lo contrario se confirmarían las sospechas.