BARACUTEY CUBANO

Por Miriam Leiva

LA HABANA, Cuba, mayo (www.cubanet.org) - Raúl Castro anunció la conmutación de la pena de muerte a un grupo de sancionados por parte del Consejo de Estado a propuesta del Buró Político del Partido Comunista, al clausurar el pleno de esa organización.

Si sorprendente había sido la información el pasado 28 de abril sobre la realización del pleno, más aún resultó conocer que en Cuba se estaba perdonando a personas que durante años sufrían la angustia de enfrentarse a la muerte a plazo fijo.

Independientemente de que se trata de personas que han cometido serios crímenes, es cruel en cualquier parte del mundo que seres humanos vivan con tanta zozobra mental. Aún se recuerda las injustas ejecuciones de tres jóvenes negros en abril de 2003 por el delito de haber intentado secuestrar una embarcación para escaparse a Estados Unidos, alentados por la propaganda del gobierno cubano de que “si no te gusta esto, te vas”. No cometieron hechos de sangre y, si bien es condenable tal acción, la medida ejemplarizante fue desproporcionada, sobre todo porque se realizó un juicio sumarísimo y el fusilamiento se produjo inmediatamente sin comunicarlo a los familiares que despertaron con la violenta noticia.

Días antes, una inmensa ola represiva llevó a prisión a 75 pacíficos activistas de derechos humanos, periodistas, economistas y bibliotecarios independientes, la mayoría de los cuales habían contribuido a recolectar firmas y divulgar el Proyecto Varela, para pedir un referendo a la Asamblea Nacional en concordancia con la Constitución vigente. Era indudable el propósito de restituir el miedo entre la población e incluso entre quienes en el partido y el gobierno reconocían calladamente la necesidad de cambios. Aunque las autoridades aprovecharon la invasión de Iraq, no pudieron silenciar tan inmensas injusticias.

Pasados 5 años y dos meses, 55 de los 75 prisioneros de conciencia de los días 18, 19 y 20 de marzo de 2003 permanecen en las severas y miserables cárceles de Cuba, la mayoría aquejados de serias enfermedades contraídas durante su cautiverio, y 9 con licencia extrapenal por motivos de salud pueden ser regresados a prisión en cualquier momento. Miguel Valdés Tamayo falleció en un hospital de La Habana el 10 de enero de 2007 por la tensión a que estaba sometido y no recibió permiso para salir del país a pesar de contar con visas de Holanda y Estados Unidos.

Estas personas pacíficas, en su mayoría muy humildes, han estado preocupados por contribuir al mejoramiento de nuestra Patria, como es deber y derecho de todos los cubanos. No sólo fueron condenados ellos, sino también sus ancianos padres, pequeños hijos e indefensas esposas. Como dijera hace unos meses Raúl Castro refiriéndose a otros presos, las madres y la familia son los que más sufren.
La modificación de una medida tan severa como la pena de muerte, según expresara Raúl Castro por convencimiento propio, como acto soberano, en consonancia con una conducta humanitaria y ética, crea la expectativa de que igualmente el Presidente y las autoridades que colaboran en la dirección de Cuba, estén animados del espíritu de justicia y no de venganza hacia los prisioneros de conciencia. Ellos han soportado estos años y se consumen en las cárceles sin que mengue su dignidad.