BARACUTEY CUBANO

Por Jorge Olivera Castillo
Sindical Press

LA HABANA, Cuba, julio (www.cubanet.org) - No estoy seguro de que el término esté correcto. No obstante, no voy a pecar de optimista. Lo que viene ocurriendo en Cuba respecto a las medidas implantadas por Raúl Castro son las primeras piedras del edificio democrático. ¿Cuál será la fecha de terminación de tal empresa?

Es complicado hilvanar respuestas. Apenas comienzan las labores y sólo hay espacio para tres alternativas: la esperanza, el pesimismo y la suspicacia.

Entró en vigor la resolución 9/2008 como parte de la gradual y limitada implantación de medidas que sin lugar dudas responden a una nueva metodología que toca de cerca a la racionalidad, pero que no pocos insisten en estar frente a una suma de tácticas con el fin de crear falsas expectativas y ganar tiempo.

Hallar la verdad del asunto es tarea de locos. Nadie está en la facultad de adivinar cuáles son los verdaderos propósitos de la nomenclatura.

Está última medida y otras en elaboración se añaden a un misterioso paquete de incentivos, algunos más propagandísticos que reales.

A partir de ahora y bajo el amparo de esta resolución los trabajadores cubanos pueden obtener mayores salarios a razón de sus esfuerzos. Se pagará conforme al rendimiento sin escatimar el nivel de las ganancias. Muchos podrían beneficiarse, sin embargo es oportuno considerar algunos contratiempos que pudiesen surgir de los serios problemas estructurales que aún subyacen en el país.

Es preciso señalar que se mantienen intactos los principales obstáculos para un desarrollo integral y sostenible.

Dar por adelantado señales de éxito, respecto a los índices de productividad y mejoría sustancial en la economía individual de quienes logren llevar al máximo su capacidad de producir bienes o servicios, no es una actitud sensata.

Sin una reforma de fondo en el aspecto que concierne al derecho a la propiedad, privada o cooperativa, no es posible un despegue real en la economía. La reciente disposición podría incluso agregar tensiones inflacionarias ya de por sí elevadas, y desviar una porción de esos ingresos al prolífico mercado negro con el ánimo de invertir o adquirir productos más baratos.

Por otra parte, el actual índice de precios al consumidor establecido por el estado invita a minimizar las potenciales mejorías de esos trabajadores que logren beneficios salariales en sus respectivos empleos si éstos se decantan por la legalidad vigente, o sea, la compra de alimentos y otras mercancías en los mercados estatales o en las tiendas dolarizadas.

Con regularidad se escuchan definiciones críticas tanto en el plano popular como en boca de personas con un alto nivel de información y conectadas a importantes instituciones del estado. Los menos informados suelen calificar a la actual etapa como más de lo mismo, sobre todo amplios sectores de la población que abarcan a obreros, jubilados y profesionales subempleados que miran el título universitario como lo harían ante un latón de desperdicios.

La gente se percibe en el mismo sitio. Su vida en nada ha cambiado y lo peor es que sus ilusiones siguen atadas a una bola de hierro que impide una andadura normal por los caminos de las esperanza. Los desplazamientos son a gatas y con la suerte borrada de la escenografía.

Los pocos optimistas aseguran que la reforma debe ser a un ritmo imperceptible y con pantuflas bien acolchonadas para no despertar sospechas. La resolución 9/2008 puede que sea otro de los pasos en esa trayectoria. Hoy lo voy a creer. Mañana, quién sabe. Quizás despierte escéptico o con el ruido de los nudillos de algún policía sobre mi puerta. Esos sonidos tienen mejor nitidez que los pasos del régimen por la periferia de la democracia. La reforma debería comenzar por eliminar tales incongruencias.