BARACUTEY CUBANO

Por Lucrecia Bullrich
De la Redacción de lanacion.com
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Máximo Tomás
Dept. de Investigaciones
La Nueva Cuba
Septiembre 13, 2008


La directora de Poder Ciudadano, Laura Alonso, dijo a lanacion.com que mientras que el kirchnerismo reconoció gastos por $ 17 millones, la cifra asciende a alrededor de $ 80 millones, según los cálculos del organismo; "la Justicia debería revisar todos los informes", añadió

Las escandalosas revelaciones del juicio por la valija con US$ 800.000 que se realiza en Miami, que ayer provocaron uno de los embates más duros de la Argentina contra los Estados Unidos de los últimos años y los posibles vínculos entre el tráfico ilegal de efedrina y la política que dejó al descubierto el triple crimen de General Rodríguez, vuelven a ubicar en el centro de le escena las sospechas que rodean el financiamiento electoral y, sobre todo, las dudas en torno a los gastos del kirchnerismo en las dos últimas campañas presidenciales.

"Durante toda la campaña de 2007 Poder Ciudadano marcó la total incongruencia entre el volumen total de gastos del Frente para la Victoria [FPV] y lo que verdaderamente costó la campaña, que fue mucho más que los 17 millones de pesos declarados. Sabemos que, como mínimo, costó entre 60 y 80 millones de pesos. Hay muchísimo dinero que se ha ocultado", indicó a lanacion.com una de las directoras de Poder Ciudadano, Laura Alonso.

Revisar. "Además, los 17 millones que fueron justificados quedan bajo sospecha, sobre todo con el caso de la valija del empresario venezolano [Guido Alejandro Antonini Wilson] y después de del triple crimen de General Rodríguez. Tanto los ingresos como los fondos donados deberían estar bajo investigación judicial por parte de la jueza [María] Servini de Cubría", añadió la especialista.

Alonso puso en duda la legalidad de los fondos que, siempre según Poder Ciudadano, fueron gastados por el kirchnerismo en la última campaña, pero nunca declarados. "Ese dinero pudo haber tenido dos orígenes: de fuentes ilegales, es decir, venir de personas o empresas que por ley no pueden donar a las campañas, o directamente de fondos públicos del presupuesto", puntualizó.

Apuntó además que las irregularidades no son nuevas en el mundo K. "Ya en 2003 el FPV entregó informes de gastos que no guardaban relación con la intensidad de la campaña que se veía en la calle. En ese año, diez días antes de la elección, el comité de campaña del kirchnerismo había declarado un gasto de tres pesos durante 80 días de campaña y donaciones por $500", indicó.

Superhéroes en acción. Para Alonso, otra de las claves del deficiente control del financiamiento político es la falta de recursos. "En 2003 había seis contadores para controlar los informes de los partidos. Cinco años más tarde sigue habiendo la misma cantidad de profesionales. Seis contadores que controlaron más de 3000 informes presentados por los partidos políticos. Así no se puede: son Superman, la Mujer Maravilla, Batman, Robin, Flash y algún otro superhéroe y es imposible que hagan un control eficaz. Se necesitan al menos 20 contadores más y muchos más recursos tecnológicos", graficó.

En la misma línea, comparó la situación de la Argentina con la de otros países de la región. "En la Argentina el control de los expedientes de financiamiento está en manos de la Cámara Nacional Electoral, que es el único organismo con competencia para intervenir. El primer error es que se dota de muchas responsabilidades a los organismos de control, pero no se los dota de los recursos necesarios para controlar con eficacia", planteó.

Diferencia. El contraste de panoramas no terminó allí. "Falta plata para hacer cruces de bases de datos impositivas, de propiedad, de flujo de inversiones y capitales para rastrear irregularidades. En Brasil estas herramientas dieron curso a investigaciones judiciales. Cuanto más se use la tecnología de la información en el control del financiamiento de campañas, mejor estaremos parados. El Estado argentino gasta no más de un millón y medio de dólares por año, y no sólo para control, sino para todas las tareas que se hacen desde la Cámara Electoral. Si se compara con lo que se destina en México, alrededor de 600 millones de dólares, dan ganas de llorar", concluyó Alonso.