BARACUTEY CUBANO

El poder de la plaza pública

Por Laura García Freyre
Ciudad de México
24-05-2011

El temor a los espacios públicos obliga al régimen a acudir a la violencia para silenciar las voces disidentes.

Los gobiernos democráticos y los totalitarios saben, algunos por experiencia propia, que los espacios públicos contienen una larga historia de luchas, protestas, de individuos que se lanzaron a las calles a demandar justicia, libertad para los presos, alzas en los salarios o exigir la dimisión de sus gobernantes.

Las calles y las plazas son los lugares donde las personas conviven y forman su identidad. Al ser el lugar donde la sociedad se hace visible, en el espacio público es donde ocurre la discusión y el intercambio libre de opiniones, de ahí su potencial emancipador.

En un país donde un slogan como "Esta calle es de Fidel", en la praxis, es ley, la historia de la ocupación de los espacios públicos por parte de la sociedad civil para discutir, valga la redundancia, asuntos públicos, es corta.

El régimen y las instituciones que lo representan tienen copados los espacios y, por lo tanto, los debates; prueba de ello es que las concentraciones masivas en la Plaza de la Revolución solo suceden cuando son convocadas por el poder político y con la agenda que este marca.

El miedo a perder la calle

El miedo que el Estado tiene a perder el control de los espacios públicos no solo viene de las recientes revueltas en el Medio Oriente, sino de Cuba misma.

(Un policía arresta a un disidente en Santa Clara. Villa Clara, 28 de enero de 2011. (GETTY))

El Maleconazo de 1994 es con seguridad el primer gran momento en que la sociedad, de forma espontánea, tomó el espacio público, expresando abiertamente sus opiniones respecto a la situación económica y política en la avenida del Malecón. Sin embargo, este hecho fue de carácter episódico, no tanto por la voluntad de los participantes como porque el mismo régimen abrió la válvula de escape con el éxodo masivo ocurrido después.

Las Damas de Blanco han sido las que en sus caminatas por Miramar, el Vedado, Centro Habana y la Habana Vieja, han lanzado un desafío a las autoridades de manera sostenida por más de ocho años. Estas mujeres no solo han luchado por la libertad de sus familiares presos, sino que, al salir a las calles, han hecho pública la polémica referente a las libertades de expresión y asociación, tópicos cuya discusión ha quedado en el ámbito privado.

Salir del espacio privado y tomar las calles cobra otra dimensión. De acuerdo con Jürgen Habermas, retomar y reconstruir el espacio público tiene una perspectiva emancipadora y un potencial democratizador, que no tiene el espacio doméstico.

El hecho de que el Estado se refiera al uso de los espacios públicos en el reciente Informe Central al VI Congreso del Partido Comunista, es una muestra de la importancia que les concede, así como de la preocupación por la utilización que se haga de ellos, sobre todo después de las revueltas en Medio Oriente y la ocupación de la Plaza Tahrir, en el Cairo.

En tanto las calles y las plazas son de los revolucionarios, son éstos los que, según Raúl Castro, tienen el derecho a defenderlas, porque en la total apropiación de los espacios públicos está la defensa de la revolución y de las conquistas del socialismo.

Sin embargo, frente a las facultades de ese supuesto pueblo indignado, está el derecho al espacio público que tienen los otros, los opositores, los disidentes, a los que se les prohíbe el uso de las calles, parques y plazas para confinarlos al espacio privado y, con ello, pretender que no existen y negarles sus derechos civiles y políticos.

Violencia para controlar el espacio público

Con las Damas de Blanco caminando y protestando de manera continua por distintos barrios de la capital, el Estado lanzó en abril del año pasado el "Plan contra alteraciones del orden y disturbios contrarrevolucionarios", para reorganizarse y rechazar las actividades de la disidencia, sobre todo las que ocurren en el ámbito de lo público.

"Las alteraciones del orden público y disturbios contrarrevolucionarios nunca serán permitidas por nuestro pueblo trabajador, la calles es de los revolucionarios. Afirmación esta que nunca permitiremos que tenga retroceso", dice el documento.

Para sacar a los disidentes de las calles y no permitirles ocupar plazas, ni parques, al "pueblo" del que habla el gobierno se le ha permitido disponer de palos, cabillas y cables. Por ello no es casual que las golpizas y ofensas a las Damas de Blanco, los agravios contra Sara Martha Fonseca y su familia y, más recientemente, el asesinato de Juan Wilfredo Soto, ocurran en espacios públicos.

No sólo se trata de acallar el discurso democratizador de los disidentes y evitar que se multiplique, sino que el Estado impone, precisamente en el espacio público, la violencia como método para tratar al que discrepe y, con ello, intenta amedrentar, paralizar, a todo aquel que pretenda seguir el camino.

Es en el espacio público donde el discurso tiene el poder de escucharse y, por lo tanto, de multiplicarse. Sacar a los disidentes de las calles y mandarlos a prisión o a detención domiciliaria es la forma en que el Estado consigue que su prédica prevalezca en el ámbito de lo público.

El resultado es que el discurso que permanece en calles, plazas y parques es el de la violencia, el agravio y la vulgaridad, el que echa mano de todo tipo de recursos para desacreditar en la plaza pública a quien pretenda tomar la calle con un argumentos propios.

Frente al potencial emancipador de los espacios públicos y en el contexto de los mentados cambios desde arriba, el régimen moviliza a grupos paramilitares que ocupan calles, parques y plazas, para intentar silenciar a ritmo de conga y a fuerza de palos a las voces diferentes, confinándolos a los espacios privados o al exilio.