BARACUTEY CUBANO

Por Vicente Echerri


Más de treinta años después que el genocida régimen de Pol Pot en Camboya llegara a su fin, tres de sus más cercanos colaboradores son juzgados en Phnom Penh. Parecería un acto de justicia cerrar una de las acciones criminales más pavorosas y absurdas del siglo XX: experimento de maoístas camboyanos a un costo de 2.2 millones de muertos. Dilaciones y contemplaciones que han tenido contra esos monstruos convierten el juicio en parodia lamentable. Si los requisitos del proceso llegan a cumplirse, los reos morirán de viejos sin ser condenados; y si lo fueran las sentencias serían simbólicas para la enormidad de sus crímenes.

Al mismo tiempo, el nuevo gobierno de Libia anuncia que Saif al-Islam, hijo de Gadafi capturado, sería juzgado en el país, lo cual el Tribunal Internacional de La Haya aceptó a regañadientes, por parecerle que figuras prominentes del régimen depuesto no iban a tener garantías procesales en el lugar donde ahora mandan sus enemigos y antiguas víctimas. La manera que murió Gadafi escandalizó a más de uno. “Debieron haberlo juzgado”, repetían a coro las personas “decentes”.

En verdad no entiendo estos pruritos. Si la justicia significa ante todo equidad, la comisión de un acto monstruoso obliga a un castigo ejemplar, proporcional al crimen cometido. Gadafi murió como acosada rata de cañería, vejado y linchado por enemigos y sólo puede verse un acto de simetría histórica —para no decir justicia divina. ¿Por qué habría de merecer un mejor fin quien dedicó cuatro décadas a torturar y asesinar al que se le oponía? ¿En nombre de qué humanidad habría que librarle de la humillación última, del zapatazo y escupitajo? Piadosos en extremo, creo yo, fueron sus ejecutores, que no lo arrastraron vivo para luego colgarlo por los pies en público hasta que las aves de rapiña dieran cuenta de su carroña. Los oprimidos necesitan de estos radicales exorcismos.

El genocida y tirano no precisa de juicio alguno. Sus actos criminales son evidentes, siendo el más obvio la usurpación ilícita del poder que, concentrado en su persona, o en una cúpula, constituye de por sí una condena anticipada. De aquí que no requieran más que la breve formalidad de un tribunal para comunicarles su condena (ya que la presunción de inocencia no les concierne), sino la ejecución inmediata, sin tiempo a intervenir untuosos representantes de Amnistía Internacional u otros organismos de derechos humanos, que insisten en otorgarles una dignidad de la que ellos mismos se pusieron al margen. Los rumanos nos dieron una lección con el “juicio” de Nicolae y Elena Ceausescu. Bastaron 90 minutos para enumerar los cargos por los cuales, un momento después, los fusilaban en un patio. Todo lo contrario del dilatado, costoso y ridículo, proceso de Saddam Hussein, revestido de una formalidad legal que él nunca mereció.

Las democracias occidentales, han dejado de creer en la pena de muerte, dejando inconclusa la retribución que conlleva todo acto de justicia legítimo. Los tribunales no deben ser pródigos en imponer la pena máxima ante cualquier homicidio vulgar, como más de una vez ha ocurrido en este país; pero los grandes criminales —sobre todo aquellos que cometen crímenes amparados en ideologías supuestamente redentoras— deben pagar con su vida de manera expedita y sin ahorrarles ningún dolor ni humillación. Sólo la justicia ejemplar restaura el equilibrio que el tirano —y sus más allegados— ha interrumpido en la vida de un pueblo. Para sanar bien de las costosas secuelas, físicas y morales, que siempre deja la tiranía, los opresores públicos deben ser sacrificados, con el mismo sentido con que se lanzaban los chivos expiatorios al desierto cargados con los amuletos de la culpa colectiva. Deben morir para que todos sus cómplices menores puedan ser perdonados. Sólo la sangre de los opresores limpia los pecados de los pueblos envilecidos y sumisos.